“Sé de facultades de Derecho de regiones que deliberada o inconscientemente preparan a sus alumnos para trabajar en el Estado y no les muestran el amplio sector privado…”

 

Hace algunos días estuve conversando con un abogado penalista de la Universidad de Chile (40 años), que antes trabajó en un estudio grande, pero armó oficina propia hace un par de años. Y me contaba con mucho orgullo que había contratado a la mejor alumna de su generación de la U. Católica de Valparaíso. No es lo usual. Me dio mucho gusto saberlo.

En un artículo publicado en Las Últimas Noticias dije que los alumnos de regiones son invisibles en Santiago, lo que no fue bien recibido por algunos planteles, aun cuando el llamado de atención iba hacia los empleadores.

Insisto: fuera de la capital hay facultades de Derecho excelentes, como la U. de Concepción, la U. de Valparaíso, la U. de Talca, la U. Católica de Valparaíso, la U. Austral de Valdivia y la U. Católica del Norte, pero para los socios de los estudios de elite o los gerentes legales de las grandes empresas, los abogados de regiones es como si no existieran.

¿Por qué? Porque en su gran mayoría privilegian saber el colegio en donde estudiaron a los 12 años sus abogados, qué redes de contacto formaron y su nivel de inglés. Eventualmente ello les servirá para compartir códigos culturales con los clientes.

Este fenómeno no era el mismo hace 3 o 4 décadas: como eran pocas las facultades de Derecho en el país, gente excelente, pero que no había quedado en la U. de Chile o en la UC, se iba a estudiar a Valparaíso o a Concepción. Hoy eso casi no pasa, porque existe una oferta muy variada en la capital y los padres prefieren tener a los hijos estudiando lo más cerca suyo posible. Mandarlos fuera de Santiago implica, además del costo del arancel anual, pagar pensión o departamento y perder el control sobre lo que el hijo hace o deja de hacer.

Por otra parte, las grandes empresas, aunque tengan su negocio principal en una región -forestales, portuarias, salmoneras, mineras-, tienen sus oficinas centrales, su domicilio principal y sus gerencias legales en Santiago.

Se produce otro fenómeno importante: sé de facultades de Derecho de regiones que deliberada o inconscientemente preparan a sus alumnos para trabajar en el Estado y no les muestran el amplio sector privado por el que podrían pelear un espacio con aquellos que estudiaron en la capital.

Todo lo anterior conspira para que los buenos abogados de regiones tengan sueldos más bajos que profesionales del mismo nivel (o incluso más bajo) en Santiago. Y las universidades no sacan nada con mirar para otro lado: el tiempo apremia y hay mucho que puede hacerse por mejorar esa situación.

¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos armando un sistema integrado de pasantías, con filosofía de responsabilidad social empresarial, para que estudiantes de Derecho de universidades no tradicionales o de regiones puedan irse vinculando con el entorno laboral.

Durante 2018 estaremos en fase piloto; ya hay 10 universidades que han mostrado mucho interés, y estamos contactando estudios y empresas para que ofrezcan pasantías que permitan a estos alumnos irse relacionando con el sector privado y a futuro, acceder a remuneraciones competitivas.

 
Sofía Martin Leyton
Directora
Idealex.press

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La iniciativa, que tiene su origen en la Cámara de Diputados, recibió el pronunciamiento desfavorable del máximo tribunal, aunque de manera dividida. Ahora, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento analizará la modificación al artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales.

 

 

Es un “acto público y formal que cumple un especial simbolismo que no cabe arriesgar por un criterio de pragmatismo relativo a las dificultades que experimentarían los postulantes con domicilio en ciudades de regiones distintas a la Metropolitana que, por lo demás, a esta Corte no le constan”.

Así, y entre otros argumentos, el pleno de ministros de la Corte Suprema respondió, el pasado 20 de diciembre, un oficio de la Cámara de Diputados que pedía su pronunciamiento respecto al proyecto de ley que modifica el Código Orgánico de Tribunales para habilitar a las cortes de Apelaciones a realizar audiencias públicas de entrega del título profesional de abogado.

“La solemnidad, en el entorno previsto en la ley, adquiere una trascendencia que excede la sola esfera individual de los aspirantes, puesto que los incardina en el sistema judicial y, en último término, en su vinculación con los justiciables", continúa la respuesta de los magistrados.

La iniciativa legal de los diputados Bernardo Berger, Daniel Farcas, Gonzalo Fuenzalida, Leopoldo Pérez, Jorge Rathgeb y Marcela Sabat —ingresado el 12 de octubre pasado— responde, según ellos, a la dispersión en el territorio nacional de los egresados, a la pérdida de la solemnidad necesaria y a la demora en la obtención efectiva del título, consecuencias del alto número de nuevos abogados —de universidades metropolitanas y regionales— y la cantidad de ceremonias realizadas.

En efecto, durante 2017 el Salón del Pleno presenció el juramento de 3.817 nuevos abogados, un 32% más que en 2013, cuando el total de nuevos profesionales era solo 2.891. Frente a esta nueva realidad, el máximo tribunal explica que ha adoptado algunas medidas, como incrementar la cantidad de audiencias públicas y la simplificación de la ceremonia, acotándose esta solo a la toma de juramento del postulante, quien, una vez concluido el acto, debe pasar a retirar su título a la oficina respectiva.

El informe, además, asegura evidenciar algunas inconsistencias en la propuesta, “toda vez que la audiencia respectiva pasaría a celebrarse ante una Corte de Apelaciones, pero el título seguiría requiriendo las firmas de los miembros de la Corte Suprema (...) Esa circunstancia no aparece cubierta ni abordada por el proyecto de ley”.

Votos favorables

La respuesta, sin embargo, no fue unánime, ya que el documento expresa los votos favorables de los ministros Ricardo Blanco, Gloria Ana Chevesich, Sergio Muñoz y Carlos Cerda.

Entre sus argumentos se encuentran la descentralización de la ceremonia, que ayudaría a descomprimir la presión de la Corte Suprema por el alto número de postulantes; que el traspaso no significaría mayores gastos, y que jurar en el tribunal de alzada respectivo significaría una gratificación inmaterial, toda vez que su grupo familiar y comunidad de origen podría ser testigo del acto solemne.

Más aún, frente a la propuesta de que en la Región Metropolitana continúe siendo la Corte Suprema el lugar donde se realice el acto, los ministros Blanco y Chevesich dieron un paso más y expresaron su voto favorable a que la ceremonia sea traspasada a los tribunales de alzada de Santiago y San Miguel.

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Luego de 3 años presidiendo Transparencia Internacional, el peruano José Ugaz Sánchez-Montero retoma su calidad de abogado en el estudio BFU, donde se espera que sea un motor de cambio en los servicios jurídicos tradicionales, integrando al compliancediagnósticos organizacionales y redefiniciones de procesos.

 

S. Martin

Era octubre de 2014 y el abogado peruano José Ugaz Sánchez-Montero había sido recién elegido presidente de la Junta Directiva de Transparencia Internacional, organización global contra la corrupción, que tiene presencia en más de 100 países.

Hoy, en enero de 2017, Ugaz figura de vuelta en el sector privado como socio del estudio jurídico Benítez, Forno & Ugaz.

El regreso de este abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (1984) no ha pasado desapercibido. Ya ha aparecido escribiendo para el diario El Comercio y en el sitio especializado legis.pe.

Y si bien se ha mencionado toda su experiencia en litigación y en temas de corrupción, lo que dicen fuentes allegadas al profesional es que quiere salirse un poco de la etiqueta de penalista.

Sin negar que su historia profesional está ligada a ese área, el objetivo es que aquella sirva para fines más específicos, como asesorar en la implementación de políticas de compliance, más allá de los aspectos legales, incluyendo diagnósticos organizacionales y redefinición de procesos, todo, por supuesto, con el objeto de fomentar buenas prácticas y reducir riesgos de corrupción en empresas y organismos.

Siguiendo la tendencia mundial, en Perú está recién estrenada la Ley 30.424, norma que establece responsabilidad penal para las personas jurídicas, razón por la cual el escenario está listo para abordar servicios que abarquen el compliance como un área de ejercicio profesional que tiene mucho por crecer.

De lo que se sabe, Ugaz vendría con la intención de utilizar su extensa experiencia internacional viajando alrededor del mundo al servicio de la transformación del mercado legal, “de cómo hacer Derecho”. El acento estaría puesto en que BFU lidere una forma más estratégica y al mismo tiempo cercana, en el tema de litigios, pero potenciando sus otras áreas de práctica. Ugaz tendría una visión radical de las necesidades de modernización y de evolución del modelo de negocios, por lo que, aventuran, es probable que haya cambios significativos en la firma en los próximos meses.

“Tanto nuestra apuesta local, como la expansión de nuestros servicios más allá de las fronteras peruanas, ha supuesto una nueva óptica de nuestra propia organización, lo que ha implicado la natural adecuación de los equipos de trabajo”, dijo a Legis.pe.

Además de la carrera de Derecho, José Ugaz tiene estudios en el Institute of Social Studies, La Haya, Holanda (1990) e hizo una especialización en derechos humanos en la Universidad de Salamanca, España, en 1995. También es miembro de Proética, el Capítulo Peruano de Transparency International, que se creó en 2002, como la primera ONG peruana dedicada exclusivamente a promover la ética y luchar contra la corrupción.

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El mercado y el propio BC apostaban por una cifra bajo 3%, pero el penúltimo mes del año pasado sorprendió con una expansión de 3,2% impulsada por el sector no minero. Perspectivas para PIB 2017 se movieron al alza.

Imacec desborda las expectativas en noviembre y consolida repunte de la economía

 

No estaba, literalmente, en los cálculos de nadie. Ni siquiera el analista más optimista se acercó al Imacec del mes de noviembre, que, fuera de todo pronóstico, registró una expansión de 3,2% anual, su mayor avance desde el 4% de febrero de 2016 (ver gráfico).

Así, la diferencia con lo anticipado por la Encuesta de Expectativas del Banco Central fue de 0,9 puntos, mientras que las encuestas más recientes del mercado arrojaban un consenso de solo 2,5% para el mes.

De hecho, el propio presidente del Banco Central, Mario Marcel, quedó corto respecto a la cifra, ya que tras la sorpresa de octubre (2,9%) anticipaba un Imacec para noviembre y diciembre “más cercano al 2%”, con lo que el mercado y el ente emisor revisarían al alza las proyecciones para el PIB 2017, pasando del 1,4% a una cifra cercana al 1,5%-1,6%.

Quien recibió con satisfacción la cifra fue el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, ya que junto al ex ministro Rodrigo Valdés, venían anticipando hace meses un cuatro trimestre en torno a 3%, lo que estaría ratificándose con la última información.

“Tal como lo ha dicho la Presidenta, (…) vamos a entregar el gobierno con una economía en alza y con cifras al alza, muy equivalentes a las que recibimos en los últimos trimestres cuando llegamos al gobierno”, dijo el jefe de la billetera fiscal.

El titular de Hacienda sostuvo que hacia adelante “se confirma la reactivación de la economía chilena”, agregando que para el último trimestre de este gobierno, enero-marzo de 2018, “las cifras estarán en ese orden (3%) o incluso superior”.

Coincidiendo con el escenario de reactivación, el ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, sostuvo que “ya no son brotes verdes sino que se ve el tronco”.
Con todo, consultado por el bajo nivel del tipo de cambio, que ha preocupado a exportadores y quienes sustituyen importaciones en la economía, Eyzaguirre señaló que es un desafío que tendrá que analizar el Banco Central, sobre todo porque estos sectores ya venían presionando por una baja de la tasa de interés. (Ver secundaria).

Sorpresa del mercado

La llamativa diferencia entre las proyecciones de los analistas y el dato concreto del Imacec de noviembre, estuvo principalmente ligado a la fuerza del sector no minero, a diferencia de lo observado los últimos meses.

En su comunicado, el ente emisor explicó que el Imacec minero aumentó 2,9% -su avance más moderado desde junio de 2017- mientras que el resto de los sectores, impulsados por las actividades de comercio, servicios e industria manufacturera avanzaron 3,2%, su mayor expansión desde febrero de 2016.

En esta línea, analistas confirmaron la recuperación de la economía como tendencia, apuntando además al Imacec desestacionalizado -corregido por efectos estacionales y calendarios- que avanzó 0,7% en noviembre respecto al mes anterior, revirtiendo la caída de 0,2% mensual que anotó octubre.

“Evidentemente hay una reactivación en marcha”, dijo Alejandro Alarcón, economista de la U. de Chile, señalando que “lo más importante detrás de este Imacec es la recuperación de la expectativas y las confianzas en el país, lo que venía incubándose los últimos meses”. Así, apostó a un primer trimestre de 2018 entre 2,5% y 3%, seguido de un alza de 3,5% entre abril y junio, para luego alcanzar el 4% el último periodo del año.

Asimismo, Itaú Chile señaló que “la robusta actividad al final de 2017 tiene un efecto estadístico favorable para este año”, anticipando que un apoyo más relevante del cobre, junto al crecimiento mundial y el estímulo monetario, entre otros, llevaron a que “nuestro pronóstico de crecimiento de 2,7% para 2018 tenga un sesgo al alza”.

Más cauteloso, Benjamín Sierra, economista jefe de Scotiabank, señaló que “el comportamiento tendencial no sugiere que esto sea una recuperación muy violenta del ritmo de actividad”, anticipando que “algunos sectores, como la manufactura y la minería, a pesar de los buenos resultados recientes, dan señales de desaceleración para los meses siguientes”.

De la misma manera, Jorge Lorca, economista jefe de Banchile Inversiones, llamó a “mantener en perspectiva el rol clave de la escasa base de comparación sobre estos resultados y los que vendrán en la primera parte de 2018”.

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En Australia se lanzó hace unas semanas un sistema de IA que entrega a los usuarios soluciones sobre temas de consumo, impositivos y testamentos, todo mediante un chatbot ubicado en un centro comercial. Contrario a lo que muchos auguran, su creador estima que aunque podrían reducirse algunas áreas “repetitivas y aburridas”, habrá un gran incremento en el número de trabajos legales.

 

Nicola Z.

Una oficina ubicada en medio de un centro comercial ofrece servicios legales a los ciudadanos australianos que pasen por sus puertas. Típica estrategia para conseguir clientes fácilmente, dirán algunos; sin embargo, lo que no saben es que al interior de ese espacio no hay nada más que un escritorio con un computador, junto a la decoración tradicional de un despacho de abogados. No hay humanos alrededor porque se trata, como su nombre “Law Firm Without Lawyers’ indica, de una “Firma sin abogados”.

Su creador es Adrian Cartland, quien dirige el estudio jurídico Cartlands Law, que sí cuenta con trabajadores de carne y hueso. Sobre su desarrollo, contó a Legal Futures que se trata de un chatbot —programa que simula una conversación al dar respuestas automáticas a entradas hechas por el usuario—, que entrega soluciones sobre asuntos de derecho de consumo y tributario, su especialidad, además de testamentos y últimas voluntades.

En el corto plazo, además, piensan extenderlo a materias de violencia intrafamiliar: el año pasado ganaron un fondo del gobierno local del sur de Australia para desarrollar esta última área y así ayudar a las víctimas a reportar sus casos. También explica que su deseo es llevar esta propuesta desde la ciudad de Darwin, donde está funcionando, a otros lugares, como Reino Unido. Para ello, asegura a la publicación, ya están trabajando con socios de Australia y otras partes del mundo.

Paso a paso

De acuerdo al artículo escrito por Dan Bindman, el inicio de esta innovadora propuesta fue el desarrollo, el año pasado, de Ailira, acrónimo para “Artificially Intelligente Legal Information Resource Assistant”, el sistema de inteligencia artificial (IA) con el que los clientes se comunican para resolver sus dudas. Eso sí, de necesitar la intervención de un abogado existe la opción de comunicarse remotamente con los profesionales de Cartlands Law, ubicados en la ciudad de Adelaida.

A juicio de su responsable, Ailira es un sistema es similar a Siri, el asistente personal creado por Apple para sus iPhone y que en su minuto revolucionó el mercado, “pero con un foco y entendimiento profundo del Derecho”. Como prueba de sus habilidades, asegura que su novia, que no es abogada y no tiene experiencia en el área tributaria, pasó un examen universitario sobre la materia con una breve introducción al respecto y el apoyo de Ailira. ¿Su resultado? Un 73% de respuestas buenas.

No es el fin de los humanos

Pese a que muchos han vaticinado el fin de ciertas labores legales en pos de la automatización, lo que redundaría en la eliminación de empleos y donde algunos incluso hablan de un 40 % menos de aquí al 2025, sólo en Australia, Cartland está convencido de que ese no es el futuro, sino que solo se tratará de una reconfiguración de las labores.
“Aunque se dará una reducción de algunas áreas del Derecho que son repetitivas y aburridas y que son mejor efectuadas por la IA, habrá un gran incremento en el número de trabajos legales”, comenta, y agrega: “Por ejemplo, ‘Law Firm Without Lawyers’ contrató a tres graduados de Derecho para trabajar en una práctica que antes no existía”.

En este sentido, asegura que “hay muchos aspectos que no están funcionando en el Derecho, tanto para los abogados como para los consumidores. Nuestra misión es simple: arreglar lo que no funciona”. ¿Qué es lo que hay que arreglar? Dos serían, a su juicio, los principales pilares de aquello: automatizar tareas costosas y reiterativas, como la
investigación legal, y entregar acceso a la justicia a personas que cuentan con menos recursos para costearla.

Otro hito interesante, esta vez en Chile, es la asociación entre la empresa Cognitiva y el Diario Oficial, quienes han desarrollado un sistema para generar estadísticas y gráficas de interés público, resguardando la seguridad y la certeza jurídica, utilizando la inteligencia artificial. De acuerdo a información publicada en Revista Qué Pasa, el Diario Oficial de Chile cumplió 141 años, edad en que ha debido enfrentar un “proceso de modernización que lo ha transformado en uno de los más modernos en su tipo”.

 
* Éste es un extracto en castellano del artículo titulado “Chatbot-based ‘firm without lawyers’ launched”, publicado en el sitio web especializado Legal Futures.

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