El índice referencial IPSA, que agrupa a las acciones líderes del parqué local, cerró con una pérdida diaria de 0,52%

 

SANTIAGO.- La bolsa chilena cayó este viernes, en línea con los mercados externos, afectada por un débil desempeño de títulos vinculados al sector de materias primas.

El índice referencial IPSA, que agrupa a las acciones líderes en la Bolsa de Santiago, cerró con una pérdida de 0,52% a 5.094,62 puntos.

En la semana, el indicador retrocedió un leve 0,03%.

Cabe recordar que la semana estuvo marcada por una serie de datos económicos desde las dos principales economías, pero fue ayer cuando los mercados reaccionaron con mayor fuerza a las noticias.

¿La razón? se conoció el caso del arresto de la heredera de Huawei tras una petición de extradición por parte de Estados Unidos, ya que la empresaria se encontraba en Canadá. El hecho "indignó" a China e hizo que los inversionistas dudaran de la continuidad de la tregua entre ambas economías por la guerra comercial.

Sin embargo, el día de hoy, la tensión bajó después de que el Presidente Donald Trump afirmara que las negociaciones con China por el tema comercial "van muy bien".

En el parqué local, entre las bajas destacaron las acciones del grupo industrial Empresas Copec, las de mayor ponderación en el IPSA, que cedieron un 0,84%, a $8.975,50.

En tanto, los papeles de la rival Empresas CMPC perdieron un 1,4%, a $2.246,90, mientras que los serie B de la productora de litio SQM bajaron un 0,65%, a $29.746.

El monto de operaciones negociadas llegó a un equivalente de US$95,4 millones, por debajo del promedio de la plaza.


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En su exposición en Legaltech Summit 2018, analizó los desafíos que enfrenta el sector en el mercado legal actual. Aconsejó a las firmas a cambiar sus modelos de negocios, retener a los talentos, incorporar tecnología e innovar desde el management. Revisa la dinámica exposición del académico de la Universidad Diego Portales en este video resumen.

 

https://youtu.be/WtNJ9VP2GS4

 

“Las empresas legaltech se están haciendo del mercado mientras ustedes duermen”, dijo Rafael Mery en el Legaltech Summit 2018, que organizó Lemontech. Mediante tecnología, aseguró, ofrecen un servicio más simple, barato y muchas veces mejor que el que ofrecen las firmas tradicionales.

En un mercado más competitivo, con clientes más exigentes y en constante cambio tecnológico, las firmas y abogados tendrán que renovar sus modelos de negocio. Los socios deberían planificar sus gastos y posterior retorno y no retirar todas sus ganancias a fin de año como han hecho hasta el momento, afirmó Mery.

Para entender el presente del mercado, se refirió a la llegada de nuevos actores: las firmas internacionales que han tenido un impacto cultural, y los abogados in house quienes ganan cada vez más terreno. Sobre los clientes, existiría un nuevo perfil, más exigente y que busca resultados bajo la consigna “más por menos”.

Escépticos, adversos al riesgo y centrados en sí mismos, así definió Mery a su sector. Esos rasgos son los que les traerían problemas para innovar. Superar esta barrera, sería la clave para sobrevivir a los cambios del mercado.

¿En qué innovar? El abogado y académico entregó 5 consejos:

1. Innovar los modelos de negocios.
2. Poner a los clientes en el centro
3. Retener a los talentos
4. Incorporar tecnologías
5. E innovar desde el management

 


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Según una columna de la socia fundadora del Instituto de Innovación Legal, María Jesús González-Espejo, utilizar la visualización como una herramienta que facilite el entendimiento de los documentos jurídicos, podría ayudar a los abogados a hacer frente a los cambios que exigen los clientes y el mercado de la era tecnológica y digital.

 

Josefa Soto

La proliferación de nuevas tecnologías ha sido una constante en el mercado legal. Ello ha provocado un cambio en la forma en que se desarrolla la abogacía y también en las expectativas que los clientes tienen de las firmas. La columna de María Jesús González-Espejo en el medio especializado Confilegal, explica cómo la visualización del contenido jurídico, puede ser una herramienta para enfrentar el actual panorama legal.

La visualización, según su columna, vendría siendo “la utilización de herramientas adicionales al texto para comunicar contenido legal complejo y así lograr que éste sea realmente comprendido”.

Algunos casos

Un claro ejemplo del uso de estas herramientas, se dio en una resolución avalada por la Audiencia Provincial de Madrid, en que los magistrados evitaron utilizar tecnicismos para que una víctima de estafa con discapacidad intelectual pudiese entender la sentencia, informó El País en octubre de este año.

“Utilizando la metodología llamada “Lectura fácil” la sentencia evita tecnicismos y se acompaña de notas explicativas para los conceptos que pueden resultar complejos”, explica González-Espejo en su columna, donde menciona este y otros ejemplos.

En Nueva York también han utilizado la visualización. El manual Vendor Power! Explica a los vendedores callejeros la normativa de la ciudad en relación a sus derechos y obligaciones.

También en Nueva York, pero esta vez mediante un cómic, The Center for Urban Pedagogy explica el paso a paso del sistema judicial mediante la historia de Chris, un joven que fue arrestado en la misma ciudad.

Las ventajas

Así, a través del uso de herramientas visuales, los abogados podrían facilitar el entendimiento de sus clientes, tanto de contratos como de otros documentos jurídicos. Esta mejor comprensión de los documentos mejoraría la experiencia de usuario de los clientes, poniéndolos en el centro de la operación, una estrategia clave para triunfar en el contexto tecnológico y digital actual.

Según González-Espejo, incorporar la visualización como práctica beneficia no sólo a los usuarios, al aclarar ideas, sino también a quienes la practican, pues “mejora habilidades como la empatía, el liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo, la creatividad y la resolución de problemas”.

Implementar la visualización

Para poner en práctica esta disciplina sería necesario tener en cuenta el perfil de la persona a la que se dirige. Esto es, su edad, género, nivel educativo, nivel de experiencia, motivación, y estilo cognitivo. Los instrumentos que permitirían implementar la visualización son aquellos que nos rodean diariamente, tales como, gráficos, tablas, mapas conceptuales, videos, comics, entre otros.

Dentro de los usos concretos en que se puede aplicar la visualización se encuentran el “diseño de estrategias, la resolución de retos organizacionales, el diseño de procesos para automatizarlos, la definición de nuevos servicios jurídicos, el diseño de sitios web, aplicaciones y chatbots”, asegura González-Espejo en el artículo publicado por el medio español.

 


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"Atendida la redacción del art. 11 del Código de Ética Profesional, se plantea la duda si para la atribución o exigibilidad de los derechos y deberes que establece importa de alguna manera el “cargo” o la “modalidad de contratación” bajo la cual se desempeña o presta servicios el abogado".

Por Sebastián Rivas

El artículo 11 del Código de Ética Profesional – CEP regulando lo que denomina “Alcance y cumplimiento” del Código de Ética, determina quiénes son titulares de los derechos y obligaciones ordenados en él. Así se puede leer en los primeros incisos de la regla, que: “Las normas de este Código se aplican cualquiera sea la especialidad del abogado.-Las referencias que este Código hace a los abogados se extienden por igual a los estudios de abogados, aunque ninguna referencia específica sea hecha respecto de estos últimos, a menos que expresamente se señale lo contrario o que la regla por su naturaleza resulte aplicable sólo a los abogados como personas naturales”Atendida la redacción de la norma -que ya sabemos no distingue especialidad-, se plantea la duda, si para la atribución o exigibilidad de los derechos y deberes que establece el CEP importa de alguna manera el “cargo” o la “modalidad de contratación” bajo la cual se desempeña o presta servicios el abogado.

Sebastián Rivas
Sebastián Rivas

Un reciente pronunciamiento del Consejo General de la orden, acogiendo la solicitud de amparo profesional presentada por un grupo de abogados, se pronunció en parte sobre esta pregunta complementando la comprensión que mantenemos hasta hoy respecto de la exigibilidad o alcance del CEP. En este sentido, el Consejo General a través de su pronunciamiento estuvo por privar de la posibilidad de distinción  dentro del género “abogados” previsto por la citada regla, homologando directamente la relación laboral con la de abogado-cliente. El propósito de la interpretación no fue otro que justificar la disponibilidad de los derechos que el CEP regula, incluso para aquellos abogados que ejercen o prestan servicios como dependientes de una empresa.

De este modo, se puede leer dentro del literal j) consignado en el oficio de respuesta a la petición de amparo, que: “… La circunstancia que los abogados recurrentes se encontraran desempeñando su función en calidad de trabajadores dependientes de la empresa para la cual trabajan en nada altera esta conclusión, ya que nuestro CEP no distingue entre el abogado de libre ejercicio y el abogado de empresa en el establecimiento de derechos y deberes que conlleva la relación profesional hacia el cliente, en la medida que tal contratación haya tenido por objeto la prestación de servicios legales… 

Lo interesante de la homologación entre la relación laboral y la relación profesional citada, es que borra de entrada cualquier distinción posible -o razonable- de efectuar dentro del género “abogados” recogido por la regla de alcance. Esta es sin duda una proposición meritoria y tal vez deseable desde el punto de vista de un acto de solidaridad gremial como el amparo profesional, en tanto versa sobre el reconocimiento hacia la dimensión activa o de derechos conferidos por el CEP. Sin embargo, ésta no puede ser una interpretación aceptable desde el punto de vista disciplinario o desde la dimensión pasiva de código/deberes, toda vez que aun cuando el artículo 11 no distinga dentro del género “abogados”, no se debe perder de vista que la regulación disciplinaria, sanciona estrictamente conductas y no calidades profesionales.

Es más, tan relevante es distinguir dentro del género profesional, que cuando se formula un reclamo ético en contra de un fiscal, alcalde, senador, juez, docente, gerente, arbitro, auditor, liquidador, director, o un simple trabajador dependiente a quien por supuesto le asiste la calidad de abogado, se realiza un atento examen sobre los hechos reclamados, pues por mucho que se trate de “abogados” implicados en el caso, los hechos reclamados siempre podrían tener una cuadratura preferente o anterior en infracciones más específicas y propias del cargo; o bien, podría a su respecto estar operando algún poder disciplinario anterior al ejercido por la orden.

En otras palabras, aceptar la distinción dentro del género abogados es un imperativo desde el punto de vista disciplinario. Y los es por cuanto no es lógico superponer el cumplimiento de los deberes del CEP a cualquier regulación especial (véase: reglamentos internos, leyes orgánicas, estatutos o códigos de conducta), ni menos presumir la accesión o convivencia pacífica de los deberes de los deberes del código de ética con los resultantes de la celebración de cualquier contrato público o privado, distinto al contrato de prestación de servicios propiamente tal, aun cuando éstos comprometan directa o indirectamente la prestación de un servicio por parte de un abogado.

 

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Desde hechos justificados a otros totalmente absurdos, son los casos de castigos por malas prácticas durante el ejercicio profesional.

 

Fernanda Robles

Ser suspendidos, inhabilitados o multados, son algunos de los castigos que puede recibir un abogado durante su carrera. Pero… ¿en qué situaciones podrían ser sancionados? Te mostramos 5 casos que van desde la condena por conductas agresivas al reproche por el uso de vestimenta “inadecuada”.

Pena capital

Eugene Thuraisingam estaba molesto y desmoralizado. A pesar de sus intentos, los tribunales de Singapur condenaron a muerte a su cliente por tráfico de drogas. Buscando desahogarse horas antes de la ejecución, el abogado publicó un poema en Facebook criticando la decisión. Nunca pensó las consecuencias que traería la publicación.

En su post, se refirió a los jueces de Singapur como “hombres millonarios, preocupados de adquirir riquezas y cosas materiales; ciegos ante la pena capital: una ley cruel e injusta”. Meses después Thuraisingam fue sancionado por desacato.

Escandalizados por la publicación, integrantes del Tribunal Superior de Singapur abrieron un expediente disciplinario en su contra y lo multaron con US$4.300.

Para suerte del abogado, la Corte desestimó el sumario después de considerar que su conducta no era suficientemente grave, pero elevó la multa a US$13.000 la multa.

En su defensa, el órgano encargado de representar a abogados logró rebajar el monto US$5.000 con la condición de que mostrara arrepentimiento y borrara el post.

Para dejar atrás el conflicto Thuraisingam admitió su error a través de una publicación en Facebook.

Conducta reprochable

“‘[Y]ou can stick your adjudication invoice up you’re [sic] a**e you f*****g w****r — Regards Luke’”.

Esa fue la respuesta que el abogado inglés de 39 años, Luke Stephen Venton, dio al Tribunal Disciplinario de Abogados (The Solicitors Disciplinary Tribunal) cuando se le informó que había sido multado con £ 1.10.

Pero el envío de mensajes agresivos y amenazantes a sus colegas y a una oficina de reclutamiento –en reiteradas ocasiones– no fue la única razón para que el tribunal terminara inhabilitándolo para ejercer la profesión; el abogado, además, nunca notificó a las autoridades competentes que fue condenado por dos delitos: conducir en estado de ebriedad y portar cannabis.

Venton intentó justificar su agresividad e irreverencia con una depresión que estaba controlando con medicamentos desde 2015. Pero de nada sirvió. Fue eliminado de la lista de abogados y debió pagar la suma de £ 7,000.

Una humorada

El trámite habría pasado desapercibido de no ser por los términos usados por el abogado en su solicitud. Al darse cuenta de que debía trabajar la mañana del 2 de enero 2019, J.K.F presentó un escrito ante el Juzgado de Policía Local para proponer el cambio de fecha de un juicio al que debía asistir.

Para negociar que la cita no fuera el día después de la celebración de Año Nuevo, el abogado chileno planteó que la realización del comparendo obligaría al representante del demandante a viajar a temprana hora y este no alcanzaría a sacarse el “confeti y los globos de la fiesta”. Aludiendo al festejo del día anterior, argumentó que el encuentro podría ser “confuso por el estado de los participantes”.

A pesar de su intento, la solicitud fue rechazada y solo fue tomada como una humorada.

Programa de educación continua de juristas

Hace pocos días, el presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Edgardo Manuel Román-Espada hizo un llamado urgente a los juristas: cumplir con los créditos que exige el Reglamento del Programa de Educación Continua y así, evitar ser sancionados por el Tribunal Supremo.

Según medios puertoriqueños, cerca de 1.500 abogados podrían ser suspendidos de forma indefinida, porque el Código de Ética profesional en Puerto Rico exige a sus miembros participar en un mínimo de programas educativos para mantener un alto grado de excelencia.

Una vez que son informados, los abogados deben pagar una multa por incumplimiento tardío de US$50. A partir de ese momento, tienen dos meses para ponerse al día con los créditos exigidos. Si después de ese período no cumplen los requisitos, el Colegio de Abogados debe suspender su ejercicio.

Éticos

Aunque parezca insólito, dos diputados chilenos intentaron sancionar al abogado Jaime Bassa, por su participación en la comisión de defensa nacional del Congreso. Las razones: presentarse con una vestimenta inadecuada.

La situación fue así: antes de que el abogado expusiera los diputados señalaron sentirse incómodo y molesto con la “soltura de cuerpo” de Bassa –aludiendo a que este no estaba usando chaqueta–, por lo que le recomendaron vestirse como “ameritaba” la situación; ante lo cual, el abogado respondió:“Soy abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile; doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona; magíster en Derecho de la Universidad de Chile y también en Filosofía de la Universidad de Valparaíso. No sé si la corbata agrega algo a lo que tengo que decir”.

A pesar del intento de los parlamentarios, el requerimiento de sanción fue rechazado. Según la resolución de la comisión de ética y transparencia de la Cámara Baja presentarse con la camisa desabrochada y sin chaqueta ni corbata no constituye infracción a los deberes éticos.

 


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