La abogada Gladys Segovia analiza el escenario de la gran minería en Perú y los diversos tipos de servicios legales que el sector demanda, desde los permisos migratorios de los altos ejecutivos hasta la importación de maquinaria.

 

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S. Martin

La minería es una de esas áreas de negocios que no se remite únicamente a lo que tradicionalmente conocemos como “derecho minero”, sino que abarca un sinnúmero de otras materias que requieren la intervención de abogados, como contratos con proveedores, con el Estado, con subcontratistas y con los trabajadores. Todo ello sin contar con las asesorías de compliance medioambiental y los temas tributarios.

La abogada peruana Gladys Segovia trabajó varios años en la minera Southern Perú (cobre) y tenía a su cargo todo tipo de contratos: lixiviación, venta de acciones, fusiones, de obra, de servicios y así; siempre desde el punto de vista del negocio.

Lo estatal, lo laboral, lo tributario

“Si se trata de una empresa nueva que se dedicará a hacer proyectos mineros en Perú, tiene que pasar todo el proceso de obtener una exploración y una concesión minera”, dice. “Todos esos procesos requieren de contrataciones con compañías de ingeniería y tramitación ante el Estado”, agrega.

En lo laboral, continúa, no sólo hay que preocuparse de los contratos de trabajo del personal nacional, sino que también hay consideraciones laborales con la contratación de extranjeros. Y entrega como ejemplo el registro de contratos de extranjeros y migraciones, para que los trabajadores y profesionales cumplan sus funciones dentro del marco legal, sea temporal o definitivamente.

Lo tributario es otro tema, advierte, pues un especialista debería revisar si hay acuerdos que incentiven la inversión extranjera en el Perú, tratados que eviten la doble tributación, repatriación de capitales y temas aduaneros.

“En términos generales, Perú es complicado en lo burocrático. Tuve un cliente colombiano, que estuvo 3 meses y no podía registrar su poder. Yo recomiendo que tengan un abogado local, porque conocerá cómo se gestionan las distintas contrataciones y autorizaciones”, explica. Por lo general, cuenta, la gerencia envía las pautas del servicio o maquinaria que van a traer “y nosotros nos encargamos de las obligaciones, responsablidades, plazos, riesgos de incumplimento y similares”.

Solución de controversias

Gladys Segovia, quien este año se incorporó como asociada senior a la consultora Acerta, cuyo socio principal es Walther Belaunde, explica que, como en tantos otros países de la región, el sistema judicial es lento y las empresas consideran más sencillo resolver sus diferencias mediante arbitraje.

Al negociar la cláusula de resolución de conflictos en los diversos contratos, lo usual es que se opte por el arbitraje, el que se somete a las normas de la Cámara de Comercio de Lima, aunque los árbitros no necesariamente sean de ese centro.

Cuenta también que existen centros de conciliación que llevan arbitrajes, pero por lo general se trata de temas más pequeños. “Sin importar la cuantía, normalmente las grandes empresas acuden a la Cámara de Comercio o a sus normas y nombran árbitros que son de estudios de abogados o que son elegidos por las partes, y que generalmente son tres”.

Aunque en otros países todavía se puede encontrar que las empresas grandes intenten imponer el nombre del árbitro a sus contrapartes dentro de la cláusula compromisoria, esta abogada dice que no es un práctica común en Perú.

En cuanto a la jurisdicción, “cuando se negocian grandes contratos entre grandes empresas, se usan mucho contratos de afuera, que imponen la jurisdicción que le sea más conveniente a la parte con más poder”, dice. En cambio, cuando los contratos son con el Estado, la jurisdicción siempre es peruana y lo mismo pasa cuando se trata de contratos de bienes.

Perú, destino de inversión minera

Al hablar de minería, nunca dejarán de estar presentes los temas medioambientales, que son una importante variable de la minería en todos los países. “Durante el Gobierno del Presidente Humala, en Perú hemos tenido el tema de Conga, donde había conflictos con las comunidades, pero también se entremezclaban intereses políticos. Hubo todo un movimiento en Cajamarca y a ese proyecto la gente lo llamó “Conga no va”, y Perú se quedó sin una gran inversión que habría significado una gran diferencia ahora”.

“Las mineras deben tener buenas relaciones con las comunidades vecinas y los representantes de las regiones”, aconseja.

El Fraser Institute publicó el ranking minero anual 2017, con el listado de los países o regiones más atrayentes para el desarrollo de la minería, resultado de una encuesta que se hace a los altos ejecutivos de empresas del rubro en todo el planeta.

“Los temas evaluados son diversos, como la estabilidad política y económica, las normas ambientales, la duplicidad de regulaciones dentro de un Estado, áreas protegidas, infraestructura, régimen tributario, tierras en disputa, regulaciones laborales, datos geológicos, mano de obra calificada, normas de seguridad, relación con las comunidades de la zona y barreras comerciales”, detalla.

No es correcto pensar que una decisión de inversión depende únicamente de la estabilidad sociopolítica o económica de un país, pues, advierte, “esa decisión puede cambiar, seriamente, en función de la riqueza del yacimiento”.

“En tal sentido, no sorprende decir que el Perú ha logrado captar la inversión del Grupo México, a pesar de estar rankeado en el puesto 19 de la lista del Fraser Institute y estar considerado como el segundo país de interés para la inversión minera en Latinoamérica, luego de Chile”, asegura.

Si bien la opinión de quienes participaron en la encuesta del Fraser Institute podría haberse visto afectada por la inestabilidad política en Perú, opina Segovia, ya que se recogió la información entre el 22 de agosto y el 10 de noviembre de 2017, y la situación presidencial se solucionó pocos días antes de Navidad, la participación de diversas empresas mineras en los concursos públicos no se detuvo.

Así, cuenta, “el 21 de febrero de este año se anunció que Southern Perú, luego de superar a 10 empresas interesadas, obtuvo la Buena Pro (adjudicación) de la concesión minera Michiquillay, ubicada en el Departamento de Cajamarca, cuya inversión ascenderá a US$2.500 millones”.

De acuerdo a informaciones de prensa, Southern Perú, parte del Grupo México, empezará a explotar la concesión de Michiquillay en 2025, que se calcula con una vida útil de 25 años. Se estima que producirá 225.000 toneladas de cobre al año, con una ley de 0,63% y tendrá un competitivo costo unitario, lo que la convertirá en una de las minas de cobre más importantes en el Perú.

¿Qué se viene? Si no hay obstáculos, los próximos proyectos mineros serán el desarrollo de “Tía María” y “Las Chancas”, sin olvidar la explotación de los yacimientos de “Las Bambas” y “Toromocho”, cierra la especialista.

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