"Conocido por estos días es el caso de un árbitro peruano - actualmente investigado en una de las aristas del caso Odebrecht o “lava jato” - a quien se le acusa de transferir una serie de inmuebles ubicados en distintas partes de la ciudad de Lima antes de que se conociera públicamente que había emitido 17 laudos arbitrales en favor de esa empresa brasileña, y de recibir pagos en dólares en una cuenta de la Banca Privada de Andorra a través de una firma offshore".

Ricardo Vásquez

¿Qué motiva a una persona a cometer un ilícito? ¿Somos todos intrínsecamente corruptibles?

La deshonestidad parece ser una parte integral de nuestro mundo.

Ricardo Vásquez

Científicos del University College de Londres en un estudio realizado el año 2016, publicado en la revista Nature,sostuvieron que  las digresiones de un código moral comienzan como una serie de brechas pequeñas que crecen y pueden derivar posteriormente en transgresiones de mayor entidad. En dicho estudio los científicos comprobaron que la reacción emocional negativa que producen los actos deshonestos disminuye cuando se cometen nuevas pequeñas transgresiones. En otras palabras, el cerebro se corrompe y se adapta para infringir.

Cuando mentimos o robamos el cerebro produce un estímulo emocional que nos hace sentir incómodos. Lo neurálgico es que si tenemos comportamientos deshonestos una y otra vez de forma periódica – al igual que sucede con otros estímulos o incluso con ciertas drogas – la respuesta del cerebro se modifica y no reacciona de la misma forma. El estudio demostró que el cerebro deja de reaccionar ante actos deshonestos continuos. Biológicamente hablando, el corrupto comienza a perder la actividad de su amígdala cerebral, va perdiendo el miedo al castigo y va, de cierta forma, acostumbrándose a infringir, sea un código de conducta o una norma legal o moral. La consecuencia final es que al ir perdiendo el miedo al castigo, el corrupto va aumentando la cantidad y magnitud de sus actos deshonestos.

Consideremos, ahora, el siguiente experimento.

Dan Ariely, científico especializado en economía del comportamiento, convocó a un cúmulo de personas, les entregó un dado y ofreció pagarles la misma cantidad de dólares que el número que sortearan en cada tiro de ese dado. Luego, modificando algunas reglas, la principal, que el participante debe lanzar una moneda al comienzo del experimento para determinar la cantidad máxima que puede ganar en cada tiro de dado, a saber, $ 4 o $ 40, interviene y  ofrece a cada jugador, por separado, lo siguiente:

“si me pagas 3 dólares te incorporaré en el grupo de jugadores que tiene la opción de ganar 40 dólares”.

El resultado fue categórico.

El noventa por ciento de los participantes optaron por pagar el soborno.

¿Qué podemos concluir de estos estudios? Que el ser humano, puesto en determinadas circunstancias, tiende a la corrupción.

El arbitraje no escapa a ello.

Conocido por estos días es el caso de un árbitro peruano – actualmente investigado en una de las aristas del caso Odebrecht o “lava jato” – a quien se le acusa de transferir una serie de inmuebles ubicados en distintas partes de la ciudad de Lima antes de que se conociera públicamente que había emitido 17 laudos arbitrales en favor de esa empresa brasileña, y de recibir pagos en dólares en una cuenta de la Banca Privada de Andorra a través de una firma offshore.

Habida cuenta de los experimentos y la casuística ¿Es necesario ser un mar para poder recibir una sucia corriente sin volverse impuro, como dijo Nietzsche?

Desde mi perspectiva, es necesario proteger las instituciones y sin duda, otorgar transparencia al arbitraje e información óptima a las partes – atendidos los costos de transacción – para que la elección de sus árbitros sea la más eficiente e igualmente transparente posible.

Las Directrices de la International Bar Association sobre Conflictos de Interés en Arbitraje Internacional son una herramienta útil y un claro ejemplo de lo que venimos señalando. Permiten tanto a árbitros, como a partes y sus abogados, resolver dudas sobre el alcance de las obligaciones de revelación. Las Directrices buscan armonizar los intereses de las partes, representantes legales, árbitros e instituciones arbitrales, quienes tienen encomendada la responsabilidad de asegurar la integridad, reputación y eficiencia del arbitraje, en este caso, internacional.

Actualmente se discuten una serie de reformas o enmiendas a las Reglas del CIADI.

De interés, para esta columna, rescato la propuesta que busca se dicte un código de conducta para árbitros y la incorporación de la obligación de las partes de revelar si cuentan con un financiamiento de tercero, a fin de evitar situaciones que puedan crear conflictos de interés para esos árbitros.

Las nuevas reglas propuestas requieren la divulgación, por parte de los árbitros y al momento de aceptar su designación como miembro en un tribunal  CIADI, de niveles de información superiores de modo que las partes puedan juzgar con mayor facilidad si existen potenciales conflictos de interés. En particular, los árbitros deben divulgar relaciones profesionales, comerciales u otras significativas dentro de los últimos cinco años, sea para con las partes, el abogado de las partes, otros miembros del tribunal y cualquier tercero que financie el caso.  Asimismo, los árbitros también deberán divulgar todos los casos de inversionista-estado en el que han participado como abogado, conciliador, árbitro, miembro del comité ad-hoc, miembro del comité de investigación, mediador o experto.

Este aspecto de la regla propuesta no aborda si los árbitros pueden estar excluidos de divulgar ciertos casos, o la mera existencia de los mismos. Bajo mi perspectiva, este caso en particular debiese también ser debatido.

Con respecto al financiamiento de tercero, se impone una nueva obligación a las partes de divulgar si cuentan con financiamiento de terceros, la fuente de ese financiamiento y de mantener esta información actualizada durante el curso del procedimiento. No se requiere que divulguen el acuerdo de financiamiento a tales fines. El nombre del financiador involucrado deberá ser proporcionado a los o a las árbitros con anterioridad al nombramiento con el fin de evitar  conflictos de intereses involuntarios, y la declaración de los o las árbitros requerirá confirmación de que no existe conflicto con el financiador designado.

Dejaré para otra columna el análisis del acto corrupto en la controversia misma, sus implicancias, la corrupción como una cuestión de jurisdicción/admisibilidad o de fondo, el estándar aplicable para la determinación de la existencia o no de actos de corrupción, la carga de la prueba y los tipos de evidencia consideradas por tribunales arbitrales.

 

FUENTE:   http://idealex.press/mercado-legal/regulacion-de-la-abogacia-como-industria/

Uso de infraestructura y prestación de asistencia jurídica, son algunos de beneficios que conlleva la colegiatura.

Fernanda Robles / Sofía Martin

Si bien desde la Constitución de 1981 en Chile no es obligación afiliarse a los colegios profesionales para ejercer una carrera, una gran cantidad decide asociarse voluntariamente mediante el pago de cuotas mensuales o anuales, que permiten a sus afiliados tener acceso a una serie de beneficios, entre ellos: acceso liberado a charlas y seminarios, infraestructura y publicar en revistas.

En el caso de quienes estudiaron Derecho, quienes quieran asociarse deben efectuar un pago anual de $60.000 e inscribirse mediante un sistema en línea o directamente en las dependencias del Colegio de Abogados de Chile. No se puede dejar de hacer presente que, aunque el nombre de esta asociación tiene la palabra “Chile”, en la actualidad agremia mayoritariamente a abogados de la capital, existiendo diversos colegios de abogados en casi todas las regiones del país.

Quisimos comparar la colegiatura de los abogados con la de otras profesiones —médicos, profesores, arquitectos y periodistas—, y se observan diferencias.

Por ejemplo, existe la prestación de asistencia y protección jurídica del gremio —en situaciones propias de la actividad profesional y donde ésta se vea vulnerada— para abogados colegiados, pero se trata de un apoyo que antes de darse, es analizado caso a caso. Así se identificaría el mérito del caso y se evalúa si realmente el Colegio debe involucrarse.

¿Colegiarse o no colegiarse?

El Colegio de Abogados cuenta con alrededor de 10.000 profesionales suscritos, pero no todos son miembros activos, pues para ello deben estar al día en el pago de sus cuotas.

Sin embargo, si consideramos que el número de abogados que jura anualmente en la Corte Suprema supera los 3.600, la colegiatura sigue al debe en la generación de interés por parte de los recién titulados. Al respecto, Pedro Pablo Vergara, vicepresidente del Colegio señala: “Se ha dicho, por ejemplo, que el número de de abogados que está colegiado es de un 10% respecto al total, pero esa no es una cifra precisa”. Ello ocurriría porque muchos de los abogados titulados no trabajan en Santiago y, por lo tanto, suscribirse al Colegio no sería una opción para ellos, añade.

Gustavo Rodríguez, ingeniero civil industrial con alrededor de 20 años de experiencia asesorando a estudios jurídicos, plantea que se puede hacer un doble análisis del fenómeno de la asociación entre pares: “Estar colegiado genera una imagen de cumplimiento a ciertas normas de comportamiento profesional”.

Lo mismo opina Fabiola Sáenz, especialista en branding y que ha trabajado en su área, orientada al mundo jurídico. Así, pertenecer al Colegio permite a los profesionales ceñirse a ciertos valores de conducta que son apreciados por los clientes, actuales o futuros. Ella plantea que el sello de los profesionales colegiados está en que deben remitirse al Código de Ética del Colegio en su actuar: “Los estudios que contratan a abogados suscritos se aseguran de que estén sujetos a ciertas normas de comportamiento”, señala.

Pero Gustavo Rodríguez va más allá y sugiere que hay ciertas prácticas que en el caso del Colegio de Abogados deberían actualizarse y adaptarse a las nuevas generaciones de jóvenes, que rechazan la tendencia a pertenecer a alguna institución que limite su comportamiento. “Les cuesta identificar el valor y el aporte efectivo que significa ser colegiado. Es más, existe una cierta tendencia a entenderlo como un comportamiento más bien conservador y tradicional del ejercicio profesional”, dice.

Sello ético

Una de las preocupaciones que actualmente tiene el Colegio es la forma en que los abogados promocionan sus servicios profesionales. Pedro Pablo Vergara sostiene que el Colegio está trabajando en actualizar sus recomendaciones a sus miembros, de modo que puedan encontrar formas de dar a conocer sus servicios públicamente, respetando los estándares éticos.

Con la intención de atraer a abogados jóvenes, el Colegio de abogados actualmente está buscando renovar su funcionamiento y prácticas, dentro de las cuales se encuentra la inclusión de jóvenes y mujeres al Consejo.

Si quieres saber más del tema, te invitamos a ver el video o escuchar el podcast con la entrevista realizada por Rafael Mery a Arturo Alessandri, actual presidente del Colegio.

Finalmente, hoy salieron publicadas las bases públicas de concurso para el “diseño de un logotipo o sello ético distintivo de un reconocimiento de estar afiliado, resaltando que se trata de un beneficio, de un activo en vez de una carga o pasivo, que podrán usar todos los afiliados en sus páginas web, tarjetas de presentación, membretes, etc.”.

El logotipo deberá reflejar el Sello Ético que señale “Yo estoy colegiado” y el plazo para presentar las propuestas comenzará el viernes 17 de agosto y finalizará el viernes 31.

El jurado estará conformado por el presidente, el vicepresidente, y tres consejeros de la Orden.

El ganador recibirá una suma en dinero ascendente a $850.000.

 

 

FUENTE:   http://idealex.press/mercado-legal/regulacion-de-la-abogacia-como-industria/ 

 

 

Tras el cambio de propiedad, el prestigioso ranking de estudios jurídicos y abogados fue liberado sin aviso previo, el jueves.

Es jueves 9 de agosto por la mañana y el mercado legal de los estudios jurídicos está revolucionado. Porque es agosto y no septiembre, mes en que tradicionalmente se había liberado el ranking Chambers & Partners Latin America.

¿Por qué? El prestigioso directorio fue adquirido en marzo de 2018 por el fondo de inversión privado Inflexion, operación que habría tenido por objeto orientar la compañía a un crecimiento, tanto en términos de cobertura como de facturación.

En su sitio web, la empresa comunica que han estado catalogando a los mejores abogados desde 1990 y que en la actualidad cubren 185 jurisdicciones. “Ninguna otra organización tiene la profundidad de nuestro equipo editorial y de investigación”, afirman. Durante 2017, sus ganancias habrían rondado los £20 millones.

Y en este nuevo escenario sucedió que las políticas de entrega de información anticipada a ciertos medios de comunicación, para que pudieran publicarla ya procesada el día en que se liberara públicamente —lo que periodísticamente se conoce como embargo y es un compromiso ético—, no fue respetado por la nueva administración.

De este modo, aunque algunos pocos analistas que monitoreaban Chambers sabían que el jueves se conocerían los premios para Latinoamérica, la publicación tomó por sorpresa a la inmensa mayoría, fenómeno que no ocurrió únicamente en Chile, sino en toda la región, donde miles de abogados están de vacaciones.

Para entender

El ranking contempla diversas categorías por áreas de especialización, que en esta versión sumaron 17. Los abogados más destacados se van asignando a diversas “bandas”, que pueden ir de la 1 a la 5, donde ser banda 1 equivale a la excelencia. Además, en algunas categorías se suman calificaciones como:
– Star Individual
– Senior Stateperson
– Up and Coming, y
– Associate to watch

Cada mención, sea en una banda o en estas designaciones adicionales, contiene a varias firmas y, en la selección individual, a varios abogados. (Espera el análisis que publicaremos la próxima semana sobre este último punto)

En el caso de nuestro país, Chambers 2019 incluyó la categoría de quiebras y reestructuraciones (Bankruptcy/Restructuring) —práctica que en otros directorios se denomina “concursal”— y se agregó al arbitraje como subcategoría de litigios (Dispute Resolution: Arbitration). Por otra parte, el ranking 2018 había evaluado Compliance, pero este año lo eliminó.

Otro de los cambios que se pudo observar es que no se dio a conocer el esperado premio a la mejor firma de la región y de cada país, el que será otorgado en noviembre.

Las áreas de práctica evaluadas fueron:
– Banca y Finanzas
– Derecho Ambiental
– Derecho Público
– Corporativo / Fusiones y Adquisiciones
– Energía y Recursos Naturales / Aguas / Minería
– Inmobiliario
– Laboral
– Libre Competencia
– Mercado de Capitales
– Patentes, Framacia y Variedades Vegetales (Life Sciences)
– Propiedad Intelectual
– Proyectos
– Quiebra y Reestructuración
– Resolución de controversias: Arbitraje / Litigación / Delitos Económicos / Árbitros más solicitados
– Seguros
– Telecomunicaciones, Medios y Tecnología
– Tributario

Una mirada panorámica

Consultando a quienes conocen del mercado de los estudios jurídicos top y de rankings, hay varios puntos que deben ser tomados en cuenta al leer los resultados. Uno de ellos es que las bandas cada vez son más extensas a nivel individual. “La Banda 5 se explica porque son áreas de muchos abogados, y para no sacar a los de arriba, crearon la Banda 5”, dice un analista. Un ejemplo de ello es la categoría de fusiones y adquisiciones (M&A).

Habría sido la única forma de “mostrar a los nuevos”… porque los que aparecen “son los mismos de siempre”. Y si bien se podría argumentar que aquello se debe a que los de siempre efectivamente son los mejores, lo que sugieren es cambiar la óptica y analizar quiénes de los nombrados no pagan el fee anual que ronda las £3.500. El pago, explica una de las entrevistadas, depende de los servicios y mucho pagan las £200 que cuesta tener un perfil. Muchos otros, añade, si están rankeados prefieren que su biografía contenga sólo 99 palabras, pues si llegan a 100 deben pagar £200 “y de ahí para arriba”. De esta manera no contaminan la mención con dineros de por medio.

“Los abogados nuevos están muy interesados en entrar, pero tienen una relación amor-odio con la editorial”, explica un profesional de comunicaciones extranjero. Este interés por mostrarse es tan grande que, además de ir haciendo aparecer más categorías, bandas y calificaciones, ha redundado en que en la versión Chile 2018, haya habido abogados de 159 estudios, complementa otro consultor.

Y si bien hay quienes consideran que lo más relevante es destacar a las firmas que tienen más menciones, sin distinguir en qué banda, al analizar cuáles son los 10 estudios con mayor presencia en Banda 1 suben 2 oficinas y, por consiguiente, bajan otras dos.

“Las firmas full service son las que aparecen en más bandas porque son las que más áreas de práctica tienen”, es una de las explicaciones.

Los Top 10 de Chile

Entre los estudios con más menciones, Chambers 2019 mantuvo los primeros 4 lugares del año pasado, donde aparecen CareyPhilippi Prietocarrizosa Ferrero DU & UríaBarros & Errázuriz, y Cariola Díez Pérez-Cotapos. Les siguen en orden Prieto AbogadosClaro & Cía.Guerrero OlivosBofill Mir & Álvarez JanaCMS Carey & Allende y Baker MacKenzie.

Cabe destacar que la Big Four EY bajó de Banda 1 y pasó a Banda 2, mientras que el estudio FerradaNehme subió a Banda 1 en Telecomunicaciones.

En la siguiente infografía encontrarás el listado de los 10 más destacados por cantidad de menciones y por áreas de práctica en Banda 1.

 

FUENTE:   http://idealex.press/mercado-legal/regulacion-de-la-abogacia-como-industria/ 

 

La papelera CMPC registró sus utilidades más altas en 7 añosdurante el primer semestre de 2018, las que alcanzaron los US$239,9 millones. Superó de gran manera los US$9,5 millones del mismo periodo en 2017.

Estos resultados ocurren tras pactarse la compensación por la colusión del papel y su posterior pago, en la que la CMPC fue condenada.

A través de un informe emitido a la Comisión para el Mercado Financiero, detalló El Mercurio, la empresa explicó que estos números responden a un mejor resultado operacional por un mayor Ebitda, es decir, ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. También los asociaron a menores pérdidas.

En detalle, informaron que el Ebitda del periodo abril-junio fue el mejor de la historia, alcanzando los US$507 millones. “Esto se debe principalmente al mayor volumen de venta, donde destacan productos como celulosa, tableros, cartulinas y productos tissue, además de mejores precios de celulosa”, manifestaron.

De acuerdo al mismo documento, la CMPC tuvo ingresos por $3.113 millones durante el primer semestre, reflejando un alza del 25%. Lo anterior impulsado en un 54% por la venta de celulosa.

Con respecto a los ingresos gracias a productos tissue, estos alcanzaron un 31% del total, disminuyendo 6 puntos en doce meses.

FUENTE:   http://idealex.press/mercado-legal/regulacion-de-la-abogacia-como-industria/ 

 

Desde el estilo al hablar y la interacción con los jueces hasta problemas sustantivos trata el libro escrito por el abogado estadounidense David C. Frederick.

 

En un artículo publicado en el sitio especializado Confilegal.comCarlos Berbell hace referencia el libro “The Art of Oral Advocacy”, en el que se abordan y clasifican los tipos de errores comunes de los abogados, en que incurren al litigar en audiencias orales.

David C. Frederick, autor del texto, enumera los errores
– De estilo al hablar, por ejemplo, con demasiada retórica o pasión, o hablar demasiado alto
– Sustantivos, entre los que se incluyen evitar dar respuestas a preguntas directas, expresarse con metáforas mal construidas, y argumentar sobre temas que van más allá de lo que se trata en el juicio
– En la cita de materiales, como citar de forma errónea a un autoridad, referirse a materiales que no están en el sumario, y citar casos sin explicarlos
– En la interacción con los jueces, como interrumpirlos cuando hablan, confundir el tratamiento, o hacerles preguntas más allá de lo que necesario para clarificar ciertos puntos
– De decoro, al hacer uso de sarcasmo, de un lenguaje destemplado o de un humor inapropiado. También al mostrar ira o frustración hacia el tribunal o atacar al abogado contrario

errores de los abogadosAmazon

Además de los errores comunes, ya comentados, en la reseña del libro —publicado originalmente en 2003 y reeditado en 2011— se destaca que la obra entrega herramientas de argumentación verbal ante la Corte Suprema y que sus capítulos incluyen preparación previa, interrogatorios, técnicas avanzadas de preparación de declaraciones, y los atributos que definen a los mejores abogados.

La descripción dice que el autor “ilustra los temas con ejemplos de casos reales. Es ideal para programas de primer año sobre defensa oral y escrita, cursos y clínicas de niveles superiores de apelación, competencias de juicios simulados, y como una fuente de consulta para abogados”.

En el perfil de Frederick, que se encuentra en el sitio web de la firma Kellogg Hansen Todd Figel & Frederick, P.L.L.C., de la cual es socio, se indica que ha alegado más de 100 apelaciones en todas las Cortes de Apelaciones estadounidenses, incluyendo 50 ante la Corte Suprema de Estados Unidos y ante cortes supremas estatales.

 

 

 

 

 

 

FUENTE:   http://idealex.press/mercado-legal/regulacion-de-la-abogacia-como-industria/