No basta con que los abogados adquieran nociones básicas de protección jurídica del migrante, sino que también deben prepararse para interactuar con otras áreas del conocimiento. En ocasiones las personas requieren de un trato especial, debido al miedo o un stress post traumático.

 

 

Pamela Rillón Oportus

Analizar el fenómeno de la migración en Chile es tan complejo que puede no lograr reflejar la realidad de los migrantes. Por ejemplo, enseñar castellano a palestinos y sirios en la ONG Amal o a haitianos en la Fundación Fré, en el Barrio Yungay, y ser testigo de sus progresos es de una retribución personal impagable. Pero esa alegría se ve empañada al conocer lo difícil que es su inserción social y los abusos que tienen que experimentar, como hacinamiento, racismo, discriminación, cobros excesivos en los arriendos de viviendas, explotación laboral o trabas para encontrar lo que más desean; tal como lo expresa el director ejecutivo de la Fundación Frè, José María del Pino, “lo primero que aprende un haitiano cuando llega a Chile, no es hola, sino la palabra trabajo”.

Según la normativa internacional, la migración tiene un rango que lo incluye dentro de los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas. También están protegidos en la ley de migraciones chilena de 1975 y en el actual Proyecto de Ley de 2017. De este modo, el libre tránsito en búsqueda de oportunidades en otro país, no debe ser mirado como la posibilidad de transformar a las personas en mano de obra barata, sino como una instancia para acogerlos y sumarlos a una nueva cultura, con toda la riqueza que ellos aportan.

Los flujos migratorios no se van a detener, por lo que no solo se requiere enfrentar el fenómeno desde una legislación moderna, sino además encararlo con la contribución del sector público, del sector privado y de la sociedad civil.

Si ponemos el foco en la protección jurídica de los migrantes ¿tiene la abogacía una obligación o responsabilidad ética de ofrecer asistencia a estas personas? ¿Debería formar parte de la vocación profesional la defensa de los derechos humanos y el cumplimiento del derecho internacional para garantizar la dignidad de los migrantes?

Qué dicen los especialistas

Carolina Contreras, directora ejecutiva de la Fundación Pro Bono, cree que existe un deber ético de la profesión, porque los abogados están en una situación mejorada frente al sistema. Y además, están llamados a hacer justicia frente a la posición de vulnerabilidad de los migrantes, especialmente los niños y los que no hablan el idioma. “Los abogados podemos cambiar la situación de una persona en forma radical, y nosotros como fundación apelamos a los abogados a que aprovechen su expertise y aporten desde el tecnicismo de la ley”.

Esta profesional sostiene, sin embargo, que respecto de la migración hay que mejorar las políticas porque este tema no se agota en el abogado ni en la ley. Para ella, se trata de una cadena que requiere cambios estructurales en extranjería, el registro civil y todo servicio público que reciba al migrante. “Y en esta cadena de apoyo, el abogado tiene la gran oportunidad de reencontrarse con las razones sociales por las que eligió esta profesión”.

Por su parte, Francisca Vargas, profesora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, afirma que la responsabilidad de la abogacía no sólo implica adquirir las nociones básicas de la protección jurídica del migrante, sino que también debe incluir conversaciones con otras áreas del conocimiento. “Lamentablemente, en ocasiones la persona requiere de un trato especial por estar pasando por una situación de miedo o stress post traumático”, afirma, y añade que representa un desafío de los actuales tiempos el capacitar a los abogados en temas de habilidades blandas y trato a las personas.

Para ella, además, se debería ampliar la malla curricular en las escuelas de Derecho para que se enseñe derecho internacional de los refugiados, o que existan capacitaciones o cursos de actualización para abogados sobre la materia: “Lo anterior no sólo ayudaría a tener un interés general, sino también a que más personas se dediquen a este área”.

Tomás Greene, asociado en el estudio Garnham, sostiene que debido a su desesperación y su falta de redes e información, los migrantes se encuentran expuestos a diferentes abusos. Cuenta que, por ejemplo, en las inmediaciones de la oficinas de extranjería existen locales que cobran $60.000 (más de US$90) por ayudarles a llenar un formulario para la reconsideración de una solicitud de visa.

Greene considera que este tipo de prácticas se podría combatir si existiera mayor cantidad de personas dispuestas a ofrecer información o prestar servicios tan simples que contribuyen en forma eficaz y concreta al desarrollo de sus proyectos de vida.

Nicolás Torrealba, ex jefe Extranjería del Ministerio del Interior, coincide en que la inserción laboral es prioritaria y que los estudios de abogados podrían aportar con asesoría en contratos de trabajos y permisos que se necesitan para abrir un pequeño negocio. También cree que sería una gran oportunidad para todos aquellos abogados que tienen una especial sensibilidad en el tema -como por ejemplo, quienes son nietos o bisnietos de sirios- el orientar a los que igual que sus antepasados vinieron a Chile a cumplir un sueño.

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Para abordar la negociación existen tanto técnicas competitivas como colaborativas, en que las partes son protagonistas en la búsqueda de soluciones. Para alcanzar arreglos satisfactorias se requiere la máxima transparencia y el intercambio de información confidencial relevante.

 

 

El uso por los abogados de la negociación y el derecho colaborativo como herramientas eficaces para la defensa de los intereses de sus clientes es “una materia apasionante que necesita un impulso”, aseguró Soledad Borque presidenta de la Subcomisión de Métodos Extrajudiciales para la Resolución de Litigios y Conflictos del Consejo General de la Abogacía durante la presentación de la Jornada “Negociación y Derecho Colaborativo”, que tuvo lugar el martes 3 de octubre.

Juan Antonio García Cazorla, consejero del Consejo General de la Abogacía Española, recordó que el pleito no siempre es la solución y que “existen otros métodos más apropiados que recogen la sensibilidad de las partes en conflicto”, mientras que Jordi Estalella, abogado y autor de varios libros sobre técnicas de negociación, sostuvo que la mediación y la negociación son un escalón menos intervencionista para la resolución de conflictos partiendo de “un procedimiento donde las partes tienen posturas contrarias e intensas”.

Sin embargo, para que exista negociación tiene que haber un espacio común para alcanzar una posición compartida y para eso se necesita comunicación, añadió Estalella, quien aseguró que para abordar la negociación existen tanto técnicas competitivas como colaborativas.

En la actividad se abordó el derecho colaborativo como un método distinto para ejercer la abogacía. Helena Soleto, abogada y profesora de derecho procesal, aseguró que el derecho colaborativo se basa en la negociación. A lo largo de la historia, la resolución de conflictos siempre se ha resuelto conforme a garantizar derechos o intereses, pero con una imposición de la resolución por un poder.

Soleto defendió que los conflictos se resuelvan “a la sombra del Derecho” porque en un Estado moderno debe prevalecer la resolución de litigios a través del interés de las partes y no por imposición de un poder.

La base del derecho colaborativo es la negociación en equipo entre los abogados y sus clientes y otros profesionales —economistas, graduados sociales, psicólogos, psiquiatras, pedagogos, coaches, mediadores, árbitros, terapeutas—, que puedan colaborar para alcanzar un acuerdo a largo plazo, a través de soluciones creativas desde los valores de respeto, transparencia, equidad y confidencialidad.

Es un proceso en el que las partes son protagonistas en la búsqueda de soluciones. Para alcanzar arreglos satisfactorias se requiere la máxima transparencia y el intercambio de información relevante.

Por ello, las partes deben respetar la confidencialidad del proceso.

A su vez, los abogados colaborativos participantes en el proceso se comprometen en el caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio a no representar a sus clientes en un futuro contencioso sobre la materia.

* Reproducción autorizada. El presente texto es un extracto del artículo “La Abogacía analiza la negociación y el derecho colaborativo como herramientas eficaces frente al pleito”, escrito por el Consejo General de la Abogacía Española y publicado en Law and Trends.

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Han ido pasado del generalismo a la dedicación exclusiva en ámbitos penal, familiar, laboral y económico, con la nueva Ley de Insolvencia.

 

Sofía Martin Leyton. Publicación conjunta con Diario Financiero.

Alejandro Elgueta Sanhueza (46) estudió Derecho en la UC, en una sede que tenía en Talcahuano. Y si bien cuando eligió la carrera le gustaba la idea de ayudar a resolver conflictos, desde 2014 se abocó a ello en su rol de Coordinador Regional de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento de la VIII Región.

Comenzó en una empresa ligada a un banco, buscando antecedentes para realizar estudios de títulos. Después siguió con cobranzas: “La compensación era baja, pero como estudiante yo estaba feliz. Aprendí del tema, fui agarrando experiencia, manejo en tribunales, creando redes”. Luego trabajó como defensor público licitado, cerca de 6 años.

Alvaro Funes Palacios (41) estudió Derecho en Antofagasta, en la Universidad Católica del Norte. Y en esa ciudad se quedó trabajando, aunque —dice— no fue la decisión que tomó la generalidad de sus compañeros. “En mi generación, cerca de la mitad se devolvió a sus ciudades de origen, de la I y de la IV regiones, y unos pocos se fueron a trabajar a la RM”, dice.

Distinta es la experiencia de Camila Jordán Lapostol (42), abogada UC que trabajó en Carey y en el Poder Judicial antes de partir a Puerto Varas y Puerto Montt, donde trabajó en la Dirección Regional del Trabajo. Hoy es independiente. En regiones, dice, es todo más cercano y no se refiere sólo a las distancias: “Uno conoce mejor a los otros abogados, a los jueces y, en general, a los intervinientes en el sistema”.

Especialización

En Chillán ejerce Baltazar Guajardo Carrasco (42), quien estudió en la Universidad Católica de la Santísima Concepción y tiene una oficina donde asesora principalmente a bancos, aunque también tiene algunos clientes personas naturales. Como abogado en ejercicio y profesor de derecho civil, tiene una mirada muy clara sobre la especialización en regiones: “Se ha ido dando generacionalmente. Yo diría que entre quienes se titularon en la década del 2000 al 2010 predomina el generalismo, pero desde 2010 a la fecha ha habido un cambio drástico hacia la especialización”. Para Guajardo, una de las razones de esta tendencia es el aumento del número de abogados, que ha ido forzando la dedicación exclusiva o preferente al área penal, familia o laboral. “Y también en defensa de deudores con la nueva ley de quiebras”, añade.

Victoria Stangl Chang (30), de la U. de Tarapacá, se tituló en 2014 y formó un estudio jurídico con un compañero de universidad. “Lo que más veo son temas relacionados con inmuebles, como escrituras, arriendos, estudios de títulos y redacción de contratos. Llevo muy pocos juicios”, cuenta. Sus clientes son todas personas naturales y es su socio quien trabaja más con empresas y sociedades. Si bien cada profesional en teoría puede definir a qué materias dedicarse, muchas veces depende de la realidad de la región. “Yo puedo decidir qué causas tengo y cuáles no, pero he visto compañeros y profesores que ven causas igual que uno y hacen de todo. Es raro que vean cosas más específicas, por lo menos en Arica”.

Álvaro Funes hizo lo que llama una especialización temprana: en tercer año entró a un estudio especializado en materia mineras de la zona; en cuarto procuró en la fiscalía de SQM y tras titularse siguió como abogado por varios años. Hoy trabaja en Antofagasta Minerals.

 

Remuneraciones y honorarios

Cada vez que la consultora Idealis hace público algún estudio de remuneraciones advierte que, en su mayoría, son sueldos de Santiago. Es frecuente que profesionales de regiones digan que no refleja su realidad.

La pregunta que ronda es si hay menor poder adquisitivo, los sueldos de todo el mundo son más bajos y eso se traslada a lo que puede ganar un abogado o si hay un problema de valoración del trabajo legal. Para Alejandro Elgueta, quien está facultado también para ejercer en el área privada, ambas explicaciones coexisten: “Lo mismo que pasa con Chillán y Los Ángeles, donde creen que en Concepción están dispuestos a pagar más, es lo que pasa en Concepción respecto de Santiago”.

Pero cuánto aspira a ganar un recién titulado. Victoria Stangl cuenta que en Arica lo usual es partir ganando entre 500 y 600 mil pesos. Si bien, advierte, el costo de la vida es más bajo que en Santiago, tampoco es que sea tanto más barato. “Nosotros hemos sido de los pocos que nos quedamos en la ciudad. Muchos de nuestra generación emigraron a Antofagasta, Calama o incluso Santiago”, añade.

Antonia Márquez Roldán (38), estudió Derecho en Santiago, en la U. de los Andes, pero desde que se tituló en 2005, trabaja en Curicó. “En regiones es super difícil que te contraten, no existe oferta laboral con un sueldo. Cuesta mucho. Te ofrecen participaciones, comisiones y siempre a honorarios”, dice, y más que a nexos causales específicos, lo atribuye a un sistema cultural histórico, en un contexto en que no había casi oficinas grandes. “Cuando me titulé, en Curicó había sólo dos. Eso ha ido cambiando”, agrega. Un abogado que recién entra al mercado puede ganar desde 400 mil pesos, y alguien con 5 o 6 años de experiencia, con contrato, anda cerca del millón 200 mil. “Pero como independiente, ganas mucho más”, asegura.

“Puede que al principio los honorarios sean más bajos que en Santiago”, es la experiencia de Camila Jordán, “pero también se van equilibrando en el tiempo. Y depende del área de ejercicio. En lo laboral, las empresas de la zona confían más en alguien que conoce la realidad del lugar”.

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“Que lo resuelvan los abogados. Son ellos quienes redactan leyes para que otros abogados las analicen delante de otros abogados llamados jueces, de manera que otros jueces puedan decir a su vez que los primeros no tenían razón…”

 

 

— Tenemos que llamar a la policía —dijo Spencer con gran energía.
— ¿Por qué?
— Santo cielo, Marlowe, hemos de hacerlo.
— Mañana. Coja el manuscrito de su novela inacabada y vayámonos.
— Tenemos que llamar a la policía. Existe una cosa llamada justicia.
— No tenemos que hacer nada de eso. Las pruebas de que disponemos no servirían siquiera para aplastar a una mosca. Que quienes aplican las leyes hagan su trabajo sucio. Que lo resuelvan los abogados. Son ellos quienes redactan leyes para que otros abogados las analicen delante de otros abogados llamados jueces, de manera que otros jueces puedan decir a su vez que los primeros no tenían razón y el Tribunal Supremo dictamine que el segundo grupo se equivocó. Estamos metidos hasta el cuello en todo eso. Y apenas sirve para otra cosa que para dar trabajo a los abogados.

Raymond Chandler era una deuda personal y con un libro de 1.391 páginas, una recopilación titulada “Todo Marlowe”, me decidí a empezar a pagarla.

No importa que las distintas novelas que tratan sobre las investigaciones de Philip Marlowe hayan sido escritas antes, durante y después de la II Guerra Mundial, ni que ocurran en un Los Ángeles de guantes, polainas y rubias platinadas. Aunque nuestra realidad no sea la del cine negro de Hollywood, la forma en que el detective privado define el sistema judicial y a los abogados sigue siendo brutalmente acertada.

Si somos honestos y capaces de autocrítica, el sector educado de la población tendrá una idea muy similar a la de Marlowe acerca del funcionamiento de la Justicia. Pero si nos enfocamos en la gente con menos educación formal, entonces su percepción sobre los abogados y los tribunales es más triste, pues involucra lejanía, desconfianza y decepción.

La ley se presume conocida por todos y, aunque se trate de una presunción necesaria para el funcionamiento del Estado de Derecho, ello no es verdad. Desde ahí para adelante el ciudadano normal se enfrenta a un laberinto construido de espinos en el que no cuenta con las herramientas mínimas para encontrar la salida sin soportar arañazos y, no pocas veces, heridas graves.

El abogado suele usar un vocabulario sumamente técnico, que da por sabidas normas, requisitos, etapas y consecuencias. Y el resto de los órganos y auxiliares de la administración de Justicia no lo hacen mejor.

Se necesita una fuerte convicción en los que lideran la profesión y el trabajo sistemático de quienes forman a los futuros abogados para que una definición como la de Philip Marlowe nos parezca la ironía de una realidad lejana.

 
Sofía Martin Leyton
Directora
Idealex.press
@Idealex_press

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En la última década los envíos nacionales de estos servicios se han multiplicado por cinco, registrando US$ 228 millones en 2016.

Tecnologías de la Información lideran exportaciones chilenas no tradicionales

El impactante y rápido desarrollo de la innovación tecnológica alrededor del mundo, no solo ha generado beneficios para los consumidores del país en cuanto al acceso en términos de -por ejemplo- telecomunicaciones, sino que también ha impactado positivamente al sector exportador local.

Esto, luego de que según el estudio “ProChile: 20 años apoyando la exportación de servicios no tradicionales” del propio organismo, reveló que en las últimas dos décadas, el valor de las exportaciones de servicios no tradicionales se ha multiplicado por 10, pasando de US$ 92 millones en 1997 a US$ 1.008 millones en 2016.

En este sentido, las soluciones derivadas de las Tecnologías de la Información (TIC) fueron el sector más exportado, con envíos por US$ 288 millones, representando el 30% de las exportaciones totales de este tipo.

De esta forma, las TIC representan a uno de los sectores de mayor crecimiento, donde sus embarques se han multiplicado por cinco en la última década, gracias a la mayor internacionalización de prestaciones como “Hosting para sitios web y correo electrónico”; “Diseño de software original”; “Apoyo técnico vía internet” y “Asesoría en tecnologías de la información”, entre otros.
Al respecto, el director de ProChile, Alejandro Buvinic, explicó que “nuestro país se ha posicionado como un hub internacional en cuanto a TIC permitiendo el desarrollo de todo un ecosistema que proporciona soluciones a sectores tan diversos como los videojuegos, minería, agroindustria, producciones audiovisuales, e-commerce, música, cine, educación, salud, acuicultura, banca y retail, por nombrar algunos de los sectores más destacados”.

Asimismo, advierte que el avance observado “son solo la punta del iceberg de lo que exporta Chile en materia de servicios”, ya que a su juicio todavía muchas son invisibles y no son contabilizadas.

En cuanto a los mercados para las exportaciones TICs, subraya que se ha priorizado Perú, Colombia, México y Estados Unidos.

Entre los otros sectores de mayor crecimiento entre las exportaciones no tradicionales, está el de las asesorías, que pasó de prestaciones por US$ 1,8 millón en 2007 a los US$ 105 millones en 2016. Mientras en tercer lugar se ubican los servicios ligados al área de gestión financiera, con ventas al extranjero por US$ 85 millones en el año 2016.

Mención aparte para el rubro de los servicios de ingeniería, los que en términos generales experimentaron una fuerte caída en la última década, pasando desde envíos por US$ 83 millones en 2007 a US$ 38 millones en 2016.

De hecho, esta baja de ingeniería explica el retroceso registrado por las exportaciones chilenas de servicios no tradicionales en los últimos 2 años. “Tuvimos años con precios muy bajos para los metales, especialmente del cobre, lo que produjo que se suspendieran varios proyectos en los principales mercados de destino de estos servicios”, precisó Buvinic.

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