“Chile tiene una economía orientada al mercado caracterizada por un alto nivel de comercio extranjero y una reputación de fuertes instituciones financieras y buenas políticas que le han dado la calificación de bonos soberanos más fuertes de Sudamérica”.

En estos términos se refiere Forbes al ambiente de negocios de Chile, posicionándolo nuevamente como el mejor de Latinoamérica y dándole el puesto 33 a nivel mundial, superando con ello a países como Malasia, Qatar, China, México, Rusia, India, Brasil, Panamá y Argentina.

El ranking referido ordena a 161 países evaluando 15 aspectos, para determinar cuales son los más hospitalarios para inversiones de capital, y es dominado en sus primeros puestos por Europa, de donde salieron destacados 11 territorios entre los primeros 20 puestos.

De entre ellos, la cabecera se la llevó el Reino Unido, pese a los temores y la incertidumbre por su salida de la Unión Europea.

“Para estar abierto a los negocios, tienen que tener un fuerte sistema legal, completa adopción de derechos de propiedad, además de reglas y regulaciones claras”, detalla Mark Zandi, economista jefe deMoody’s Analytics según lo citó Forbes, respaldando algunos de los aspectos que mide en sus evaluaciones. “Una baja corrupción es también vital para una economía que funcione bien”.

Otros parámetros incluyen la innovación, los impuestos, la tecnología, la libertad personal, de comercio y monetaria, la burocracia, la protección a los inversionistas, la fuerza de trabajo, la infraestructura, el tamaño del mercado, la calidad de vida y el riesgo.

 

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“La Agencia ha creado un listado: son casi 20.000 quienes hoy están en el registro. Un 15% de los inscritos son del sector público y 85% del mundo privado…”

 

Matías Aránguiz
tecnología legal chinaMatías Aránguiz

Los españoles publicaron a comienzos de diciembre una nueva regulación sobre protección de datos (Ley Orgánica 3/2018). Esta nueva ley complementa el famoso Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDPR) de 2016, que entró a regir completamente el 25 de mayo del 2018. Dentro de las novedades que trae, está que los organismo públicos, las entidades relacionadas con educación, las empresas financieras y bancarias, quienes trabajen con grandes bases de datos y otros más, deberán tener un Delegado de Protección de Datos (DPD).

Este nuevo integrante en el mundo de los datos es parte data compliance officer y oficina de reclamos: el cargo ya existía en la GDPR, pero habías lagunas respecto a quién era elegible y cuáles serían sus funciones.

El DPD puede trabajar en la empresa, ser asesor o un consultora externa, especialmente contratado para estos efectos.

Resulta interesante el que trabajo del DPD no está subordinado a la empresa para quien trabaja, tendrá que ser independiente y no podrá ser sancionado en caso que sus recomendaciones no les gusten a sus “jefes” — si es que algo queda del concepto—, los cuales no podrán darle instrucciones

El DPD tiene como misión vigilar las conductas que la empresa tiene sobre los datos, para ello tendrá acceso a los datos que la empresa tiene y sus procesos de tratamiento, inspeccionar y dar recomendaciones para mejorar el cumplimiento de la Ley Orgánica y de la GDPR.

Respecto a los usuarios, lo que los españoles han hecho en la ley es decir “si usted tiene un problema con sus datos, primero vaya a reclamar ante el DPD de la empresa, si la respuesta no es satisfactoria puede ir a reclamar a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), quien reclamará ante el DPD”. Con la nueva ley se ha intentado dar autonomía a las empresas y organismo públicos para resolver directamente los problemas con los usuarios.

Cuando se reclame ante la empresa, esta deberá dar una respuesta en 2 meses, plazo que parece un poco excesivo ante la velocidad de la industria, y al reclamar ante la AEPD estos van a “remitir la reclamación al responsable del tratamiento de datos o al DPD si lo hubiera para que éste responda en el plazo de un mes”.

Al mismo tiempo, para profesionalizar la industria, se creó un mecanismos voluntario de certificación para los DPD y este deberá tener conocimientos, acreditables, de derecho y protección de datos. Asimismo, la Agencia ha creado un listado de los DPD y son casi 20.000 quienes hoy están en el registro: 15% de los registrados son del sector público y 85% del mundo privado.

La temática de los datos presenta desafíos crecientes para las empresas. Cada vez es más común ver Chief Data Officers o CDO ejerciendo su función de recolectar, innovar y diseñar estrategias para el uso de datos; ahora en Europa con los DPD y su función de proteger a los usuarios frente a la ley.

Entre las novedades que la nueva norma trae están:

– Las personas podrán saber, desde la web de cada organismo público, qué datos personales tienen, para qué se están usando y cuál es la ley que autoriza el uso.

– La explicación deberá hacerse en lenguaje sencillo. Al mismo tiempo, los ciudadanos podrán tener acceso, rectificación, supresión, derecho a la limitación del tratamiento, así como a la portabilidad y oposición.

– Las instituciones no deberán tener el consentimiento del ciudadano para recolectar datos si es están autorizados por ley, aunque en caso de saberlo, el ciudadano podrá oponerse.

– Al mismo tiempo, en caso de los actos administrativos, estos deberán anonimazarse, con el fin de no identificar al ciudadano.

– Se implementa el famoso “derecho al olvido” donde los particulares podrán solicitar se eliminen todos sus datos de las redes sociales que este solicite.

– Se consagra el derecho a la intimidad de los empleados en el lugar de trabajo.

La pregunta es ¿cuán lejos está Latinoamérica de estas nuevas estructuras corporativas?, ¿estamos preparados?, ¿hay cursos en las universidades o profesores trabajando en esta avalancha temática?

 
Matías Aránguiz Villagrán es abogado de la Universidad Católica de Chile, socio de Mantian Investment y como parte de su doctorado es investigador del Centro de Fintech de Shanghai Jiao Tong University, en China. Actualmente trabaja en un proyecto de implementación de big data para la Corte Suprema Popular China financiado por al Asia Development Bank.

 

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La Bolsa de Comercio de Santiago cerró este viernes con su principal indicador, el IPSA, en alza de 0,69%, a 5.105 puntos, acumulando en todo el año una caída del 8,3%, su peor registro en cinco años.

El Indice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA), el indicador que reúne a las 40 acciones más transadas del mercado, no cumplió con las expectativas del mercado, el cual a inicios del año -junto con la asunción del derechista Sebastián Piñera- había anticipado que el indicador bursatil local superaría las 6.000 unidades.

Pero, con una caída acumulada en 2018 del 8,3%, terminó registrando su peor registro desde 2013, cuando el IPSA tuvo un descenso del 14%.

“Había expectativas muy positivas de los cambios, que en realidad no han sido tales”, explicó a radio Biobio Arturo Alegría, director de la consulta Visión.

La economía chilena se encamina a cerrar 2018 con una expansión cercana al 4%, basada en una recuperación de la actividad minera, el crecimiento de la demanda interna y de la inversión, sobre todo durante la primera mitad del año.

Sin embargo, durante la segundo mitad del año, Chile -al igual que varios mercados emergentes- sufrió por la incertiudumbre mundial generada por la guerra comercial entre China y Estados Unidos.

En una sesión más corta de lo habitual este viernes -ya que el lunes 31 es feriado bancario en Chile- las acciones más transadas fueron las de FB (5,86%), Googl (5,51%) e IYF (5,33%). Las mayores bajas, en tanto, correspondieron a los títulos de EWP (12,59%), CGE (4,67%) y SBUX (4.32%), mientras que el monto de acciones transadas fue el equivalente a 118,5 millones de dólares.

 

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La prohibición, que comenzará a regir el 1 de julio de 2019, alcanza a las interacciones que tienen como propósito incentivar una compra o una venta de bienes o servicios en una transacción comercial, o bien influir en los votos de una elección.

 

S. Martin

El 1 de julio de 2019 entrará en vigencia en California, EE.UU., una norma que modifica el “Business and Professions Code”, en lo referente a los bots. La regulación ya fue aprobada por el Gobernador de ese estado, el 28 de septiembre pasado.

De acuerdo al sitio leginfo.legislature.ca.gov, las leyes existentes regulan diversos negocios para, entre otros objetivos, preservar y regular la competencia, prohibir malas prácticas comerciales y normar la publicidad.

Este proyecto, salvo ciertas excepciones, establece que es ilegal usar un bot para comunicarse o interactuar online con una persona en California, con la intención de hacer creer al otro que su interlocutor es humano, sin transparentar la “identidad artificial”, queriendo engañando al otro acerca del contenido de la comunicación, con el objeto de incentivar una compra o una venta de bienes o servicios en una transacción comercial o para influir en los votos de una elección.

Definiciones legales

La iniciativa define diversos términos tecnológicos (y no tanto):

– bot: cuenta online automatizada, en la que todas las acciones o posts, o una parte sustancial de ellos, no son realizados por una persona

– online: aparecer en cualquier sitio web accesible públicamente, aplicaciones web o digitales, incluyendo redes sociales

– plataforma online: cualquier sitio web accesible al público, aplicaciones web o digitales, incluyendo redes sociales, que tengan 10.000.000 o más de visitantes o usuarios únicos mensuales en Estados Unidos, durante los 12 meses previos

– persona: persona natural, empresa, compañía de responsabilidad limitada, asociación, joint venture, estate, fondos, gobiernos, subdivisión o agencias gubernamentales, u otra entidad legal, o cualquiera de las combinaciones ya mencionadas

La norma también establece que la revelación requerida deberá ser clara, visible y razonablemente diseñada para informar a las personas con quienes los bots se comuniquen o interactúen, que se trata de un software.

 

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“Necesitamos empresas comprometidas que cumplan con lo que ofrecen y consumidores empoderados que hagan respetar sus derechos”, indicó el Ministro Valente.

Con el slogan “Que nada arruine tu Navidad”, el Sernac y el Ministerio de Economía, recordaron a los consumidores cuáles son sus derechos durante las compras navideñas, ya sean de forma presencial o electrónicas. Además hicieron un llamado a preferir el comercio establecido y exigir la boleta.

“Queremos que nada arruine la Navidad de los consumidores, como un regalo que salió malo o no cumplió lo prometido. Si los consumidores conocen sus derechos, sabrán cómo ejercerlos”, sostuvo Lucas del Villar, director del Sernac.

“Necesitamos empresas comprometidas que cumplan con lo que ofrecen y consumidores empoderados que hagan respetar sus derechos”, indicó el Ministro Valente.

El ministro en Economía agregó además que las ventas por internet podrían crecer hasta un 30% anual en diciembre y alcanzar los US$500 millones, y volvió a recalcar que espera un pronto envío de la ley pro consumidor.

En diciembre de 2017, el Sernac recibió 31.398 reclamos por incumplimientos de las condiciones contratadas, demora en la entrega del producto, mala calidad del servicio y problemas para ejercer la garantía legal de los productos como el cambio.

Las autoridades insistieron en que la Ley del Consumidor establece el derecho a la seguridad en el consumo, por lo que las empresas están obligadas a ofrecer productos y servicios que no dañen la salud de las personas o impliquen algún riesgo.

La ley establece una garantía legal de 3 meses y los clientes disponen de tres opciones en caso de que los productos salgan malos: el cambio, la reparación o la devolución de lo pagado a elección del consumidor.

En 2018, el Sernac ha recibido alrededor de 317 mil reclamos en todos los mercados, de los cuales un 8% tiene que ver con problemas relacionados con el ejercicio de la garantía legal.

 

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