Documento plantea que este organismo sea autónomo y que opere como contraparte del SII. Además, apuntan a reducir la tasa corporativa gradualmente a 25% y reabrir el beneficio del ISFUT.

Slide

Agitados han sido los últimos días en la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), luego de la salida de su presidente, Alfredo Moreno, para integrar el futuro gabinete. Además de discutir sobre cómo se realizará la sucesión de su ahora ex timonel, el gremio empresarial está afinando los últimos detalles de la propuesta tributaria que entregará a la nueva administración.

En este sentido, según lo confirma el propio titular interino de la CPC, Manuel Melero, el comité ejecutivo ya recibió el documento elaborado por el comité tributario de la multigremial, liderado por la abogada Soledad Recabarren, en el que se considera, entre varias otras medidas, la idea de la creación de una “Defensoría del Contribuyente”, con el objetivo de proteger los derechos de quienes pagan impuestos.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la propuesta, se trataría de un organismo autónomo, al estilo del Banco Central o Sernac, que permita defender a quienes no tienen acceso a grandes bufetes de abogados, en alguno de los tantos litigios tributarios que se generan diariamente.

“En nuestro país solo obligamos a los contribuyentes, pero nadie defiende sus derechos como contraparte del Servicio de Impuestos Internos (SII)”, sostienen fuentes del grupo creador de esta idea.

Asimismo, explican que no sería para nada algo nuevo, ya que existen instituciones de este tipo en Perú, Colombia y México, reconociendo que se vieron esos modelos para el planteamiento.
Aún así, desde la cúpula empresarial confirman que les parece una “muy buena idea”, comprendiendo las dificultades que podría implicar por el tema recursos, pero que “con voluntad política se podría realizar perfectamente en beneficio de los más vulnerables en estas materias”.

Se espera que las ramas de la CPC validen el borrador entregado por la comisión a comienzos de marzo, para en ese mismo mes entregar la propuesta oficialmente al Presidente Piñera.

Reacciones mixtas

Entre los expertos, la idea generó posiciones distintas sobre la necesidad de este organismo.

Según, Javier Jaque, socio de Consultaría Tributaria de EY, esto sería algo “absolutamente necesario”.

“Los grandes contribuyentes siempre han tenido acceso a una defensa adecuada en procesos ante el SII, pero los mediano y pequeños se enfrentan a normas que no entienden, y no pueden hacer valer sus derechos”, indica.

Jaque añade que “donde existe más falta de equidad es en los segmentos más pequeños, es algo que existe en todos los otros ámbitos del derecho, menos el tributario”.

Misma visión tiene Juan Marín, socio Tax & Legal de Kreston MCA. “Es una muy buena proposición, en consideración a que actualmente el SII es un organismo fiscalizador omnipotente frente a los contribuyentes, y sobre todo los más desprotegidos contra esta institución, son las Pymes y pequeños contribuyentes, que no disponen de recursos para contar con una asesoría tributaria y legal para defenderse en un proceso de fiscalización”, puntualiza.

Sin embargo, el abogado Diego Berríos, Socio Director de IUS Abogado Tributario, advierte que “no es bueno crear este organismo para nuestro sistema”, ya que a su juicio, si bien “es cierto que es complejo para los contribuyentes que se ven involucrados en conflictos con el SII lograr una defensa adecuada, pero los mecanismos existen, están en la ley, e incluso los propios contribuyentes pueden asumir su defensa en determinadas circunstancias, atendidos los montos involucrados”.

Reabrir el ISFUT

Además de esa iniciativa, el documento de la comisión incluye la posibilidad de reabrir el beneficio del pago del Impuesto Sustitutivo al FUT (ISFUT), que fue parte de la reforma tributaria y que permitió la recaudación de más de US$ 2 mil millones.

De acuerdo con el texto elaborado por la comisión de la CPC, esta es una idea en la que “no hay ningún perjuicio”, porque “todos ganan, y hay muchas personas que en su momento quisieron pagar y no alcanzaron”.

En tanto, en cuanto a la simplificación tributaria, proponen volver a la integración del sistema (terminando con el régimen atribuido), y reducir la tasa impositiva corporativa gradualmente en dos años, pasando de 27% a 26% y de 26% a 25% al segundo año.

Asimismo, descartaron la opción de una nueva repatriación de capitales, ya que por norma OCDE, no se permiten amnistías de este tipo en tiempos muy cercanos.

Fuente: 

Proyección de la autoridad prevé que el tributo aporte US$ 530 millones en su primer año de operación continua.

 

depresión

 

Buenas noticias para las arcas fiscales del país. Eso es lo que se apreciaría durante este año por los resultados de la implementación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la venta de viviendas, medida que entró en vigencia en abril del año pasado, en el marco de los cambios que incluyó la Reforma Tributaria impulsada por el actual Gobierno.

De acuerdo con una proyección del área de Real Estate de BDO -una de las cinco mayores auditoras del mundo- el Fisco captaría unos US$ 610 millones por concepto de IVA a la venta de viviendas, cifra 15% mayor a los US$ 530 millones anuales que el Ejecutivo indicó que esperaba recaudar a través de este tributo.

Así lo aseguró la analista senior de la División Real Estate de la consultora, Priscilla Matos, quien añadió que, de los aproximadamente US$ 8 mil millones que proyecta recaudar el Fisco por la reforma tributaria una vez en régimen, la recaudación por IVA a la compra de la viviendas representaría en torno a 8% de ese monto.

“Esta estimación es levemente más optimista que lo pensado inicialmente por el regulador. Pensamos que esto obedece a que el mercado inmobiliario logró sortear con éxito este impuesto en términos de oferta de productos, así como ajuste del negocio”, destacó.

Asimismo, señaló que la industria aún se encuentra en proceso de adaptación, pero que el incorporar el IVA en el valor final de la propiedad ha simplificado el proceso para los consumidores.

“Ya se ha definido a nivel general de que los precios de viviendas publicados incluyen el IVA y no se le cobra como concepto aparte a los consumidores, principalmente porque el peso del terreno varía por cada proyecto. Si bien, está cercano al 15%, tanto para departamentos como viviendas, puede variar dependiendo de la zona normativa, ciudad o comuna; por lo tanto, es una forma de simplificar el proceso para los consumidores”, apuntó.

En otra línea, indicó que las inmobiliarias tienen la opción de realizar una Verificación de Adquisición si sus ventas se producen antes del tercer año de haber adquirido el predio, trámite que les permite descontar el precio total del terreno al valor de venta, ajustado por IPC y no al doble del valor de su avalúo fiscal.

Asimismo, precisó que en el caso de que hayan transcurrido más de tres años, dichas empresas pueden descontar al valor de adquisición sin tener que realizar el trámite, proceso que “puede aumentar la rentabilidad de los proyectos inmobiliarios”, dijo Matos.

De acuerdo con cifras contenidas en el informe residencial realizado al tercer trimestre de 2017 por Colliers Internacional, el stock de viviendas sin IVA se agotaría durante el primer semestre de este año.

El cálculo

BDO destacó que para realizar su proyección, estimó el IVA a pagar de acuerdo a las ventas promedio de viviendas registradas en la Región Metropolitana en un año normal.

En esa línea, detalló que se identificaron 33.000 viviendas dentro de la región, de las cuales el 60% corresponden a departamentos y 40% a casas, con un valor promedio de venta de entre UF 3.200 y UF 4.000, dejando fuera además, a las viviendas cuyo valor era inferior a UF 2 mil, ya que tienen subsidios y no pagan IVA.

Así y dado a que los terrenos no están afectos a IVA, la consultora asumió que estos corresponden a un 20% de los ingresos, por lo que solo el 80% de los ingresos pagaría este impuesto.

Además y dado a que las construcciones también pagan IVA y esto se puede considerar como un crédito del IVA de los ingresos, analizó los de construcción, situándolos en UF 25/m2 promedio.

“Una vez obtenido el análisis por cada concepto, se hizo una proyección a nivel nacional, entendiendo que, de acuerdo al INE, la superficie aprobada para vivienda nueva durante el año 2017 de la Región Metropolitana representaba el 41% del total a nivel nacional. En consecuencia, los ingresos por IVA estimados en el análisis se proyectaron en esta misma proporción”, concluyó Matos.

Fuente: 

Revisa los pronósticos para el futuro de la abogacía, debatidos por importantes abogados, socios y consultores australianos. Entre ellos, un graduado de Derecho cuenta cómo hizo la transición desde un tradicional estudio jurídico a una plataforma de legal tech.

 

Slide

 

Nicola Z.

Dicen que esta es una época cambiante, donde la aparición de la inteligencia artificial y el desembarco de los famosos millennials en los trabajos amenazan con terminar –si es que ya no han comenzado a hacerlo– las estructuras hasta ahora por todos conocidas.

Hace unas semanas se realizó un panel de discusión organizado por la publicación australiana Lawyers Weekly sobre el abogado del futuro y el futuro de las firmas jurídicas.

Una de las reflexiones más contundentes de esta jornada, a cargo de Bob Murray, uno de los socios fundadores de la consultora Fortinberry Murray, fue que tanto en Estados Unidos como en muchos otros países es cada vez más común encontrarse con firmas conformadas por socios y abogados muy jóvenes, con “virtualmente nada entremedio”.

Esta dinámica estaría llevando a que cada vez haya menos socios y más personas de otras profesiones trabajando en el mundo legal, y viceversa. Es más, una estadística mencionada por Murray, haciendo referencia al profesor Bill Henderson, es que el 70% de los graduados que salen de las escuelas de Derecho nunca tendrán trabajos jurídicos, “porque simplemente no es para ellos”.

Un ejemplo de estas mutaciones profesionales es la de Taylor Petrucci. Según relata un artículo escrito por Melissa Code en la misma publicación, el abogado australiano, que actualmente cursa un Máster en la U. Monash, pasó en solo seis meses de interno a product manager en el sitio LawAdvisor, donde trabaja junto a desarrolladores para refinar y reformular la plataforma de la compañía, además de estar igualmente involucrado en el desarrollo del software que ofrecen a distintos mercados legales: el llamado “legal tech” o tecnología jurídica.

Sin embargo, antes de esto su camino era bastante más tradicional: por más de un año se desempeñó como paralegal en la prestigiosa firma jurídica Norton Rose Fulbright. Nunca se imaginó una carrera en el ámbito de la tecnología.

“He tenido la fortuna de trabajar en fantásticos lugares (…); ahora estoy descubriendo si ésta es la nueva dirección que está tomando mi carrera, después de haber visto las innumerables oportunidades de desarrollo de la innovación legal”, comentó.

Por su parte, el fundador de LawAdvisorBrenna Ong, asegura que invertir en las personas ha sido central para el crecimiento de su empresa y que en el caso de Petrucci, sus ganas de hacer grandes cosas fueron evidentes desde el primer día.

“Animaría a todos los estudiantes de Derecho y graduados a tener la mente abierta desde el principio en sus carreras y confiar en su intuición cuando una oportunidad única aparezca”, comenta.

Los nuevos socios

Durante la misma exposición, Murray le consultó al resto de los participantes desde dónde creen que vendrán los nuevos socios del futuro. Las respuestas fueron diversas: “La noción de socios en la cima y de asociados, asociados junior y abogados junior está agotada”, comentó Mark Gardiner, fundador y director legal de Teddington Legal, para luego agregar un pronóstico: “Habrá menos abogados, pero más personas que no son abogados trabajando en las firmas jurídicas. Creo que ese será el mayor cambio que tendremos”.

Tim Frost, socio de PwC, en tanto, señaló estar convencido de que, desde el punto de vista australiano, se crearán más oportunidades para los graduados de Derecho, aunque advierte: “Creo que hay un riesgo en la comoditización de algunas partes del mundo legal tradicional”.

Volviendo a la pregunta: ¿de dónde vendrán los nuevos líderes? La respuesta pareciera ser que lo harán desde un modelo donde las personas pueden seguir creciendo y sentirse desafiadas y estimuladas, ya sea una firma jurídica tradicional, el gobierno, como in-house en grandes empress o en el derecho comercial. “Habrá una mayor gama de lugares de los que hay hoy”, finalizó.

Potenciar el talento

Según comentaron desde LawAdvisor, la creciente industria de tecnología en el ámbito legal está ofreciendo múltiples y atractivas oportunidades para los abogados.

En este sentido, Petrucci asegura que mientras algunas organizaciones usan a los internos o pasantes como una formar de aumentar el número de personas que entregan resultados para sus negocios, este otro tipo de compañías, las del llamado New Law, están dispuestas a invertir en personal subalterno para enseñarle y mantenerlo en su equipo.

“Muchas organizaciones imponen períodos arbitrarios que limitan el ritmo en que un nuevo empleado puede progresar, lo que no favorece a las personas más ambiciosas o impacientes”, asegura, y luego reflexiona utilizando su propia experiencia: “Habiendo empezado como interno y mirando mi posición actual, con el nivel de responsabilidad, contabilidad y también autonomía, es algo que no tiene paralelo con otros lugares de trabajo”.

Fuente: 

Una encuesta hecha por Fundación Generación Empresarial a 32 compañías, señala que éstas tienden a enfocarse más en temas como gobiernos corporativos y elaboración de códigos de ética, y menos en temas como derechos humanos, libre competencia y relación con la comunidad.

 

Si hace unas décadas la frase que representaba la mayor motivación de las empresas grandes era el famoso “crecer o morir”, en el presente el sector empresarial se ha visto en la obligación de replantearse en términos de identidad y de cómo es visto por el resto de la sociedad. Y es que la proliferación, en los últimos años, de casos de empresas que han incurrido en diversos tipos de llamadas “malas prácticas” (colusión, fraudes, temas tributarios, etc.), sumado a una ciudadanía más empoderada, han ido deteriorando la imagen que, en general, se tiene del sector privado y, por ende, la de un tema sensible para la economía, como lo es la inversión.

A juicio de Paula Valenzuela, gerente general de la Fundación Generación Empresarial, “la caída de algunas organizaciones -producto de malas prácticas- ha generado un efecto dominó en el sector empresarial en su conjunto”. El diagnóstico de Valenzuela es concreto: estos actos irregulares han provocado que otras entidades que se esfuerzan por hacer lo correcto hayan terminado siendo invisibilizadas, provocando que la confianza ciudadana en el sector privado esté en sus niveles más bajos.

El nuevo rol de la ética

“Ante lo correcto o lo conveniente, hay que optar siempre por lo primero”, parece ser el nuevo lema para las empresas. La frase es del gerente general de Siemens, Juan Ignacio Díaz, quien reconoce que “ya no hay duda de que la ética debe ser el argumento central de todas las decisiones que se tomen en una empresa”.

Y es que a la ciudadanía ya no le importa tanto el ver “cuántas” ganancias tiene una empresa, sino el “cómo” las consigue.

Producto de estos diagnósticos es que Generación Empresarial desarrolló un estudio sobre cómo las empresas aplican las llamadas “buenas prácticas”, buscando explorar de qué manera las buenas intenciones se transforman en hechos a la hora de actuar en concreto.

El estudio, que consistió en una encuesta anónima a 32 empresas, hizo que éstas tuvieran que autoevaluarse respondiendo a preguntas sobre qué hacían en la práctica para elevar sus estándares éticos, y que al conocer los resultados pudieran comparar sus conductas con las demás compañías.

La buena noticia, destaca el informe, es que empresas de diferentes sectores y rubros no sólo aceptaron autoevaluarse y mirar sus fortalezas y debilidades, sino también se mostraron dispuestas a trabajar en conjunto por avanzar en aquellos flancos donde tienen menos conocimiento y práctica.

Al respecto, el gerente general de Transelec, una de las entidades participantes, Andrés Kuhlmann, indica que “en una sociedad cada vez más exigente con el mundo empresarial y más consciente de su empoderamiento, el desafío de mantener un buen relacionamiento con nuestros grupos de interés implica una tarea cada vez mayor”. Es por ello que Kuhlmann considera que iniciativas como ésta son fundamentales “para activar el trabajo colaborativo y nos ayudan a poner el foco en aquellos puntos que probadamente dan resultado, así como evitar errores que otros han cometido antes”.

Los puntos fuertes y débiles

El estudio de Generación Empresarial presentó a las compañías un listado de 16 categorías de “buenas prácticas”, pidiendo que señalaran en cuáles de ellas habían mostrado mejorías en el tiempo.

Casi la totalidad (96,88%) de las empresas declaró tener como prioridad la mejoría de sus gobiernos corporativos, ítem que específicamente se refiere a si éstos han impulsado una cultura ética y de mejores prácticas en las entidades.

En tanto, el ítem “código de ética” se refiere a si la compañía ha elaborado un código “que detalla claramente los comportamientos esperados, situaciones de cuidado y situaciones a evitar en temas de relación con la comunidad, cuidado del medioambiente, relación con colaboradores, clientes y proveedores, entre otros”. Un 90,63% de las entidades encuestadas declaró haber hecho mejoras en este aspecto.

Mismo porcentaje de compañías declaró haber realizado avances en la categoría “línea de denuncias”, que consulta a las empresas sobre la existencia de un canal para que se efectúen reportes anónimos y confidenciales que permitan detectar en forma temprana posibles transgresiones a las normativas, principios y buenas prácticas.

En tanto, el área en el que las compañías consultadas se mostraron más débiles fue “derechos humanos”, en la que sólo la mitad (50%) de las entidades declaró haber hecho mejoras en ese ámbito, que se relaciona con la aplicación y el conocimiento de los “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos” de las Naciones Unidas.

Le sigue el ítem “libre competencia”, categoría en la que se preguntó a las compañías si poseen un programa o normativa de mejores prácticas en torno al tema. En este ámbito, sólo un 53,13% de las compañías respondió que sí.

Finalmente, en la categoría “relación con la comunidad”, se les consultó a las empresas si contaban con un programa de involucramiento con la comunidad, y si éste responde a un plan de desarrollo que tiene como foco la calidad de vida de ésta. Ante la pregunta, un 59,38% de las empresas contestó positivamente, siendo el tercer menor porcentaje.

En este ámbito, el presidente de Aguas Andinas, Guillermo Pickering, manifiesta la importancia de mejorar la relación con la sociedad civil, “tendiendo puentes hacia el gran desafío que tenemos de transparentar al máximo las mejores prácticas”.

En el resto de las categorías, un 87,5% declaró haber hecho avances en “capacitación”, un 84,38%, en “mejores prácticas respecto a sus colaboradores” y a posibles “conflictos de interés”. En tanto, un 81,25% dijo haber avanzado en “relación con proveedores” y en “determinación de responsables claros en la implementación de buenas prácticas”.

Consultadas por las “relaciones con sus clientes” y “con el sector público”, un 75% de las compañías manifestó haber tenido algún grado de avance; en tanto que un 65,63% declaró haber progresado en “la elaboración de un programa de autorregulación basado en las mejores prácticas empresariales” y un “sistema de control de impacto en el medioambiente”.

Por último, un 62,50% de los consultados señaló progresos en el ámbito de “manejo con grupos de interés”.

Grado de avance

En la segunda parte del estudio de Generación Empresarial, se pidió que, en cada categoría, las empresas que declararon tener mejores prácticas profundizaran en el grado de avance que habían tenido en concreto, consultando por una serie de políticas sugeridas por los encuestadores. Así, por ejemplo, a una empresa que afirmó que había experimentado avances en el ítem “gobiernos corporativos”, se le preguntó por medida más específicas, como si tenían programas de defensa de accionistas minoritarios o para evitar el uso de información privilegiada.

La categoría con mayor número de compañías que alcanzaron el “máximo nivel de cumplimiento” en las medidas que se les sugirieron fue “responsabilidad en la autorregulación” (se les consultó, por ejemplo, si quienes eran responsables de la supervisión reportan sus resultados a sus superiores), con 15 empresas. Le siguieron “código de ética” (se les consultó por los detalles que incorporan los códigos) y “línea de denuncia” (se preguntó si esta consideraba temáticas de derechos humanos, dignidad de las personas, riesgos relevantes para la actividad y normativas vigentes), ambas con 12 empresas.

En tanto, las dimensiones con menor número de empresas que alcanzaron el máximo cumplimiento en prácticas sugeridas fueron “programa de mejores prácticas corporativas”, “gobierno corporativo”, “derechos humanos” y “medioambiente”, todas, con tres empresas cada una.

Herramienta para mejoras

El informe tiene el objetivo de ser un mecanismo de autoevaluación, diseñado para guiar a las empresas en el proceso de implementación de prácticas que eleven sus estándares éticos, no sólo en la teoría.

El estudio concluye que “todas las empresas participantes tienen mucho que aprender del ejemplo de otras”.

Y es en esto en lo que coinciden todas las partes involucradas: mejorar a partir de la autocrítica. Así lo expresa el gerente general de VTR, Guillermo Ponce, que recalca la importancia y la necesidad de “avanzar hacia altos estándares empresariales, a partir de la colaboración y el aprendizaje de otras experiencias corporativas”.

Fuente: 

 

A fines de 2017 y como inauguración del período de matrículas del programa de legal management para Latinoamérica, que organizaron la Universidad Católica de Valparaíso y Thomson Reuters, Ana Marra y académicos chilenos debatieron sobre el mercado legal y las exigencias que le impone a los abogados de hoy.

 

depresión

 

Sofía Martin Leyton

A fines de noviembre pasado un grupo de abogados se reunió en Santiago de Chile a conversar sobre el conjunto de variables que la profesión antes no exigía, que hoy son una realidad, y que es necesario conocer para enfrentar la alta competitividad de los servicios legales, especialmente en los grandes estudios.

Así abrió Alan Bronfman, decano de Derecho de la U. Católica de Valparaíso, el Conversatorio sobre Legal Management, con que se dio el puntapié inicial al período de matrículas para el Diplomado “Legal Management Program”.

Bronfman reconoció que los programas de estudios de pregrado son bastante débiles en los contenidos que tiene este diploma y dijo que aun cuando los ordenamientos jurídicos sean distintos en cada país, el desarrollo de estándares internacionales es fundamental.

Federico Liutvinas, quien no es abogado, pero se desempeña como country manager de Thomson Reuters para Chile, Perú, Uruguay y Paraguay, hizo énfasis en que la profesión está experimentando varios desafíos, como la entrada de nuevos participantes: calificó a las Big Four como una preocupación latente, al igual que la tecnología y el outsourcing. “La gran ventaja de las Big Four es que no están sentadas con el cliente sino que están dentro del cliente, lo que hace que conozcan muy bien sus necesidades”, dijo.

Y puso sobre la mesa temas como la reticencia de las empresas a pagar servicios legales por horas, o que una de las principales preocupaciones de los socios de grandes estudios son las nuevas realidades y el trabajo con nuevas generaciones: “Preguntan cuántas horas pro bono van a poder hacer al mes, y… esto lo contó un socio mexicano…, si pueden ir a trabajar con el perro”.

Por último, dijo en su introducción, “es tan importante lo que hacemos como de qué manera lo comunicamos”, refiriéndose a redes sociales, prensa y medios de todo tipo.

El nuevo abogado

Anna Marra, abogada italiana que se dedica al legal management, principalmente en España, se refirió al contexto actual del sector legal que, en su opinión, hace replantearse la profesión.

Destacó que la gran recesión del sector legal en EE.UU. (que comenzó a fines de la década pasada), provocó un sentido de “curiosidad y aventura”, que comenzó en el mismo Estados Unidos y al cual se unieron más tarde Australia y Nueva Zelanda, para reformular la forma en que estaban trabajando.

“Y lo hicieron los grandes, cuando todavía les estaba yendo bien. Un empresario sabe que la seguridad no existe y que las empresas no subsisten si siguen adoptando el mismo modelo de negocios. Cada vez más, los despachos son empresas cuyo negocio es dar soluciones jurídicas”, dijo.

Y así se habrían introducido conceptos como metodologías de mejoras, reingeniería de procesos, marketing jurídico, estrategia, posicionamiento y más: “Y ahora enfrentamos la disrupción digital, comenzamos a hablar de asistentes jurídicos, de predicción, de analíticas, de algoritmos o saber gracias a análisis de big data qué tribunales de qué lugares fallan de determinada manera. Vemos también un crecimiento exponencial de legal startups”.

Cada despacho, dijo Marra, se plantea “cómo es mi propuesta de valor, cómo la mejoro, la transmito a mi cliente y la implemento”. La fuerte presión sobre los precios, ganar nuevos mercados y ganar más negocios al mismo tiempo, hace que en el sector estén preocupados por la eficiencia y la adaptabilidad, aunque han descuidado la retención del talento y la ética profesional.

Por otra parte, añadió, “el abogado es en cierto modo un consumidor también del sector legal; el abogado tiene que ser un impulsor de nuevas soluciones para el cliente. Le preguntamos poco al cliente qué es lo que quiere o necesita. Tenemos que ser capaces de traducir sus necesidades para ver cuál es la respuesta a esas necesidades”.

Asimismo, dijo que el Project Management Institute sacó un informe sobre “Job Growth and Talent Gap”, según el cual se espera que en 2027 la gestión de proyectos, en todo ámbito, llegue a crear 22 millones de nuevos puestos de trabajo para profesionales especializados, aunque la necesidad real será de 87 millones de estos profesionales: “Entonces me pregunto si en el sector legal no vamos a tener un importante gap en la oferta de abogados capacitados”.

Para esta académica, la proyección implica una oportunidad y los abogados no deberían sentirse amenazados por los avances tecnológicos.

El papel de las universidades

Adolfo Silva, académico de la Universidad Católica de Valparaíso, abordó cómo se insertan estos temas en el día a día de la universidad, tanto en pregrado como en posgrado. “Es desafiante, porque las hipótesis son muy distintas de las que nos enseñaron nuestros maestros y del tipo de abogado que existe hoy: estamos en el mundo y debemos hacernos cargo de los cambios”.

Es por ello que, aseguró, han trabajado tanto en el Magíster en Derecho como en asignaturas de la malla curricular de la carrera. “Ha sido difícil, pero muy importante para aprender. En los últimos 3 años el mercado legal ha evolucionado de manera abismante, con cambios que esperábamos para 10 o 15 años y ya están en la práctica”, añadió, refiriéndose a lo que calificó de inquietud global.

Por lo mismo, Federico Liutvinas, moderador del conversatorio, contó a la audiencia que un socio de una destacada firma había dicho en un foro, jactándose, “yo no sé lo que es el project management, no me interesa”.

Adolfo Silva explicó: “Sabemos que es un modelo importado, que hay una estructura piramidal, en que los abogados tienen que hacer carrera; ha funcionado bastante bien en tiempos estables. Pero de un tiempo a esta parte han empezado a cambiar los escenarios y al principio ha habido un período de negación, de que ‘todo está bien, voy a aplicar lo que a mí me enseñaron, porque son tendencias que van a pasar’, pero la realidad ha ido chocando con el mundo de las ideas, y al final lo que ocurre es que hay que implementar una serie de cambios. Por eso se requiere contar con herramientas que escapan a lo propiamente jurídico”.

En el caso de las empresas —Silva es profesor de derecho mercantil— el abogado tiene que ser derechamente parte del negocio de la compañía. “Uno escucha ‘A mí no me ponen plazos, yo soy abogado’ y eso no puede pasar, porque tiene que ser parte del equipo y no un actor externo”. Como las empresas han debido externalizar muchas prestaciones legales, ello ha provocado que se cree un mercado: “Las empresas han empezado a licitar servicios jurídicos, establecer condiciones, alcances, plazos, costos, a qué se compromete el abogado, todas cosas que antes casi no se veían y hoy se requieren”.

Al respecto, Liutvinas hizo ver que tanto los abogados externos como el abogado corporativo que los contrata se encuentran con un presupuesto al que ceñirse y se enfrentan a evaluaciones.

La palabra innovación

Andrés Jara, profesor UC y creador de Alster Legal, habló sobre cómo ha reaccionado el mercado a ofertas de servicios novedosas. “La palabra innovación muchas veces ha sido entendida como un antónimo de lo jurídico y lo legal; no convergen naturalmente y eso ya ha sido un desafío. Los abogados siempre hemos sido tildados de no innovadores (basta ver cómo nos vestimos), pero desde el punto de vista del mercado, seguimos en un mercado al que todavía le faltan ciertos grados de madurez”

El principal motivo de ello, dijo, es la asimetría de información. Lo que justifica que los consumidores no cambien su conducta sería, principalmente, que no conocen que hay alternativas y formas distintas de hacer las cosas.

Jara indicó que ellos habían detectado que había ciertos segmentos de la demanda que no estaban siendo bien atendidos y que las propuestas de los estudios jurídicos tradicionales eran muy homogéneas.

También analizó que como prestadores de servicios legales, los abogados creen que están vendiendo su currículum vitae, su experiencia. “Pero no nos preocupamos del delivery, del ‘customer journey’, donde el foco está puesto en el cliente”, agregó.

La curva de aprendizaje del mercado ha sido lenta, opinó, porque no todo depende de los abogados; hay condiciones externas, como la era de la digitalización, que han impuesto exigencias de velocidad de la respuesta, optimización de recursos y eficiencia en las soluciones.

¿Cuál ha sido la reacción con conceptos del mundo corporativo? “En un principio me miraban con suspicacia y falta de entendimiento. En una reunión me pasó, dentro de una gran empresa, que expuse lo que hacíamos y cómo, y la respuesta del gerente legal fue: ‘no entendí nada de lo que me estás diciendo. ¿Me lo puedes decir con otro lenguaje o explicar con peras y manzanas?’. Fue sumamente honesto y me di cuenta de que hay que definir muy bien de qué manera se hace esa aproximación”.

Pero hoy, afirmó, su propuesta ya se entiende.

“Hay que dinamitarlo todo”

El moderador abordó a Marcelo Montero, quien dirige la facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, diciéndole: “Sos consultor, sos decano ¿cómo preparan a los profesionales para enfrentar este mundo que describíamos, no sólo a los alumnos en las mallas curriculares, sino también a los profesores, para que sean capaces de transmitir esta necesidades?”.

“Soy decano hace 4 meses, desde agosto; se han dicho cosas muy interesantes, pero hay que hacer algunos matices. Para responder a tu pregunta derechamente, yo creo que hay que dinamitarlo todo”.

Y comenzó con algunos datos, como que hoy existen cerca de 38 mil estudiantes de Derecho en Chile y cada año se titulan cerca de 3.500 abogados, que entran al mercado laboral. “Todas esas personas han estudiado en facultades de Derecho chilenas, pero ¿hay alguna diferencia relevante en estudiar en la universidad A, B o C? En aspectos técnicos, en la transmisión del conocimiento, no hay ningún aspecto relevante. En todas se estudia lo mismo; algo que es arcaico, que se sigue reproduciendo… ¡yo estudié con los textos de mis padres y mi hijo está estudiando con los mismos textos! ¡¿Cómo es posible?!”.

“Estamos enseñando cosas que a nuestros estudiantes no les van a servir, estamos generando lo que la sociología llama analfabetismo funcional”, aseguró. Y añadió: “El nivel de resistencia es brutal. No sólo las firmas de abogados son conservadoras o ultraconservadoras, sino que también los profesores de Derecho lo son. Piensen lo que significa para una facultad de Derecho arriesgarse a innovar en su malla curricular; probablemente se van a despertar todas las desconfianzas del mundo”.

Para Montero, lo contrario a la innovación no es la tradición, sino el miedo a hacer algo diferente: “Hay que innovar con cierta prudencia, desde luego, porque si uno tiene buenas ideas y los demás son incapaces de entenderlas, entonces no te sigue nadie”.

Hoy la profesión legal es un commodity, dijo: “La transformación más importante que se ha producido en la profesión legal en los últimos 30 años es que el poder en la relación se transfirió desde el abogado al cliente. Hoy es el cliente el que pone los términos y las condiciones; el cliente fija los precios y si no hay un factor cualitativo real que implique una diferenciación, entramos al mundo del commodity, y la gran pregunta a responder por la abogacía en los próximos años es cómo agrega valor, cómo hace para descomoditizarse“.

En el mundo de las empresas, advirtió este decano, el abogado redactor de documentos se va a extinguir. “Ya no se habla de Corporate Lawyer, sino de Business Lawyer, con habilidades múltiples que tenemos que ser capaces de desarrollar. En la UDP acabamos de aprobar un curso desde primer año sobre inteligencias múltiples”.

“Un abogado, lo que hace es gestionar la ansiedad del cliente”, aseguró.

Fuente: