Howard Marks, co-presidente de Oaktree Capital Group matizó sus comentarios sobre la criptomoneda, luego que en julio la despedazara.

SANTIAGO.- Howard Marks, un inversionista multimillonario que encendió una reacción violenta de los defensores de las criptodivisas al llamar al Bitcoin una "moda" en julio, ha cambiado de opinión, aunque hasta cierto punto.

Bitcoin, de hecho, cuenta con un atributo clave que puede estimular el método digital de intercambio para que sirva como una alternativa a las monedas legales y como un depósito de valor en los próximos años: por el simple hecho de que la gente cree en él.

"Lo que los partidarios de Bitcoin me han dicho posteriormente es que Bitcoin debe ser visto como una moneda -un medio de intercambio-, no un activo de inversión", escribió el co-presidente de Oaktree Capital Group LLC en un memorando dirigido a los clientes el pasado jueves. No hay ninguna razón obvia por la que las monedas fiduciarias emitidas por gobiernos sean superiores a las monedas digitales, añadió. "Así que mi balance final, en principio, es que no veo ningún motivo para que Bitcoin no pueda ser una moneda", dado el hecho de que "hay personas (y empresas e incluso países) que la aceptan como una moneda de curso legal".

El tono reconciliador contrasta con su misiva de julio, cuando lamentó la especulación excesiva en los mercados, desde bitcoin hasta acciones de tecnología.

"Las monedas digitales no son más que una moda infundada (o tal vez incluso un esquema piramidal), basadas en la voluntad de atribuir valor a algo que tiene poco o ninguno más allá de lo que la gente pagará por él", escribió entonces.

Moneda como potencial inversión Antes de que los fans del bitcoin celebren: Marks, quien cofundó Oaktree en Los Ángeles en 1995 y lo ha hecho crecer hasta llegar a una cifra de US$100.000 millones en activos en gestión, no es optimista en cuanto al potencial de la moneda digital como una inversión.

"Piense en el hecho de que el precio del Bitcoin ha aumentado más de 350% en lo que va del año y 3.900% en los últimos tres años. Es posible que desee considerar si una moneda real puede hacer eso, o si las compras especulativas están determinando el precio de bitcoin", sostiene Marks.

La competencia de otras monedas y sistemas de transacciones también amenaza al Bitcoin como mecanismo de pago, en tanto hay un límite natural para su apreciación, ya que puede encarecerse demasiado como para usarlo en las transacciones cotidianas, añade.

"Gracias a la gente que se tomó el tiempo para educarme", escribió Marks. "Pero todavía no tengo ganas de poner mi dinero en bitcoins, porque lo considero una burbuja especulativa. Estoy dispuesto a reconocer que me equivoco", sentenció.



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“El ciberespacio ha ido consagrándose como escenario de conflictos bélicos y, en su escalada en pos de alcanzar tal dimensión, ha sido clave su configuración previa como lugar propicio para la comisión de delitos…”.

 

Carolina Sanchis Crespo

En las operaciones militares se distinguían tradicionalmente cuatro campos de batalla: tierra, mar, aire y espacio. Debe incorporarse un quinto.

investigación tecnológicaCarolina Sanhis Crepo

A los cuatro anteriores se añade el ciberespacio, que recibe el nombre de quinto dominio. Ese espacio virtual ha ido consagrándose paulatinamente como escenario de conflictos bélicos y, en su escalada en pos de alcanzar tal dimensión, ha sido clave su configuración previa como lugar propicio para la comisión de delitos.

Todo esto ha ido sucediendo ante nuestros ojos en los últimos años a una velocidad vertiginosa. Y frente a tal celeridad la actualización de las normas de enjuiciamiento penal, para frenar el avance de la ciberdelincuencia, ha sido mucho más pausada. Según el país en el que nos fijemos, la necesaria puesta al día va, desde su casi inexistencia, hasta su real implementación, si bien es cierto que en muchos casos las reformas resultan prontamente obsoletas por la propia idiosincrasia cambiante del fenómeno a regular.

En España, con una Ley de Enjuiciamiento Criminal fechada el 14 de septiembre de 1882, (LECrim), los indicios apuntarían a una inclusión en el grupo de los países que no han hecho sus deberes procediendo al necesario reajuste normativo. Sin embargo, afortunadamente, esto no es así.

A pesar de que nuestros representantes políticos son incapaces de ponerse de acuerdo para llevar a cabo la reforma integral del texto procesal penal, sí lo han sido para aprobar una importante reforma a finales del año 2015 en virtud de la cual se implantan medidas de investigación tecnológica que ponen a España en la vanguardia de la lucha contra la ciberdelincuencia.

Sin que haya que lanzar las campanas al vuelo, sí puede afirmarse sin temor a equivocarnos que desde la entrada en vigor de la reforma, la instrucción penal tiene a su disposición en España herramientas tecnológicas que permiten que la primera fase del proceso penal sea eficiente en el actual marco del ciberespacio.

La Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la LECrim para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, contiene la normativa de actualización a la que me refiero y en su Preámbulo alude a la situación comentada. Expone que la elaboración de un texto articulado de LECrim requiere un amplio consenso y que en tanto dicho debate se mantiene, en la confianza de encontrar el máximo concierto posible sobre el nuevo modelo procesal penal, resulta preciso afrontar de inmediato ciertas cuestiones que no pueden aguardar a ser resueltas con la promulgación del nuevo texto normativo que sustituya a la más que centenaria LECrim. Entre esas cuestiones se incluyó felizmente la regulación de las medidas de investigación tecnológica en el ámbito de los derechos a la intimidad, al secreto de las comunicaciones y a la protección de datos personales garantizados por la Constitución.

Pero… ¿cuáles son esas herramientas?, pues en concreto se trata de cinco diligencias de investigación: 1) interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas, 2) captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos, 3) utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y de localización, 4) registro de dispositivos de almacenamiento masivo de la información y 5) registros remotos sobre equipos informáticos.

La regulación de todas ellas se encuentra en los artículos 588 bis a 588 octies del texto reformado de la LECrim.

El marco normativo se acota doblemente. Se inicia con el desarrollo del régimen común a todas las medidas. Consta de un primer bloque que incluye una descripción de los principios rectores que deben respetarse en la adopción de la medida. Se trata de los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad.

Y a continuación, como segundo bloque, toda una serie de disposiciones generales relativas al procedimiento de adopción de la medida: la solicitud de autorización judicial, la resolución, el secreto de las actuaciones, su duración, posibilidades de prórroga, control judicial, posible afectación de terceras personas, etc.

Más adelante se exponen separadamente cada una de las cinco diligencias de investigación y se destinan varios artículos a regular su régimen específico.

En líneas generales, el régimen legal que se establece merece un juicio positivo. Sin perjuicio de lo cual surgen cuestiones, por ejemplo, en la novedosa medida de registro remoto de equipos informáticos — los “troyanos policiales”—, cómo se plantean la forma de acceso y la obtención de la información.

Respecto de la forma de acceso al sistema del potencial delincuente, el art. 588 septies a impone como requisito de la resolución judicial que incluya “la forma en la que se procederá al acceso y aprehensión de los datos o archivos informáticos relevantes para la causa y el software mediante el que se ejecutará el control de la información.” Como coinciden en señalar expertos informáticos, exigir esto peca de irreal. No existen contraseñas mágicas ni superusuarios con todo tipo de privilegios, del mismo modo que tampoco existen programas que proporcionen acceso indiscriminado. Para lograr ese acceso es preciso un estudio personalizado de cada caso, lo que resulta costoso en tiempo, y que no consiste en un usuario, contraseña o programa determinado.

Habría sido mejor que la ley se refiriera genéricamente a la autorización del uso de técnicas de intrusión informática sin exigir tal nivel de detalle.

Por otro lado, para cada sistema hay que buscar una solución técnica diferente. Muchas veces se trata de bugs o agujeros de seguridad. Esos fallos, una vez hechos públicos, se enmendarán y perderán su utilidad para futuros procedimientos. Hubiera sido probablemente más conveniente que todo el proceso utilizado para acceder al sistema hubiera permanecido secreto para las partes.

Es lo mismo que sucede, mutatis mutandi, en una entrada y registro tradicional. No se exige que el juez especifique el tipo de instrumento concreto que vaya a usarse en el caso de tener que emplear el uso de la fuerza. Basta con autorizar su empleo.

Las líneas previas solo pretenden ser un breve bosquejo de la reforma de la LECrim de 2015 en medidas de investigación tecnológica.

Para una información más detallada puede consultarse el artículo “Puesta al día de la instrucción penal: la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas” publicado en La Ley Penal, nº 125 de 2017, accesible en http://csanchis.blogs.uv.es/2017/07/08/puesta-al-dia-de-la-instruccion-penal-la-interceptacion-de-las-comunicaciones-telefonicas-y-telematicas/

 
Carolina Sanchis Crespo tiene un doctorado, es catedrática acreditada y profesora titular de derecho procesal en la Universidad de Valencia, España.

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El Legal Services Board de Inglaterra y Gales, espera que los socios de estudios de abogados introduzcan “divulgaciones mínimas” obligatorias sobre precio, servicio, compensación y estatus regulatorio de sus prestaciones.

 

 

Como respuesta al estudio de mercado de servicios jurídicos de la Competition and Markets Authority (CMA), organismo perteneciente al gobierno inglés, el Legal Services Board (LSB), institución independiente responsable de supervisar la regulación de abogados en Inglaterra y Gales, estuvo de acuerdo con la CMA en que “no se puede esperar que el mercado se arregle” sin medidas reglamentarias.

Las normas de transparencia de los estudios de abogados deben ayudar a los consumidores a comprender el precio y el servicio que reciben, expresaron desde el organismo.

Plataformas independientes de retroalimentación

Otros elementos por los que el LSB está presionando por incorporar para ayudar a la regulación del mercado, incluyen la creación de un “mercado intermediario dinámico”, para asegurar que la información esté libremente disponible para sitios web y plataformas independientes. Así se ayudaría a los consumidores a descubrir más sobre la calidad del servicio prestado.

El LSB señaló que estas plataformas también permitirían a los clientes una mejor información al inicio del proceso, cuando estén identificando sus necesidades legales y los diferentes tipos de proveedores.

Además, dijo que espera que los socios de los estudios colaboren, con el fin de explorar la viabilidad de un único registro digital para todos los abogados.

Medición del éxito

Para obtener resultados positivos con estas nuevas regulaciones, se incluirían investigaciones que demuestren si los consumidores contratan más servicios en las firmas de abogados publiquen sus precios y si disminuyen las quejas ante el Legal Ombudsman, unidad independiente e imparcial establecida para ayudar a resolver disputas de servicios legales, debidas a falta de transparencia.

Largas preocupaciones

Neil Buckley, director ejecutivo de LSB, dijo que el estudio de CMA fue el resultado de “preocupaciones de larga data” sobre el mercado de servicios legales en Inglaterra y Gales. “La LSB ha demostrado desde hace mucho tiempo que es necesario aumentar la competencia en el mercado, y una parte importante para lograrlo será asegurar que haya una mejor información disponible para los consumidores en relación con el precio, la calidad, la reparación y la regulación. Las conclusiones alcanzadas por el CMA están en línea con las del LSB”.

En enero se informó que la Solicitors Regulation Authority (SRA) había comenzado a trabajar en los planes para obligar a las firmas de abogados a hacer públicos los honorarios por servicios como divorcio, testamentos o transferencias.
 
* Este es una traducción de la nota titulada “Regulator wants greater transparency from law firms”, publicada en
The Global Legal Post.

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Hasta el 7 de septiembre pueden postular organizaciones interesadas en este proyecto regional que busca hacer un monitoreo de conflictos no penales, como cobranza de deudas, relaciones laborales, incumplimientos de contratos o conflicto por derechos de tierras.

 

acceso a la justicia

 

Si perteneces a una organización social, think tank o centro de estudios y te interesa el análisis de los conflictos civiles y el acceso a la justicia para lograr la solución de ese tipo de controversias, te interesará este concurso del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).

CEJA espera responder preguntas como cCuánto impactan los conflictos civiles en la vida de las personas y
cuáles son las fallas y nudos del sistema de justicia civil, a través del “Observatorio de Conflictividad Civil y Acceso a la Justicia” (OCCA).

Se trata de un proyecto regional de monitoreo de los conflictos no penales que las personas experimentan en su vida cotidiana, como cobranza de deudas, relaciones laborales, incumplimientos de contratos, conflicto por derechos de tierras, entre otros.

El OCCA estará conformado por observatorios locales en cada país de la región, seleccionados y coordinados por CEJA, para lo cual abrió un período de postulación que vence el 7 de septiembre.

“Las organizaciones seleccionadas recibirán un incentivo económico para sus gastos operativos y pasarán a formar parte de una red latinoamericana de análisis y concientización de la crisis de los sistemas de justicia civil y el acceso a la justicia”, según se indica en un comunicado de prensa liberado por la entidad.

“Esto les permitirá aumentar sus posibilidades de incidir en las reformas de justicia civil; promover temas e intereses de trabajo de la organización en la agenda regional; y estrechar lazos con organizaciones sociales en distintos países de la región”.

 

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El Tribunal de alzada confirmó la resolución dictada por el Décimo Juzgado Civil de Santiago, que aprobó el acuerdo conciliatorio, en abril pasado.

En fallo unánime, la Corte de Santiago confirmó el acuerdo alcanzado entre el Servicio Nacional del Consumidor, la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y organizaciones de consumidores, de compensaciones económicas, en el marco del denominado caso de colusión del papel tissue.


Así, la sentencia sostiene que en cuanto a la alegada existencia de discriminación arbitraria, debe señalarse que no se sectionisa de qué modo puede sostenerse en relación a un acuerdo planteado de forma genérica para todos los consumidores que reúnan los requisitos señalados en el punto II del mismo, por cuanto de su texto expreso, que consta a fojas 422 y siguientes de estas compulsas, puede leerse que serán beneficiados todos los consumidores que tengan a lo menos 18 años a la fecha en que quede ejecutoriada la sentencia que tenga por aprobada la conciliación y que cuentan con cédula nacional de identidad.


La resolución de la Corte capitalina agrega que debe recordarse que los límites que debe cautelar el juez de la causa, conforme con el artículo 53 B inciso tercero de la Ley N° 19.496, para los efectos de aprobar todo avenimiento, conciliación o transacción que le sea planteado por las partes, es que éstos no sean contrarios a derecho o arbitrariamente discriminatorios, de modo que en este segundo caso no basta con la constatación de que pueda existir alguna discriminación, sino que ésta exige que sea arbitraria.


A continuación, expone que en este sentido el límite que se fija respecto de los consumidores mayores de 18 años y con cédula de identidad, resulta más o menos prístino que es discriminatorio, en la medida en que se está dejando fuera del mismo a los consumidores que tengan menos de esa edad a la fecha en que quede ejecutoriada la sentencia que aprueba la conciliación y a aquellos que no cuenten con cédula de identidad. Pero no puede sostenerse que esta sea una discriminación arbitraria, producto del mero capricho de quienes concurren al mismo, sino que existe un argumento racional que se encuentra detrás de esa decisión, vinculado con la viabilidad de la implementación del acuerdo, que elimina toda posibilidad de atribuirle dicha característica a esta discriminación.


Finalmente, el fallo del Tribunal de alzada concluye que  invocada cuestión relativa a la supuesta vulneración del Convenio N° 169, de la OIT, no tiene pertinencia, en la medida que estamos en presencia de una resolución de carácter jurisdiccional y referida a cuestiones que no tienen ninguna especialidad en relación con los pueblos indígenas. Debe insistirse en que tanto el acuerdo que originó la conciliación parcial de doce de abril último, como la aprobación de ésta, no tienen ninguna particularidad especial conectada con la calidad de integrantes de comunidades mapuches, de manera que mal podría efectuarse una exigencia en tal sentido a este mecanismo alternativo de resolución de conflictos.

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