Cuando la Justicia dé su visto bueno definitivo, lo que aún no ocurre, la implementación tardaría mínimo un mes.

depresión

 

Entrampado se encuentra el pago de los US$ 150 millones correspondientes a las compensaciones pactadas por CMPC, Sernac y las organizaciones de defensa del consumidor Conadecus y Odecu, a la espera de que la Corte Suprema se pronuncie respecto de la admisibilidad de un recurso presentado por el abogado Jaime Moraga, que representa a seis comunidades indígenas de la Región de la Araucanía que acusan que el acuerdo es discriminatorio.

Si bien este recurso fue presentado a fines de octubre ante el máximo tribunal, el que a esta fecha aún no exista una definición respecto a su admisibilidad echó por tierra las expectativas de las organizaciones de consumidores de que el pago de los al menos $ 7.000 por persona se efectúe este año y, por el contrario, se concrete a más de un año de la firma del acuerdo (27 de enero de 2017), y a dos de la primera reunión entre las partes (noviembre de 2015).

“Antes de enero no sale la implementación”, señaló Stefan Larenas, presidente de Odecu. A su juicio, si la Suprema rechazara la apelación de las comunidades indígenas y ratificara el acuerdo, comenzaría el plazo de implementación de este, proceso que no demoraría menos de un mes. “Hasta ayer (jueves) la causa no tenía un rol. Está a la espera, todavía no sube a la Corte Suprema”, explicó Larenas.

Por su parte, “bastante decepcionado” por no poder ejecutar el pago en el plazo comprometido, dijo estar el presidente de Conadecus, Hernán Calderón. “Es complicado no poder haber respondido en el momento oportuno a las personas, no era el espíritu nuestro llegar a este estado, ni pensamos tener este tipo de dificultades, y hoy estamos en una situación muy compleja. Ni siquiera vislumbramos la fecha en la que se podrá hacer el pago”, sostuvo.

Ambos representantes de los consumidores hicieron hincapié en la incomodidad que produce esta situación, más aún considerando que el mecanismo que se utilizará para realizar el pago está prácticamente definido: a través de la Cuenta RUT para los clientes del BancoEstado, utilizando la plataforma del Instituto de Previsión Social (IPS), y quienes no estén incluidos en ambos grupos deberán inscribirse en una página web que será implementada para la ocasión. Además, a octubre, losUS$ 150 millones ya tenían intereses acumulados por cerca de $ 1.200 millones, de acuerdo con las fuentes.

Respaldo de tribunales

El hecho de que el acuerdo fuera ratificado en abril por el 10° Juzgado Civil de Santiago, para el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) es motivo suficiente para considerar que “cumplía con todas las exigencias legales pertinentes”. Además, sostiene el organismo estatal de defensa de los consumidores, que una vez que la Corte de Apelaciones rechazara una primera acción judicial de Moraga, esto implicó que el tribunal de alzada reconoció “que el acuerdo respeta cada una de las garantías establecidas en el procedimiento colectivo, no es arbitrariamente discriminatorio y está de acuerdo a derecho”.

Para el organismo que dirige Ernesto Muñoz, “desde el inicio la Justicia ha sido muy clara con respecto a respaldar la decisión sobre el acuerdo alcanzado por la mesa”, por lo tanto, a su juicio, no existe ninguna razón “para que el abogado Moraga, representante de algunas comunidades indígenas, siga litigando”.

Consultado respecto de la fecha en que se podrá comenzar el pago de compensaciones a los consumidores afectados, desde el Sernac señalaron que realizarán “todas las acciones judiciales pertinentes para lograr que la Justicia ratifique finalmente este acuerdo y podamos comenzar la implementación del acuerdo, el cual es esperado por todos los chilenos”.

Fuente: Resultado de imagen para la tercera

 

Dos sicólogos argentinos revelan su percepción sobre la personalidad de los abogados y cómo se realizan hoy los procesos de reclutamiento legal en la ciudad de Mendoza.

 

Sofía Martin Leyton

Ignacio Márquez, sicólogo social argentino, le ha tocado hacer selección de abogados, entre otras actividades. Si bien la consultora EjeSur, para la cual realiza procesos suele entrevistar a lo que en la jerga del hunting se llama “mandos medios”, tiene una opinión bastante formada sobre el carácter y actitud de quienes trabajan en el sector legal.

“El abogado es difícil de entrevistar; trata de controlar la situación, lo que llamamos ‘determinar el encuadre sicológico’, que son las condiciones que pone el sicólogo en la entrevista”, dice.

Otro dato. Los abogados son muy quisquillosos con las condiciones: por qué se demoraron tanto en entrevistarme, yo entregué el currículum hace 3 meses, por qué me llamaron ahora, son los reclamos mínimos. “Eso refleja un pensamiento más bien obsesivo o fijado en los detalles, y desde una perspectiva más crítica, con sesgos autoritarios y machistas”, dice Márquez, quien trabaja principalmente en la provincia de Mendoza.

Si nos vamos a los sesgos autoritarios, la referencia es que la postura del abogado tiende a ser la de “patrón de estancia”, lo cual no facilita un ambiente de empatía, que es el que se requiere en una entrevista laboral.

¿En qué se nota lo machista? En términos de tener un posicionamiento muy “patriarcal”. El mensaje es “yo manejo la situación”.

Además, continúa el sicólogo, “ustedes son desconfiados”, lo que en términos muy generales, tiene que ver con la formación y la primacía del modelo litigante. “A veces, genera obstáculos en cuanto a la flexibilidad a la hora de pensar en un trabajo nuevo”, opina.

Otras profesiones

Si se le pregunta a este consultor por la comparación entre abogados y otros profesionales, parte por los ingenieros, “que normalmente son más fáciles y, por ahí, viste, se hacen los tontos, pero la entrevista es más fluida”.

“Me ha tocado entrevistar a ingenieros para ocupar cargos altísimos y su actitud es: ‘qué hay que hacer’. Tienen una actitud más modesta, más llana”, dice.

Y complementa con otra idea: todos generamos escenarios que van más allá de uno, “si querés, llamalos del inconsciente”. Los abogados tienden a reproducir el escenario del juzgado, así como los médicos pueden tener una “mentalidad de hospital”, lo que es excelente cuando efectivamente trabajan en un hospital, pero no cuando se desempeñan en un cargo público. “No es raro que el ministro de Salud piense su ministerio como si se tratara de un hospital”, grafica.

“Los sicólogos tendemos a generar un escenario de consulta, lo cual puede ser una traba si uno se dedica a los abordajes comunitarios propios de la sicología social”, es la autocrítica.

Las competencias

Gabriela Segura, sicóloga laboral y directora ejecutiva de EjeSur, entrega una mirada desde otro ángulo.

Cuando se selecciona a un profesional se busca detectar diversos aspectos, como las competencias sociales, que tienen que ver con la capacidad de relacionarse con otros y también con la capacidad de comunicarse verbalmente y por escrito. Ahí entraría la capacidad de negociación, que en los abogados es muy importante.

Además, explica, existen distintos modelos de pensamiento o formas de pensar: pensamiento más ordenado y metódico, muy propios del perfil de los abogados junior, y pensamiento más estratégico, generalmente requerido para los puestos gerenciales.

Por último, se evalúan competencias específicas, que tienen que ver con el puesto o cargo a llenar. Por ejemplo, en un perfil se podría pedir más capacidad analítica que habilidades de negociación; o bien requerir una alta dosis de habilidades blandas más que conocimientos.

La sicóloga explica la importancia de factores de inteligencia emocional: “El coeficiente intelectual y la brillantez que se da en un ambiente estructurado, como es la universidad, no necesariamente se reflejan en una aplicación práctica de los conocimientos adquiridos cuando se aterriza en un entorno laboral”.

“Hay universidades que te forman muy bien en contenidos, pero muy débiles en habilidades laborales. Entonces a esos profesionales les es más difícil tomar decisiones con sentido común. No bastan las buenas notas”, añade.

Expectativas de los clientes

¿Pasa que quienes contratan un proceso de selección exijan una especie de superabogado, joven y que lo tenga todo? Ocurre, responde Gabriela Segura, y explica que si el perfil “está muy arriba”, no se va a encontrar en gente sin experiencia. “Puede que se logre si ese chico o chica tienen muchas habilidades emocionales y tuvieron éxito académico. Pero lo normal es que se necesite un período de madurez dentro del puesto de trabajo. Y los resultados del aprendizaje recién se van a ver entre 8 y 18 meses más tarde”, dice.

En Mendoza, continúa, se intenta que el abogado recién contratado entre directamente a trabajar, “que resuelva ya las cosas y el período de aprendizaje no existe, a menos que el estudio tenga una estructura de semillero, que es muy interesante, pero sólo lo pueden hacer los estudios grandes”, como es el caso de algunas de las firmas de Buenos Aires. Ahí un abogado puede comenzar haciendo un entrenamiento vía pasantía y si pasa el filtro, llegar a ser contratado para hacer carrera.

Pero los abogados in house de empresas es un perfil en el que hay mucho por crecer. “En Mendoza no debe haber más de 3 gerentes legales o área legal con un abogado interno, que pueden ser empresas con un ente regulador, donde hay obligación de hacer informes periódicos. Pero si no, la regla general es que el abogado se tercerice”, prosigue.

En cualquier caso, la selección de abogados en Mendoza, que es capital de la Provincia, rara vez se encarga a reclutadores. “Acá todavía se contrata mediante una selección ‘vincular’: conozco al hijo de, al amigo de, al sobrino de. De las profesiones que me han tocado, ésta es muy particular y a los abogados no les gusta mucho que se meta otro profesional en el proceso”, cuenta.

Fuente: 

 

“Las innovaciones disruptivas adoptan, entre otras formas, la tendencia del consumo colaborativo, también llamado economía compartida, que sumada al uso de la tecnología como uno de los pilares del desarrollo de negocios, permite…”

 

economía compartida

 

Andressa Garcia / Raquel Frattini

Los avances tecnológicos impactan directamente el sector económico de muchos países, haciendo que los modelos de negocios sean replanteados y transformados, creando así posibilidades de exploración económica antes inimaginables.

Ello incide, además, en que vayamos conociendo la constante transformación de determinados mercados o sectores, que se logra a través de la ruptura con el modelo antiguo de negocio y mediante la implementación de nuevos conceptos, tales como la conveniencia, la simplicidad y la accesibilidad.

Todo lo anterior da origen a las llamadas innovaciones disruptivas, que han delineado importantes y significativos cambios en el mercado brasileño, trayendo a la superficie un estilo de consumo más sostenible y, a veces, más accesible.

Las innovaciones disruptivas adoptan, entre otras formas, la tendencia del consumo colaborativo, también llamado economía compartida, que sumada al uso de la tecnología como uno de los pilares del desarrollo de negocios, permite la creación y remodelación de productos o servicios, haciéndolos innovadores y accesibles a un mayor número de consumidores, lo cual crea una ventaja competitiva para quienes invierten en ese sentido. En Brasil, ya son innumerables los ejemplos de plataformas digitales de economía compartida, tales como Uber, Airbnb, 99 Taxis, DogHero, Netflix y BlaBlaCar, entre otras.

La idea de economía compartida es aplaudida por muchos al difundir la colaboración entre los consumidores, ya sea a través del préstamo de bienes o compartiendo servicios o costos, los que se justifican por el aumento creciente del consumo en todo el planeta y la preocupación por la escasez de recursos por el uso y explotación desenfrenados del actual estilo de consumo.

Sin perjuicio de lo anterior, la idea de innovación disruptiva, nacida desde la economía compartida, causa alboroto porque ocasiona cambios drásticos para los agentes que hasta entonces tenían un lugar asignado y relativamente estable en el mercado. ¿Ejemplos? Los servicios tradicionales de hospedaje y transporte individual de pasajeros. Con el lanzamiento de las plataformas Airbnb y Uber, respectivamente, vieron disminuir su participación en el mercado, en razón de la preferencia por parte de los consumidores.

economía compartida

En este contexto, los cambios traídos por la tendencia de la economía compartida fomentan diversas discusiones acerca del impacto que estos modelos de negocio tienen en el ámbito jurídico brasileño, trayendo en boga cuestiones como la efectiva tutela de los derechos del consumidor, la protección y privacidad de los datos recolectados por las plataformas, las responsabilidades de los usuarios y de los proveedores, así como cuestiones relativas al propio desarrollo de algunos modelos de negocios, si se comparan con la burocracia y reglas que se someten a aquellos que ya ejercían la misma actividad, quienes alegan que se configura una competencia desleal.

La legislación brasileña, al parecer, busca caminar en ese sentido, según lo indicado en el Proyecto de Ley Complementaria 28/2017, que ya está en votación y que, de aprobarse su actual contenido, prohibirá que los vehículos particulares realicen transporte de pasajeros en el país, obligando a los conductores de las plataformas como Uber, Cabify y 99 Taxi a obtener la correspondiente autorización para operar.

Se están discutiendo varios otros proyectos de ley en Brasil que en su abrumadora mayoría intentan frenar la amenaza que representa el avance tecnológico para los negocios ya existentes, estableciendo reglas que enreden el negocio o no hagan viable su continuidad.

Sin embargo, es innegable que la materia carece de reglamentación específica que confiera a los emprendedores un mínimo de seguridad jurídica, a fin de evitar la restricción o inviabilidad del negocio por medio de leyes escasas y muchas veces acuñadas sólo en los intereses económicos y en el grito de la parcela perjudicada o amenazada por las innovaciones disruptivas.

No es de hoy que la legislación brasileña encuentra problemas en acompañar la dinámica de desarrollo tecnológico. Entre aciertos y tropiezos, se han ido aprobando normas como consecuencia de acaloradas discusiones y sin la debida atención a la propia naturaleza de las tecnologías de la información. La omisión legislativa, o peor, la promulgación de leyes restrictivas y demasiado onerosas para los emprendedores puede significar el cierre del mercado brasileño para las empresas de innovación.

Si bien el llamado “Marco Civil de Internet” (Ley Nº. 12.965-2014), establece como base para el uso de internet en Brasil, respetar la libre empresa, la libre competencia y la protección del consumidor, no se ha logrado la anhelada seguridad jurídica para el desarrollo de innovaciones disruptivas en el ambiente digital: los conceptos existentes en el Derecho no se aplican coherentemente y el resultado es que las plataformas que debieran ser figuras de intermediación, terminan siendo una actividad demasiado costosa o incluso inviable.

Si analizamos otro ángulo en materia legislativa, nos encontramos con la protección de la privacidad y datos personales de los usuarios de las plataformas. El Marco Civil de Internet trata puntualmente la materia, el ordenamiento jurídico brasileño crece en legislación específica y es importante destacar que hay proyectos de ley que están siendo discutidos con la finalidad de crear una ley general de protección de datos.

De este modo, la economía compartida ha generado un importante cambio en el estilo de consumo dictado, hasta entonces, por el consumismo desenfrenado del sistema capitalista, representados en la práctica por modelos de negocios atractivos para los consumidores, habiendo cumplido el importante papel de conveniencia, simplificación y accesibilidad y haciendo más competitivo el mercado.

Lo anterior es posible gracias a los avances tecnológicos que deben y están siendo utilizados para innovar y desarrollar nuevos patrones y conceptos para la vida en sociedad. Sin embargo, es innegable que debido al cambio provocado por las innovaciones disruptivas han surgido preocupaciones que deben ser tenidas en cuenta por el Poder Legislativo: se deben establecer regulaciones que permitan armonizar los impactos generados por la utilización de la tecnología y la difusión de la idea de la economía compartida, sin que, para ello, constriña o inviabilice los modelos de negocios que se proponen innovar.

 
Éste es un extracto del artículo escrito por Andressa Garcia, abogada brasileña de la Universidad DeVry Metrocamp. Actualmente estudia Derecho Digital y Compliance en Damasio Educacional. El artículo fue traducido y adaptado al español por Raquel Frattini, y revisado por Leandro Merino, ambos abogados del estudio jurídico chileno Chirgwin Larreta Peñafiel.

Fuente: 

 

“Si la llamada a un presidente de un Colegio de Abogados termina abruptamente porque la voz al otro lado de la línea informa que no está y se niega escandalizada a dar un teléfono u otra dirección de correo, ¿a quién culpamos por la falta de criterio? ¿a la voz? ¿o a quien no sabe instruir a esa voz? O reemplazarla, si es necesario…”

 

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Es dramático intentar contactar a un abogado, sobre todo si es alguna autoridad o ejerce roles privados y públicos en paralelo.

Todos podemos estar más o menos de acuerdo en el mundo profesional en que queremos desarrollarnos y la mayoría de quienes pensamos hoy la abogacía de mañana soñamos con una industria que se caracterice por estos 3 elementos: transparencia en la información, simetría en el trato y flexibilidad en… en todo.

¿Dónde quedan la calidad en la formación y la profundidad de los conocimientos? Donde siempre estuvieron. Son la base desde donde se construye todo lo demás.

Pero ya no bastan. Reaprendamos en conjunto los conceptos de confidencialidad y secreto profesional, de modo que no sean la excusa para ser un mercado opaco e inequitativo. Derribemos a los reyezuelos: aquí vale el profesional que es riguroso, disciplinado, trabajador y responsable. Si tiene ideas brillantes, las aplica y las comparte, mejor. Si la experiencia es admirable, admirémosla. Pero la autoridad en sí misma no es un valor y quien la ejerce no debería está sujeto a reverencias más allá de las muestras de respeto que la cultura y la civilización nos enseñan.

Vamos a la flexibilidad. La flexibilidad lo abarca todo, porque es aquella característica que nos permite adaptarnos, leer la realidad de manera correcta, a medida que va cambiando. La flexibilidad deviene en crecimiento, pues nos compele a aprender. Sin aprendizaje constante, nos anquilosamos. La flexibilidad provoca que respetemos aquello que no conocemos y que ampliemos la mirada sin temor. Con prudencia, pero sin miedo.

Hace algunos años ofrecí, sin presión alguna de por medio, hacer un reportaje sobre los colegios de abogados regionales en Chile para una edición de la revista El Mercurio Legal. Ha sido de las peores experiencias que he tenido reporteando con datos. Comencé con más de un mes de anticipación a la fecha de cierre y, sin embargo, por más correos, llamados y explicaciones que diera, todo con lo que me topaba eran muros de resistencia que no tenían ninguna razón de ser. Salvo, quizás, el miedo.

Todo era un problema: entregar nombres, dar cargos, correos electrónicos, ¿teléfonos? ¡qué osadía!. ¿Y quién personificaba ese muro de negativas? Las secretarias.

Una secretaria, una recepcionista, una asistente es un miembro vital del equipo. Tiene la confianza del abogado o de la institución a la que representa. Normalmente lleva años trabajando para distintos profesionales con distintos caracteres y su experiencia, su trato, es imprescindible para el desarrollo fluido del negocio o actividades del lugar donde trabaja.

¿Qué falla? Pueden fallar 2 elementos: su selección y su capacitación.

El tema principal es que su jefe —ese hombre o mujer que les entregan su imagen, la primera impresión frente a un tercero que los llama o les escribe— está, además, entregando su confianza a alguien que no necesariamente tiene el criterio para filtrar a quién le otorga acceso y qué asunto es urgente o prioritario.

Si el correo enviado a un presidente de un Colegio de Abogados rebota porque él no los lee y los mensajes exceden la capacidad de su buzón ¿a quién miramos feo? ¿al profesional que delega en un tercero la lectura y selección de los correos que le son enviados o a ese tercero que no hace bien su trabajo?

Si la llamada a un presidente de un Colegio de Abogados termina abruptamente porque la voz al otro lado de la línea informa que ya se hizo la reunión periódica del Consejo y que el presidente no está. Y cuando se le pide los datos de su oficina personal, la voz se niega escandalizada, porque no es capaz de entender que en vez de proteger a su empleador, lo está dejando muy mal parado ¿a quién culpamos por la falta de criterio? ¿a la voz? ¿o a quien no sabe instruir a esa voz? O reemplazarla, si es necesario.

Los abogados y aquellas instituciones que no tienen el presupuesto para contratar a un profesional en comunicaciones, que sepa crear y mantener un vínculo sano con los clientes, la ciudadanía, la prensa o la autoridad, no pueden quedar librados al carácter o nivel educacional de una secretaria o telefonista que contrataron o heredaron sin pensar. Sí, los abogados también deben tener con sus colaboradores una relación que implique transparencia en la información, simetría en el trato y flexibilidad.

Porque de la información que manejen esas colaboradoras, de la confianza que se les otorgue para tomar decisiones, de la rapidez con que se les permita actuar, depende nada menos que la imagen pública de un abogado, su oficina o la repartición pública que representan.

Ni el azar ni el monto del sueldo deberían entrar en la ecuación.

Fuente:  

 

Qué Pasa e Idealis presentan la quinta versión de Leading Lawyers Chile, el único ranking de abogados realizado por sus pares que existe en el país. Los resultados responden una convocatoria realizada por Idealis, consultora especialista en reclutamiento de abogados, a más de 500 profesionales, para formar parte del jurado que eligió a los abogados más influyentes de Chile en 9 categorías.

 

Pierina Cavalli

Que nueve abogados líderes en sus áreas de práctica fuesen reconocidos por sus jefes, compañeros de trabajo, colegas, profesores universitarios, e incluso por su propia competencia es lo que motiva a Idealis a realizar este ranking en su versión Leading Lawyers 2017. La consultora especialista en selección y reclutamiento de abogados, liderada por Cristóbal Silva, Felipe Lavín y Matías Ortúzar, lleva cinco años organizando este ranking, donde los pares eligen a los ganadores.

Este año, se consideraron nueve campos de práctica: Derechos de Agua, Arbitrajes Nacionales, Derecho del Consumidor, Derecho de Familia, Telecomunicaciones, Abogado del Año en Empresas, Abogado del Año en Estudios Jurídicos, Abogado del Año en Sector Público, Abogado del Año Sub 40. Además, hay que hacer una mención especial a la categoría Asociaciones Gremiales, que por primera vez se consideró, como una prueba para inspeccionar el mercado.

Estas categorías no han sido debidamente consideradas en otros rankings, tanto nacionales como internacionales, y por ello, Idealis busca posicionar muchos de los nombres de los abogados que aparecen en Leading Lawyers, a pesar de que con sus destacadas trayectorias, porque nunca han sido mencionados en otras publicaciones. “Muchas áreas nunca han sido medidas anteriormente, como Derecho del Consumidor, Derecho de Familia y Asociaciones Gremiales, y por eso quisimos este año darles un lugar en el ranking”, explica Felipe Lavín, Director Ejecutivo de Idealis.

El análisis

La categoría más popular este año, en cuanto a nominaciones fue Abogado del Año en Estudios Jurídicos. El jurado nominó allí a 131 abogados. Luego, le siguen las categorías Abogado del Año en Empresas, con 98 nominaciones y Abogado de Año Sub 40, con 82.

En cuanto al perfil de los ganadores cinco son egresados de la Universidad de Chile, dos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, uno de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso y uno de la Universidad Gabriela Mistral. En cuanto a los nominados, las universidades más representadas fueron la Pontificia Universidad Católica de Chile (42,7% de las nominaciones), Universidad de Chile, (29,6%), Universidad de Los Andes (5,2%), Universidad Diego Portales (3,8%), Universidad de Concepción (2%), Universidad Católica de Valparaíso (1,8%), Universidad Gabriela Mistral (1,6%), Universidad Adolfo Ibáñez, (0.8%).

El promedio de edad de los ganadores es de 47 años, siendo solo una la categoría representada por un sub 40.

Por primera vez, cuatro mujeres, lideraron sus respectivas categorías (años anteriores como máximo habían sido dos): Derecho de Familia, Telecomunicaciones, Abogado del Año en Empresas y Abogado del Año en Estudios Jurídicos. Además, hubo 13 mujeres nominadas dentro de todas las categorías, sin contar las ganadoras. “Años anteriores hemos tenido que dar un espacio especial para que el jurado nomine a mujeres. Este año nos dimos cuenta, que esta especie de subsidio ya no se necesita, porque los logros en las carreras de grandes abogadas han hablado por sí mismos, resultando un equilibrio entre hombres y mujeres”, cuenta Lavín.

Gran parte de los nominados del raking Leading Lawyers 2017, tienen un área en común: la libre competencia. “Definitivamente fue un tema transversal este año, ya que los abogados ganadores de las categorías Arbitrajes Nacionales, Telecomunicaciones y Abogado del Año de Estudio Jurídico son expertos en el área, sin dejar de mencionar que varios de los nominados de esta última categoría son hábiles en el tema, junto a los nominados de Abogado del Año de Empresas. Esto ocurrió, porque fue el asunto legal que impactó al país este 2017”, comenta.

El jurado

Para elaborar este ranking se convocó a más de 500 profesionales pertenecientes a los más variados ámbitos del quehacer jurídico. La mitad del jurado estuvo compuesto por abogados de 260 estudios, como Gonzalo Delaveau, socio de Honorato Delaveau; y Winston Alburquenque, socio de Vergara, Galindo y Correa. La otra mitad se dividió en abogados de empresas, como Sylvia Chamorro, ex-fiscal de Coca-Cola y Eduardo Jara, vicepresidente legal Latinoamérica de Aramark; y abogados dedicados al área de la administración pública y de la academia, como Lucas Sierra, subdirector del Centro de Estudios Públicos (CEP) y Jorge Van de Wyngard, Vicerrector de Investigación y Postgrados de la Universidad Bernardo O´Higgins.

“Habiendo barajado muy bien el naipe del jurado, es decir, a quienes convocamos, porque nos preocupamos de que fuera una muestra lo más heterogénea posible, para que ningún estudio jurídico pudiera dirigir el ranking a su favor, aparecen nombres nuevos y otros, que ya conocemos, lo que nos confirman que son realmente expertos en su área”, agrega Lavín.

Cada jurado nombró hasta 7 abogados en un máximo de 3 categorías. La nominación se realizó a través de una plataforma online, a la cual cada uno accedió con un código personal, a fin de garantizar la confidencialidad y seguridad del proceso.

Puedes encontrar más información del proceso y de versiones anteriores en www.leadinglawyers.cl.

* Del jurado destacamos a los siguientes abogados: Ignacio Bunster, director legal de Equifax Chile; Ana María Muñoz, legal manager de Nissan Chile; Ricardo Muza, director legal de Pfizer Chile; Alex Pessó, director legal de Microsoft Chile; Pabla Gaínza, socia de CMS Carey Allende; Raúl Harvey Rubín, fiscal de la Compañía Chilena de Fósforos; Germán Ovalle, abogado senior de Monttgroup; Felipe Bahamondez Prieto, socio de BAZ DLA Piper; Jorge Granic, socio de Larraín y Asociados Abogados; Miguel Chaves, socio de Chaves, Awad, Contreras, Schürmann Abogados; Loreto Bresky, socia de Alessandri Abogados; Valeria Rivera Lagos, fiscal regional de Luxottica Retail Sudamérica.

Ranking por categoría

Derechos de agua
1. Matías Desmadryl Lira
Carcelén, Desmadryl, Guzmán & Tapia, Pontificia Universidad Católica de Chile (Año de titulación: 2002)
2. Alejandro Vergara Blanco
Vergara y Cía. , Universidad de Concepción (1985)
3. Carlos Ciappa Petrescu
Irarrázabal, Loyola y Ciappa Abogados, Pontificia Universidad Católica de Chile (2006)

La lista de los finalistas estuvo integrada también por Gonzalo Arévalo, Aylwin, Mendoza, Luksic & Valencia, U. de Chile; José Ignacio Morán, Nieto, Morán & Cía., PUC; Alberto Cardemil, Carey, PUC; Tatiana Celume, Ministerio de Obras Públicas, PUC.

Arbitrajes Nacionales
1. Enrique Barros Bourie
Enrique Barros y Cía., Universidad de Chile (1976)
2. Víctor Vial del Río
Víctor Vial del Río Abogados, Pontificia Universidad Católica de Chile (1969)
3. Nicolás Luco Illanes
Claro & Cía., Pontificia Universidad Católica de Chile (1995)

La lista de los finalistas estuvo integrada también por Sergio Urrejola, Sergio Urrejola y Cía., U. de Chile; Cristóbal Eyzaguirre, Claro & Cía., PUC; Pedro Pablo Gutiérrez, Gutiérrez, Waugh, Jimeno & Asenjo, U. de Chile; Julio Pellegrini, Pellegrini y Cía., PUC.

Derecho del Consumidor
1. Jaime Lorenzini Barría
Lorenzini Consultores, Universidad de Chile (1996)
2. Francisca Barrientos Camus
Fundación Fernando Fueyo de la Universidad Diego Portales, Universidad de los Andes (2006)
3. Julio Pellegrini Vial
Pellegrini y Cía., Pontificia Universidad Católica de Chile (1998)

La lista de los finalistas estuvo integrada también por Roberto Sepúlveda, Falabella, U. de Chile; Juan José Ossa, Ovalle, Ossa, Gazzana y Bulnes, PUC; José Miguel Huerta, Claro & Cía., U. de Chile; Gonzalo Cruzat, independiente, PUC.

Derecho de Familia
1. Daniela Horvitz Lennon
Horvitz & Cía. Universidad de Chile (1999)
2. Rodrigo Calderón Villena
Waissbluth, Martorell, Arrieta & Calderón Abogados, Universidad de Chile (2003)
3. Cecilia Arrieta de la Maza
Waissbluth, Martorell, Arrieta & Calderón Abogados, Universidad de Chile (1996)

La lista de los finalistas estuvo integrada también por Claudia Parada, Parada y Peralta Abogados, PUC; Marisol Valladares, Marisol Valladares, U. Bolivariana; Pablo Rodríguez, Rodríguez, Vergara & Cía. Abogados, U. de Chile; Viviane Lennon, Horvitz & Cía., U. Diego Portales.

Telecomunicaciones
1. Carla Bordoli Calcutta
Bordoli Doren Abogados, Universidad de Chile (2000)
2. Eduardo Martin Cuadrado
Carey, Universidad de Chile (1999)
3. Carlos Maturana Miquel
Entel, Universidad de Chile (1982)

La lista de los finalistas estuvo integrada también por Nicole Nehme, FerradaNehme, U. de Chile; Alfonso Silva, Carey, U. de Chile; Cristián Doren, Bordoli Doren Abogados, U. de Chile; Felipe Saona, Grupo Televisa, PUC.

Abogado del Año en Empresas
1. Carmen Román Arancibia
Walmart, Universidad Gabriela Mistral (1994)
2. Gonzalo Smith Ferrer
Falabella, Pontificia Universidad Católica de Chile (1995)
3. Rafael Cox Montt
CMPC, Universidad de los Andes (2000)

La lista de los finalistas estuvo integrada también por Nicolai Bakovic, U. de Chile, Codelco; Felipe Benavides, PUC, CCU; Rony Jara, PUC, BBVA; Ricardo González, U. de Chile, Cencosud.

Abogado del Año en Estudios Jurídicos
1. Nicole Nehme Zalaquett
FerradaNehme, Universidad de Chile (1998)
2. Cristóbal Eyzaguirre Baeza
Claro & Cía., Pontificia Universidad Católica de Chile (1992)
3. Lorena Pavic Jiménez
Carey, Universidad de Chile (1999)

La lista de los finalistas estuvo integrada también por José María Eyzaguirre B., Claro & Cía, U. de Chile; Pedro Pablo Gutiérrez, Gutiérrez, Waugh, Jimeno & Asenjo, U. de Chile; Rodrigo Ochagavía, Claro & Cía., PUC; Pedro Rencoret, Pellegrini y Cía., U. de Chile.

Abogado del Año en Sector Público
1. Jorge Bermúdez Soto
Contraloría General de la República, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (1994)
2. Marisol Peña Torres
Tribunal Constitucional, Pontificia Universidad Católica de Chile (1982)
3. Felipe Irarrázabal Philippi
Fiscalía Nacional Económica, Universidad de Chile (1994)

La lista de los finalistas estuvo integrada también por Dominique Hervé, Superintendencia del Medio Ambiente, U. de Chile; Mariana Valenzuela, Consejo de Defensa del Estado, PUC; Iván Aróstica, Tribunal Constitucional, U. de Chile; José Antonio Gaspar, Superintendencia de Valores y Seguros, PUC; Elisa Walker, Ministerio del Trabajo Previsión Social, U. de Chile.

Abogado del año sub 40
1. Fernando Arab Verdugo
Morales & Besa, Pontificia Universidad Católica de Chile (2007)
2. Cristián Boetsch Gillet
Ortúzar, Vergara & Boetsch, Pontificia Universidad Católica de Chile (2005)
3. José Domingo Ilharreborde Castro
Echeverría Ilharreborde Abogados, Pontificia Universidad Católica de Chile (2009)

La lista de los finalistas estuvo integrada también por Pedro Rencoret, Pellegrini y Cía., U. de Chile; Camilo Naranjo, Vergara Labarca & Cía., PUC; Juan Coeymans, Coeymans, Edwards, Pobrete y Dittborn Abogados, PUC; Francisca Levín, Carey, PUC.

Mención Especial: Asociaciones Gremiales
1. Juan Esteban Laval Zaldívar
Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, Universidad Diego Portales (1992)
2. Christian Acuña Fernández
Acuña & Escabini Abogados, Pontificia Universidad Católica de Chile (1992)

Ganadores 2017

Derechos de agua

Matías Desmadryl Lira (42 años)
Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y titulado del Diplomado en Derecho Administrativo Económico, Mención en Recursos Naturales de la misma casa de estudios. Socio de Carcelén, Desmadryl, Guzmán & Tapia Abogados a cargo del área de aguas y energía. Fue Director General de Aguas en el Gobierno de Sebastián Piñera, impulsando un fuerte proceso de modernización y elaboración de nuevas normativas referente a aguas subterráneas, obras hidráulicas, caudales ecológicos, entre otros. En lo académico, es profesor en el Magíster en Derecho (LLM) de la PUC, y en el Magíster de Derecho Minero y Aguas de la Universidad Finis Terrae, y del Diplomado de Recursos Naturales de la Universidad Los Andes.

Arbitrajes Nacionales
Enrique Barros Bourie (71 años)
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile y doctor en Derecho de la Universidad de München, Alemania. Socio del estudio de abogados Enrique Barros & Cía. fue presidente del Colegio de Abogados de Chile en dos periodos (2007-2009 y 2009-2011). Actualmente es presidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios Públicos, árbitro del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones de la CIADI, árbitro de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial y árbitro de la Cámara de Comercio de Santiago. Además, es profesor titular de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Derecho del Consumidor
Jaime Lorenzini Barría (50 años)
Abogado de la Universidad de Chile. Socio fundador de la oficina de abogados Lorenzini Consultores, especialistas en asesorías a empresas en el ámbito de la protección al consumidor. Se ha desempeñado como profesor de Derecho del Consumidor en la Universidad de Chile. Candidato a Doctor en Derecho por la Universidad de Chile. Académico invitado a seminarios, jornadas y cursos en Derecho del Consumidor en Argentina, Colombia, Brasil, Perú, República Dominicana y Uruguay. Fue jefe de Gabinete del Servicio Nacional del Consumidor. Autor de numerosas publicaciones en Chile y en el extranjero.

Derecho de Familia
Daniela Horvitz Lennon (43 años)
Estudió Derecho en la Universidad de Chile, y además ha realizado diversos cursos de postgrado, tanto en Chile (U. de Chile, Diego Portales, PUC y otras) como en Estados Unidos (Harvard y California School of Law). Su carrera profesional la ha desarrollado casi completamente al alero de su padre, Gustavo Horvitz, su modelo, mentor, socio y mejor amigo hasta su muerte el año pasado. En los primeros años de ejercicio profesional se dedicó al área de Insolvencias y luego, al Derecho de Familia.
En 2005 fundó, junto a otros abogados, la Asociación de Abogados de Familia, donde hoy es parte de la Directiva. Desde el año 2011 está involucrada en Derecho Internacional de Familia, y hoy es la única chilena admitida en la International Academy of Family Lawyers (IAFL). También escribió el capítulo sobre la realidad chilena en el libro “Family Law” de la editorial Thompson Reuters, del cual van 4 ediciones.

Telecomunicaciones
Carla Bordoli Calcutta (42 años)
Estudió derecho en la Universidad de Chile y tiene un diploma de regulación y competencia de la Facultad de Economía de la misma universidad. Se desempeñó como abogada y socia de FerradaNehme durante 10 años. Desde el 2014 es socia fundadora de Bordoli Doren. Tiene amplia experiencia en regulación de mercados, libre competencia y compras públicas. Ha representado a clientes en un gran número de investigaciones ante la Fiscalía Nacional Económica y de juicios ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Ha asesorado en temas relativos a su experiencia a empresas de los sectores de retail, telecomunicaciones, electricidad, salud, transportes, entre otros, así como también a diversos organismos gubernamentales. Es profesora de postgrado de Derecho de la Competencia en la Universidad de Chile, y profesora de la cátedra de Orden Público Económico en la Universidad Mayor.

Abogado del Año en Empresas
Carmen Román Arancibia
 (50 años)
Abogada de la Universidad Gabriela Mistral, con más de 18 años de experiencia en el área de retail. Inició su carrera profesional en el estudio Fontaine y Compañía y desde el año 1999 trabajó en la cadena de supermercados Santa Isabel. En 2004 fue nombrada Gerente de Asuntos Legales. Se ha especializado en adquisiciones y fusiones de compañías y en el área corporativa. Desde Diciembre de 2009 trabaja en Walmart Chile S.A, como Gerente de Asuntos Legales y Secretaria del Directorio.
En otro ámbito, el 2014 fue elegida consejera de la SOFOFA y desde el año 2015, forma parte de su comité ejecutivo. Actualmente, es Directora de Acción Empresa y miembro del Círculo legal de Icare.

Abogado del Año en Estudios Jurídicos
Nicole Nehme Zalaquett (44 años)
Socia fundadora de FerradaNehme. Profesora asociada de Derecho Económico en la U. de Chile. Consejera de Comunidad Mujer, Directora de Espacio Público y Presidenta del Círculo Legal de Icare.
Se dedica a las áreas de regulación económica, libre competencia y litigios. Asesora a empresas y directorios de manera preventiva en aspectos de regulación y realiza asesorías en materias económicas para organismos públicos en Chile y otros países. Invitada frecuente a dictar charlas y seminarios, es reconocida por sus presentaciones en temas de regulación económica, nuevas tecnologías, educación legal y género, entre otros.
Fue premiada este año como la mejor abogado especialista de Latinoamérica por LatinLawyer. También fue nombrada star individual para Chile en libre competencia por Chambers and Partners.
FerradaNehme ha sido reconocida por sus criterios de diversidad y paridad de género en diversas instancias. Así, en 2017 fue premiada por el Diversity & Inclusion in the Latin American Legal Initiative Forum.

Abogado del Año en Sector Público
Jorge Bermúdez Soto 
(48 años)
Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, tiene un Master en Derecho Comunitario Europeo de la Universidad Autónoma de Madrid, es doctor en Derecho de la misma casa de estudio y realizó un post doctorado en Alemania. El 17 de diciembre de 2015 asumió como Contralor General de la República de Chile, cargo designado por la Presidenta Michelle Bachelet. Ha participado de manera transversal en los gobiernos, tanto como para Eduardo Frei y Ricardo Lagos, periodos en los que se desempeñó en la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del Estado (CDE). En el primer gobierno de Bachelet participó como consultor de proyectos en la Conama y fue asesor de temas ambientales en la ENAP, donde también participó durante del gobierno de Piñera. Su periodo como contralor finaliza en 2023.

Abogado del año sub 40
Fernando Arab Verdugo
 (34 años)
Abogado de la Pontificia Universidad Católica y profesor por más de 7 años de dicha casa de estudios. Actualmente es socio de Morales & Besa. Se especializa en asesorías en el área laboral y de seguridad social, incluyendo litigios laborales, así como asuntos contractuales y corporativos en materia de derecho individual y colectivo del trabajo, tanto a nivel nacional como internacional. También ha trabajado desde el sector público, como Subsecretario del Trabajo en el gobierno de Sebastián Piñera. Además es profesor del Diplomado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Empresa de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor de pregrado de Derecho Laboral en la misma universidad.

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