Los países de habla inglesa llevan la delantera en la redacción de información de manera clara, precisa y concisa. Mientras tanto, en Latinoamérica los avances son menos y más lentos.

 

lenguaje claro

 

Una comunicación está escrita en lenguaje claro si el lenguaje, la estructura y el diseño son tan claros que el público al cual se dirige, puede rápidamente encontrar lo que necesita, comprender lo que encuentran y utilizar dicha información, define International Plain Language Working Group.

 

El término “lenguaje claro”, a pesar de tener una gran importancia en la actualidad, tiene sus orígenes en 1940 cuando Winston Churchill, en pleno periodo de guerra, hace un memorándum para acortar los documentos oficiales y dejar más a la vista los puntos claves. Sin embargo, en la vida civil la propuesta del presidente fue ignorada hasta al menos 30 años después. Posteriormente, los presidentes Jimmy Carter y Bill Clinton propusieron también en sus mandatos que los reglamentos y el lenguaje de los gobiernos fueran tan claros y simples como se pudiese.

En 1975 Citibank da inicio al movimiento al ser el primer banco en redactar sus contratos de consumidor de acceso al crédito en lenguaje claro. Cuatro años más tarde, el estado de Nueva York fue el primero en aprobar una ley con este tipo de redacción (New York Plain English Law).

Hoy, en Estados Unidos, el acta aprobada en la administración del presidente Barack Obama sobre redacción clara (The Plain Writing) sigue sin ejecutarse y no hay presupuesto para implementarla.

Según Joanna M. Richardson en la revista Hemiciclo, los mayores éxitos e las influencias más significativas de lenguaje claro son en países de habla inglesa. Por ejemplo, en Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica se escribe la Constitución de esta manera desde 1996. Esta última además es traducida a los once idiomas oficiales del país lo que, según la autora, constata que el lenguaje claro facilita también la traducción.

Lenguaje claro en el Viejo Continente

En la Unión Europea, como tienen 23 idiomas oficiales, desde 2010 que se publica un cuadernillo en todos estos lenguajes con redacción simple. Además, lanzaron un programa piloto para certificar en lenguaje claro, denominado ICClear.

Actualmente en España, además del desarrollo de este tipo de redacción que simplifica la comprensión de documentos para todas las personas, realizan una iniciativa llamada lectura fácil. Según lo publicado por Claudia Poblete y Pablo Fuenzalida, académicos de la PUCV, en la Revista de Llengua i Dretesta, este tiene por objetivo “promover la accesibilidad de la información escrita por parte de la ciudadanía, pero con énfasis en las personas en situación de riesgo o de exclusión social (adultos mayores, personas con discapacidad intelectual, etc.) […] Según esto, su público sería más específico que lo que contempla el lenguaje claro, donde el destinatario es amplio como todos los ciudadanos que deben entender, por ejemplo, un formulario de solicitud de asistencia social o una ley”.

Sin embargo, en los países escandinavos es donde hay una mayor vanguardia, según Richardson. En Suecia, hace más de 30 años, toda la legislación debe ser en lenguaje claro e incluso tienen una carrera o programa académico de grado en el tema y una certificación para instructores.

Latinoamérica y su progreso

En la lengua española, uno de los avances en la materia fue realizada en el gobierno del presidente mexicano, Vicente Fox, entre el año 2000 y 2006. Ahí se realizó el experimento más importante con lenguaje ciudadano. Desafortunadamente, al igual que lo que pasó en Estados Unidos, este no perdura más allá de dicho gobierno.

En Argentina, el estudio Marval, O’Farrell & Mairal, líder en el país y también en Latinoamérica, lanzó su programa de lenguaje claro en español. Este se basa en tres ejes: capacitación, centro de consulta permanente y boletín informativo mensual. Este programa indica que una de las primeras preguntas que se debe hacer el abogado corporativo es ¿a quién me dirijo?.

La situación en Chile respecto al tema no es tan distinta al resto de los países latinoamericanos. Según el profesor de Derecho Público y Filosofía Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, Francisco Javier Laporta, una de las características del fenómeno jurídico es la alteridad, es decir, que las normas jurídicas requieren la presencia de otro como receptor. Es por esto que el lenguaje de las leyes cobra vital relevancia, a fin de saber cuál es la conducta que se espera del destinatario de las normas jurídicas.

Según los resultados del IX Estudio Nacional de Transparencia 2017, un 54% de la población no confía en la información que viene del Estado, y la principal razón de esto es porque la información no es clara, según el mismo estudio.

Es por esto que una de las iniciativas tomadas en pos del lenguaje claro es la de la Biblioteca del Congreso Nacional con su programa de Ley Fácil. Su objetivo es presentar en un lenguaje sencillo explicaciones de las leyes aprobadas por el Congreso. Entre sus labores está la simplificación del lenguaje, la creación de una guía legal con versiones en solo audio y en lenguaje de señas, y de audios de esta misma y también realizan radioteatros. Además la Biblioteca elaboró un conjunto de explicaciones de leyes en lenguas originarias del país.

Por su parte, la Facultad de Derecho de la PUCV incorporó 4 asignaturas obligatorias de habilidades lingüísticas, en las que se tiene como objetivo que los estudiantes desarrollen estrategias para elaborar textos escritos en un lenguaje comprensible y claro para las diferentes audiencias.

Lo anterior, se integra en el contexto chileno en donde hay una ausencia de regulación constitucional, legal y reglamentaria relativa al proceso prelegislativo, según Rodrigo Bermúdez en la revista Hemiciclo. Agrega además que hoy existen en las leyes referencias erróneas, doble articulado, redacción redundante, uso excesivo de reenvíos, vacíos legales, títulos incoherentes, contradicciones en el mismo texto del proyecto y con otras normas vigentes y términos ambiguos.

A nivel mundial, hoy existen dos Organizaciones No Gubernamentales internacionales que agrupan a personas interesadas en promover el lenguaje y la comunicación clara: PLAIN (Plain Language Association InterNational) y Clarity. Esta última es integrada por abogados que están interesados en promover el lenguaje legal claro y, además, publica una revista dos veces al año que se puede visitar en su sitio web.

 

FUENTE:   http://idealex.press/mercado-legal/regulacion-de-la-abogacia-como-industria/ 

El miércoles 8 de agosto desde las 15:00  hrs, en el Aula Magna de la Biblioteca de la Universidad de los Andes ubicada en Monseñor Álvaro del Portillo 12.455, en Las Condes, se efectuarán las II jornadas de ética con el tema: El secreto profesional del abogado.

Las jornadas de ética del abogado nacen como un proyecto común de las facultades de Derecho de la Universidad de los Andes, Universidad Católica, Universidad Diego Portales y Universidad Alberto Hurtado con el objetivo de responder a los nuevos desafíos éticos del ejercicio profesional de los abogados.

El propósito de estas actividades, que se hacen cada 2 años —la primera fue en la UC, en 2016—,es generar un espacio de reflexión en torno a los principales tópicos de la ética jurídica, espacio que, hasta ahora, dicen sus organizadores, no existía.

Programa

15:00 a 16:30 horas.
Palabras de bienvenida del Decano UANDES, Alejandro Romero, palabras del Presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y lección inaugural a cargo de Ángela Aparisi, Universidad de Navarra, titulada “El principio de confidencialidad en la práctica profesional del abogado”.
Luego de la conferencia habrá una ronda de preguntas.

16:30 a 17:50 horas.
Primera mesa: Carlos Salinas, PUCV: “El secreto profesional en los tribunales eclesiásticos”, Arturo Alessandri, Colegio de Abogados: “Desafíos en la formación profesional y ética de los futuros abogados en un Estado de Derecho”, y Jaime Arancibia, UANDES: “El deber de confidencialidad del juez”. Moderador: Bárbara Olivas, UDP.

17:50 a 18:10 horas.
Coffee break.

18:20 a 20:00 horas.
Segunda mesa: Enrique Barros, UChile: “Deberes fiduciarios del abogado”, Julián López, UChile: “Discusiones actuales sobre el secreto profesional del abogado”, Javier Gallego, UAI: “Los fundamentos morales del deber de confidencialidad y privilegio de secreto como matriz para una reconstrucción dogmática de sus reglas” y Carlos Künsemüller, Corte Suprema: “El secreto profesional y los tribunales de justicia”. Moderador: Nicolás Luco, PUC.

Organizan:
– Facultad de Derecho, Universidad de los Andes.
– Facultad de Derecho, Universidad Alberto Hurtado.
– Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile.
– Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales.
– Colegio de Abogados de Chile.

Duración horas académicas: 5 horas.
Fecha: 8 de agosto.
Horario: 15:00 a 20:00 horas.
Cupos: 315

Lugar: Aula Magna, edificio Biblioteca, Universidad de los Andes. Álvaro del Portillo 12455, Las Condes.
Invitada internacional: Dra. Ángela Aparisi Especialista en ética jurídica de la Universidad de Navarra, España.

 

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"Estamos estudiando mecanismos (inspirados en la experiencia internacional) para que tengan el mismo tratamiento tributario que el comercio establecido en nuestro país", aseguró.

SANTIAGO.- En pleno almuerzo del Encuentro Nacional del Comercio, el Presidente Sebastián Piñera se refirió a la modernización tributaria que se ha estado trabajando en el Ejecutivo y comentó el anuncio dado a conocer esta mañana por Hacienda: todas las plataformas digitales extranjeras deberán pagar impuestos en Chile.

Así, el Mandatario recalcó que los proveedores de bienes y servicios tanto físicos como electrónicos "deben estar sujetos a las mismas reglas y especialmente en materia tributaria".

Es por ello que, "vamos a nivelar la cancha en materia tributaria para el comercio electrónico que hoy día, muchas veces, está absolutamente exento de todo impuesto y constituye una competencia desleal para las empresa que están establecidas en Chile", dijo Piñera haciendo alusión a plataformas como Uber, Spotify, Netflix y Alibaba.

Considerando que muchos de dichos servicios son extranjeros, el Presidente confirmó que "estamos estudiando mecanismos (inspirados en la experiencia internacional) para que tengan el mismo tratamiento tributario que el comercio establecido en nuestro país".

Cabe recordar que esta mañana el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, señaló que "en principio, y cuando proceda, todos deben pagar impuesto a la renta e IVA y arancel de importación, salvo que tengan un tratado de libre comercio con Chile".

 

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El estudio chileno Cariola Díez Pérez-Cotapos, el español Uría Menéndez y la Big Four EY son algunas de las firmas que decidieron desarrollar, directamente o mediante alianzas, software de apoyo a su gestión utilizando IA.

 

Javiera Bianchi

El estudio chileno Cariola Díez Pérez-Cotapos, firmó en enero de este año una alianza con la consultora especializada en tecnología e inteligencia artificial, Cognitiva, para crear una startup legal a la que nombraron Lexnova, de acuerdo a información publicada por Diario Financiero.

Esta nueva empresa proporcionará en países de habla hispana de América Latina, productos y servicios innovadores que utilicen la inteligencia artificial para hacer que los procesos legales en empresas y reparticiones públicas sean más eficientes.

El proyecto comenzó a pensarse hace dos años cuando incorporaron IA a los procesos internos de la firma, pero se concretó mejor cuando Cognitiva apareció en el panorama. Esta empresa tiene una alianza con IBM y hoy es la única que comercializa el sistema informático de IA, Watson, en español.

“Nosotros somos expertos legales y lo que hacemos en esta alianza es entrenar los sistemas…esta tecnología efectivamente puede aprender, procesar y entender la información y lo mejor de todo: en nuestro mismo idioma”, explicó el socio de Cariola, Díez Pérez-Cotapos, Rodrigo Lavados, el impulsor de esta iniciativa, a Diario Financiero.

Lavados señaló que son 3 los ejes que se plantearon para el desarrollo de Lexnova: el diseño de productos estandarizados para determinadas industrias, la ampliación de los servicios de Cariola como la investigación forense, y buscar potenciar la creación de productos a la medida o por encargo específico de los clientes.

Asimismo, explicaron al medio que están trabajando en un sistema orientado al sector bancario para la revisión de poderes, títulos notariales y garantías financieras. “Lo que hace la IA aquí es leer el documento, procesarlo, categorizarlo, todo en forma instantánea…así, lo que antes requería horas o días de revisión, ahora es inmediato”, explicó el abogado.

En Cariola, Rodrigo Lavados, Juan Pablo Matus, Francisco Javier Illanes y Javier Cerón, son los encargados del proyecto. En Cognitiva participan su CEO, Aldo Marzolo, junto a los ejecutivos Sergio Ruiz, Danilo Sturiza y Jorge Alzamora. Con Lexnova, ellos pretenden llegar a toda América hispana. La fecha de lanzamiento es el 4 de julio, justo en una semana más.

Uría Menéndez y el proyecto con Luminance

Por su parte, la firma Uría Menéndez comunicó el año pasado que se estaba sumando a la aplicación de las técnicas de inteligencia artificial (IA) en el sector legal, junto a las empresas Luminance y RAVN Systems. El rol de la firma será colaborar en el entrenamiento de sus sistemas en castellano.

El proyecto les permitirá mejorar la eficacia en los procesos de revisión de contratos. Además el acuerdo firmado con RAVN, les brindará la aplicación RAVN Extract, que automáticamente lee, interpreta y extrae información clave de bases de datos des-estructuradas.

“El verdadero potencial de estos sistemas, mucho más allá de la revisión de contratos o de facilitar las due diligence, está en la posibilidad de convertirse en un asistente del abogado que le libere de las actividades más tediosas e improductivas, mejorando la eficiencia del servicio prestado”, expresó Santiago Gómez Sancha, director de Sistemas de Uría en el sitio web del estudio.

LawGeex revisa contratos más rápido que los abogados

La compañía especializada en Inteligencia Artificial para contratos, LawGeex, que trabaja con firmas como Deloitterealizó un experimento que medía la eficiencia de los abogados versus la del software. Este se hizo en conjunto con profesores de Standford, Duke Law y University of Southern California.

Eran 20 abogados de Estados Unidos que tenían que detectar y determinar errores contractuales redactados en esos documentos. Los participantes dispusieron de 4 horas para revisar 5 acuerdos de confidencialidad. Con más de 3.000 cláusulas, y 152 párrafos los abogados presentaron al término del tiempo sus anotaciones, para ser contrastadas con las fallas detectadas por la IA.

Finalmente, el grupo de profesionales fue capaz de encontrar el 85% de los errores plantados en los contratos, mientras que la inteligencia artificial pudo detectar el 94% de los fallos. El problema fue el tiempo: el abogado más rápido revisó todos los contratos en 51 minutos, pero el resto lo hizo en una hora y media, mientras que la Inteligencia Artificial finalizó y encontró el 94% de los errores en sólo 26 minutos.

 

 

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Especialistas analizan la modernización del sistema tributario y del Estado, la ley de adopción, el SEIA, y la deuda de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo.

El pasado 1 de junio, Sebastián Piñera rindió la Cuenta Pública 2018. Dentro de este mensaje presidencial, que contempla los proyectos en que se enfocará el Gobierno, hay 5 que podrían afectar la labor de los abogados chilenos.

1) La deuda de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo

“Realizaremos una modernización de la Reforma Procesal Penal y Civil, así como del Código Penal, e impulsaremos los Tribunales Contenciosos Administrativos”, expresó el mandatario.

Para el abogado William García, especialista en derecho público y administrativo, el anuncio le causa extrañeza: “Es difícil decir hoy que faltan tribunales contenciosos administrativos cuando en realidad hay muchos de ellos”, apunta. Desde luego que podría ser positivo, dice, pero en los detalles es donde podría encontrarse lo más interesante, y explica interrogantes tales como su estructura, cuál sería su relación con la Corte Suprema, si tendrían su propio tribunal superior, cuáles serían las diferentes instancias, los tipos de recursos, las acciones de procedimientos. “Faltan datos para definir si ponerse contento o no; el anuncio es muy general para generar un juicio categórico”.

Asimismo, añade, esperaría que se creen tribunales supletorios “que se hagan cargo de las cuestiones que aún no están resueltas y que permitieran a la especialidad —que está mal abordada por tribunales civiles, que no son especialistas— conciliar intereses individuales de las personas con el interés común”. Para García, nunca es correcto que el interés común se sacrifica por satisfacer un interés general: “Ese es el núcleo de los problemas que tienen que ver con estos tribunales; uno esperaría que lo que existiera resolviera esa cuestión. Existen muchos modelos y diferentes opciones que se pueden tomar y este es un anuncio muy básico”, concluye.

2) Modernización del sistema tributario

El proyecto pretende además de corregir las deficiencias de la Reforma anterior, simplificar el sistema tributario y hacerlo más equitativo y moderno y que promueva la inversión, el ahorro, el crecimiento, la creación de empleos, la innovación y el emprendimiento.

A su vez, la modernización entregaría mayor simpleza y certeza jurídica a los contribuyentes, reduciendo la “inmensa e insostenible burocracia y arbitrariedad que el sistema actual significa para muchos contribuyentes y, especialmente, para las micro, pequeñas y medianas empresas”.

El Programa de Gobierno contiene entonces el compromiso de simplificar el sistema tributario a través de la integración del mismo, manteniendo la tasa de impuesto corporativo a las empresas.

El abogado tributario Rodrigo Rojas califica como interesante el anuncio porque “primero, hay un reconocimiento que bajar la tasa del impuesto corporativo de las empresas es bastante inconveniente en términos de recaudación; segundo, es bastante probable que se vuelva a un sistema 100% integrado, es decir, el impuesto que paga la empresa es un crédito contra el impuesto de los socios; tercero, la creación de estos dos sistemas que conviven hizo francamente complejo el sistema tributario chileno. Cuando uno comienza a estudiar este ramo le dicen que los sistemas tributarios deben ser simples, justos y eficientes y este de simple no tiene nada, de justo hay de todo tipo de opiniones y de eficiente tiene muy poco”.

“La simplificación, si se materializa como tal, va a hacer más fácil el trabajo de contadores, auditores y de abogados que asesoran empresas. Es muy probable, casi garantizado, que va a haber una reforma muy importante que impactará a los abogados directamente: las normas antielusivas”, afirma Rojas. Concluye, “hacer una reforma tributaria requiere mucha dedicación, muy buena redacción y un buen análisis de impacto, pues una decisión que tomes en un sentido afecta en los otros. Espero que se cree un buen proyecto, no debiese tener tan difícil su tramitación en la medida que se decidió no bajar la tasa, que se mejoren criterios como el de antielusión y se simplifique el sistema”.

3) Ley de adopción ¿más inclusiva?

Según lo dicho en la Cuenta Pública, el gobierno envió la nueva Ley de Adopciones, cuyos objetivos son, agilizar el proceso de adopción para reducir los tiempos de espera de los niños en hogares o familias de acogida y poner los derechos del niño como principal prioridad y encontrar para cada niño la mejor familia adoptiva posible.

“Son los niños los que tienen derecho a ser adoptados para vivir en familia, y no las personas o parejas a adoptar”, dijo el presidente. Esto deja abierta la puerta para la adopción homoparental.

Por su parte, el Ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, insistió en el comité político de este lunes, que finalmente será el juez quien decida cuál es la familia adoptiva del menor y que no habrá una orden de prelación. Mencionó también que existirán algunos criterios de exclusión como por ejemplo, antecedentes penales. También dijo que habrá algunos requisitos que el juez deberá considerar como la existencia de un ambiente familiar en el que se pueda ejercer el rol de padre y madre, de acuerdo a lo dicho por La Tercera.

Al abogado Nicolás Espejo, consultor internacional en UNICEF, le parece bien y necesario que el ejecutivo haya presentado un proyecto para precisar de mejor manera todos las dimensiones vinculadas a la adopción, los plazos de esta institución y facilitar el derecho a la vida familiar de niños que no pueden acceder a un ambiente familiar propicio para su interés superior.

“Creo que este proyecto puede avanzar positivamente en el Congreso en la medida que sea coherente consigo mismo. Indica con claridad que lo que se busca con él es promover dos cuestiones fundamentales para los niños: primero, su derecho a vivir en familia; en segundo lugar, que el interés superior del niño sea el aspecto central en cualquier proceso de adoptabilidad y luego en el proceso mismo que le concede la adopción a una o a una pareja de personas”, acota.

No obstante, Espejo resalta un inconveniente, “en la medida que el proyecto siga como en su actual articulo 39 letra F, supeditando en el caso de dos postulantes a que la certificación de su potencial para la parentalidad depende de que pueden ejercer adecuadamente el rol de padre y madre, va a generar una oposición fuerte en el Congreso, toda vez que eso restringe la posibilidad de ejercer la función de adopción a dos personas del mismo sexo que cumplan las funciones que permiten ejercer una parentalidad adoptiva correcta. Además, esto es contrario a la convención de los derechos del niño y a la corte y comisión interamericana. Si no se modifica esta indicación veo muy complicada su aprobación; sería una ley contraria a los derechos del niño”.

4) Modificación del SEIA

En su discurso, Sebastián Piñera anunció un nuevo Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y una nueva Institucionalidad Ambiental, que incluye el Servicio de Parques y Biodiversidad (proyecto ingresado al Senado el 1 de marzo de 2011).

El actual instrumento de medición entró en vigencia el 3 de abril de 1997, hace 21 años. Este permite introducir la dimensión ambiental en el diseño y la ejecución de los proyectos y actividades que se realizan en el país. A través de él, se evalúa y certifica que las iniciativas, tanto del sector público como del sector privado, se encuentran en condiciones de cumplir con los requisitos ambientales que les son aplicables, explican en la web del SEIA.

Hoy, el titular del proyecto o actividad que se somete al SEIA presenta una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), salvo que dicho proyecto genere o presente distintos riesgos, que en ese caso deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Algunos de los casos son riesgos para la salud de la población, efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, reasentamiento de comunidades humanas o alteraciones significativa de los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos. También, que se ubique en (o cerca de) poblaciones, recursos y áreas protegidas o sitios prioritarios para la conservación, alteración significativa del valor paisajístico o turístico de una zona y alteración de monumentos o de sitios pertenecientes al patrimonio cultural.

Para Felipe Leiva, profesor de derecho ambiental y recursos naturales, “es un anuncio valioso en el sentido que viene en la línea de lo que se discutió en el gobierno pasado. El SEIA requería en algunos casos ciertas modificaciones para dar certeza a todo lo ingresado en él, tanto comunidades como titulares de proyecto, pero es difícil saber todavía porque no tenemos mayor información de los cambios que se quieren hacer”.

“En general, me parece que el sistema de impacto ambiental, como está diseñado, es adecuado; me da la sensación de que los ajustes que se quiere hacer responden a necesidades que están vinculados con proyectos ya de cierta relevancia social”, precisa.

Una de sus preocupaciones, sin embargo, es cómo se va a canalizar la participación ciudadana anticipada y cómo ello va a influir en la gestión y decisión de los proyectos. Lo segundo, prosigue, tiene que ver con “la forma en que se regulará la posible interposición de recursos, lo que debiera normarse con mayor precisión, estableciendo procedimientos y enfatizando en los plazos. La conflictividad de los proyectos complejos siempre va a estar”.

5) Modernización del Estado

Dentro de las “grandes tareas” del Gobierno se encuentra hacer un Estado más digital y tecnológico. “Debemos impulsar la Plataforma Digital Chile Atiende, implementar el proyecto Chile sin Papeleo, prohibiendo al Estado pedir a los ciudadanos certificados que ya tenga en su poder o que el mismo emita”, dijo el Presidente.

“Próximamente, propondremos al país una agenda para un Estado al servicio de los ciudadanos, que incluye un Consejo Permanente para la Modernización del Estado y contempla la creación de un Estado digital al servicio de los ciudadanos, para lo cual enviaremos prontamente el Proyecto de Ley de Transformación Digital, que permita la identidad digital de los ciudadanos y que los procedimientos administrativos sean digitales”, añadió.

Con lo anterior, se quiere lograr que el año 2022 el 80% de las gestiones y trámites que los ciudadanos hacen, se puedan realizar desde teléfonos celulares o computadores, lo que correspondería a un 30% más de lo que existe actualmente.

Para la abogada Claudia Rossi, especialista en tecnologías de la información, modernizar el Estado y evitar trámites es un excelente anuncio para el ciudadano, que ahorrará tiempo y dinero al evitar la procesión por distintos organismos, recopilando información que el Estado ya tiene: “Lo único que me preocupa es cómo van a operar entre los distintos organismos en relación con los datos personales que tengan; espero que no sea a un costo mayor para las personas. No es la idea que el Estado se transforme en un “gran hermano” de mis datos”.

Si bien es de la mayor importancia modernizar al Estado, Rossi concentra sus aprensiones en que el Estado debería ocuparse de sus temas y “siempre ocupar un rol subsidiario”, evitando transformarse “en un empresario digital o en un repositorio de datos”. Aclara, eso sí, que el Mensaje sólo hizo una mención a un proyecto de modernización digital, el que podría pensarse relacionado con la prescindencia de papeles. “Pero no sé que alcance tiene el proyecto, ni si solamente involucra a los organismos del Estado o también a su relación con los privados”, advierte.

“Me preocupa que empecemos a sacar cosas que tengan un lindo nombre o un gran objetivo, pero estamos ‘cojos’ en lo más importante, que son los datos. Si tú me hablas de identidad digital, a mí lo primero que se me ocurre son mis datos personales, y mis datos personales, hoy día en nuestro país, no están protegidos, entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿cómo lo conciliamos? Yo habría esperado que en su discurso hubiese incluido esto y no lo hizo, siendo que es un tema público contingente por la acción de Facebook y Cambridge Analytica”.

 

 

FUENTE:   http://idealex.press/mercado-legal/regulacion-de-la-abogacia-como-industria/