En el seminario “Chile and The Belt and Road: The Tech and Finantial Connection with China”, desarrollado en el marco de la inauguración de Chile Week este jueves 1 de noviembre, el canciller Roberto Ampuero informó que nuestro país se sumará a la iniciativa de la Franja y la Ruta.

“Hoy, tengo el honor de anunciarles que el presidente Sebastián Piñera ha decidido dar un paso más en la relación entre Chile y China: este viernes 2 de noviembre, firmaremos el Memorándum de Entendimiento en Materia de Cooperación en el Marco de la Iniciativa de La Franja y La Ruta”, anunció el ministro.

La iniciativa de “The Belt & Road” es una estrategia de desarrollo impulsada por China que se focaliza en la conectividad y la cooperación, principalmente entre China y Eurasia, en base a la infraestructura, el comercio y las inversiones.

El concepto está inspirado en la red de rutas comerciales establecidas en la dinastía Han (206 a.C – 220 d.C), conocidas como Ruta de la Seda. Esta empezaba en Chang’an (ahora Xian) en el este de China, y terminaba en el Mediterráneo, conectando China con Europa.

En este contexto, el canciller Ampuero explicó que, al sumarse a esta iniciativa, Chile tendrá mejores perspectivas de atraer inversiones potentes en diversas áreas, especialmente a nivel de infraestructura, junto con fortalecer la posición de nuestro país como plataforma de entrada para las inversiones en América Latina desde China y Asia en general.

 

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Bastantes impactos ha sufrido durante el último año la regulación de datos personales, como la consagración constitucional de su protección, la implementación del GPDR, un proyecto de ley en el congreso, entre otros.

Oscar Molina, abogado del estudio Albagli Zaliasnik y Certified Information Privacy Manager – CIPM, nos entrega en este video las cinco claves que deben tener en cuenta personas y empresas para el tratamiento legal de Datos Personales.

https://youtu.be/1ExvEpY_P4c

 

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El profesor de Harvard David B. Wilkins analizó a los actuales General Counsels, qué se espera de él/ella, en qué dimensiones participa y cómo se ha convertido en un ejecutivo de alta sofisticación.

David B. Wilkins estuvo la semana pasada en Chile, donde en una conferencia analizó cómo ha cambiado el rol de los Gerentes Legales o General Counsels en el escenario jurídico actual. Pero no sólo mirado desde el punto de vista legal, sino desde el desarrollo de los negocios y desde el interior de la empresa misma, en la cual el gerente legal se ha ganado un sitio en la mesa de los que deciden.

Se trató de una clase titulada “The In-House Counsel Dilemma”, en la que Wilkins —director del Center on the Legal Profession, vicedecano de Global Initiatives on the Legal Profession y Lester Kissel Professor de la Harvard Law School— remarcó que el Derecho y los negocios no son lo mismo, pero están íntimamente ligados.

A continuación dejamos un resumen con algunas de las principales ideas expuestas en la actividad, organizada por el Programa de Sostenibilidad Corporativa  que es dirigido por el profesor Juan Eduardo Ibañez.

En un mundo cambiante

¿Qué tienen en común varios países de Asia, incluyendo China e India, con Brasil e incluso Chile? Que en algún momento decidieron hacer un giro y tener economías que pueden ser más o menos  abiertas a la economía global (o más o menos cerradas, dependiendo la perspectiva), pero que modificaron la forma de entender el Derecho e incidieron fuertemente en el rol del gerente legal: hoy no basta con conocer lo corporativo, su especialidad o las normas relativas a su negocio. Hubo un salto exponencial que provocó que los actuales General Counsels deban estar pendiente de las leyes de libre competencia, sepa sobre compliance, seguros, propiedad intelectual, impuestos y tratados internacionales.

Y este nuevo mundo, dijo Wilkins, trajo consigo la necesidad de nuevos abogados “o al menos abogados con nuevas habilidades”, capaces de operar con contrapartes de distintas jurisdicciones y con la exigencia de poseer conocimientos multidisciplinarios, que les permitan ser una interfaz viable frente a clientes, proveedores, aliados o inversionistas de cualquier mercado.

Dimensiones del cambio

A pesar que este abogado que se ha ido transformando en un elemento clave de la salud de una empresa y debe estar al tanto de numerosas áreas del Derecho, termina empleando gran parte de su tiempo en distintos niveles de lobby y en cultivar una relación con el Estado. Además de las labores de coordinación, cooperación y atención al cliente se añade la responsabilidad de supervisar las relaciones públicas de la organización y lograr que el compliance funcione.

“Inside lawyers are the ultimate guardians of the company’s reputation and integrity”, fue la frase que antecedió al análisis del complejo escenario regulatorio en el que viven las empresas hoy, donde un buen compliance es crítico, pero sólo representa el paso inicial para hacer las cosas de un modo correcto.

“La pregunta no es ‘¿es esto legal’?, sino que ‘¿es correcto?’. Y es una pregunta difícil”, dijo Wilkins, “porque las empresas tienen una reputación que cuidar, y aunque algo sea legal, si no es correcto, va a convertirse en un riesgo”.

Estos guardianes de la integridad de una compañía, son lo que entienden que lo más importante de su labor no es el problema legal, sino conocer el negocio de modo tan profundo que el eventual problema no llegue a ocurrir, recalcó el académico de Harvard.

 


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Joshua Browder fundó en 2015 DoNotPay, una app que permitía a sus usuarios librarse de las multas de estacionamiento. Tres años más tarde, el ingeniero en software de apenas 21 años, volvió a lanzar la plataforma: 15 nuevos productos pretenden ayudar a ciudadanos comunes a resolver problemas jurídicos, sin necesidad de contar con un abogado.

 

Josefa Soto

 

Joshua Browder, Linkedin

Lo único que podían hacer los habitantes del estado de California en Estados Unidos, era esperar. Esperar en una de esas filas que cansan, agobian y parecen interminables. Horas de espera para pedir una cita con el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV). Problemas de software, acumulación de clientes y la renovación de tarjetas de identificación por parte del gobierno federal, fueron parte de las excusas. Por la razón que fuera, los conductores de California tenían problemas para renovar sus licencias.
 

 

Desde un lado del teléfono hay un chatbot. Desde el otro lado también hay un chatbot. Uno está programado por el DMV y el otro por DoNotPay, una aplicación que, dentro de otros servicios, permite a sus usuarios agendar horas sin tener que hacer esas largas filas. Según su creador, Joshua Browder, esta especie de robot se comunica alrededor de 400 veces al día con la oficina del DMV, y al tomar en cuenta la cancelación y cambio de horas, es capaz de conseguir citas en días en vez de meses.

Este es sólo uno, de los 15 productos nuevos que ofrece DoNotPay, luego de haber sido relanzada en octubre de este año. En conversación con el abogado Bob Ambrogi en su podcast semanal LawNext, Browder habló del relanzamiento, sus inicios y sobre cómo han recibido los abogados las funciones de la aplicación.

La aplicación fue fundada en 2015. En ese entonces Browder, que tenía 17 años y varias multas de estacionamiento, ideó un sistema para buscar documentos y generar cartas legales que le permitieran librarse de los partes. Hasta antes del relanzamiento, DoNotPay ayudaba a generar alrededor de mil cartas diferentes. Según lo que Browder comentó a Ambrogi, eso era “útil pero no te puede llevar tan lejos”.

Ahora, la aplicación incluye la resolución de problemas entre dueños y arrendatarios, el cobro por cancelación de carreras de uber, e incluso la posibilidad generar demandas, individuales o colectivas, contra grandes empresas mediante sólo un click. “Hay muchos productos que realmente te ayudan a pelear por tus derechos”, afirma Browder.

Acceso a la justicia

Ayudar a la gente a acceder a la justicia es la premisa bajo la que el ingeniero en software de 21 años ha estado trabajando el último tiempo. “Si eres una persona normal que no está a acusada de asesinato, que no necesita estar en la corte suprema… sería ideal que no tuvieras que interactuar con un abogado”, dice.

Browder dice que si bien los abogados siguen siendo necesarios en delitos complejos como crímenes, o divorcios engorrosos de gran cantidad de dinero, hay al menos un 50% de problemas legales que cualquier persona razonable que cuente con la tecnología necesaria puede resolver.

Por eso, una de las posibilidades que entrega DoNotPay es la de iniciar una demanda. Mediante un chatbot, los clientes pueden comunicarse con esta especie de robot que genera preguntas y adecua sus respuestas mediante la información que entregan los usuarios. Luego, la misma aplicación, reúne los documentos necesarios para generar las demandas en cuestiones jurídicas de baja complejidad.

“No hay ninguna razón, si es que tu arrendador retiene el seguro de garantía, para que tu acceso a la justicia sea tan complicado. Así que todo lo que un consumidor promedio pudiese necesitar del sistema legal, es lo que quiero entregar”, afirma.

DoNotPay: una aplicación gratuita

La aplicación es gratuita y todos los servicios que ofrece dentro de ella también lo son. “No veo DoNotPay como un producto de legaltech, sino como una herramienta para ejercer los derechos del consumidor”, explicó Browder en el podcast de Ambrogi.

Para poder sustentar el funcionamiento de la app, la idea es vender y publicitar servicios que no se relacionen con la ley. Así, pretenden sugerir, por ejemplo, empresas, marcas o compañías vinculadas a las demandas u ofrecer servicios complementarios a los que entrega el sitio.

Qué opina la ABA

En la conversación con Ambrogi, Browder comentó que algunos abogados se habrían dirigido a él y “sido groseros” por haber sentido que la aplicación amenazaba a sus trabajos o que simplemente se excedía de sus funciones en el ámbito legal.

Browder asegura que no pretende quitarle trabajo a los abogados, si no que ayudar a que la gente tenga acceso a la justicia. Sobretodo en aquellos casos que los abogados no toman o no están interesados en tomar.
Por otra parte, La American Bar Association habría reaccionado positivamente con el proyecto de Browder. Creo que les importa mucho el acceso a la justicia y, al menos hasta el momento, apoyan lo que estoy haciendo”, afirmó.

 

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La iniciativa plantea establecer penas que varían entre los 61 y cinco años de presidio, fija multas y técnicas investigación en ciberseguridad

En el marco del Convenio de Budapest, suscrito por Chile el año pasado, el gobierno firmó esta mañana el proyecto de ley que busca regular los delitos informáticos. Las adecuaciones propuestas por el gobierno tiene como fin, modernizar la ley 19.233 que tipifica figuras penales relativas a la informática y el aspecto sancionatorio de ciberseguridad.

De esta forma, el proyecto incluye la tipificación de siete delitos con penas que varían entre los 61 y los cinco años de presidio y para alguno de ellos, establece el pago de multas que podrían alcanzar las 40 UTM, lo que al día de hoy equivale a $1.920.640.

De ser aprobado el proyecto de ley en el Congreso, los delitos que podrían ser incorporados son: perturbación informática; acceso ilícito a todo o parte de un sistema informático; interpretación o interferencia indebida y maliciosa de las transmisiones no públicas entre sistemas informático; daño informático; falsificación y fraude informático y abuso de dispositivos.

Junto con la firma de esta iniciativa que pretende modernizar la normativa existente en esta materia, el Presidente Sebastián Piñera dio a conocer un nuevo “Instructivo Presidencial de Ciberseguridad para el Estado”, que indica que cada organismo y servicio público deberá designar a un responsable que deberá crear un plan de acción con metas, objetivo y fechas concretas.

Con el fin de incentivar una cultura y familiarización de las personas en esta materia, Piñera anunció el inició de un plan de capacitación para funcionarios del sector público.

Instructivo Presidencial

Según informó La Tercera, el manual fija obligaciones para los servicios públicos que componen el Estado, además de una Gobernanza Transitoria de Ciberseguridad, que será responsable de implementar políticas y normas. También de crear centros de coordinación informática tanto para el público y como privado.

Para articular e implementar un plan de acción, esta Gobernanza transitoria, tendrá a un Coordinador del Sistema Nacional de Ciberseguridad, dependiente del Ministerio del Interior.

 

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