Este 30 de noviembre es la inauguración del curso, que comienza en marzo de 2018. Revisa el programa, que es de lo más variado y novedoso que puedes encontrar en la oferta universitaria de la región.

 

Sofía Martin

Suele ocurrir que exista una inquietud en el ambiente, compartida por muchos, pero donde son pocos los que toman acciones al respecto. Suelen ser los visionarios y atrevidos los que llevan la delantera, a veces tanto, que el público no está maduro para aceptar esas ideas, bienes o servicios.

Pero por suerte parece no ser éste el caso. Adolfo Silva, profesor de la Universidad Católica de Valparaíso persiguió la idea de un diplomado internacional, accesible a abogados de toda la región, presencialmente y vía streaming, que abordara los temas que una gran parte de los abogados de mayor edad, académicos o que ejercen la profesión, considera innecesario: el tan famoso Legal Management (o Legal Project Management) y todos los conocimientos anexos que lo complementan y que hacen al abogado un profesional más completo.

Thomson Reuters, la editorial y prestadora de servicios de tecnologías de la información para abogados canadiense, era otro de los actores del mercado que tenía la misma inquietud.

Probablemente motivados por distintos objetivos, estas dos instituciones analizaron nuestra realidad y constataron que el entorno en que se desenvuelven los abogados hoy dista bastante del ejercicio tradicional “y podría decirse, estático”.

Tanto abogados experimentados como aquellos que recién comienzan en su vida profesional, ven muchas veces con asombro, que las habilidades y capacidades que les enseñaron en sus respectivas escuelas de Derecho no siempre corresponden con lo que el destinatario -hoy consumidor de servicios jurídicos- espera poder encontrar, dicen desde la organización del diplomado.

Se trata de un “escenario a veces incierto, en donde la práctica del ejercicio profesional termina chocando tanto con la fuerza de las ideas puramente académicas como con la resistencia férrea de aquella línea más conservadora de la abogacía que se niega a reconocer o aceptar que definitivamente nos encontramos frente a una nueva realidad, distinta de aquella que nos enseñaron nuestros maestros herederos de una codificación centenaria”.

La organización y estructuras en que aún nos movemos estuvieron pensadas más bien para un mercado legal exclusivamente presencial de un grupo pequeño de abogados, y no para una realidad masiva y cada vez más virtual como la conocemos hoy, explican.

El diploma busca entregar conocimientos de otras disciplinas, que complementen lo jurídico. Surge así un programa que aborda:
– la administración y gestión de proyectos legales (legal project management)
– el manejo adecuado de los recursos humanos para el ámbito legal
– el uso eficiente de tecnología, big data y robótica aplicada al ejercicio de la abogacía
– la entrega de herramientas prácticas para mejorar la venta y, en general, la forma en que los servicios legales deben ser ofrecidos y prestados
– la adquisición de habilidades blandas o sociales (soft skills) para el mercado legal
– la gestión de riesgos y la resolución alternativa de conflictos bajo un contexto marcado por los distintos grupos de interés
– los alcances de la innovación aplicada en el ámbito jurídico
– el manejo de los medios de comunicación social
– una adecuada administración de la gestión del conocimiento

A quiénes se recomienda tomarlo

Si bien cualquier abogado puede estudiar estos tópicos, los organizadores dicen que es especialmente recomendable para gerentes legales de Latinoamérica y sus equipos de trabajo, sin importar si son in house o contratados externamente a firmas.

Eso sí, los alumnos deberían tener cierto espíritu crítico y abierto a la innovación.

¿Un bonus track adicional a los conocimientos y habilidades prometidas? El fortalecimiento de las redes de contacto regionales. Nada despreciable.

Este 30 de noviembre es el lanzamiento oficial del curso –certificado ya por el International Institute of Legal Project Management– y su inicio está previsto para el mes de marzo de 2018. La invitación es entre las 8.30 y las 11.30, en el CEA de la universidad, en Santiago.

Legal Management: el cuerpo académico

Serán los encargados de las distintas materias que se abordarán Anna Marra, Rafael Mery, Adolfo Silva, Ángela Toso, Andrés Jara, Heidi Brokordt, Marcelo Montero, entre otros profesionales de alta especialización.

FUENTE: 

 

¿Quieres conocer en qué contexto te desarrollarás como profesional? Es importante que comencemos a procesar información sobre el sector jurídico en la región. Anímate y responde este breve cuestionario.

 

Están pasando cosas en el mercado legal latinoamericano y quedan muchísimas aún por pasar.

Basta ver cómo se han desarrollado en España los servicios de management de firmas y de los casos y causas que éstas atienden. Y si miramos la realidad en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá veremos que llevan mucho camino recorrido.

Aventurándonos un poco, en América latina quizás estamos más cercanos al continuo movimiento que se observa en Francia desde hace un par de años.

En este contexto, Xtrategia GroupGericó AssociatesTimeManager e Idealex.press decidimos generar una serie de breves encuestas mensuales, que nos permitirán ir conociendo la realidad del sector legal de primera mano.

Desde Perú, el propulsor de esta iniciativa regional es Wilfredo Murillo —socio en Perú de Gericó Associates y Director en Xtrategia Group—, dedicado full time a los servicios de management y marketing especializado, factores que inciden fuertemente en un mejor desempeño en este mercado, día a día más competitivo. Ya no basta con hacer las cosas como siempre se hicieron.

Alfonso Everlet es socio y director de comunicaciones de Gericó Associates, consultora española de marketing jurídico y comunicación legal que apoya a firmas de Europa y Latinoamérica. Observamos que el sector legal en la región evoluciona a una velocidad vertiginosa y que es cada vez más sofisticado y complejo, explica, mientras pone de relieve lo que tantas veces hemos dicho en este medio: la ausencia de información sistematizada y actual sobre nuestro mercado legal.

Desde otra perspectiva, Sergio León, socio del TimeManager, con experiencia implantando software y haciendo consultoría en firmas legales en Latam, desde México hasta Argentina. Para él, existe una gran oportunidad de mejora en adopción de buenas prácticas y un excelente paso para optimizar la operación de los estudios de abogados es conociendo nuestra realidad desde la misma fuente.

“Colaborar con esta encuesta es apostar por el futuro del sector legal en la región”, dice Everlet. Yo estoy de acuerdo.

IR A RESPONDER LA ENCUESTA

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“…no tardó mucho en reparar en la inconveniencia de aquello, cuestión que en Chile, casi un siglo después, los legisladores aún no han entendido…”

 

Piero Calamandrei

 

Simón Zañartu

Hace un mes se conmemoró el aniversario de la muerte de Piero Calamandrei (27 de septiembre), y con o sin querer lo hemos tenido muy presente al analizar de manera recurrente las reformas a las normas de procedimiento y a la modernización de las instituciones que las controlan.

Fue en las VI Jornadas Nacionales de Derecho Procesal —que este año se hicieron en la Universidad de Chile— donde su presencia se hizo patente, no sólo por su trabajo como catedrático y propulsor de la nueva escuela del Derecho Procesal Civil, sino también por su rol de humanista y político en aquella convulsionada Italia de principios del siglo XX.

Como humanista y parte de la escuela procesal a la que adhirió, Piero Calamandrei supo comprender que el Derecho no es algo meramente normativo, técnico y abstracto, sino más bien un fenómeno cultural, que por un lado forma parte de la esencia del hombre y de la sociedad, profunda e indisolublemente radicado en su historia y tradiciones, pero por el otro es también vulnerable a sus necesidades —económicas o morales— y a su natural evolución y transformación, siendo éste su legado, que puede verse hoy en cada una de nuestras ansiadas reformas.

La vigencia de Piero Calamandrei en nuestros tiempos es notoria, más aún cuando se lo analiza desde el rol que cumplen las sentencias judiciales desde la perspectiva de lo justo, o qué es, o de cómo se obtiene tal justicia a través de la vía jurisdiccional.

Para Calamandrei “el proceso debe servir para conseguir que la sentencia sea justa, o al menos para conseguir que una sentencia sea menos injusta, o que la sentencia injusta sea cada vez más rara” (Processo e Gustizia. Riv. Dir. Proc., año V, 1950, 1a Parte, pp. 273 y ss.).

Esta idea se repitió más de alguna vez en las VI Jornadas Nacionales de Derecho Procesal, pues es un hecho que las aspiraciones que este gran procesalista tuvo a la vista —seguramente consciente de la influencia de los nacientes totalitarismos ideológicos de aquella época— no se cumplen en la actual legislación procesal civil chilena, carente de aquellos principios que hoy se reconocen como fundamentales para un debido proceso, o proceso justo, como el de oralidad, impulso de oficio, concentración de las diversas etapas procesales, obligatoriedad de la presencia del juez en las audiencias y libertad probatoria, entre otros.

Piero Calamandrei entendió que “el proceso es, en primer lugar y bajo un prisma teológico, un método de cognición, esto es, de conocimiento de la verdad, y de que los medios probatorios que nosotros estudiamos están verdaderamente dirigidos y pueden verdaderamente servir para alcanzar y para fijar la verdad” (Vérita e verosimiglianza nel processo civil. Studi in oneore di Giuseppe Valeri, vol. I, Milano, 1955, pp. 461-492). Esta verdad a la que se refiere, bien puede ser aquella que llamamos verdad material.

Es un hecho evidente que la actual legislación procesal civil chilena no ha evolucionado sustancialmente en más de un siglo —a diferencia de otros sistemas reformados como el procesal penal, de familia o laboral—, manteniendo inalterables los anacrónicos principios procesales del siglo XIX, época en que el liberalismo estaba en boga, y por ello se abandonaba el proceso civil a la esfera de lo privado casi de manera absoluta. Calamandrei no tardó mucho en reparar en la inconveniencia de aquello, cuestión que en Chile, casi un siglo después, los legisladores aún no han entendido.

Es una realidad que, en el caso chileno, no haber reformado el sistema procesal civil por más de un siglo, ante una evidente evolución social, ha hecho injusto al sistema, y no sólo porque se obligue al justiciable a litigar bajo distintas condiciones según el tribunal en el que comparezca —hoy un ciudadano no tiene las mismas garantías procesales si litiga ante un tribunal civil o reformado—, sino porque hoy el sistema procesal civil chileno simplemente le impide al juez acceder a la verdad material, debiendo conformarse con la verdad formal al momento de dictar sentencia.

Este problema, no nos engañemos, no lo soluciona la reforma legal que estableció la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales civiles, pues ésta no hace otra cosa que cambiar el soporte de los actos jurídicos procesales de materiales a digitales, manteniendo inalterable los obsoletos principios decimonónicos que hoy impiden que el juez pueda acceder a la verdad material.

Así, las denuncias que hiciera Piero Calamandrei en la Italia de principios del siglo XX están plenamente vigentes en el Chile de principios del siglo XXI, tal como fuera debidamente denunciado en varias de las ponencias que formaron parte de las últimas Jornadas Nacionales de Derecho Procesal, en las que se concluyó sin reparos que la calidad de nuestras normas procesales, sea por anacronismo o desfase cultural, da como resultado sentencias judiciales dictadas por jueces que no acceden a la verdad material, y por tanto, a través de ellas no se consigue una sentencia justa, o menos injusta, o que su injusticia sea cada vez más rara, entendiendo aquello como la verdadera finalidad del proceso.

 
Simón Zañartu es abogado de la de la Universidad Diego Portales (Chile) y es socio del área Litigios de Garnham Abogados. Hizo el Master Avanzado en Ciencias Jurídicas Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, España). Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla..

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Abocados a temas familiares, negocios personales en Chile y el exterior, desempeñándose en directorios de empresas del grupo Matte o realizando asesorías a terceros. Es el rumbo que han seguido ex ejecutivos o altos directivos que directa o indirectamente estuvieron involucrados en el caso.

Los protagonistas, a dos años de la colusión del papel

 

Esta semana se cumplieron dos años desde que estalló uno de los casos de colusión más emblemáticos y con más consecuencias en la historia empresarial chilena.La familia Matte, el clan más tradicional e influyente en la esfera económica y social del país, se vio enfrentada a un escándalo mediático y reputacional que hasta el día de hoy sigue teniendo repercusiones. El 28 de octubre de 2015, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) donde acusó a CMPC, el brazo forestal de la familia Matte, y a SCA Chile (ex Pisa, ligada a Gabriel Ruiz-Tagle), de mantener un cartel entre 2000 y 2011 para fijar precios y cuotas en el mercado de productos de papel tissue. CMPC había reconocido la colusión, acogiéndose a la figura de la delación compensada. En marzo de este año, la Papelera depositó en una cuenta de BancoEstado $ 97 mil millones, unos US$ 150 millones, que serán destinados a compensar a los consumidores por los montos cobrados en exceso. Los protagonistas de la colusión están a la espera del fallo del TDLC.

La colusión generó cambios en el grupo Matte, en diversos frentes. En medio de la polémica, el 4 de diciembre de 2015, Eliodoro Matte presentó su renuncia a la presidencia del Centro de Estudios Públicos (CEP). Su continuidad al frente del CEP había comenzado a quedar en entredicho tras el requerimiento de la FNE.

El escándalo también obligó al clan Matte a realizar modificaciones profundas en la Papelera. En marzo de 2016, Eliodoro renunció a la presidencia de Empresas CMPC, y la compañía renovó casi la totalidad de su directorio. Además de los cambios al gobierno corporativo, la firma designó a nuevos ejecutivos en la primera línea, implementó procedimientos más estrictos en control interno, mayor rotación en los cargos y estableció una capacitación sistemática y permanente.

El caso también salpicó las pretensiones de Bernardo Larraín Ma-tte para liderar la Sofofa. Durante el proceso eleccionario de este año, el hoy timonel del gremio fabril fue cuestionado por pertenecer a la familia controladora de la empresa que protagonizó la colusión y por haber sido director durante algunos años de CMPC Tissue. Finalmente, esas críticas no fueron impedimento para que Larraín Matte fuera electo el 31 de mayo último.

El destino de los protagonistas Distintos rumbos han seguido ex ejecutivos de CMPC y de SCA involucrados o identificados como actores relevantes del cartel. Mientras Jorge Morel, ex gerente general de CMPC Tissue, ha estado enfocado en temas familiares, Gabriel Ruiz-Tagle lo está en sus negocios en Chile y el extranjero.

También centrado en sus emprendimientos personales está Felipe Álamos Swinburn, ex gerente comercial de CMPC Tissue, hoy dedicado de lleno a la actividad agrícola en las localidades de Cabildo y La Ligua, en la provincia de Petorca, Región de Valparaíso. Felipe Baraona Undurraga, por su parte, ex gerente general de Pisa y a quien CMPC acusó en su delación compensada de ser una de las contrapartes en la colusión, en abril de este año ingresó al directorio de la multitienda La Polar. En tanto, María Cecilia Häberle, ex gerenta comercial de CMPC Tissue entre 1989 y 2005, desde enero de este año y hasta la actualidad se desempeña como asesora comercial de Olisur, la productora y exportadora de aceite de oliva.

Eliodoro Matte
Dejó la presidencia del CEP y CMPC. Bajo su mandato, el directorio decidió autodenunciarse, en 2015 pidió perdón por lo ocurrido y aseguró haber sido engañado.

El 4 de diciembre de 2015 y tras 28 años al mando, Eliodoro Matte Larraín dejó de ser la cara visible del Centro de Estudios Públicos (CEP). Pero no se alejó del todo del think tank y mantuvo su lugar y su influencia en el consejo directivo del centro de pensamiento privado. Tal como lo declaró cuando dimitió a la presidencia del CEP, Matte sigue interesado en ciertos temas vinculados a las políticas públicas. Por eso, hace un año y medio está trabajando en la Comisión de Modernización del Estado, integrada por un grupo transversal compuesto por 29 personas de distintos espectros políticos, entre las cuales se encuentran José Pablo Arellano, Carlos Williamson, Soledad Arellano y Alejandro Ferreiro, entre otros. El ex presidente de Empresas CMPC -cargo al que renunció en marzo de 2016- también está dedicado a su family office, Inversiones Porto Seguro, que dirige su hijo mayor, Eliodoro. A las oficinas ubicadas en el sector de El Golf, en Las Condes, el empresario acude casi a diario. El patriarca de los Matte Capdevila tampoco ha descuidado los negocios que mantiene con sus hermanos Patricia y Bernardo. Eliodoro integra el directorio de Forestal O’Higgins, la sociedad holding que se ha convertido en la matriz del grupo. Desde ahí, los tres hermanos Matte Larraín participan en Minera Valparaíso, desde donde controlan, a través de distintas sociedades, Bicecorp, Colbún, Puerto Lirquén, CMPC y Entel, entre otras empresas. Eliodoro Matte, dicen cercanos al empresario, también está muy dedicado a su familia. Mencionan que hace un par de semanas se casó el segundo de sus hijos, Jorge, quien se convirtió en su sucesor en los directorios de las empresas y sociedades del grupo. El heredero se incorporó a las mesas directivas de Empresas CMPC -y de las filiales Celulosa, Tissue y Papeles- y de la eléctrica Colbún. Aficionado a la equitación, también participa en los directorios de Minera Valparaíso y en Porto Seguro.

Arturo Mackenna
Fue el gerente general de CMPC por 25 años y luego pasó al directorio, al cual renunció cinco días antes de que estallara el caso. Siempre ha negado vínculos con la colusión.

Arturo Mackenna (hoy de 71 años) ha sido por décadas un hombre de confianza de la familia Matte. El ex gerente general y ex director de CMPC renunció al directorio de la Papelera en octubre de 2015, cinco días antes de que estallara el caso colusión. En su delación compensada, SCA lo vinculó con el escándalo. Mackenna recuerda hoy: “Todo lo que se dijo de mí era falso. Declaré como testigo por más de 12 horas en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Nunca se me imputó en lo penal. Siempre tuve la conciencia tranquila, porque yo no fui parte de eso. Lamento que la compañía se haya visto expuesta a una situación así, que provocó un daño reputacional y económico importante, porque los US$ 150 millones que pagará en compensación no es poco. Espero que este triste capítulo termine pronto”. Tras su alejamiento, en abril de 2016, Mackenna se incorporó al directorio de la eléctrica Colbún, también controlada por el Grupo Matte. Hoy, además de integrar la mesa directiva de la generadora, reparte su tiempo entre la presidencia del Consejo Superior de la Universidad Finis Terrae y el directorio de la inmobiliaria Almahue, firma de la que es socio Bice, firma también de los Matte. Aparte de sus actividades profesionales, Mackenna cuenta que “ahora estoy disfrutando de la vida. Estoy tranquilo. No quiero más vértigo”. Menciona que por estos días está concluyendo la construcción de una casa en la isla Lemuy, en el archipiélago de Chiloé, y comenzando la edificación de otra en Zapallar. También destina tiempo a su hobby preferido, jugar golf, deporte que suele practicar en el Club Las Lomas de La Dehesa y en Las Brisas de Santo Domingo. Mackenna comenta que también disfruta de su numerosa familia: seis hijos y 16 nietos. “Una hija se radicó hace poco en Sydney, Australia, por lo que planeo ir a visitarla en los próximos meses”, señala el ex gerente y director de CMPC.

Gabriel Ruiz-Tagle
El ex controlador de Pisa fue vinculado directamente por la Fiscalía Nacional Económica a la colusión, pese a que él lo ha negado públicamente.

Gabriel Ruiz-Tagle (63 años) fundó en la década de los 80 Papeles Industriales (Pisa). En 2003, la firma fue adquirida en un 50% por la transnacional sueca SCA, que en 2012 compró el 50% restante. Según la investigación de la Fiscalía Nacional Económica, Ruiz-Tagle fue uno de los ideólogos de la confabulación en el mercado del papel tissue, pues habría acordado en 2000 el aumento de precios de los productos del rubro junto al entonces gerente general de CMPC Tissue Jorge Morel. Ruiz-Tagle -ex ministro del Deporte en el gobierno de Sebastián Piñera y ex presidente de Blanco y Negro- hoy dedica parte de su tiempo al Parque Futangue, en la comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos, propiedad que suma unas 14.000 hectáreas de superficie, que compró de a poco a partir de 1996. En paralelo, el empresario está enfocado en Triple I, el family office que maneja su patrimonio personal, el que se calcula supera actualmente los US$ 250 millones. En las oficinas ubicadas en el barrio San Damián, en la comuna de Las Condes, el empresario trabaja junto a sus hijos Gabriel y Matías. Con esa sociedad, Ruiz-Tagle ha invertido en Chile en el rubro inmobiliario principalmente, pero este año también ha explorado la posibilidad de ingresar a otros mercados. El ex dueño de Pisa está interesado en la adquisición del grupo papelero vasco CEL. La empresa -donde el gobierno vasco a través de un fondo tiene un 40% de las acciones- atraviesa por serios problemas financieros y está en un proceso de venta. Ruiz-Tagle y parte de su equipo asesor han viajado en dos oportunidades hasta Bilbao para visitar las plantas ubicadas en las localidades de Zalla, Güeñes y Artziniega, y reunirse con la plana ejecutiva de la compañía y los representantes de los trabajadores. Hasta ahora, continúan las negociaciones, aunque fuentes cercanas dicen que las tratativas están bien encaminadas y que el empresario chileno tiene buena chance. La firma chilena compite con otros interesados, entre ellos, un fondo portugués y una firma italiana.

Jorge Morel
Ex gerente de CMPC Tissue, la filial que participó de la colusión, fue sindicado por la firma, a través de su delación compensada, como quien el año 2000 comenzó a reunirse con Pisa.

Tras su salida de CMPC, el 1 de agosto de 2014 -14 meses antes de que se destapara el caso-, Jorge Morel intentó insertarse en el mundo de los negocios como director de empresas. De hecho, se inscribió en el registro de directores de las AFP y Habitat lo presentó como candidato a Embonor.Pero todo cambió el 28 de octubre de 2015. A partir de ese momento se recluyó en una oficina del estudio Grasty Quintana Majlis, para preparar su defensa y reconstruir la historia de CMPC en los años de colusión. Fueron 365 días exactos en que convivió con la amenaza de que la arista penal del caso avanzara.La pesadilla terminó el 28 de octubre de 2016, cuando el Juzgado de Puente Alto cerró el caso, luego de que el Ministerio Público presentara el desistimiento formal de la causa.Cercanos a Morel señalan que como la preparación de su defensa ocupó gran parte de su tiempo, no le dejó espacio para rehacer su vida profesional o involucrarse en algún negocio.Agregan que ha estado planificando iniciativas o negocios de muy bajo perfil, de alguna manera administrando sus inversiones, pero principalmente preocupado de asuntos familiares relacionados con la salud de su mujer.Comentan que una vez que se destapó la colusión del papel tissue, Morel organizó su vida tomando ciertas precauciones, pensando en la posibilidad de un escenario judicial más difícil de lo que finalmente fue.Cuando la arista penal se descartó, tenía la idea de realizar un negocio de carácter inmobiliario, que fue postergado por la contingencia familiar. Por esa razón, no tiene una oficina privada, sino todo lo maneja desde su casa.Amigos indican que lo ha pasado mal y no sólo por la exposición mediática que significó la colusión, “ha dicho que todo lo que pasó con el tema de la colusión no es nada frente a lo difícil que ha sido enfrentar la enfermedad de su mujer”, comentan.

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“No se trata de qué está permitido, prohibido o estamos obligados a hacer, sino de cómo llegamos a donde queremos llegar”

 

Todavía escucho a abogados que hablan de “ellos” y “nosotros”, refiriéndose a otras profesiones —normalmente ingenieros, muchas veces gerentes, usualmente hombres— en contraposición a nosotros. Los abogados, obvio. Nosotros.

¿Por qué pasan las décadas, nos cambiamos ya de siglo, y sin embargo abogados educados y capaces continúan generando esa distancia con otros profesionales?

Podría escribir respecto de los profesores, periodistas, médicos o sociólogos, pero no: esta vez enumeraré las virtudes de trabajar o tener de interlocutor a ingenieros.

Primero, la vida, para ellos, es un sinnúmero de oportunidades. No se trata de qué está permitido, prohibido o estamos obligados a hacer, sino de cómo llegamos a donde queremos llegar.

Y para eso habrá que ajustarse a las herramientas que provea la ley, pero sin estar determinados por la ley. La ley es el marco dentro del cual deben desarrollar su trabajo, pero si ese marco es como el domo de una discoteque o si es del tamaño de un escudo energético que puede proteger al planeta, eso depende de la voluntad. De la autonomía de la voluntad. De la capacidad de hacer acuerdos, alianzas y mirar lejos.

Esa misma visión hace que sean extremadamente creativos: se cierra la puerta principal y tienen preparada la de la cocina. Si no sirve, entonces transforman una ventana en puerta ventana corredera. Si tampoco sirve, harán una salida subterránea, una escalera al techo o un hoyo en la pared. La frase “no se puede” no tiene mucho sentido para ellos.

Hace algunos meses un ingeniero me confidenció que ya desde hace algún tiempo, en la empresa donde es socio los vales de almuerzo no tenían un valor que realmente cubriera el costo de una comida en las cercanías de la oficina, y que eso estaba generando una cierta tensión entre los empleados. Pero no había más plata para ese ítem.

“Qué harías tú”, me preguntó, y yo comencé a tartamudear soluciones de tipo comunicacional, valórico, incluso históricas, hasta que frente a mi incapacidad fui interrumpida: “Lo que a mí me habría gustado es que quienes tienen la responsabilidad de este tema busquen cómo solucionar el problema de una vez. Por ejemplo, qué cuesta ir a conversar con el boliche de la esquina y decirle ‘cuánto me cobras por darle almuerzo a 80 personas, de lunes a viernes’ o ‘qué me ofreces por esta plata mensual para alimentar a 80 personas’ y así el restorancito de la esquina se convierte en una especie de casino externo, que cubre la totalidad del almuerzo y la gente no tiene que pagar extra”.

Volvamos a la enumeración. Contrariamente a lo que se piensa en los círculos jurídicos, el ingeniero no es cuadrado y tiene una excelente capacidad para ver gamas de grises. ¿Está dispuesto a tomar decisiones de negocio que no sean las óptimas en temas de riesgo y responsabilidad civil?

Cuando comencé mi carrera en el ámbito de la contratación, en una empresa chilena de desarrollo de software, era usual que subiera las escaleras hasta la oficina del gerente general con un alto de contratos en los brazos, respecto de los cuales había que tomar decisiones: ¿aceptábamos entregar más horas hombre para mejoras, estábamos dispuestos a ampliar una garantía de corrección de errores, podíamos aceptar una terminación anticipada, entregábamos una boleta de garantía que no se había exigido en un primer momento, subíamos nuestro límite de indemnización por daños? Muchas interrogantes no eran estrictamente jurídicas, sino de negocio; había que tomar decisiones que implicaban abrir flancos de riesgo, que podían significar perder plata o bajar el margen de utilidades de un proyecto. Y esas decisiones debían plasmarse de la mejor manera en un contrato, provocando efectos jurídicos, derechos y obligaciones.

La invariable pregunta era: “¿Cuál es el precio?”. Tras un par de veces de ponerme colorada, lo primero que me aprendía era el precio global, el precio de las licencias, el precio de los servicios, el precio de las horas hombre, el precio de los contratos asociados, los SLA y el precio de las multas, y las vigencias.

Mientras le respondía, casi podía ver las conexiones neuronales que hacía en segundos, formulando ecuaciones: metía el tamaño del cliente, si había historia con ese cliente, si había futuro con ese cliente; metía casos similares, el precio, el plazo para pagar ese precio, las probabilidades de atrasos por parte nuestra, la posibilidad de que nos cambiaran el interlocutor, el valor del dolar, el valor de la UF, los flujos de caja… y de todo eso salía la respuesta para cada uno de mis contratos.

Sin tocar ciertos estándares intransables, todo lo demás podía ser negociado. Acordado. Convenido.

La formación matemática y económica de los ingenieros es un excelente complemento de la visión jurídica y de compliance que tienen los abogados. Ambos, unidos, nos enfrentamos de una manera mucho más integral a la creación de un negocio o a la solución de un conflicto, que si operamos por separado. Ganamos todos.

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