“Recuperar la confianza de los chilenos no depende de 7 lucas”, dijo el gerente de Asuntos Corporativos de CMPC, Guillermo Turner, quien hizo un mea culpa sobre el caso de colusión del papel tissue.

Lo anterior, justo en medio de la entrega del dinero desembolsado por la empresa papelera, según lo ordenado por el Tribunal de Libre Competencia en mayo de 2017, con lo cual volvió a ser ser tema las “malas prácticas” empresariales.

Turner lamentó que esta compañía se haya visto envuelta en este tipo de acciones y dijo que recuperar la confianza depende de hacer bien las cosas, más que recompensar monetariamente a los afectados.

Hasta el jueves 16 de agosto será entregada la suma de dinero que le corresponde recibir a los chilenos mayores de 18 años que hayan alcanzado la mayoría de edad a mayo.

FUENTE:   http://idealex.press/mercado-legal/regulacion-de-la-abogacia-como-industria/

 

Esta fundación promueve la cooperación entre organismos públicos, privados y académicos, con la finalidad de apoyar estudios profesionales con financiamiento y diversos convenios.

 

S.M.L.

La Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) ofrece un programa de becas internacional para estudiar maestrías, especializaciones y doctorados a distancia online, con titulación universitaria.

Este programa consiste en un auxilio financiero de cooperación entre organismos gubernamentales y privados otorgado a los mejores perfiles profesionales en cada país, el cual permite destinar una ayuda económica parcial según cada caso particular.

La asignación de la Beca de Estudios dependerá del perfil del postulante y son asignadas por un comité evaluador de becas dependiendo del número de solicitudes que ingresan por cada sede de la fundación (ubicadas en más de 30 países) versus las plazas disponibles en cada uno de los programas que patrocina Funiber. Las becas son limitadas y dependen de la asignación que otorguen las universidades en convenio.

El sitio web informa también que todos aquellos alumnos que vayan a estudiar un grado o un máster en la Universidad Europea del Atlántico, que necesiten estar alojados en una residencia universitaria, podrán postular a una beca de ayuda económica.

Los postulantes deberán hacer sus consultas en las sedes de sus respectivos países. Si entras a este enlace, podrás revisar qué universidades están adscritas a la red y quiénes son patrocinadores, en cada jurisdicción.

Programas de estudios jurídicos

La Fundación promueve programas de estudios en Derecho, negocios internacionales, mediación y criminalística, como los siguentes:

Magíster
– en Derecho y Negocios Internacionales
– en Criminalística
– en Psicología Criminal. Especialidad en Psicología Forense
– en Resolución de Conflictos y Mediación

Especializaciones
– Resolución de Conflictos y Mediación Organizacional
– Resolución de Conflictos y Mediación Social

Doctorados
Algunos de los cursos a tomar en el programa de “Doctorado en Derecho, Economía y Empresa” son Método de investigación en Derecho Comparado; Metodología, interpretación y argumentación para la investigación jurídica avanzada; Pensamiento jurídico contemporáneo; y Lógica jurídica.

Los doctorandos que cumplan los requisitos académicos y superen la defensa de su tesis doctoral, según la normativa de las universidades que imparten el programa de doctorado, podrán optar al grado de “Doctor en en Derecho, Economía y Empresa por la Universidad Internacional Iberoamericana de México”.

Fondos de financiamiento para emprendedores

Funiber también patrocina una red internacional de emprendedores e inversores: la Fundación Innovación y Desarrollo FIDBAN, que es una organización sin fines de lucro, cuyo propósito es vincular proyectos emprendedores rentables con posibles inversionistas de capital.

FIDBAN tiene su sede en Santander (España) y está conformada por “Capítulos” en 30 países de Europa y América.

 

 

FUENTE:   http://idealex.press/mercado-legal/regulacion-de-la-abogacia-como-industria/ 

Esperan obtener dichos recursos de la mano del arriendo de su edificio, ubicado en el centro de la ciudad, que lo avalúan en $ 2.500 millones. La CMF podría ordenar la liquidación de la firma, o bien darles los dos años que piden para reinventarse como Bolsa de Emprendimiento.

La Bolsa de Corredores-Bolsa de Valores de Valparaíso, más conocida por sus siglas, Bovalpo, está agonizando. La plaza bursátil más antigua del país, que inició sus operaciones en 1892 y abrió paso de forma pionera al corretaje de títulos financieros como acciones, bonos y letras de cambios en nuestro país, está pidiendo ayuda para poder sobrevivir.

En el mercado de capitales local, distintas fuentes coinciden en que la Bovalpo estaba moribunda hace unos 15 años, pues hace mucho tiempo que no logra el 1% total del mercado de transacciones de instrumentos de valores del país, que hoy se concentran en más del 90% en la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) y, en menor medida, en la Bolsa Electrónica de Chile (BEC). Bovalpo transa valores diariamente entre $ 5 millones y $ 50 millones, versus la BCS, que mueve al día volúmenes en torno a $ 1 billón.

Sin embargo, es durante este 2018 que el riesgo de vida de esta institución aumentó, dado que entre las exigencias legales para poder funcionar como Bolsa de Valores, se necesita un mínimo de 10 corredoras dentro de la plaza bursátil. Actualmente, Bovalpo tiene seis y, de ellas, solo dos están operativas: Dupol y STF Capital.

Casos de fraude y estafas que se investigan actualmente en la Justicia (ver recuadro), sumado a poca competitividad lastraron a que el parqué porteño sufriera el éxodo de corredoras en el último año. En abril la intermediaria Banglobal anunció su cancelación voluntaria por razones de competitividad, con lo que quedaban nueve corredoras nominalmente. Fue en ese instante que el directorio de la Bolsa encendió sus alarmas y se reunió con el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Joaquín Cortez, para expresarle su preocupación por el hecho y tratar de buscar una solución. Luego de eso, la corredora ICB y Pluskapital siguieron los pasos de Banglobal. Quedaban siete intermediarias. El mes pasado y luego de que estallara un caso económico por infracciones a la Ley de Valores, la CMF le canceló la inscripción a la corredora Intervalores, ligada a Gabriel Urenda. Con esto quedaban seis.

No existe un accionista mayoritario de Bovalpo. Su capital social está compuesto de 60 acciones suscritas y pagadas que totalizaban un capital de $ 705.584.000. Nominalmente, el mayor accionista es LarrainVial Corredora de Bolsa (por cuenta de terceros), que tendría tres acciones o el 5% de la propiedad.

La realidad financiera de la plaza bursátil de Valparaíso es compleja. En los últimos años solo ha sabido de números rojos. A modo de ejemplo, en 2017 perdieron $ 8.669.000 y en 2016 hicieron lo propio por $ 24.169.000. Además, la institución les debe dinero a sus directores por dietas que totalizan los $ 132.407.000, y tiene deudas de créditos por un total de $ 228 millones con el Banco de Chile y Scotiabank.

Una fuente importante de recursos de Bovalpo son los alrededor de $ 40 millones anuales que perciben por el concepto de arriendo y garantías de arriendo de su edificio a otras instituciones. El costo de operación de Bovalpo en 2017 fue de $ 307 millones ($ 126 millones en remuneraciones) y los gastos de administración fueron de $ 80 millones.

Una de las grandes salidas que asoman para la Bolsa es tratar de reinventar su modelo de negocios y para ello necesita recursos frescos y tiempo. Eso es lo que están intentando lograr con las autoridades económicas del país y una carta bajo la manga sería traspasarle al Estado su histórico edificio ubicado en la calle Arturo Prat, en pleno centro de Valparaíso. El terreno, el edificio y todos los muebles y equipamientos de la Bolsa de Valparaíso están avaluados en $ 1.036.933.000, pero su presidenta, Gloria Apara, en entrevista con PULSO asegura que tiene un precio mucho más alto. Aquí hace su diagnóstico del caso, lanza dardos contra la Bolsa de Comercio y pide ayuda al Estado. Es su último as bajo la manga.

¿A qué se debe la situación crítica de la Bolsa de Valparaíso?

-El cierre de la Bolsa de Valparaíso (1983-1988) le significó perder en esos años el 50% de su participación en el mercado de renta variable y de 70% en renta fija, la cual adquirió la Bolsa de Santiago sin ningún esfuerzo, y cuando Valparaíso reabre sus puertas, la BCS se negó a reanudar las operaciones como se hacían antes, imponiendo así un ‘peaje’ a las órdenes interbolsas provenientes de Valparaíso, con la finalidad de mantener la concentración de los negocios en su centro bursátil y consolidar su supremacía en el mercado. Este peaje encareció el costo de operación de los corredores de Valparaíso, lo que hizo emigrar a sus clientes a otros corredores de Santiago. La falta de clientes hizo inviable sus ingresos, obligándolos a cerrar paulatinamente sus puertas hasta llegar a la crítica cantidad actual.

Para revertir esto, ustedes han empujado a que las bolsas se interconecten como la solución a la competencia, lo que fue respaldado por el TDLC, ¿por qué la BCS y el regulador de valores no han impulsado esto?

-No obstante la claridad de las resoluciones de los tribunales, hoy en día la BCS no las cumple, en desmedro de sus competidoras y de los intereses de los inversionistas, quienes deben aceptar que las operaciones no se realicen al mejor precio, lo cual no habría sucedido si esta hubiera acatado el imperativo esencial contenido en los fallos y si la antigua SVS hubiera impuesto su autoridad para obligar a que estos fallos se cumplieran, tal como a ella misma se lo ordenaron no estaríamos en la situación en que nos encontramos.

¿Cómo ha influido en el devenir de la Bolsa que tanto Carlos Marín como Gabriel Urenda, que están siendo investigados por millonarias estafas, hayan sido directores de la Bolsa de Valparaíso hasta hace poco?

-El caso Marín y el Urenda provocaron un profundo impacto, tanto al interior de la Bolsa como en la región, por el peso y el prestigio que tenían en la zona y por el hecho de pertenecer a familias tradicionales y conocidas. Sin embargo, no se puede generalizar e identificar a todos los corredores con estos casos particulares, porque son casos aislados y porque la Bolsa jamás ha tenido algún problema relacionado con prácticas irregulares o ilícitos. Es más, hemos ejercido duramente nuestra facultad de control y fiscalización de los corredores, aun sin disponer de los ilimitados recursos que tiene la Bolsa de Santiago, la cual ha tenido más casos de este tipo.

El público y la autoridad entienden que ninguna medida es suficiente si estas operaciones irregulares e ilícitas se cometen en las sombras y montando toda una maquinaria para evitar ser descubiertas. Tanto es así, que en ambos casos ni siquiera la CMF pudo detectarlas, pese a sus continuas auditorías y controles.

Tienen plazo hasta septiembre para regularizar la cantidad de corredoras para poder seguir funcionando. ¿Qué rol tiene la CMF para encontrar otra solución?

-Es absolutamente imposible cumplir la norma para septiembre. Tampoco podemos implementar en ese breve plazo un plan de funcionamiento, porque dependerá de la decisión de la autoridad sobre el futuro de la Bolsa. Necesitamos tiempo para terminar el proyecto que permita reposicionarla en el mercado, y para ello es indispensable contar con el apoyo técnico y ayuda de la autoridad. Hoy en día está en manos de la CMF pronunciarse sobre nuestra solicitud de prórroga de plazo de existencia por dos años, enviada el 18 de julio pasado.

¿Qué caminos de resolución tendría en septiembre la CMF con Bovalpo?

– La CMF tiene dos opciones: autorizar a la Bolsa para seguir funcionando con un menor número de corredores, o bien, revocar su autorización de existencia, en cuyo caso debe proceder a su liquidación, pudiendo delegar esta función en uno de sus funcionarios a su cargo, o bien, autorizar a la Bolsa para realizar su propia liquidación.

¿Qué soluciones concretas ve usted a este problema?

– Es urgente introducir una modificación al artículo 44 bis de la Ley de Valores, que impida la discrecionalidad en la transmisión de la información, como ha ocurrido hasta ahora, y obligue, de manera perentoria y categórica a todas las bolsas a interconectarse entre sí, en tiempo real, llevando todas las órdenes a la rueda, sean propias o provenientes de otras bolsas, de manera que sean vinculantes y obligatorias para permitir el calce automático y la mejor ejecución de las órdenes de los inversionistas.

Además, a fin de evitar que la interconexión obligatoria no se torne ilusoria e impedir que vuelva a ser ignorada o burlada mediante subterfugios legales, es indispensable que la nueva norma otorgue un plazo máximo a las bolsas para implementar esta interconexión, y además, es de suma importancia que no se les impongan a los corredores de otras bolsas, ni a estas, y de manera arbitraria, exigencias económicas que vayan más allá de las que la propia ley contempla, impidiéndoles con estas imposiciones fácticas llevar y concretar efectivamente sus órdenes a otras ruedas, manteniendo la asimetría que existe actualmente en el mercado y la ausencia de competencia, igualdad y transparencia.

Además, necesitamos recursos para operar.

¿Cómo piensan obtener financiamiento?

– Para ser viables se necesitan aportes del gobierno regional, que estamos proponiendo a la autoridad sea bajo el arriendo de un gran porcentaje del edificio institucional a algún organismo público, en el cual siga funcionando la Bolsa, con lo cual se evitaría que este edificio emblemático y de importancia histórica para la ciudad pase a manos de privados, ya que es inevitable que la disminución de sus ingresos le impedirá pagar los créditos a sus acreedores, siendo inminente el riesgo de que salga a remate, y quede en manos de terceros ajenos a los intereses de la región, lo cual debe evitarse a toda costa, considerando que su valor supera los $ 2.500 millones.

¿Piensan acudir a otras autoridades para un salvataje?

– Hemos sostenido reuniones con autoridades regionales, acordando formar mesas de trabajo y esperamos reunirnos la próxima semana con el ministro de Economía, don José Ramón Valente.

¿Cuál es el plan para reinventarse como Bolsa?

– La administración está empeñada en rediseñar el negocio en términos de especializar la Bolsa y transformarla en una Bolsa del Emprendimiento, en la cual se transen títulos y valores que permitan levantar capital a las pymes y emprendedores. Todo con un sistema de garantías que podrían ser proporcionado por las empresas securitizadoras y otras similares, profundizando el mercado con una nueva área de negocios y de instrumentos de intermediación financiera. Estábamos en esta línea de trabajo, e incluso habíamos firmado un acuerdo de cooperación con el Mercado Argentino de Valores.

 


 

MARÍN Y URENDA, LOS EXDIRECTORES DE BOVALPO QUE SON PERSEGUIDOS POR ESTAFAS

-Entre Carlos Marín y Gabriel Urenda, ambos exdirectores de la Bolsa de Valparaíso, suman alrededor de $ 10 mil millones en querellas por estafa y apropiación indebida, entre otras imputaciones que son perseguidas por el Ministerio Público.

Marín habría perpetrado los delitos mientras era presidente de Bovalpo a través de su corredora, que llevaba su nombre. Los afectados serían casi 100 personas. Su caso está siendo investigado por la Unidad Anticorrupción de la fiscalía porteña.

Actualmente, el extimonel de la Bolsa dispuso de todas sus propiedades para que sean rematadas y, de esta forma, resarcir a las víctimas. Sin embargo, los bienes no alcanzarían para compensar la magnitud del monto defraudado.

Una veta desde donde Marín podría obtener más recursos proviene de la propia Bolsa de Valparaíso, dado que en los estados financieros de la institución se revela que actualmente existe una pugna por una supuesta deuda de $ 313 millones que tendría el parqué a favor de Carlos Marín Orrego Corredores de Bolsa y caratulan la deuda con el concepto de “asesorías entre 2002 y 2007”. La presidenta de Bovalpo niega que esta deuda sea válida.

En tanto Urenda, quien estaba en el directorio de Bovalpo desde 2011, habría afectado a alrededor de 50 personas por un monto de alrededor de $ 8.000 millones. Apenas estalló el caso, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) le bajó el telón a su corredora de valores. Una tesis es que parte de los dineros defraudados está en EE.UU. y en el mercado hay quienes sostienen que habría lavado de dinero.

De todos modos, este no es el único capítulo oscuro donde han estado envueltas corredores de Bovalpo. En 2016, el dueño de la intermediaria Essex, Luis Mella, estuvo involucrado en demandas por lavado de activos y tráfico de oro.

 


 

CMF EXIGE MAYOR DETALLE AL PLAN DE REORIENTACIÓN DE LA PLAZA BURSÁTIL 

 

Ante la petición que Bovalpo le solicitó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de autorización para funcionar durante el plazo de dos años con un número inferior de corredores del mínimo legal que establece la norma, el regulador respondió mediante oficio que antes de pronunciarse sobre esta materia, requieren que la administración del parqué porteño entregue una propuesta detallada de su plan de reorientación o reconversión.

La CMF refuta en su oficio que Bovalpo tenga dos corredores operando. Aseveran que solo hay uno. Por lo mismo, le piden a la administración que señale “si la Bolsa espera contar con un número mayor de corredores, indicar cuál sería ese número de corredores, dentro de qué plazos y cuál será el plan de acción para aumentar su número de corredores en operación. Así, también, deberá señalar si el número de seis corredores miembros, en atención a sus proyecciones, podrá ser mantenido en el tiempo señalado en su solicitud”.

¿Con qué plata se interconectarían?

Está claro que la entidad porteña pide fuerte y claro que las bolsas del país se interconecten, de hecho su presidenta desliza que la inercia respecto de este tema por parte de la BCS y el regulador es un factor más que explica la delicada situación que atraviesa la centenaria firma.

Sin embargo, la CMF en su respuesta sostiene que Bovalpo “no ha indicado a este servicio de qué forma y qué planes y medidas implementaría, a efectos de asumir los costos que implicaría la interconexión de los centros bursátiles del país en los términos indicados”.

En atención a lo anterior, la CMF agrega que la Bolsa deberá informar “las medidas que adoptaría Bovalpo a efectos de asumir los costos que implicaría la interconexión que menciona en su solicitud”.

El hecho de que la Bolsa pida aportes a entidades gubernamentales regionales también le hizo ruido al regulador, es por esto que les piden informar si existen acuerdos suscritos o negociaciones en curso con el mencionado gobierno regional, indicando los montos, las condiciones y los plazos por los cuales se extenderían el o los acuerdos. También exigen que la entidad detalle qué medidas adoptará si esos aportes regionales no se llegaran a concretar.

Otros detalles fundamentales que exige la CMF es sobre la idea de que Bovalpo se transforme en la Bolsa del Emprendimiento. Frente a ello, solicitan que se especifique: instrumentos que serían transados, segmento de empresas e inversionistas al que se dirigiría el proyecto, estimación de corredores que participarían y eventuales tratativas ya realizadas, propuestas de modificaciones legales o normativas necesarias, necesidades de nuevos sistemas y procesos, cronograma con principales hitos y plazos asociados, costo del proyecto y mecanismo de financiamiento, experiencias similares en mercados nacionales o internacionales y, finalmente, eventual competencia y diferencia con otros proyectos de emprendimiento similares.

La respuesta al oficio de la CMF (que fue firmado por el intendente de supervisión del mercado de valores, por orden del presidente de la CMF) deberá ser remitida dentro de 30 días corridos desde su notificación, es decir, a fines de agosto.P

 

FUENTE:   http://idealex.press/mercado-legal/regulacion-de-la-abogacia-como-industria/ 

 

Parte de las horas destinadas a la gestión se quitan de horas facturables a un costo muy superior y cuyas tareas podrían ser realizadas por profesionales que tardarían menos tiempo, es el análisis de Marisa Méndez y Carolina Sumar.

 

Sofía Martin

Las consultoras Marisa Méndez (España) y Carolina Sumar (Chile) llevan años asesorando juntas a estudios jurídicos en diversos aspectos que implican la profesionalización de una firma, como su gestión. Sí, esa que en tantas oficinas de tantos países de Latinoamérica sigue a cargo de un managing partner: alguien que estudió Derecho y no Administración o Ingenería.

Con frases como “cada uno está cómodo en su caos”, Méndez y Sumar hacen mención al consultor estadounidense Edward Wesemann y su libro titulado “El primer gran mito de la gestión legal es que existe”.

gestión de firmasCarolina Sumar

Si bien suele criticarse a las firmas de abogados por su precaria gestión interna, continúan siendo una industria con grandes utilidades. El problema es que —explican— son un sector que no afronta muy bien los cambios de los mercados: “El mundo gira tan rápido y los cambios se suceden a tanta velocidad, que gestión y abogados deben dejar de ser términos enfrentados”.

Qué implica la gestión de una firma

“Depende”, dicen sobre lo que significa, porque la complejidad será totalmente distinta si se circunscribe a la mera contratación y gestión de proveedores a si aborda la definición de estrategias a largo plazo.

“Entre las tareas de gestión podemos encontrar la implementación de estrategias corporativas, gestión financiera, control de calidad, gestión de recursos humanos, gestión de la imagen corporativa, marketing y desarrollo de negocio”, sostienen. Pero también puede incluir gestión del conocimiento, facturación, atención al cliente… “en definitiva, todo aquello que genera las condiciones óptimas para que los abogados realicen su actividad”.

¿Y quién queda a cargo de esa labor? Generalmente un socio, sin que pese demasiado el tamaño del despacho.

Pero ese modelo no sería sostenible, opinan, porque la mayoría de los socios optan por su labor como abogados y eluden o postergan sus responsabilidades de gestión. “Es más rentable y eficaz profesionalizar“, aseguran, y esa sería la tendencia.

gestión de firmasMarisa Méndez

Pero no se trata de que los socios se desentiendan del tema: siempre deberían supervisar y aprobar la gestión, desde su rol de propietarios.

Se trata de una decisión que toman “cuando se dan cuenta de que el montón de papeles de gestión es mayor que el de los asuntos de clientes”. El alto costo de oportunidad que supone que los abogados dediquen sus horas facturables a una gestión suele ser ineficaz y poco rentable, añaden Sumar y Méndez.

Gestionar es difícil

Sin importar si se trata de oficinas grandes, medianas o pequeñas, es difícil gestionarlas. Esa es la opinión de ambas consultoras. Y aquí entra en el análisis otro factor, cada vez más reconocido por quienes estudian el merado legal: ”el tradicional individualismo de la profesión”.

“Los rasgos de carácter y conducta de los profesionales que trabajan en las firmas, la tendencia individual de los socios a ‘sobreproteger’ a sus clientes y a no dar más información de la estrictamente necesaria”, influyen en la gestión.

Y añaden que en el caso de los estudios pequeños, la dificultad normal aumenta por la limitación de recursos económicos, humanos y tecnológicos; “porque falta tiempo para tareas distintas de la gestión de clientes y asuntos, y porque la carga de trabajo se ha considerado normalmente manejable siguiendo criterios artesanales de gestión”.

Así, uno de los primeros análisis que se debería hacer en cualquier firma de abogados es cuál es el costo de oportunidad del tiempo que los profesionales dedican a tareas de gestión, porque parte de las horas destinadas a ello “se están robando al paquete de horas facturables por un costo muy superior al que tienen, mientras que esas tareas podrían ser realizadas por profesionales que incluso tardarían menos tiempo”.

Finalmente ¿qué información se está perdiendo el que no lleva una buena gestión? “Sin gestión no se puede tomar buenas decisiones. No hay datos confiables y las decisiones se toman a ciegas. Como decía Peter Drucker, abogado austríaco y padre del Management, lo que no se mide no se puede mejorar”.

 
* Marisa Méndez (Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.) es abogada y coach española y junto a Carolina Sumar (Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.), periodista e ingeniero comercial chilena, se especializan en consultorías internacionales de gestión de firmas de abogados.

 

FUENTE:   http://idealex.press/mercado-legal/regulacion-de-la-abogacia-como-industria/ 

 

"En aplicación del principio de reparación íntegra, la compensación deberá ser suficiente para eliminar todas las consecuencias del acto ilegal del Estado y restablecer la situación que habría existido si ese acto no se hubiera cometido, incluidos los intereses".

Ricardo Vásquez Urra

Cuando un inversionista, protegido por un acuerdo internacional, es expropiado, o su interés ilícitamente dañado y obtiene un laudo favorable, será deber el Estado compensarle de forma íntegra.

Aparte del daño emerge y el lucro cesante -y un eventual daño moral- si el inversionista sufre otros daños adicionales  ¿deben ser éstos compensados? La pérdida de oportunidad de inversión de esa compensación y su consecuente rentabilidad -traducida en un interés hasta la fecha efectiva del pago- ¿formará parte de esa compensación? En definitiva ¿cuál es el estándar de reparación íntegra?

La jurisprudencia arbitral internacional sostiene, prácticamente de forma unánime, que el pago de intereses es una parte integral de la compensación.

Un tribunal CIADI en el caso Crystallex -CIADI N° ARB(AB)/11/2, en laudo de 4 de abril de 2016- sostuvo: “[E]l otorgamiento de intereses constituye un componente integral del principio de reparación íntegra en el derecho internacional, ya que, además de perder su propiedad y otros derechos, el inversor pierde la oportunidad de invertir fondos o de pagar deudas utilizando el dinero al que el inversor tenía derecho legítimo.”

El principio de reparación íntegra fue consagrado por la Corte Permanente de Justicia Internacional en el caso Fábrica de Chorzów.  En este caso, la Corte sostuvo que el principio esencial contenido en la noción real de un acto ilegal, es que la reparación debe, en la medida de lo posible, eliminar todas las consecuencias del acto ilegal y restablecer la situación que, con toda probabilidad, habría existido si ese acto no se hubiera cometido.

Ricardo Vásquez

Este principio ha sido aplicado por numerosos tribunales CIADI, por ejemplo en Gold Reserve c. Venezuela – CIADI N°. ARB(AF)/09/1, Laudo de 22 de septiembre de 2014–  Compañía de Aguas del Aconquija S.A. y Vivendi Universal S.A. c. República Argentina -Caso CIADI N°. ARB/97/3, Laudo de 20 de agosto de 2007- y Ioannis Kardassopoulos y Ron Fuchs c. República de Georgia -Casos CIADI N°s. ARB/05/18 y ARB/07/15, Laudo de 3 de marzo de 2010.

Los artículos 31, 34, 35 y 36 de los “Artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre la Responsabilidad de los Estados por Hechos Internacionalmente Ilícitos” establecen que el Estado responsable está obligado a reparar íntegramente el perjuicio causado por el hecho internacionalmente ilícito, comprendiendo todo daño, tanto material como moral, causado por éste, en la medida en que dicho daño no sea reparado por la restitución. Sin perjuicio de ello, la indemnización debe cubrir todo daño susceptible de evaluación financiera, incluido el lucro cesante en la medida en que éste sea comprobado.

De esta forma, en aplicación del principio de reparación íntegra, la compensación deberá ser suficiente para eliminar todas las consecuencias del acto ilegal del Estado y restablecer la situación que habría existido si ese acto no se hubiera cometido, incluidos los intereses.

Surge la pregunta, entonces, de determinar, desde qué momento se adeudan dichos intereses. En otras palabras, si deben indemnizarse intereses pre-laudo y post-laudo.

Deberán indemnizarse ambos, en la medida que la adjudicación de intereses sea necesaria para garantizar una reparación completa, por lo que dependerá de las circunstancias de cada caso.

Los intereses pre-laudo se calcularán sobre todos los daños que se generen hasta la fecha del laudo y que no hayan sido oportunamente compensados.

Los intereses post-laudo se calcularán sobre el monto de la compensación ordenada pagar por el tribunal, calculados desde el día siguiente de emitido el laudo, hasta la fecha del pago efectivo de la compensación.

El principio de reparación íntegra explicado, se aplicará al cálculo de intereses, en particular a la tasa de interés, sea simple o compuesta.

Se ha sostenido que la tasa de interés post-laudo, debiese ser mayor a la tasa de interés pre-laudo.

Así, por ejemplo, en el caso Gold Reserve citado, el tribunal señaló: “Con respecto al interés posterior a la adjudicación, el Tribunal considera que está facultado para otorgar dicho interés y, de hecho, que es una práctica común hacerlo. […] el Tribunal también puede determinar una tasa de interés diferente para aplicar a los intereses posteriores a la Adjudicación que la aplicada al interés previo a la Adjudicación. Esto se debe a que el objetivo del interés posterior a la Adjudicación es posiblemente diferente: los daños y perjuicios vencen en la fecha del Laudo, y a partir de este momento, el Demandado está esencialmente en mora de pago.”

La reparación íntegra de los daños sufridos requiere que los intereses sean compuestos.

El profesor de la Universidad de Oxford John Y. Gotanda en su trabajo “Intereses compuestos en las disputas internacionales” enseña que “en el mundo moderno del comercio internacional, casi todos los vehículos de financiamiento e inversión implican intereses compuestos, en lugar de simples. Por lo tanto, no es lógico ni equitativo otorgar a un reclamante solo interés simple cuando el demandado no cumplió sus obligaciones de manera oportuna, lo que ocasionó que el reclamante incurriera en cargos financieros que incluían intereses compuestos o renunciara a oportunidades que hubieran tenido un efecto compuesto en su inversión”.

Así también lo han entendido los tribunales arbitrales internacionales reconociendo que para compensar íntegramente los daños, los intereses deben ser así calculados. Por ejemplo, Pope & Talbot Inc. c. Gobierno del Canadá, Caso CNUDMI, Laudo sobre daños de 31 de mayo de 2002; Azurix Corp c. República Argentina, Caso CIADI No. ARB/01/12, Laudo de 14 de julio de 2006; y El Paso Energy International Company c. República Argentina, Caso CIADI No. ARB/03/15, Laudo de 31 octubre de 2011, entre otros.

En relación a la periodicidad de la capitalización de los intereses, quedará a criterio del tribunal arbitral el determinarla. Un tribunal en el caso Caratube International Oil Company LLP y Devincci Salah Hourani c. República de Kazajistán, Caso CIADI No. ARB/13/13, Laudo de 27 de septiembre de 2017 sostuvo “no existe una práctica uniforme entre los tribunales de inversión internacionales con respecto al período de capitalización apropiado” aplicando, así, un período de capitalización semestra

 

FUENTE:   http://idealex.press/mercado-legal/regulacion-de-la-abogacia-como-industria/