El fiscal nacional Sabas Chahuán, planteó que si la colusión se considera un crimen y no sólo un delito, se darán mayores facultades al Ministerio Público con interceptaciones telefónicas y medidas intrusivas, para así perseguir a los carteles y castigarlos. El titular de la FNE, Felipe Irarrázabal, advirtió que esto provocaría problemas de compatibilidad entre las investigaciones administrativas y penales.

Sigue avanzando la discusión en el Senado del reflotado proyecto de ley que busca reponer la pena de cárcel para los ilícitos de colusión, en una iniciativa paralela a la idea de reforma del sistema de libre competencia en general del Gobierno. 

Ayer expusieron su visión del tema en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta, el fiscal nacional Sabas Chahuán y el titular de la FNE, Felipe Irarrázabal, quienes protagonizaron interesantes cruces de opiniones.

Por su parte, Chahuán afirmó que el Ministerio Público está de acuerdo con crear un tipo penal nuevo para castigar la colusión, pero propuso que no sólo lo pueda iniciar el fiscal nacional económico, sino que también su misma sede de oficio y cualquier ciudadano. 

Planteó, asimismo, la necesidad de que la pena considerada para casos como estos sea de crimen, y no de delito. La razón está en que ello entregaría mayores facultades al Ministerio Público en temas como las interceptaciones telefónicas y las medidas intrusivas, para así perseguir a los carteles y castigarlos como es debido en este ámbito.  

Pero el fiscal Irarrázabal advirtió que es necesario mantener la facultad en la FNE de denunciar casos de colusión, que es el ente antimonopolio especializado, y que no se deben establecer tipos penales que generen problemas de compatibilidad entre la investigación administrativa y la del Ministerio Público. 

Mientras que el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta, el senador Felipe Harboe, sugirió crear un equipo de trabajo donde haya un representante del Ministerio Público, otro de la Fiscalía Nacional Económica y de los parlamentarios. Comenzará con sus labores la próxima semana para buscar consensos en torno al proyecto de ley y que de este modo avance. 

En tanto, en esta moción del senador Alberto Espina y otros más, que ya está aprobada en general, que se discutió en el año 2011 y quedó durmiendo en el Congreso, se planteará también como alternativa disuasiva eliminar los techos de las multas por carteles, que hoy son de 30.000 UTA, con el objetivo de que las empresas no incorporen dentro de sus cálculos de modelos de negocios colusivos los costos de las sanciones máximas. Se buscaría establecer un porcentaje de las ventas anuales, que podrían ser un 30% de ellas. 

Otra de las indicaciones radica en incorporar el criterio norteamericano en la indemnización de perjuicios para los afectados por colusión, es decir, por cada peso que se haya tocado del consumidor, la compañía tendrá que pagar tres. Hoy, las multas son a beneficio fiscal.

 

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