En entrevista con Reuters en el marco del Chile Day, Mario Marcel confirmó pronta alza de la TPM.

“No queremos estar detrás de la curva en relación con la inflación”, dijo el presidente del Banco Central, Mario Marcel en relación a la pronta alza que tendría la Tasa de Política Monetaria (TPM).

En entrevista con Reuters en el marco del Chile Day en Londres, el titular del ente emisor ratificó el mensaje entregado en el último Informe de Política Monetaria (Ipom) de un incremento del tipo rector, hoy en 2,5%, en los próximos meses.

Con todo, Marcel admitió la posibilidad de que, si se llegase a prolongar la incertidumbre internacional y particularmente un bajo precio del cobre, la normalización de la TPM podría ser con una gradualidad mayor.

“Cuanto antes comencemos, más gradual puede ser”, sostuvo Marcel, agregando que una caída persistente en la cotización del metal rojo (que ayer cerró en US$2,66 la libra) “ampliaría la brecha del Producto y podría generar una respuesta expansiva de la política monetaria o una extensión de la posición actual de la política monetaria”.

Respecto del alza del dólar de las última semana, el presidente del BC agregó que “el tipo de cambio es nuestro amortiguador”, frente a las turbulencias externas.

Esta lectura de un incremento de la TPM hacia fin de año fue ratificada por el consejero del BC Pablo García, quien en en el programa Hablemos en Off de Radio

Duna sostuvo que “cuando construimos las proyecciones nos dimos cuenta que el escenario que se veía para delante era uno en donde era mucho más probable que el inicio del alza de tasas sería a fines de este año”.

En ese contexto, agregó que los últimos datos de IPC e Imacec no modifican el escenario base del BC.

 

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"El establecimiento de un programa de cumplimiento en materia de libre competencia debiese pasar a constituirse en una necesidad para todo agente económico requerido y de seguro condenado por parte de la autoridad".

Adolfo Silva

La aplicación de las diferentes medidas relativas al denominado cumplimiento normativo o compliance, son desde el punto de vista organizacional, una suerte de respuesta cultural a la realidad de cada empresa en particular. Por el mismo motivo, todo aquello que envuelve al compliance como asimismo los cambios que éste pueda generar como efecto en su aplicación, deben necesariamente  considerar una serie de distintos niveles de intervención, que van desde el establecimiento de decálogos, manuales, y/o códigos de conductas de la organización, hasta la inclusión de cláusulas obligatorias para los contratos de ejecutivos in house y/o terceros proveedores externos a la compañía. Tratándose del derecho de la libre competencia, esta suma de cambios encuentra un campo fértil y útil, orientado a poder asegurar tanto un adecuado cumplimiento-estrictamente normativo, como asimismo un debido aseguramiento de una cultura preventiva y competitiva de los agentes económicos.

Con todo, parece necesario recordar que el origen y sentido del compliance descansa en los valores de la respectiva organización, y por la misma razón, la existencia de un real cumplimiento normativo viene a ser una consecuencia de querer hacer lo correcto porque se entiende que es lo necesario que se debe hacer, más que actuar por el simple temor a una posterior sanción derivada del incumplimiento. En dicho sentido, se debe ser cuidadoso a objeto de que el remedio sea eficaz para hacer frente a la enfermedad. De ahí también, que lo ideal para contar con un buen programa de cumplimiento es que éste se pueda construir e implementar ex antey desde la mirada de una adecuada gobernanza corporativa, esto es, conteste con una congruencia ética en el actuar de cada uno de los miembros que conforman la respectiva organización.

Adolfo Silva Walbaum

Sin perjuicio de lo anterior, no se debe olvidar que, junto a los riesgos propiamente anti competitivos, existe otro riesgo adicional de naturaleza reputacional, el cual tampoco debiese dejar de ser atendido. Lo anterior, especialmente si se considera que su inadecuado manejo puede traer aparejado una serie de efectos que incluso pueden llegar a ser considerados como más perjudiciales a los puramente ligados con el derecho de la competencia, en tanto envuelven una pérdida de confianza por parte de los diversos grupos de interés, tales como lo son los consumidores, trabajadores, accionistas y/o la comunidad en general.

Bajo dicho supuesto, vale la pena comentar los efectos que puede traer aparejado para el compliance, la aplicación de una delación compensada, tal como ocurrió respecto a la eximición de la cual fue beneficiaria CMPC Tissue S.A, y en cuya virtud, se transformó en acreedora del beneficio establecido en el artículo 39 bis del D.L. Nº 211, toda vez que no se acreditó que coaccionó a SCA Chile S.A. para participar en el acuerdo. Lo anterior resulta especialmente interesante si consideramos que el objetivo del compliance es promover la existencia de una cultura competitiva, eficiente, e idealmente voluntaria, que sea un fiel reflejo de la misión y visión de la respectiva compañía. En otras palabras, la aplicación de una medida como la delación compensada si bien es cierto que puede resultar efectiva para la detección de cárteles, bajo la lógica del compliance en cambio, no presenta las mismas ventajas, en tanto lleva envuelto el reconocimiento de responsabilidad para la búsqueda de un beneficio, pero sin que se logre asegurar la existencia de una verdadera cultura pro competitiva.

Por la misma razón, es que el establecimiento de un programa de cumplimiento en materia de libre competencia debiese pasar a constituirse en una necesidad para todo agente económico requerido y de seguro condenado por parte de la autoridad, pero especialmente, cuando se trate de alguna de las hipótesis establecidas en la letra a) del artículo 3° del DL 211.

A partir de este punto, surge también el desafío para las agencias de competencia, y en particular para la Fiscalía Nacional Económica en el caso chileno, en orden a tener que brindar efectivamente un adecuado resguardo y confidencialidad a lo largo de todas las fases de investigación, pero sin dejar de considerar al mismo tiempo, que las medidas sugeridas aplicables al caso concreto, no inhiban los comportamientos comerciales legítimos de la respectiva  organización u empresas sometida a estudio, según cual sea su respectivo tamaño y volumen.

*La presente columna recoge las principales conclusiones de la ponencia presentada en las IX Jornadas Nacionales de Derecho Comercial, efectuadas los días jueves 6 y viernes 7 de septiembre de 2018 en la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo.

 

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Que se baja el impuesto a las tasas más altas; que se flexibiliza una norma obsoleta y rígida; y que se aclara el concepto de elusión son algunas de las observaciones.

El texto del proyecto de ley de reforma tributaria, compuesto por casi 300 páginas, enfatiza los objetivos de modernizar el sistema impositivo chileno. Dentro de las medidas que pretende desarrollar destaca la disminución de la tasa de impuestos para las Pymes, el fortalecimiento de las normas para combatir la evasión y la elusión, la creación de una Defensoría del Contribuyente que fiscalice actos arbitrarios o abusivos, y la modernización de las normas de tributación internacional que rigen actualmente, con el fin de atraer y fomentar la inversión extranjera.

Al respecto, el Ministro Felipe Larraín señaló que la iniciativa se enfoca en las mipymes, siendo esta iniciativa la que ha puesto un mayor énfasis en esta materia, en la historia tributaria del país. “Esto contempla una reducción de impuestos para muchas pymes; de hecho, las 150 mil o las que corresponda que están en régimen semi integrado, tienen acceso a esta tasa de 25%, por lo tanto tienen acceso pyme que cae del 27% al 25%”, aseveró a La Tercera.

Además, según consigna el medio, ante el cuestionamiento de reformar el trabajo que realizó el gobierno anterior en esta materia, Larraín reiteró que el proyecto de Modernización Tributaria que el gobierno ingresado —hace una semana atrás —no es una reforma a la reforma que implementó la administración de Michelle Bachelet.

Normas anacrónicas

Una vez ingresada la iniciativa al Congreso, expertos y especialistas tributarios dieron a conocer su visión respecto de las diversas medidas que pretenden modernizar el sistema vigente.

Ignacio Gepp, director de Puente Sur Tax Advisory y especialista en tributación local e internacional, precios de transferencia e inversión extranjera, comenta que la reforma está bien encaminada y pone énfasis en aspectos cruciales como la actualización a la norma, activos fijos y la reactualización de las relaciones del Servicio de Impuestos Internos. “Las normas que tenemos sobre deducción de gastos son anacrónicas y no dicen relación con la realidad del negocio. Lo que hace esta reforma es tomar esa norma obsoleta y rígida para adaptarla a una realidad flexible que se valora muchísimo hoy en día”, señala.

Paris Norambuena, especialista en tributación y economía digital, también concuerda en que la reforma evidencia un esfuerzo por sistematizar y armonizar ciertos procesos. Sin embargo, destaca un punto negativo: ”Esta reforma no se hace cargo en ningún sentido de corregir la brecha social que existe en nuestro país”.

Según Norambuena, la iniciativa de modernizar el actual sistema tributario que plantea el gobierno desconoce que esta política fiscal puede corregir distorsiones sociales, como por ejemplo, la mala distribución de las riquezas. “Si decidimos seguir directrices OCDE en cuanto a ciertos impuestos corporativos o cargas tributarias, no deberíamos desconocer que Chile tiene un paupérrimo desempeño a nivel de desigualdad en la organización y también en la región”, dice.

Por otra parte, Rodrigo Rojas, socio de Abdala y Cía. y especialista en contratación tecnológica, afirma que otro de los puntos destacables es el que modifica el concepto de gasto necesario de la ley de la renta. “Esta es una materia extremadamente importante porque el concepto de gasto necesario ha sido interpretado con el SII de una forma extremadamente restrictiva”, afirma.

Rojas también enfatiza en las mejoras, aclaraciones y alcances que se harán en materia antielusiva: “La mayoría de los abogados estamos contentos”.

Cristóbal Cibie, abogado tributario —actualmente trabajando en EY, Estados Unidos— comenta que la reforma evidencia un intento por simplificar el sistema de créditos fiscales por impuestos extranjeros, pero plantea que es una mejora a lo que ya existe. “En el resto de la OCDE, casi el 90% ocupa un sistema de exención. Yo no se por qué chile no a querido dar ese paso, pero es algo que quedó pendiente”.

Sobre organizaciones internacionales, Cibie estima que se ha dado un reconocimiento legal a las fusiones transfronterizas: “Me parece muy positivo que haya un cuerpo legal que los reconozca. Pero, por otro lado, creo que el congreso va a tener el deber de revisar cuales son los efectos de estas fusiones y si se pueden ocupar siempre”.

Finalmente, Hugo Catalán, contador y socio de CEIR Consultores plantea que uno de los aspectos fundamentales y que se venía anticipando hace algún tiempo es la baja del impuesto a las rentas más altas de Chile.

Durante el gobierno de Michelle Bachelet, la tasa del impuesto global complementario era de un 44%. La iniciativa planteada por el gobierno propone bajarla a un 35%. “En resumen, lo que hace esta reforma con la reintegración del sistema tributario es bajar el impuesto a las tasas más altas”, afirma Catalán.

 

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Han sido varios los gobiernos que en las últimas décadas han intentado avanzar en reformas que modifiquen el actual sistema notarial, pero que la gran mayoría no ha llegado a materializarse. La actual administración confía en esta vez será diferente y la reforma se hará realidad.

Álvaro Vergara

Luego de más de 30 proyectos de reforma al sistema notarial chileno fallidos, Piñera vuelve a la carga en esta materia. El pasado lunes firmó un proyecto de ley que pretende modernizar el sistema registral chileno para “desnotarizar la vida de la gente”. El proyecto ya ha generado más de alguna polémica con la Asociación Nacional de Notarios, Archiveros y Conservadores.

Han sido varios los gobiernos que en las últimas décadas han intentado avanzar en reformas que modifiquen el actual sistema notarial, pero que la gran mayoría no ha llegado a materializarse. ¿Lo lograrán en esta ocasión?¿Qué asegura que esta vez será distinto?

Esta es la vencida

Desde el gobierno anticipan que no será fácil, que los notarios tienen fuertes lazos con el mundo político, pero hay motivos para creer que en esta vez es posible. Aseguran que hay un ambiente propicio para el cambio, y esto se debe principalmente a tres razones: la controversia que se generó cuando, pocos días de que terminara el período del gobierno anterior se nombró al ex fiscal del caso Caval, Luis Toledo, como notario de San Fernando. Las críticas apuntaron a la forma en que se realizan los nombramientos y obligaron a las antiguas autoridades a explicar que esto no era “el pago de un favor político” por no haber formalizado al hijo de la ex presidenta.

Por otro lado, la falta de modernización del sistema registral también le juega en contra. Hoy en día las tecnologías permiten realizar una serie de trámites por internet, cosa que no ocurre con las notarías. Además, las largas filas y los altos costos que tienen los trámites ha generado descontento entre la ciudadanía.

Por último, el empujón final lo dio el estudio realizado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) donde analizó el mercado de las notarías y concluyó que hay una alta concentración y falta de competencia en este rubro. Además, estableció que hay una serie de trámites que ya no son necesarios.

Todo lo anterior habría creado un clima propicio para la reforma, que busca reducir la cantidad de trámites que se deben hacer ante notario, eliminar a los notarios vitalicios y limitar el ejercicio de sus funciones hasta los 75 años o hasta que cumplan 21 años en el cargo, crear un consejo para que el nombramiento de estos cargos sea más transparente y crea la figura del “fedatario” quien actuará como ministro de fe para ciertos trámites comunes, entre otros cambios.

No todos están de acuerdo

Si bien hay un amplio consenso entre los sectores políticos para lograr que se apruebe este proyecto, quienes no están del todo de acuerdo son los notarios. Ricardo Martin, presidente de la Asociación Nacional de Notarios, Archiveros y Conservadores dice estar de acuerdo con el proyecto en general, pero ciertos puntos que le preocupan. “Nosotros tenemos que considerar que nuestra función es altamente profesionalizada y especializada. Aquí por eso yo veo que el proyecto tiene como rumbo final debilitar la fe pública en Chile”, señaló Martin a Radio Cooperativa.

En entrevista con Economía y Negocios, el dirigente del gremio dijo que “no es necesariamente la competencia lo que nos puede preocupar. Cuando la competencia consiste en quién es más permisivo y quién menos riguroso, es una competencia insana”. Y agregó que “los notarios express podrían estar al servicio de los grandes intereses y, hablando en lenguaje tenístico, ese es un punto de quiebre. La fe pública, por lo delicada que es, no se le puede otorgar a quien quiera, sino que a quien debe otorgarla. Y esa es una gran diferencia”.

Un historial de fracasos

Pero la discusión por una reforma al sistema notarial no es algo nuevo. Durante años distintos gobiernos y sectores políticos han intentado concretar cambios al régimen de las notarías, pero muchos de estos intentos no han llegado a puerto. El año pasado, por ejemplo, el gobierno quiso crear 62 nuevos puestos para notarios, modificación que causó ruido en la Asociación Nacional de Notarios y en la Corte Suprema.

En 2016 se promulgó una ley que modificó el artículo 256 del Código Orgánico de Tribunales, que desde 1943 indicaba que las personas ciegas, sordas o mudas no podían ocupar cargos de jueces o notarios. Ley 20.957, que modifica esa normativa permite a quienes tengan alguna discapacidad postular a estas ocupaciones.

En 2015 la Corte Suprema pidió excluir a notarios y conservadores de la supervisión del Poder Judicial. La resolución señalaba que junto con eso se elimine su reglamentación en el Escalafón Secundario del Poder Judicial, “entregando su supervisión a un organismo dotado de competencia especial al efecto”. Los ministros además acordaron instruir a todas las cortes de apelaciones del país para que vigilen el cumplimiento de los aranceles que estos profesionales tienen permitido cobrar.

En ese mismo año, la Corte de Apelaciones de Santiago removió a los notarios Gloria Acharán y Roberto Mosquera por ser sancionados por irregularidades en la certificación de firmas de Tomás Jocelyn-Holt y Franco Parisi para la inscripción de sus respectivas candidaturas, en las elecciones presidenciales de 2013. Ambos abogados involucrados en el escándalo conocido como “Caso Firmas”, habrían infringido la ley de Votaciones y Escrutinios que los obligaba a estar presentes en la validación de las rúbricas que presentaron los candidatos.

En 2012, se presentó un proyecto de ley en el que se modificaba el régimen de nombramiento y las funciones del sistema notarial. Entre las disposiciones se encontraba la aplicación de un examen obligatorio a todos quienes postulen a un cargo de auxiliar de justicia. Junto con ello, la propuesta del Ejecutivo otorgaba potestades al Sernac para fiscalizar las tarifas y los servicios a los usuarios.

La discusión previa a este proyecto de ley estuvo marcada por la propuesta inicial del Ejecutivo de introducir competencia de mercado a las notarías. En concreto, se proponía un sistema de licitación cuyo primer promotor, en 1993, fue el entonces Senador Sebastián Piñera quien pretendía que los notarios fueron nombrados mediante un concurso público en que se ofrecieran tarifas y servicios.

Ese mismo criterio seguía el proyecto presentado en 2008 por la administración de Michelle Bachelet, pero dicho texto nunca entró a discutirse en Valparaíso. Al asumir Felipe Bulnes como ministro de Justicia, se mostró favorable a reflotar esta iniciativa, pero no hubo consenso para ello. Una vez reemplazado por Teodoro Ribera, el ministerio se abocó a redactar un nuevo proyecto, que es el que ingresó al Congreso en noviembre de 2012, pero que se encontraba sin urgencia en su tramitación. El Gobierno en ese entonces esperaba aprobarlo antes de que terminara el mandato de Sebastián Piñera, pero eso no pasó.

 

 

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El decano de la U. de Suffolk estuvo en Chile y aquí puedes oír su entrevista, doblada al castellano.

 

podcast

Equipo Idealex.press

Para la tercera edición del programa En Tabla, de EstadoDiario.com, Rafael Mery entrevistó a Andrew Perlmann, experto en tecnología e innovación para el mercado legal, director del Institute on Law Practice Technology and Innovation y presidente del Centro para la Innovación de la American Bar Association, además de ser el decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Suffolk, Boston, Estados Unidos.

Podcast – Entrevista completa, doblada al castellano

Si quieres oír la entrevista original, haz clic aquí.

 

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