Aquellos que se pactan entre 30 y 45 horas semanazas deben remunerarse como prestaciones de tiempo completo.

La Corte Suprema determinó que los contratos de jornada laboral parcial no pueden superar las 30 horas semanales; y que aquellos que se pactan entre 30 y 45 horas semanales, deben considerarse -y remunerarse- como prestaciones de tiempo completo.

En fallos unánimes, la Cuarta Sala del máximo tribunal rechazó sendos recursos de unificación presentados en contra de sentencias dictadas por juzgados de Letras del Trabajo de Santiago, que ordenaron pagar íntegramente las prestaciones a empleados de empresas ligadas al retail, contratados por 40 horas semanales.

Las causas se iniciaron respectivamente con las demandas presentadas por el Sindicato de Empresas Servicios Generales Tobalaba Limitada, en representación de 37 trabajadores, ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago; y por el Sindicato de Trabajadores N° 1 Paseo Centro, en representación de 54 trabajadores, ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

Según se informó, todos los trabajadores tenían contratos por 40 horas semanales, pero se les remuneraba como contratados bajo el régimen de jornada parcial.

"Queda de manifiesto la existencia de distintas interpretaciones sobre una misma materia de derecho, a saber, la procedencia o no, del pago de un sueldo proporcional cuando trabajador y empleador han pactado una jornada de trabajo superior a treinta horas y menor a cuarenta y cinco horas semanales. Frente a la contradicción constatada y para una apropiada solución de la controversia, resulta necesario determinar y aplicar la correcta doctrina sobre la materia", sostiene uno de los fallo.

De esta manera, "el legislador permitió remunerar la jornada parcial -aquella que no excede de 30 horas semanales- con un sueldo proporcional al ingreso mínimo mensual que se paga por la jornada ordinaria; en otras palabras, ha permitido pagar la proporción del ingreso mínimo mensual por las horas trabajadas, de modo que si la jornada parcial puede extenderse hasta dos tercios de la jornada ordinaria", establece la Corte Suprema.

Lo anterior descarta la existencia de jornadas parciales superiores a 30 horas semanales pues el exceso se entiende como horas extraordinarias, sostiene el tribunal.

 

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Ex directores analizan los 'pro y contras' del proyecto de ley que busca fortalecer al Sernac

De izquierda a derecha: Luis Sánchez Castellón, Juan Antonio Peribonio y Juan José Ossa.

 

Luis Sánchez Castellón, Juan Antonio Peribonio y Juan José Ossa hablan sobre la propuesta y las indicaciones ingresadas por el Gobierno a la iniciativa.

El proyecto de ley que impulsa el Gobierno para darle mayores facultades al Servicio Nacional del Consumidor  (Sernac), y que actualmente se discute en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, ha provocado reacciones poco favorables en el empresariado y en parlamentarios de oposición.

La propuesta del Ejecutivo que modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, consideraba originalmente un aumento en las multas, el fortalecimiento de las asociaciones de consumidores y la entrega de facultades para fiscalizar, sancionar y normar aspectos de la ley de protección de los consumidores.

Sin embargo, transcurridos más de tres meses desde la presentación del proyecto, el Gobierno introdujo 22 indicaciones que apuntan a precisar las nuevas atribuciones que tendrá el Servicio.

Luis Sánchez Castellón, el primer director de Sernac en democracia -entre los años 1990 y 1993-, calificó la reforma como "indispensable" y enfatizó en que "hay que dar este paso que ha dado el Gobierno de la Presidenta Bachelet. Es muy importante para crear las condiciones para que el respeto a los derechos de los consumidores en Chile sea integral".

En tanto, Juan Antonio Peribonio, director entre 2010 y 2012 durante el Gobierno de Sebastián Piñera, explicó a Emol que "puede parecer justificado que la misma institución fiscalice, sancione, interprete y demande indemnizaciones colectivas cuando se trata de defender a los consumidores, pero lo cierto es que tanta concentración puede generar también conflictos serios".

Por esta razón, el ex director entre los años 2012 y 2014, Juan José Ossa, destacó los cambios que se introdujeron y aseguró que "es posible aplicar los cambios, porque, buena parte de los reparos que existían respecto del proyecto original, han sido mejorados".

 

Rol de los Juzgados de Policía Local

Entre las indicaciones destaca la audiencia de conciliación obligatoria y dar más celeridad a la solución que entreguen los Juzgados de Policía Local, permitiendo ahora su actuar en última instancia, pero con la incorporación de un procedimiento de rápida tramitación que permita concentrar todo el proceso en una audiencia resolutiva.

Peribonio sostuvo que "deben ser los Juzgados de Policía Local los que deben conocer de las infracciones a la ley y así afortunadamente se enmendó en el proyecto, y es lo que me parece más razonable por múltiples factores".

"Las más importante, es por la especialidad de estos jueces que son conocedores de esta materia; el aspecto territorial porque hay tantos juzgados como comunas en el país y, porque además no se requiere patrocinio de abogado para comparecer", agregó.

En tanto, Sánchez aseguró que "cuando se trata de integrar el procedimiento administrativo y sancionador con el rol de los tribunales hay que buscar una ecuación adecuada para garantizar que el Servicio no tenga la calidad de juez y parte, sino que se maneje exactamente como se manejan las demás Superintendencias que operan en el país".

 

Multas y "murallas chinas"

Por otro lado, se contemplan diferencias en la exclusividad sancionatoria del Sernac, ya que si la multa es menor a 30 UTM la entidad deberá resolverla de manera obligatoria. Pero si es mayor a dicha cifra, el consumidor podría tomar la opción de dirigirse directamente al Juzgado.

"Los esfuerzos deberían centrarse en recursos para acompañar al consumidor y dar asistencia judicial gratuita a quienes no puedan proveérsela, darles más opciones al consumidor como arbitrajes de consumo imparciales expeditos y gratuitos", añadió Peribonio.

Además, se propuso establecer un sistema de "murallas chinas" entre las distintas funciones del Servicio para que los funcionarios que están en un área no puedan asumir responsabilidades en otras, especialmente en lo que tiene que ver con fiscalización y sanción.

"Veo difícil que opere correctamente la solución de la 'muralla china', hay pocas experiencias exitosas, más difícil aún en un servicio compacto y con una cultura organizacional como es el Sernac", afirmó Peribonio.

Al respecto, Juan José Ossa, aseguró que "si bien creo que el Sernac debiese potenciarse como un organismo netamente persecutor, creo que sí es posible combinar la fiscalización con las sanciones, en la medida que las murallas chinas sean realmente sólidas. Lo anterior es posible sólo si se cuenta con los recursos necesarios para separar las funciones tanto desde un punto de vista orgánico como físico".

Por su parte, Sánchez afirmó que "el proyecto está muy bien inspirado y busca fortalecer las capacidades de disuasión del servicio que son muy relevantes con la creación de una instancia administrativa donde se puedan resolver, con efecto vinculante para las partes, sin necesidad de conflicto jurisdiccional abierto, el conflicto entre un consumidor afectado y el proveedor".

Peribonio señaló que "en la defensa de los consumidores debe primar una política de Estado a largo plazo, una especie de posta. Durante los 4 años del gobierno del Presidente Piñera tomamos lo que se había hecho, pero asumimos que se debía romper el hielo y así lo hicimos y empezamos a cambiar la cultura trabajando en todos los mercados".

"Hoy el desafío es que los cambios vayan dirigidos a lograr mejoras estructurales en la relación proveedor-consumidor y no solo concentrarse en la aplicación de multas fiscales cuyos beneficios no llegarán directamente a la gente", agregó el también ex intendente de Santiago.

Por último, Juan José Ossa acotó que el proyecto "era una buena oportunidad para determinar con exactitud las competencias del Sernac y los organismos sectoriales que supervigilan mercados regulados. Eso no está en el proyecto, pero imagino que habrá uno posterior en este sentido".

Este lunes continuará la votación en particular del proyecto en la Comisión de Economía de la Cámara Baja, sesión a la que estará invitado el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes.

 

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Emol.com

Propuso sanciones proporcionales al fraude cometido, y además informó que hacia fines de año tendrán las iniciativas de autorregulación y buenas prácticas.

El presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago, Juan Andrés Camus, se refirió a las modificaciones que se deben implementar en materia de  transparencia corporativa, ello en el marco de un seminario organizado por la Universidad del Desarrollo. Respecto a posibles cambios en la legislación y aseguró que “las sanciones tienen que ser más que proporcionales. Sin embargo también tiene que haber otras como la penas aflictivas”.

Respecto de las cómo debiesen ser las sanciones para los involucrados en delitos financieros, el ejecutivo aseguró que “las malas prácticas deben ser condenadas las haga quién las haga. Todos los ciudadanos tenemos que ser iguales ante la ley. Un delito, o un fraude, cometido por una persona con cuello y corbata no tiene porqué ser distinto que un fraude que pueda hacer una persona que se roba una gallina”.

Respecto a las sanciones de la SVS en el Caso Cascadas, y sobre la negativa de iniciar una investigación propia en la Bolsa, afirmó que “no tengo una opinión concreta, porque la evaluación de los daños la hizo la Superintendencia y tengo que asumir que están correctas. No hemos hecho una investigación nuestra como para tener una opinión propia de ese respecto”. Ante la duda de si él insistirá con penas de cárcel para los imputados fue tajante al manifestar que “yo no he  dicho que deba haber pena de cárcel para el Caso Cascadas”. 

 

Propuestas

Con el objetivo de prevenir situaciones como las sucedidas en el Caso Cascadas con Larraín Vial o Banchile, Camus aseguró que “el corredor de bolsa tiene que en primer lugar servir a sus clientes, solamente después puede considerar lo que es la cartera propia o las transacciones de las partes relacionadas”. Afirmó además que de aquí a fin de año debiesen tener la propuesta definitiva en cuanto a la autorregulación. Así en las corredoras deberán ceñirse al manual de autorregulación “de manera de proteger los conflictos de interés que puedan existir entre los corredores y la Bolsa de Comercio”.

Cuando fue consultado sobre la propuesta específica realizada por el ex superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, de prohibir las OD (órdenes directas) automáticas respondió que “no está incluido prohibir, hay una mejor normativa de cómo manejar esas OD automáticas pero perfectamente podría contemplarse las propuestas del ex superintendente Coloma”. Tampoco especificó si este tema será tratado en conjunto con la SVS o en solitario como Bolsa de Comercio.

 

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Entre enero y septiembre de este año han quebrado un total de 104 empresas, cifra sólo superada por las 137 quiebras registradas en el mismo periodo de 2009. Del total de quiebras vigentes, más de dos tercios se concentran en la Región Metropolitana. 

 

Las 104 quiebras que han sido publicadas hasta el 30 de septiembre del presente año, sólo son superadas por las 137 registradas a septiembre de 2009. Entre el 2010 y el 2014 el número de casos de insolvencia al tercer trimestre se mantuvo estable –rondando las 95 quiebras– y en 2013, en los nueve primeros meses del año sólo se registraron 82 empresas en quiebra, lo que implica que en igual lapso de 2014 se ha registrado un incremento de 27%  en los casos al comparar ambos períodos.

Respecto a la distribución regional de los casos de insolvencia, la región con más quiebras ha sido la Región Metropolitana, con 75 casos. Le sigue la Región de la Araucanía (6 casos), la Región del Bío Bío (5), la Región de Coquimbo (4) y la Región de Valparaíso (4). En cuanto al acumulado 2009-2014, las regiones más afectadas –excluyendo la metropolitana– han sido Bío Bío (51 casos), Los Lagos (36) y Valparaíso (32). 

En cuanto a los trabajadores afectados, el 2013 fue el año más crítico, en cuanto 4.375 puestos de trabajo que se habrían perdido, cifra que supera por mucho el promedio de 3.130 trabajadores afectados por año. A septiembre de este año, los trabajadores afectados por las 104 quiebras han sido 2.473.

 

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El fiscal nacional Sabas Chahuán, planteó que si la colusión se considera un crimen y no sólo un delito, se darán mayores facultades al Ministerio Público con interceptaciones telefónicas y medidas intrusivas, para así perseguir a los carteles y castigarlos. El titular de la FNE, Felipe Irarrázabal, advirtió que esto provocaría problemas de compatibilidad entre las investigaciones administrativas y penales.

Sigue avanzando la discusión en el Senado del reflotado proyecto de ley que busca reponer la pena de cárcel para los ilícitos de colusión, en una iniciativa paralela a la idea de reforma del sistema de libre competencia en general del Gobierno. 

Ayer expusieron su visión del tema en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta, el fiscal nacional Sabas Chahuán y el titular de la FNE, Felipe Irarrázabal, quienes protagonizaron interesantes cruces de opiniones.

Por su parte, Chahuán afirmó que el Ministerio Público está de acuerdo con crear un tipo penal nuevo para castigar la colusión, pero propuso que no sólo lo pueda iniciar el fiscal nacional económico, sino que también su misma sede de oficio y cualquier ciudadano. 

Planteó, asimismo, la necesidad de que la pena considerada para casos como estos sea de crimen, y no de delito. La razón está en que ello entregaría mayores facultades al Ministerio Público en temas como las interceptaciones telefónicas y las medidas intrusivas, para así perseguir a los carteles y castigarlos como es debido en este ámbito.  

Pero el fiscal Irarrázabal advirtió que es necesario mantener la facultad en la FNE de denunciar casos de colusión, que es el ente antimonopolio especializado, y que no se deben establecer tipos penales que generen problemas de compatibilidad entre la investigación administrativa y la del Ministerio Público. 

Mientras que el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta, el senador Felipe Harboe, sugirió crear un equipo de trabajo donde haya un representante del Ministerio Público, otro de la Fiscalía Nacional Económica y de los parlamentarios. Comenzará con sus labores la próxima semana para buscar consensos en torno al proyecto de ley y que de este modo avance. 

En tanto, en esta moción del senador Alberto Espina y otros más, que ya está aprobada en general, que se discutió en el año 2011 y quedó durmiendo en el Congreso, se planteará también como alternativa disuasiva eliminar los techos de las multas por carteles, que hoy son de 30.000 UTA, con el objetivo de que las empresas no incorporen dentro de sus cálculos de modelos de negocios colusivos los costos de las sanciones máximas. Se buscaría establecer un porcentaje de las ventas anuales, que podrían ser un 30% de ellas. 

Otra de las indicaciones radica en incorporar el criterio norteamericano en la indemnización de perjuicios para los afectados por colusión, es decir, por cada peso que se haya tocado del consumidor, la compañía tendrá que pagar tres. Hoy, las multas son a beneficio fiscal.

 

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