Especialistas analizan la modernización del sistema tributario y del Estado, la ley de adopción, el SEIA, y la deuda de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo.

El pasado 1 de junio, Sebastián Piñera rindió la Cuenta Pública 2018. Dentro de este mensaje presidencial, que contempla los proyectos en que se enfocará el Gobierno, hay 5 que podrían afectar la labor de los abogados chilenos.

1) La deuda de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo

“Realizaremos una modernización de la Reforma Procesal Penal y Civil, así como del Código Penal, e impulsaremos los Tribunales Contenciosos Administrativos”, expresó el mandatario.

Para el abogado William García, especialista en derecho público y administrativo, el anuncio le causa extrañeza: “Es difícil decir hoy que faltan tribunales contenciosos administrativos cuando en realidad hay muchos de ellos”, apunta. Desde luego que podría ser positivo, dice, pero en los detalles es donde podría encontrarse lo más interesante, y explica interrogantes tales como su estructura, cuál sería su relación con la Corte Suprema, si tendrían su propio tribunal superior, cuáles serían las diferentes instancias, los tipos de recursos, las acciones de procedimientos. “Faltan datos para definir si ponerse contento o no; el anuncio es muy general para generar un juicio categórico”.

Asimismo, añade, esperaría que se creen tribunales supletorios “que se hagan cargo de las cuestiones que aún no están resueltas y que permitieran a la especialidad —que está mal abordada por tribunales civiles, que no son especialistas— conciliar intereses individuales de las personas con el interés común”. Para García, nunca es correcto que el interés común se sacrifica por satisfacer un interés general: “Ese es el núcleo de los problemas que tienen que ver con estos tribunales; uno esperaría que lo que existiera resolviera esa cuestión. Existen muchos modelos y diferentes opciones que se pueden tomar y este es un anuncio muy básico”, concluye.

2) Modernización del sistema tributario

El proyecto pretende además de corregir las deficiencias de la Reforma anterior, simplificar el sistema tributario y hacerlo más equitativo y moderno y que promueva la inversión, el ahorro, el crecimiento, la creación de empleos, la innovación y el emprendimiento.

A su vez, la modernización entregaría mayor simpleza y certeza jurídica a los contribuyentes, reduciendo la “inmensa e insostenible burocracia y arbitrariedad que el sistema actual significa para muchos contribuyentes y, especialmente, para las micro, pequeñas y medianas empresas”.

El Programa de Gobierno contiene entonces el compromiso de simplificar el sistema tributario a través de la integración del mismo, manteniendo la tasa de impuesto corporativo a las empresas.

El abogado tributario Rodrigo Rojas califica como interesante el anuncio porque “primero, hay un reconocimiento que bajar la tasa del impuesto corporativo de las empresas es bastante inconveniente en términos de recaudación; segundo, es bastante probable que se vuelva a un sistema 100% integrado, es decir, el impuesto que paga la empresa es un crédito contra el impuesto de los socios; tercero, la creación de estos dos sistemas que conviven hizo francamente complejo el sistema tributario chileno. Cuando uno comienza a estudiar este ramo le dicen que los sistemas tributarios deben ser simples, justos y eficientes y este de simple no tiene nada, de justo hay de todo tipo de opiniones y de eficiente tiene muy poco”.

“La simplificación, si se materializa como tal, va a hacer más fácil el trabajo de contadores, auditores y de abogados que asesoran empresas. Es muy probable, casi garantizado, que va a haber una reforma muy importante que impactará a los abogados directamente: las normas antielusivas”, afirma Rojas. Concluye, “hacer una reforma tributaria requiere mucha dedicación, muy buena redacción y un buen análisis de impacto, pues una decisión que tomes en un sentido afecta en los otros. Espero que se cree un buen proyecto, no debiese tener tan difícil su tramitación en la medida que se decidió no bajar la tasa, que se mejoren criterios como el de antielusión y se simplifique el sistema”.

3) Ley de adopción ¿más inclusiva?

Según lo dicho en la Cuenta Pública, el gobierno envió la nueva Ley de Adopciones, cuyos objetivos son, agilizar el proceso de adopción para reducir los tiempos de espera de los niños en hogares o familias de acogida y poner los derechos del niño como principal prioridad y encontrar para cada niño la mejor familia adoptiva posible.

“Son los niños los que tienen derecho a ser adoptados para vivir en familia, y no las personas o parejas a adoptar”, dijo el presidente. Esto deja abierta la puerta para la adopción homoparental.

Por su parte, el Ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, insistió en el comité político de este lunes, que finalmente será el juez quien decida cuál es la familia adoptiva del menor y que no habrá una orden de prelación. Mencionó también que existirán algunos criterios de exclusión como por ejemplo, antecedentes penales. También dijo que habrá algunos requisitos que el juez deberá considerar como la existencia de un ambiente familiar en el que se pueda ejercer el rol de padre y madre, de acuerdo a lo dicho por La Tercera.

Al abogado Nicolás Espejo, consultor internacional en UNICEF, le parece bien y necesario que el ejecutivo haya presentado un proyecto para precisar de mejor manera todos las dimensiones vinculadas a la adopción, los plazos de esta institución y facilitar el derecho a la vida familiar de niños que no pueden acceder a un ambiente familiar propicio para su interés superior.

“Creo que este proyecto puede avanzar positivamente en el Congreso en la medida que sea coherente consigo mismo. Indica con claridad que lo que se busca con él es promover dos cuestiones fundamentales para los niños: primero, su derecho a vivir en familia; en segundo lugar, que el interés superior del niño sea el aspecto central en cualquier proceso de adoptabilidad y luego en el proceso mismo que le concede la adopción a una o a una pareja de personas”, acota.

No obstante, Espejo resalta un inconveniente, “en la medida que el proyecto siga como en su actual articulo 39 letra F, supeditando en el caso de dos postulantes a que la certificación de su potencial para la parentalidad depende de que pueden ejercer adecuadamente el rol de padre y madre, va a generar una oposición fuerte en el Congreso, toda vez que eso restringe la posibilidad de ejercer la función de adopción a dos personas del mismo sexo que cumplan las funciones que permiten ejercer una parentalidad adoptiva correcta. Además, esto es contrario a la convención de los derechos del niño y a la corte y comisión interamericana. Si no se modifica esta indicación veo muy complicada su aprobación; sería una ley contraria a los derechos del niño”.

4) Modificación del SEIA

En su discurso, Sebastián Piñera anunció un nuevo Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y una nueva Institucionalidad Ambiental, que incluye el Servicio de Parques y Biodiversidad (proyecto ingresado al Senado el 1 de marzo de 2011).

El actual instrumento de medición entró en vigencia el 3 de abril de 1997, hace 21 años. Este permite introducir la dimensión ambiental en el diseño y la ejecución de los proyectos y actividades que se realizan en el país. A través de él, se evalúa y certifica que las iniciativas, tanto del sector público como del sector privado, se encuentran en condiciones de cumplir con los requisitos ambientales que les son aplicables, explican en la web del SEIA.

Hoy, el titular del proyecto o actividad que se somete al SEIA presenta una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), salvo que dicho proyecto genere o presente distintos riesgos, que en ese caso deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Algunos de los casos son riesgos para la salud de la población, efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, reasentamiento de comunidades humanas o alteraciones significativa de los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos. También, que se ubique en (o cerca de) poblaciones, recursos y áreas protegidas o sitios prioritarios para la conservación, alteración significativa del valor paisajístico o turístico de una zona y alteración de monumentos o de sitios pertenecientes al patrimonio cultural.

Para Felipe Leiva, profesor de derecho ambiental y recursos naturales, “es un anuncio valioso en el sentido que viene en la línea de lo que se discutió en el gobierno pasado. El SEIA requería en algunos casos ciertas modificaciones para dar certeza a todo lo ingresado en él, tanto comunidades como titulares de proyecto, pero es difícil saber todavía porque no tenemos mayor información de los cambios que se quieren hacer”.

“En general, me parece que el sistema de impacto ambiental, como está diseñado, es adecuado; me da la sensación de que los ajustes que se quiere hacer responden a necesidades que están vinculados con proyectos ya de cierta relevancia social”, precisa.

Una de sus preocupaciones, sin embargo, es cómo se va a canalizar la participación ciudadana anticipada y cómo ello va a influir en la gestión y decisión de los proyectos. Lo segundo, prosigue, tiene que ver con “la forma en que se regulará la posible interposición de recursos, lo que debiera normarse con mayor precisión, estableciendo procedimientos y enfatizando en los plazos. La conflictividad de los proyectos complejos siempre va a estar”.

5) Modernización del Estado

Dentro de las “grandes tareas” del Gobierno se encuentra hacer un Estado más digital y tecnológico. “Debemos impulsar la Plataforma Digital Chile Atiende, implementar el proyecto Chile sin Papeleo, prohibiendo al Estado pedir a los ciudadanos certificados que ya tenga en su poder o que el mismo emita”, dijo el Presidente.

“Próximamente, propondremos al país una agenda para un Estado al servicio de los ciudadanos, que incluye un Consejo Permanente para la Modernización del Estado y contempla la creación de un Estado digital al servicio de los ciudadanos, para lo cual enviaremos prontamente el Proyecto de Ley de Transformación Digital, que permita la identidad digital de los ciudadanos y que los procedimientos administrativos sean digitales”, añadió.

Con lo anterior, se quiere lograr que el año 2022 el 80% de las gestiones y trámites que los ciudadanos hacen, se puedan realizar desde teléfonos celulares o computadores, lo que correspondería a un 30% más de lo que existe actualmente.

Para la abogada Claudia Rossi, especialista en tecnologías de la información, modernizar el Estado y evitar trámites es un excelente anuncio para el ciudadano, que ahorrará tiempo y dinero al evitar la procesión por distintos organismos, recopilando información que el Estado ya tiene: “Lo único que me preocupa es cómo van a operar entre los distintos organismos en relación con los datos personales que tengan; espero que no sea a un costo mayor para las personas. No es la idea que el Estado se transforme en un “gran hermano” de mis datos”.

Si bien es de la mayor importancia modernizar al Estado, Rossi concentra sus aprensiones en que el Estado debería ocuparse de sus temas y “siempre ocupar un rol subsidiario”, evitando transformarse “en un empresario digital o en un repositorio de datos”. Aclara, eso sí, que el Mensaje sólo hizo una mención a un proyecto de modernización digital, el que podría pensarse relacionado con la prescindencia de papeles. “Pero no sé que alcance tiene el proyecto, ni si solamente involucra a los organismos del Estado o también a su relación con los privados”, advierte.

“Me preocupa que empecemos a sacar cosas que tengan un lindo nombre o un gran objetivo, pero estamos ‘cojos’ en lo más importante, que son los datos. Si tú me hablas de identidad digital, a mí lo primero que se me ocurre son mis datos personales, y mis datos personales, hoy día en nuestro país, no están protegidos, entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿cómo lo conciliamos? Yo habría esperado que en su discurso hubiese incluido esto y no lo hizo, siendo que es un tema público contingente por la acción de Facebook y Cambridge Analytica”.

 

 

FUENTE:   http://idealex.press/mercado-legal/regulacion-de-la-abogacia-como-industria/ 

 

"Bajo la dinámica del compliance, lo que manda es una lógica de naturaleza más preventiva o ex ante, propia por lo demás,  de realidades en las cuales el incumplimiento normativo se transforma en la conducta deseable que se trata de evitar".

Adolfo Silva Walbaum

Una de las relaciones causa efecto que mayor impacto ha tenido en la manera que se desenvuelve el ejercicio de la profesión legal del último tiempo, es aquella que descansa en la manera en que tanto abogados como abogadas hemos debido hacer frente, y asimismo dar solución, a un creciente empoderamiento de los distintos grupos de interés.  

Dichos colectivos por su parte, han venido a reflejar su propio cambio de circunstancias, desde una mirada centrada históricamente en un grupo aislado de interés – tal como lo fue  la mirada clásica del grupo de interés centrada en el exclusivo beneficio de los accionistas y/o propietarios de la compañía (share holders), para pasar una mirada holística, más acorde con los tiempos que nos toca vivir, y en donde confluyen varios grupos de interés que sostienen a la compañía (stake holders).

Adicionalmente, este cambio de circunstancias ha puesto en evidencia una imperiosa y creciente necesidad por tener que contar con una serie de nuevas  habilidades- distintas de aquellas derivadas del puro conocimiento jurídico (hard skills), y que permitan coordinar e interactuar eficientemente con los referidos grupos humanos, ubicados tanto dentro como fuera de la organización.

Bajo este nuevo y complejo escenario, la solución de algún eventual conflicto que pueda surgir con los distintos grupos colectivos, no siempre vendrá asociado a la decisión que un tercero imparcial pueda considerar como lo justo para el caso sometido a su conocimiento de acuerdo a lo estipulado en legislación vigente, al más puro estilo de lo que enseñara el clásico derecho procesal.

Justamente, y bajo esta misma línea de evolución, es que arriba a países como el nuestro, el denominado compliance, y que al ser de origen anglosajón, no siempre resulta fácil de encuadrar con una cultura jurídica continental románica, marcada por una lógica ex post, en donde el derecho pasa a ser relevante solamente una vez que se haya hecho efectivo el correspondiente  incumplimiento normativo.

Efectivamente, bajo la dinámica del compliance, lo que manda es una lógica de naturaleza más  preventiva o ex ante, propia por lo demás,  de realidades en las cuales el incumplimiento normativo se transforma en la conducta deseable que se trata de evitar.

De esta manera, la llegada del compliance a países latinoamericanos, independientemente de cuál sea su naturaleza y alcance, nos invita a ser parte y sumarnos a un cambio de aquella tradicional cultura represiva del ejercicio legal, ya ahora resultará deseable evitar que se incumpla la norma, y promover una cultura que considere hacer lo correcto, no solamente porque así se evita que ella se infrinja la norma, sino porque es el reflejo de la misión y visión de la respectiva organización, y por cierto también,  de su éxito y sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

Bajo esta mirada, el compliance pasa a ser una respuesta necesaria a los cambios del nuevo milenio, en áreas tan sensibles para las empresas como lo pueden ser su relación con: i) el medio ambiente, ii) los consumidores, iv) la libre competencia, v) la protección de datos personales, iv) el gobierno corporativo y deberes fiduciarios de los directores, iii) los derechos humanos dentro de la empresa, y específicamente la regulación del acoso, hostigamiento, y no discriminación arbitraria.

En lo que se refiere al futuro del mercado legal, este cambio de paradigma, está significado un enorme desafío,  al requerir el manejo de otras capacidades y destrezas que se espera deban tener los abogados y abogadas del mañana, tal como lo son la de soluciones que se hayan más allá de la norma jurídica.

 

De ahí también que las futuras proyecciones que se puedan hacer del compliance y su respectivo ejercicio profesional, tanto como patrio- en particular- como latinoamericano de manera más general, deberá necesariamente enmarcarse bajo la referida construcción de causa-efecto, centrada en los diferentes grupos de interés, desde el instante que apunta a un cambio de índole cultural dentro de las compañías, desde lo represivo a lo preventivo, de lo judicial a la resolución alternativa de conflictos, desde la economía y administración de empresas hacia el mundo jurídico. En definitiva, desde el medio y entorno social hacia el derecho, y no al revés.

 

FUENTE:   http://idealex.press/mercado-legal/regulacion-de-la-abogacia-como-industria/ 

 

 

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El Banco Central, a través de su Informe de Política Monetaria (IPoM), mantuvo sus proyecciones sobre el desempeño económico, anticipando un crecimiento entre 3,25% y 4% para este 2018.

Estas cifras confirman el diagnóstico entregado en marzo, cuando el límite superior también se ubicó en el 4%. Sin embargo, el piso aumentó en 0,25%.

De acuerdo al documento, el segundo semestre serán menores las tasas de variación anual, con una comparación más alta que la primera mitad del 2017. Lo anterior, gracias a mayor dinamismo en inversión y factores de moderación.

Con respecto a los próximos años, las estimaciones indican que en 2019 se crecería entre un 3,25% y 4%, mientras que en 2020 entre un 3% y 4%, implicando un incremento por sobre el potencial.

Asimismo, el Consejo afirmó que la recuperación económica se sustenta en un escenario externo favorable, una política expansiva, el fin del ajuste de la inversión en minería y habitacional, además de la ausencia de desbalances macroeconómicos.

Además, proyectó la inversión en 4,5%, aumentando el 3,6% del informe anterior. En la misma línea, anticipó un 4,5% en 2019 y 3,9% en 2020.

Registro anterior

El último IPoM emitido, en marzo, anunció un crecimiento económico entre un 3,0% y un 4,0% para este 2018, superando lo pronosticado en diciembre.

Dicho registro fue la primera vez desde 2012 que el BC sube el techo de su estimación para un año en curso y la economía podría obtener su mejor rendimiento desde 2013, cuando el crecimiento anotó un 4,2%.

 

FUENTE:   http://idealex.press/mercado-legal/regulacion-de-la-abogacia-como-industria/ 

Un informe del organismo internacional estableció que el país posee una "muy baja movilidad y una gran inequidad" y, además, aseguró que "ya no hay movilidad social” en las naciones de la OCDE.



SANTIAGO.- El "ascensor social" está estancado en Chile. Así lo reveló este viernes un exhaustivo estudio de la OCDE, en el cual se afirma que se necesitan seis generaciones para que un niño descendiente de una familia pobre tenga un ingreso medio en el país. En otras palabras, se necesitan casi 180 años para que una familia del piso inferior de la escala de ingresos (el 10% más bajo) suba hasta un nivel medio. De hecho, el informe resume al país en una frase: "Muy baja movilidad y muy grande inequidad".

Pero la inmovilidad social no es sólo el escenario de Chile, sino que también el del conjunto de 24 países de la organización que fueron considerados para el estudio.

"Ya no hay movilidad social en los países de la OCDE: los ingresos, la profesión y el nivel educativo se transmiten de una generación a otra", resumió Gabriela Ramos, asesora especial del organismo, al presentar el informe a la prensa.

En esa línea, Ramos consignó que, en promedio, en los países OCDE, "tomará al menos cinco generaciones para que un niño de una familia de la parte inferior de la escala de ingresos suba a la mitad de ésta".

Mientras que en Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia -países de baja desigualdad y alta movilidad- los nacidos en familias de bajos ingresos tardarían entre tres y cuatro generaciones en acercarse al ingreso medio de la sociedad; en países emergentes –alta desigualdad y baja movilidad- se podrían necesitar hasta once generaciones.

Tal es el caso de Colombia, el país que la OCDE reconoció como el más extremo y donde 300 años separan a las familias de más bajos ingresos con la posibilidad real de alcanzar la media de la escala social.

Sin embargo, Brasil y Sudáfrica también destacan como "preocupantes", ya que el cambio sólo podría darse tras el paso de nueve generaciones de una misma familia. Después, viene Chile, a la par con Francia y Alemania, donde el "ascensor social" tarde seis generaciones: 180 años aproximadamente.

Y, desde el organismo, apuntan también al otro extremo: "En el 'ascensor social' hay menos movilidad en lo más alto y en lo más bajo".

En promedio, "en 16 de los 24 países de la OCDE -considerados para el estudio-, apenas 17% de los niños de origen modesto logran subir hasta lo más alto en términos de ingresos cuando llegan a la edad adulta, mientras que 42% de los niños de familias ricas se mantienen".

El estudio y su análisis

Para poder entender las conclusiones del estudio, es necesario comprender que el informe documenta la persistencia intergeneracional de los resultados socioeconómicos de las generaciones de una familia, lo que explica cuánto se relacionó el status económico de una descendencia con el de sus padres.

Si esta medida es cero, significa que los resultados de la situación de un hijo no se relacionan en absoluto con el estado de sus padres y que existe una mayor movilidad relativa. Por otro lado, si es 100%, significará que todos los resultados están completamente determinados por la situación de los padres y que la movilidad es más baja.

En términos de aerodinámica a través de las generaciones, la persistencia intergeneracional asciende a alrededor del 40% en promedio en los países OCDE. Desde menos del 20% en los países nórdicos hasta el 70% o más en algunas de las economías emergentes.

Estas cifras implican que si un padre más rico tuviera el doble de la ganancia de otro padre, el hijo del padre rico tendría entonces un 40% más de ventaja que el hijo del padre más pobre en un país OCDE promedio, mientras que las ganancias serían del 20% más en Finlandia, por ejemplo, y 70% más en Brasil.

Dicho de otro modo, "del 20 al 70% de las diferencias de ingresos entre padres se transfieren a la siguiente generación. Con el tiempo, las ganancias relativas de las familias de altos ingresos caerán, y las de las familias de bajos ingresos aumentarán, hacia el promedio -un fenómeno llamado regresión a la media-, pero este proceso puede llevar mucho más tiempo de lo que estas cifras podrían sugerir a primera vista", explica el informe.

A modo de afirmación, el estudio enfatiza que en países como Chile, las encuestas que se le hicieron a los ciudadanos, mostraron que más de la mitad considera que es esencial que los padres hayan tenido una buena situación socioeconómica y educacional para que sus hijos puedan aspirar a un "upgrade" en la escala. De no ser así, la movilidad social y de ingresos se ve "prácticamente imposible".

El "peligro" social de la baja movilidad

La OCDE partió de la hipótesis de que existe una creciente percepción de que la movilidad social entre generaciones ha decaído y que finalmente es la riqueza de los padres el factor más importante para poder aumentar de nivel.

Además apuntó: "Hay un pesimismo creciente de que no es posible mejorar la propia situación financiera antes del fin de la propia vida".

Esto, según el organismo, afecta directamente a la forma en que los ciudadanos se relacionan con el país en el que viven. De hecho, la OCDE es clara: "Un ascensor social roto puede tener serias consecuencias políticas y sociales".

Por un lado, "percibir igualdad de oportunidades puede reducir las probabilidades de conflictos sociales y las mayores tasas de movimiento de clases están pensadas para debilitar los descontentos económicos y la lucha de clases".

"En contraste, sociedades estancadas no ofrecen mucha esperanza de cambio y tienden a crear sentimientos de exclusión entre los grupos desaventajados. Esto fomenta la fortaleza de las identidades de grupos y la división contra los que están en los mejores pisos".

Así, "por menores posibilidades de ascender en la escala, la gente cree y siente que tiene 'menos voz', sobre todo si está en niveles más bajos y, en consecuencia, reduce la participación democrática".

También advirtió: "La baja movilidad hacia arriba puede fortalecer los extremismos políticos o el populismo. De hecho, las perspectivas de baja movilidad reducen el respaldo de las personas al sistema político y dejan de considerarlo justo y meritocrático".

FUENTE:   http://idealex.press/mercado-legal/regulacion-de-la-abogacia-como-industria/