“Las firmas que realmente quieren contar con ellos han de estar dispuestas a entregarles autonomía, flexibilidad y darles feedback continuo, hacerlos participar en trabajos desafiantes…”

 

millennials

 

Marisa Méndez / Carolina Sumar

“Los millennials son nuestros jóvenes. Nosotros los adultos necesitamos salir al paso, darnos verdadero tiempo para entender quiénes son y por qué se comportan como se comportan. Dejar la crítica y poner nuestra ‘adultez’ al servicio”. Esta es la actitud que reclama Simon Sinek, autor del libro “Start with Why“, en su charla “Los millennials en el lugar de trabajo” y que es totalmente aplicable a la incorporación de los jóvenes a las firmas de abogados.

Son muchas las voces críticas con los jóvenes, generalmente, por falta de conocimiento y empatía. Sin duda es una generación distinta a las anteriores, a quien le toca vivir un momento de cambio de paradigma social y laboral y que se han criado en una realidad diferente a la de sus antecesores y jefes. El objetivo de este artículo es conocerlos un poco mejor.

¿Quiénes son los millennials? Es una generación nacida entre principios de los 80 y mediados de los 90, y que, en Chile, representará el 75% de la población laboral activa en 2025. Se les llama también la generación Y, nacieron en una época de prosperidad económica y no conciben la realidad sin tecnología.

¿Qué los motiva?
• Autonomía
• Flexibilidad horaria y espacial
• Ser parte de una empresa que promueva valores sociales
• Trabajos desafiantes
• Que sus voces sean escuchadas
• Ser parte de equipos con miembros creativos y brillantes
• Empoderamiento
• Posibilidades de formación formal e informal

¿Cómo pueden las empresas y, en especial, las firmas de abogados tener éxito en atraerlos y retenerlos? Los despachos que realmente quieren contar con ellos han de estar dispuestos a entregarles autonomía, flexibilidad y predictibilidad, darles feedback continuo, hacerlos participar en trabajos desafiantes, darles la oportunidad de trabajar directamente con los expertos y vincularles a los proyectos o asuntos con los clientes. Todo ello, necesita de un sistema transparente y eficaz de mentoring que atienda también a las diferencias individuales, que sigue ahí.

Las anteriores son estrategias que las firmas de abogados deben adoptar si quieren que sus millennials sean parte de sus firmas en el largo plazo. Es cierto que son más propensos a cambiar de trabajo que las generaciones X y los Baby Boomers, pero ello se debe a que siguen un modelo distinto de lealtades. Son leales a un proyecto con sentido, inclusivo y motivador y a las personas que lo representan con honestidad. No son leales a una marca sin más valor que la imagen.

En su libro “Smart Collaboration“, la profesora de Harvard Heidi Gardner asegura que el desafío no sólo está en contratar exitosamente a estos millennials, sino que en lograr retenerlos. ¿Y cómo? Su apuesta es a través de la colaboración. Los millennials esperan que socios y asociados seniors los involucren en todos los aspectos de su trabajo, que los desafíen continuamente y que los expongan a trabajos y materias importantes. ¡Ellos quieren trabajar con líderes que los empoderen! Para Gardner, este empoderamiento consiste en que los socios con quienes trabajan los dejen tomar decisiones y escoger su propio camino dentro de la firma.

Los líderes de los estudios de abogados tienen un gran desafío en lograr motivar y retener a sus millennials, pero a la vez una tremenda suerte al poder contar con esta generación de abogados jóvenes que cree firmemente que a través del feedback y el análisis constante se puede optimizar el servicio que se le entrega al cliente, y quienes minimizarán los riesgos al estar constantemente adaptándose a las cambiantes condiciones del mundo de los negocios y a los feedback de los clientes.

La invitación es a no quedarnos con conceptos negativos sobre ellos, como los de la reciente columna de opinión de Antonio Navalón, en el diario El País, donde señala que gran parte de esta generación que está tomando el relevo no tiene responsabilidades, ni obligaciones y tampoco un proyecto definido. Son distintos a cualquier generación anterior porque los países desarrollados están inmersos en la cuarta revolución industrial y con una situación de empowerment de los ciudadanos y los trabajadores, en las que todos tenemos voz y voto. Hay que contar con la nueva generación, no intentar moldearla a nuestro gusto.

En Estados Unidos, al crack del 29 le siguió una crisis que realmente no tocó su fin hasta los años 50. Un estudio publicado hace unos años examinó las firmas de abogados pre y post crisis y encontró que aquellas que no sólo sobrevivieron, sino que se fortalecieron, tenían una cosa en común: cuando empezó la crisis contaban con una masa crítica de socios jóvenes. Supieron ver más allá del corto plazo.

Confiemos en los millennials porque el futuro es de ellos y tienen mucho que aportar.

 
Marisa Méndez (Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. ) es abogada española y junto a Carolina Sumar (Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. ), ingeniero comercial chilena, se especializan en consultorías internacionales de gestión de firmas de abogados.

Fuente: Resultado de imagen para idealex.press

 

Una investigación de CEJA aborda su historia, sus objetivos y sus metodologías de enseñanza, entre varios otros tópicos.

 

escuelas judiciales

 

S. Martin

“En nuestra región, la formación en ámbitos judiciales se ha instalado hace muy pocos años. De hecho, las primeras Escuelas Judiciales de América Latina fueron creadas en el transcurso de la década del ochenta y en la actualidad muchas de ellas continúan redefiniendo sus estructuras, funciones y ámbitos de actuación”.

El párrafo anterior es parte de la introducción del libro “Capacitación Judicial en América Latina. Un estudio sobre las prácticas de las Escuelas Judiciales”, que lanzó el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA.

Los autores son los investigadores Leonel González y Jeremy Cooper, aunque también aparecen en los créditos Gonzalo Fibla, Juan José Martínez y María Jesús Valenzuela.

Si quieres verificar qué escuelas judiciales de Latinoamérica participaron en la investigación, encontrarás el listado en las páginas 100 y siguientes.

La capacitación

En el texto se menciona que “la gente se perfecciona porque cree que de este modo va a poder aumentar sus ingresos, avanzar en su carrera obteniendo ascensos o promociones, o bien porque su prestigio se vería en jaque si no
lo hace, allí donde su prestigio es también una herramienta de trabajo y, por ende, incide en su carrera y en sus ingresos”.

Ello implicaría que si bien los tribunales fueron avanzando progresivamente en una agenda de cambios, el sistema de capacitación “gravitó alrededor de incentivos que estaban desconectados de la realidad judicial”, situación que se habría producido en gran medida “porque los operadores interpretaron los cambios en clave del sistema escrito o tradicional que regía con anterioridad y por ello no se extendió la necesidad de adquirir destrezas para desempeñarse en el nuevo sistema”.

A lo anterior se suma que “desde los propios tribunales no se produjo una mirada introspectiva sobre las dinámicas de trabajo y los resultados que se alcanzaban”, dice el estudio.

Se produjo así un divorcio entre la producción de los conocimientos (ámbito científico), el de su transmisión (ámbito educativo) y el de aplicación (la realidad).

escuelas judicialesCEJA

Innovaciones de la pedagogía

Según la investigación de CEJA, las últimas décadas significaron un avance muy profundo en la consolidación de nuevas tendencias y enfoques conceptuales para el aprendizaje de adultos.

Por ejemplo y contndo desde la década del 70 del siglo pasado, se comenzó a configurar la “Teoría del aprendizaje experiencial” (David Kolb, John Dewey), “el Constructivismo” (Jean Piaget), y la “Pedagogía crítica” (Paulo Freire, Carl Rogers”.

Este movimiento habría posicionado a la educación como un proceso centrado en el alumno, y al aprendizaje como el proceso por el cual se crea el conocimiento a través de la transformación de la experiencia (Kolb, 2014). A su vez, explica el texto, propició una mirada “de afuera hacia adentro”, contrastante con el enfoque “de adentro hacia afuera”.

El educador cumpliría así 4 roles:
– facilitador: ayuda a los alumnos a ponerse en contacto con su experiencia personal y reflexionar sobre ella
– experto en la materia: ayuda a los alumnos a organizar y conectar sus reflexiones a la base de los conocimientos de la materia
– regulador o evaluador: ayuda a los alumnos a dominar la aplicación de los conocimientos y las habilidades con el fin de cumplir con los requisitos de desempeño
– entrenador: ayudan a los alumnos a aplicar los conocimientos para lograr sus metas

Te recomendamos revisar las “prometedoras y buenas prácticas”, desglosadas por país, desde la página 116 en adelante.

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“No es raro que aún se enseñe que el abogado en un servicio público no debiera meterse en la gestión del mismo, limitándose a verificar que las actuaciones estén conforme a la regulación, en un argumento que reduce todo lo que no es regulación a una caja negra mental, donde el jurista no está llamado a opinar…”

 

gestión

 

Ignacio Miranda Saldívar

¿Puede oponerse alguien a que una organización, cualquiera que esta sea, opere con los principios de eficacia y eficiencia como su norte? Por cierto que no. Menos aun en el caso de la Administración Pública.

Así, desde los años 90 a la fecha, este interés por la gestión también surgió en esta área y tiene un nombre histórico: Nueva Gestión Pública, una tendencia de administración pública que sostenía, principalmente, la necesidad de aplicar las modernas técnicas del mundo privado en el sistema público.

Esta tendencia, que en Chile se comenzó a palpar realmente a principios de los 2000, llegó para quedarse. Conforme avanzó el tiempo se ha complementado con otros movimientos y escuelas de pensamiento en la materia, añadiendo a la gestión elementos como la participación y el interés público.

La pregunta es qué rol tiene el abogado en todo esto y es un cuestionamiento válido considerando que, tradicionalmente, el tema gestión no es revisado ni someramente por nuestra profesión, en especial en la formación de pregrado y, la mayor parte de las veces, tampoco en el posgrado.

No es raro que aún se enseñe que el abogado en un servicio público no debiera meterse en la gestión del mismo, limitándose a verificar que las actuaciones estén conforme a la regulación y que no debiese tener un decir u opinión, con el fin de no cuestionar el mérito de la decisión, en un argumento que reduce todo lo que no es regulación a una caja negra mental, donde el jurista no está llamado a opinar.

Esta tendencia —sostengo, entre otros— debe cambiar. Más allá de no entrar en el mérito de las decisiones administrativas, el abogado de servicio público (o el actúa de asesor) debe entender un mínimo sobre gestión y abandonar la postura de un mero revisor de legalidad.

Una primera razón radica en la fiscalización: ¿cómo es posible fiscalizar, regular o evaluar de alguna manera la aplicación de los principios comentados —eficiencia y eficacia—, si no se tiene idea de lo que ocurre dentro del manejo cotidiano de un servicio?

Evaluar la mera formalidad de la gestión es absolutamente inútil para efectos de la eficiencia y eficacia. En la línea de la prevención del riesgo de infracción, materia propia de compliance en el sector privado, se señaló repetidas veces que la labor del oficial que ejerce esta función —que puede y suele ser un abogado— es justamente gestionar los riesgos de manera tal que el control no paralice la organización.

En los servicios públicos —ha declarado la Contraloría chilena— la mejor política es la prevención de la gestión “riesgosa” de infracción de ley, y ello no puede conformarse a simplemente “parar el acto”, sino que debe haber una solución más compresiva para poner a tono el servicio público, la que puede venir de un abogado que entienda sobre gestión, que vaya más allá de ser un simple fusible que “salta” cuando no calza algún comportamiento con la letra de la ley.

La segunda razón enlaza con lo anterior, desde el punto de la competitividad, argumento valedero por cierto para el sector privado, pero también para el público en el siguiente sentido: al final del día, todo jefe de servicio —los cargos más elevados en la administración estatal— tienen como principal deber el saber gestionar.

Un abogado en servicio público tiene ya adelantada una competencia muy importante para dicha función: el conocimiento de la regulación.

Sin embargo, si se desea ejercer la jefatura de un servicio, hoy por hoy es necesario saber de gestión, dado que, por antonomasia, es la función que desempeña un jefe en cualquier organización.

La competitividad de los abogados frente a otras profesiones se ve fuertemente incrementada por ampliar el conocimiento profesional más allá de la normativa, algo que ya se ha adelantado en el sector privado, a partir de la formación de los abogados corporativos y de compliance.

Al menos en lo que se refiere a la eficiencia y eficacia, el debate entre regulación privada y pública debiera ser artificial. No hay sector que desee no ser eficiente o eficaz.

Cuando el abogado sabe de gestión, puede conciliar ambos mundos: lograr mejores soluciones y en definitiva lograr un mejor desempeño en beneficio del ciudadano.
 

Ignacio Miranda Saldívar es abogado y Magíster en Derecho con mención en Derecho Público de la Universidad Católica de Valparaíso. Es jefe del área jurídica del Centro de Estudios y Asistencia Legislativa (CEAL) de dicho plantel y también ejerce como consultor jurídico en proyectos multidisciplinarios y de gestión para el sector público.

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Se trata de un proyecto pionero, que a través de una figura colaborativa velará por el respeto de la profesión. También desarrollaron una App mediante la cual los profesionales podrán comunicar en tiempo real, tanto las incidencias como las buenas prácticas.

 

Consejo General de la Abogacía Española, Law & Trends

El Colegio de Abogados de Madrid acaba de poner en marcha la figura del Defensor del Abogado, una iniciativa pionera en el ámbito de la abogacía que velará por el respeto de la profesión ante la Administración de Justicia y potenciará las buenas prácticas desarrolladas en los órganos jurisdiccionales.

Todo ello lo hará en tiempo real y con alcance masivo gracias a una aplicación móvil a disposición de los más de 40.000 abogados ejercientes registrados en la institución colegial.

La decana Sonia Gumpert, acompañada por los diputados de la Junta de Gobierno Javier Íscar y José Manuel Pradas, ha presentado hoy el proyecto en la sede del Colegio de Abogados, en cuyas fachadas se han desplegado grandes carteles para dar a conocer la iniciativa también a los ciudadanos.

“El Colegio quiere velar por el respeto y la consideración debida a los abogados en el desarrollo de su profesión, garantizar el libre y digno ejercicio de la defensa y contribuir a la consecución de una justicia de calidad”, explicó la decana.

La iniciativa, que no entrará en cuestiones de fondo ni jurisdiccionales, busca “favorecer la plena implantación de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de Justicia”, subrayó.

El Defensor del Abogado nace como una figura colaborativa que aspira en último extremo a mejorar la calidad de la Justicia y para ello contribuirá a difundir y potenciar las buenas prácticas desarrolladas en juzgados y tribunales de la capital española. “Los Abogados de Madrid queremos seguir siendo interlocutores colaborativos y necesarios en cuantos proyectos tengan como horizonte la consecución de una Justicia de calidad en nuestra ciudad”, añadió.

Una App para los abogados de Madrid

Para agilizar todo el proceso, el Colegio ha implementado una aplicación móvil que permitirá a los abogados ejercientes enviar en tiempo real tanto las incidencias acaecidas en órganos judiciales y centros de detención como las buenas prácticas que faciliten el ejercicio profesional y contribuyan a mejorar la calidad del servicio que prestan a los ciudadanos.

La App, disponible tanto en Google Play como en App Store, posibilitará a comunicar en pocos segundos el trato desconsiderado, retrasos en señalamientos, dilaciones indebidas y otras situaciones que impidan el correcto desempeño de su labor profesional. “Juntos podemos hacer que la voz de la abogacía suene mucho más alto en las salas”, aseguró la decana.

Los colegiados también podrán enviar imágenes de las instalaciones que se encuentren en un estado inadecuado y participar en las inspecciones programadas por las principales instituciones del ámbito jurídico. La herramienta incluye además un directorio de los principales órganos jurisdiccionales y un acceso directo a las últimas novedades y noticias del Colegio de Abogados.

Ranking de Juzgados

Al otro lado de este sistema de comunicación bidireccional, el Defensor del Abogado cuenta con un equipo dirigido por Victoria Espejel. Integrado por 11 personas, se dedicará de forma exclusiva a gestionar y dar respuesta a las incidencias enviadas por los letrados.

Con toda la información recogida en tiempo real se elaborarán periódicamente informes en los que se plasmarán tanto las deficiencias a corregir como las buenas prácticas a difundir. Aunque carece de cualquier tipo de potestad disciplinaria, a partir de las incidencias y buenas prácticas recibidas el Defensor del Abogado realizará un ranking de juzgados y tribunales con el objetivo de visibilizar la situación actual de la Administración de Justicia y contribuir a su mejora.

Mario Marcel abordó, además, las mejoras en las expectativas en cuanto a inversión y crecimiento.

SANTIAGO.- El presidente del Banco Central (BC), Mario Marcel, se refirió a los eventuales efectos que podrían tener las elecciones de este año en la economía nacional, en donde afirmó que "no representan ningún riesgo".

En entrevista con El Mercurio, indicó que "en los países democráticos hay elecciones y la economía sigue funcionando. Por supuesto, en un proceso electoral se generan ciertas señales de las cosas que les preocupan a quienes aspiran a dirigir al país, las cosas que les preocupan a las personas. Luego, eso se traduce en ciertas políticas hacia el futuro".

Sin embargo, el economista añadió "exactamente cómo incide eso sobre la economía, es difícil de discernir; en cualquier caso, es un proceso relativamente corto". En lo que sí hay que pensar, afirmó Marcel, es en "cómo las políticas públicas que vengan en el futuro van a incidir sobre la capacidad de la economía chilena para crecer, ser más estable, ser más inclusiva".

Inversión y crecimiento del PIB

El presidente del BC también habló sobre a las proyecciones del IPoM, el cual proyecta una nueva caída de la inversión en capital fijo este 2017, lo que significan cuatro años de contracción. Sin embargo, desde el ente emisor prevén un aumento del 3% para el 2018. Esto, de acuerdo a Marcel, se funda dado que posiblemente hayan componentes de la inversión que dejen de caer –inversión minera y construcción- y que predomine la "mayor inversión en maquinaria y equipos es suficiente para que la inversión crezca el próximo año a una tasa moderada. No se proyecta un boom de la inversión".

En cuanto a los factores que están detrás de la proyección de crecimiento del PIB entre 2,5% y 3,5% en 2018, considerando la baja expansión durante los últimos años, la autoridad indicó que "esto no significa que se espere un crecimiento particularmente dinámico. Sino algunos factores que incidieron negativamente sobre la actividad y la inversión a fines del año pasado, y en la primera mitad de este año van a ir desapareciendo".

Fuente: Resultado de imagen para emol