Entidad internacional proyecta un crecimiento de 3,4% para Chile en 2019, por sobre el 2% de América Latina.

 

Tal como lo planteó el año pasado en ocasión de la entrega del Capítulo IV acerca de Chile, el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó el positivo efecto que tendrían en la economía chilena las reformas que empuja el gobierno de Sebastián Piñera, particularmente la tributaria y la previsional.

A ello se suman las políticas en materia de la adopción de las tecnologías de la información, “para tratar que Chile sea una economía de punta en América Latina”, dijo el economista jefe para el hemisferio occidental del organismo, Alejandro Werner, tras publicar su blog “Diálogo a Fondo”.

“Todo este paquete de reformas debería tener un impacto en el crecimiento de mediano plazo (de Chile), en el crecimiento potencial”, dijo el experto, y agregó que “es un paso muy importante en Chile” que la reforma tributaria mantenga la consolidación de las finanzas públicas.

En ese contexto, el FMI mantuvo en 3,4% su pronóstico de crecimiento para Chile en 2019, por debajo del 3,8% previsto por Hacienda y el rango 3,75%-4,75% del Banco Central

Con todo, la expansión prevista para Chile es muy superior al cálculo para América Latina -de 2% en 2019 y 2,5% en 2020-, hecho que fue destacado por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, antes de emprender viaje a Chile desde Davos, donde participó de la reunión anual del Foro Económico Mundial.

“Resulta muy notable que mientras las perspectivas de crecimiento para la economía global y para Latinoamérica se vuelven menos esperanzadoras, el FMI mantiene sus proyecciones de crecimiento para Chile. Esto habla de un buen trabajo, de un dinamismo importante en la inversión y el consumo, que permiten a Chile seguir creciendo bien en un contexto internacional más adverso”, destacó el titular de Hacienda desde Zurich, Suiza.

 


FUENTE:   http://idealex.press/mercado-legal/regulacion-de-la-abogacia-como-industria/ 

 

Los resultados de un estudio que hemos preparado sobre la realidad del mercado legal chileno indican que la mayoría de ellos se encuentra contratado por planta, y que su sueldo varía, en promedio, entre $3,5 y $6 millones mensuales.

 

Álvaro Vergara

Estudios jurídicos, empresas, ministerios, instituciones públicas y fundaciones, son algunas de las alternativas por las que puede optar un abogado a la hora de elegir dónde trabajar. El campo laboral no se limita al ámbito estrictamente judicial —como juez o como litigante—, sino que cada vez surgen nuevas necesidades para distintos tipos de organizaciones que requieren una respuesta proveniente de un área jurídica especializada. Por ello, en Idealex.press hemos trabajado durante varios meses para analizar la realidad del mercado legal chileno.

Mediante la elaboración de un estudio que contempla a aquellos abogados que ocupan cargos directivos en el sector público; la situación laboral de quienes recientemente se han graduado en Ciencias Jurídicas con las mejores calificaciones en las mejores universidades de Chile; y aquellos abogados jóvenes que están en su primer trabajo, buscamos establecer ciertos patrones de sueldos, edad, género, campos laborales, tipos de contrato, entre otras variables investigadas.

Sueldos en el sector público

A continuación, te adelantamos algunos de los primeros resultados obtenidos del estudio, que tienen que ver con el promedio de ingresos que perciben los abogados que ocupan cargos directivos en instituciones públicas, según el tipo de contrato que mantienen con su respectivo lugar de trabajo.

Para estudiar esta variable, se consideraron tres tipos de contratos: de planta, a contrata y a través del Código del Trabajo. Los funcionarios de planta corresponderían al “conjunto de cargos permanentes asignados por ley a cada institución”, mientras que los de contrata serían aquellos que desempeñan empleos de carácter transitorio que no están incluidos en la planta. El Código del Trabajo, en teoría, se aplica “en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos”. Sin embargo, la utilización del Código del Trabajo sería más bien excepcional y sólo existe cuando una ley expresamente lo autoriza.

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos obtenidos a través del portal Gobierno Transparente, revisados hasta el 31 de dic. 2018

Los resultados muestran que quienes se encuentran contratados por planta perciben, en promedio, un sueldo que bordea los $6 millones, siendo los que más ganan en comparación con las otras dos categorías. En segundo lugar están aquellos que se encuentran trabajando a través del Código del Trabajo, quienes reciben una remuneración mensual que en promedio supera los $4 millones. Y por último, quienes trabajan a contrata se encuentran en tercer lugar con un sueldo medio levemente superior a $3,5 millones mensuales.

Distribución de abogados según tipo de contrato

Siguiendo la clasificación anterior —según tipo de contrato—, también quisimos estudiar la distribución de estos abogados en el sector público. Los resultados muestran que la gran mayoría de ellos (un 85%) se encuentran contratados por planta —donde se perciben mayores sueldos—. Le siguen quienes trabajan a contrata con un 13% y aquellos que se rigen por el Código del Trabajo alcanzan un 2% del total. 

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos obtenidos a través del portal Gobierno Transparente, revisados hasta el 31 de dic. 2018

Abogados v/s funcionarios públicos

Si comparamos estos resultados con la distribución —por tipo de contrato— del total de los funcionarios públicos que hoy comprenden la administración del Estado, se pueden apreciar ciertos contrastes. Los datos más recientes provienen del estudio sobre Empleo Público en Chile, realizado en 2016 por el Servicio Civil, donde se muestra que, a diferencia de los abogados directivos, la dotación efectiva de trabajadores del sector público se compone en un 28% de funcionarios de planta, un 55% a contrata, un 16% a honorarios y el 1% restante está regido por Código del Trabajo.

Para Luis Cordero, profesor de Derecho Administrativo de la U. de Chile, la profesión legal en Chile —y en buena parte de los países continentales— ha tenido una larga tradición de gestión pública. “La razón que explica eso es probablemente que el derecho es esencial en la adopción efectiva de medidas públicas. De ahí el hecho que esas cifras de abogados estén asociados a funciones directivas en la administración pública”, afirma.

Total dotación efectiva del gobierno central de Chile 2016

Fuente: Estudio sobre Empleo Público en Chile (Servicio Civil, 2016).

Resulta interesante destacar que, por ejemplo, existe un porcentaje considerable de funcionarios públicos que trabaja a honorarios, mientras que ninguno de los abogados con cargos directivos en instituciones públicas mantiene esa relación contractual con su lugar de trabajo.

Asimismo, en el caso de los funcionarios públicos, más de la mitad de ellos trabaja a contrata y no por planta como sucede con la gran mayoría de los abogados que trabajan como directivos en la administración estatal. Cordero sostiene que en el caso de los contratos por planta sería prudente distinguir si son puestos de carrera o de exclusiva confianza. De acuerdo a eso, “tendería a pensar que por su distribución (anormal con el resto de las cifras del sector público), están bastante concentrados en cargos de confianza”, explica el abogado.

Evolución histórica

Si nos fijamos en la evolución que ha tenido la forma de contratar al personal de la administración estatal podremos ver que entre 2006 y 2016 se ha ido produciendo la disminución progresiva de los funcionarios de planta y el aumento de los que trabajan a contrata.

Evolución dotación efectiva del gobierno central de Chile 2006-2016

Fuente: Estudio sobre Empleo Público en Chile (Servicio Civil, 2016).

 


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En lo que va de 2019, el MSCI World -que agrupa a las plazas bursátiles de economías desarrolladas- acumula rentabilidad de 6,2%, su nivel más alto en 32 años.

Los mercados aplauden la llegada de 2019. En un clima de menor incertidumbre, las acciones del mundo marcan su mejor inicio de año desde 1987. El avance en las negociaciones para destrabar la guerra comercial, las señales de una Fed más cauta y las medidas de estímulo por parte de China, han permitido a los inversionistas recuperar el apetito por los activos de riesgo.

En las primeras dos semanas de 2019, el MSCI World -que agrupa a las acciones de países desarrollados- acumula rentabilidad de 6,2%, su mejor desempeño en 32 años.

Para explicar las sólidas ganancias en los mercados globales, la directora de Renta Variable de Bloomberg Intelligence, Gina Martins, afirma que las acciones globales terminaron el año “cotizándose a valoraciones muy bajas, por lo cual esperábamos cierto rebote en los mercados”.

Dicho repunte se convirtió en un rally cuando el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, calmó una de las mayores preocupaciones de los inversionistas: el ciclo de alza de tasas, en medio de señales de desaceleración económica.

“Estaremos preparados para ajustar la política de manera rápida y flexible y utilizar todas nuestras herramientas de apoyo a la economía”, dijo Powell. En este escenario de menor tensión, el VIX -conocido como índice del miedo- acumula caída de 50% desde su último peak en diciembre pasado.

En la misma línea, el Dow Jones acumula avance de 5,1% en lo que va del año, su mejor registro desde 1997, mientras que el S&P 500 completa alza de 6,54%, su nivel más alto desde 1987.

El rol de China

Las medidas de las autoridades chinas para enfrentar una desaceleración económica, han jugado un rol importante en el alivio de las preocupaciones del mercado. Al inicio de esta semana, el Banco Popular de China inyectó más de US$86.000 millones en el sistema financiero, con el objetivo de aumentar la liquidez del mercado, para así evitar una crisis de efectivo. Sumado a ello, medios internacionales revelaron ayer un importante avance en la carrera por destrabar la guerra comercial.

En la ronda de reuniones entre China y Estados Unidos al comienzo del año, las autoridades asiáticas ofrecieron aumentar sus importaciones de EEUU por un valor de US$1 billón durante los próximos seis años. El objetivo de esta propuesta, es eliminar el déficit comercial anual de Estados Unidos con China en el año 2024. Con este panorama de menor tensión, los mercados más castigados en términos de valuaciones lideran los avances en el mundo.

En ese sentido, el MSCI de América Latina acumula la rentabilidad más alta con 11,8% en las primeras dos semanas del año. Medido en dólares, el Merval de Argentina ocupa el primer lugar con alza de 16%, detrás se ubica el Bovespa de Brasil con un repunte de 12,4%, y en tercer lugar destaca el IPSA con ganancias de 11%.

Chile también

El apetito por los activos de riesgo también impulsa a la bolsa local. Al cierre de las operaciones de ayer, la plaza nacional extendió su histórica racha, al completar 16 jornadas consecutivas al alza.

El IPSA -principal selectivo accionario- subió 0,80% y se ubicó en los 5.479 puntos, su nivel más alto desde el 15 de junio del año pasado y se encamina a recuperar las pérdidas de 2018. En la semana, los principales motores para el selectivo fueron Enel y Colbún con ganancias de 9,40% y 6,13%, respectivamente. En la vereda de enfrente, Vapores y Concha y Toro fueron las únicas compañías que cayeron en las cinco jornadas, con tímidas bajas de 0,15% y 0,88%.


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El próximo 14 de marzo, entra en vigencia la nueva normativa que le entrega mayores capacidades de fiscalización a esta entidad, extiende el plazo de las denuncias y eleva las multas a las empresas infractoras. Asimismo establece procesos voluntarios colectivos con un plazo de respuesta máximo de seis meses.

 

En marzo próximo, la nueva ley del Sernac comenzará a regir en plenitud. Si bien se promulgó el 14 de septiembre, la normativa daba un plazo de seis meses para su implementación, el que se cumple ahora.

Su director, Lucas del Villar, confirmó en un seminario realizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), que la nueva ley comienza a regir el 14 de marzo. Y por ello, el organismo se encuentra trabajando a toda velocidad para adecuar su estructura y normativa a la nueva realidad.

De acuerdo a Del Villar, un cambio importante es la mayor cantidad de funcionarios que tendrá la entidad en un plazo de dos años, ya que se sumarán 349 funcionarios a los 331 existentes, además tendrá nuevas facultades de fiscalización y establece los juicios colectivos e individuales.

Pero este proyecto no estuvo exento de polémica, ya que el 19 de enero del año pasado, el Tribunal Constitucional (TC) eliminó las facultades normativas y sancionatorias del proyecto de ley que fortalecía al Sernac (ver entrevista).

En el marco del control preventivo de constitucionalidad, el organismo declaró en su sentencia “inconstitucionales las nuevas potestades jurisdiccionales que el Proyecto de Ley contemplaba entregar al Sernac”, explicando que la decisión tiene “su fundamento en que las medidas que comprenden la facultad de juzgar por parte del Sernac sólo pueden ser adoptadas por un tribunal independiente e imparcial, características que éste no reúne. Es decir, no puede ser juez y parte.

En cuanto a la eliminación de facultades normativas, el TC destacó que la iniciativa le daba al Sernac “un alcance ilimitado, en circunstancias que amenaza la garantía de que solo la ley puede fijar las reglas entre consumidores y proveedores”.

Ejes centrales de la nueva normativa

Mayor capacidad de fiscalización

La nueva Ley otorga al Sernac la facultad de poder fiscalizar a las empresas, las que estarán obligadas a responder ante sus exigencias, pudiendo, por ejemplo, citar a declarar a los representantes legales, administradores, asesores y dependientes de las empresas de forma obligatoria y coercitiva.

Deberá confeccionar un plan anual de fiscalización, cuyas directrices generales serán públicas, además de desarrollar las fiscalizaciones conforme a ese plan o ante denuncias de consumidores.

Plazo para las denuncias se extiende de 6 meses a 2 años

Con la legislación actual los consumidores tienen 6 meses de plazo para denunciar una infracción, lo que se modifica en la nueva ley a 2 años para denunciar a una empresa en tribunales.

El Sernac también podrá iniciar procedimientos voluntarios colectivos, con nuevas exigencias a las propuestas de las empresas y un plazo máximo de seis meses, evitando un juicio.

Multas irán desde $2,4 millones hasta $72 millones

Con la nueva legislación se elevarán las multas en todas sus categorías. Por ejemplo, en el caso de infracciones individuales pasarán de hasta 50 UTM ($2,4 millones) a 300 UTM ($14,4 millones).

En el caso de la suspensión injustificada de un servicio contratado, las multas pasarán de 150 UTM ($7,2 millones) a 750 UTM ($36 millones). En publicidad engañosa la sanción monetaria pasa de 750 UTM a 1.500 UTM ($72 millones). Quien aplica estas multas es un juez, el que también podrá rebajarlas según el caso.

 


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El encargado del cumplimiento normativo ha dejado de ser un actor secundario en la empresa que simplemente se ocupa de generar un conjunto de normas para evitar los riesgos y/o sanciones que eventualmente podrían recibir por alguna mala práctica, para pasar a instalar una verdadera cultura ética empresarial.

 

Álvaro Vergara

En un mundo empresarial cada vez más competitivo y global, en que las compañías multinacionales deben adaptar su funcionamiento a las normativas vigentes de cada país donde instalan una nueva sucursal, los riesgos de incumplimiento de ley, e incluso de corrupción y cohecho, son cada vez más latentes.

Por eso, el encargado del Corporate Compliance o cumplimiento normativo ha dejado de ser un actor secundario -y muchas veces dispensable- que simplemente se ocupa de generar un conjunto de normas que debe implementar la empresa únicamente para evitar o mitigar los riesgos y/o sanciones que eventualmente podrían recibir por alguna mala práctica, para pasar a instalar una verdadera cultura ética empresarial.

Una inversión a largo plazo

Así lo cree Paula Molina, abogada chilena responsable del Spanish Desk en DS Abogados Santiago, quien da cuenta de que, pese a que todavía existen muchos escépticos que creen que elaborar un plan de compliance supone meramente un gasto, “es necesario hacer hincapié que debe de verse como una ventaja competitiva e inversión a mediano/largo plazo para el éxito, prestigio y eventual supervivencia de la empresa”.

En Chile, por ejemplo, se introdujeron recientemente nuevos delitos de corrupción entre particulares y administración desleal, así como varias modificaciones que significan endurecer algunas disposiciones tanto del Código Penal, como de la Ley N°20.393 que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, aumentando, entre otras medidas, las penas de algunos delitos tipificados en la ley que son susceptibles de generar responsabilidad penal para las empresas.

Mucho camino por recorrer

Aún así, Molina afirma que Chile sigue estando poco consolidado y en sus primeras etapas en cuanto al tema del compliance. “Puede deberse, entre otros aspectos legislativos, a que la Ley N° 20.393 antes citada hace referencia solamente a algunos delitos como son el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el cohecho, a diferencia de otras legislaciones, como la española, que considera al menos veinte delitos más susceptibles de ser cometidos por personas jurídicas”, explica.

Si bien, en Chile aún falta camino por recorrer, el tema ha avanzado más que en otros países de la región, como es el caso peruano, por ejemplo. Mientras en el resto del mundo ya se hablaba del cumplimiento normativo hace algunos años atrás, En Perú la era del compliance llegó en 2018 con la entrada en vigencia de la ley 30424 –modificada por el D.L. 1052–, que buscaba que las personas jurídicas podrían ser sancionadas por la comisión de delitos como soborno o cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Pero, según consigna El Comercio, lejos de ver empresarios de traje y corbata tras las rejas, la norma pretendía combatir los actos de corrupción al interior de las empresas echando mano a los sistemas de prevención. Para ello, las empresas debían contar con un sistema de compliance que asegure que una compañía opere con integridad y respetando las normativas vigentes, un sistema desconocido hasta entonces pero que lentamente se ha ido expandiendo entre los peruanos.

Algunas recomendaciones

Teniendo en cuenta que el compliance es un tema reciente aún para América Latina, la abogada chilena, junto con Pilar Martín, del Departamente de Litigación y Compliance de DS OVSLAW Barcelona, elaboraron un listado de sugerencias a considerar para lograr lo que ellas denominan un buen Programa de Compliance:

1. El plan de Compliance deberá ser adoptado previamente a cualquier sanción y/o riesgo, incluyendo a su vez medidas de vigilancia y control idóneas para así poder ejecutarlo eficazmente antes de incurrir en alguna
comisión de delito.
2. Se debe efectuar un diagnóstico individualizado de cada empresa para ver qué riesgos potenciales concretos tiene la misma: matriz de riesgos.
3. Nombramiento del Compliance Officer o Encargado de Prevención de Delitos (EPD) conforme lo establece la Ley N°20.393, a quien se le deberá otorgar la independencia y recursos necesarios, así como acceso a la información a todos los niveles organizacionales.
4. Existencia de un protocolo de actuación, capacitación y difusión continua.
5. Integración del Plan en todas las áreas de la empresa y que toda persona que forme parte de la misma esté al corriente.
6. Unificación de criterios de actuación y desarrollo de sistemas de control.
7. Establecer modelos de gestión de recursos financieros.
8. Crear un canal de denuncias internas para informar de posibles riesgos e incumplimientos a la entidad o persona encargada de vigilar y hacer seguimiento al Plan, aumentando de esa forma la transparencia y confianza dentro de la empresa.
9. Sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el Plan.
10. Verificación y revisión periódica del Plan.

 


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