El desarrollo de la innovación en las distintas ramas del Derecho es distinto en cada uno de los países de Latinoamérica. Luego del encuentro, los expertos dicen que si los estudios de abogados no se suman al cambio, van a sentir el cambio en el consumo de sus servicios legales.

 

Javiera Bianchi

El término jurimetría nació en 1949, cuando el abogado Lee Loevinger lo presentó como el uso de computadores en el Derecho y, específicamente, referido a la experiencia de su aplicación en el estudio de la legislación de libre competencia de Estados Unidos.

Desde ese entonces la informática habría comenzado a estar también al servicio del Derecho, sobre todo en el Common Law. Como explica un video de la multinacional Wolters Kluwer, la jurimetría “es la herramienta de analítica jurisprudencial más innovadora del mercado, que permite definir la estrategia procesal idónea para el éxito del caso, a través de indicadores gráficos interactivos, basados en el análisis cognitivo de millones de decisiones judiciales”.

Hasta hoy se ha utilizado el sistema anglosajón principalmente para poder prever lo que decidirán en el futuro los tribunales de justicia. En un paper publicado por Rodrigo Javier Moya, este abogado de la Universidad de Chile explica que estas máquinas memorizan un número relevante de sentencias sobre una materia específica para saber cómo han decido los jueces en el pasado, y así poder predecir si un juez atenderá las mismas razones frente a un caso a resolver.

El gerente general de Legal Markets and Innovation de Wolters Kluwer Legal & Regulatory para Estados Unidos, Dean Sonderegger, publicó un artículo en el medio especializado Above The Law, en el que hace referencia a las “importantes inversiones” que están realizando distintos proveedores de tecnología en el desarrollo de análisis predictivos para respaldar el trabajo de los abogados en litigios, analizando la jurisprudencia pasada e invocando la probabilidad de éxito para diferentes estrategias.

En el fondo esta herramienta es un auxilio para los abogados, facilitando y potenciando el desempeño de los mismos. Intenta de alguna u otra manera realizar un análisis cuantitativo de la actividad judicial.

Jurimetría en el Congreso

En su artículo, Sonderegger plantea que este sistema también puede ayudar a predecir la cantidad de leyes que el Congreso aprobará (o no).

Según la publicación, entre 2001 y 2015 se presentaron casi 70.000 proyectos de ley en el Congreso de Estados Unidos, pero sólo se promulgaron 2.513, es decir, menos del 4% de las iniciativas ingresadas. En ese escenario, la interrogante es cuál sería la forma de responderle a un cliente cuando formula preguntas como: “¿Cuál es la probabilidad de que esto pase?” y “¿Cómo me afecta?”.

Para responderlas se debería recopilar una cantidad considerable de información. Habría que buscar datos contextuales como ¿quiénes ingresaron el proyecto? ¿pertenecen a un partido que tenga mayoría en el Congreso? ¿cuenta la propuesta con el apoyo del partido?, entre otros.

Pero —continúa el gerente de Wolters Kluwer—, desafortunadamente, el contexto no es suficiente. “Para evaluar con precisión la probabilidad de aprobación, también se debe mirar el texto en sí. Hay ciertos lenguajes que están altamente correlacionados con la probabilidad (o la falta de) de aprobación. También existen desafíos adicionales como los cambios continuos al texto como parte del proceso legislativo y el hecho de que estos proyectos de ley no son documentos cortos (hay algunos con más de 900 páginas, por lo que no es fácil de leer en versiones sucesivas)”, analiza.

El seguimiento de estos factores, la creación y actualización de predicciones es un trabajo que requiere de mucho tiempo y de un conocimiento muy específico. “Las grandes firmas de abogados emplean equipos de profesionales en grupos de políticas públicas que informan los esfuerzos de lobby en nombre de los clientes y que también mantienen a sus abogados al tanto. Sin embargo, incluso esos grupos tienden a centrarse específicamente en cuestiones clave, ya que la tarea de rastrear y predecir exhaustivamente toda la legislación puede ser desalentadora”, añade Sonderegger.

También agrega cifras: la inteligencia artificial habría demostrado una precisión del 99% al predecir cuándo un proyecto de ley pasará a la primera cámara (es decir, Cámara o el Senado) y un 98% de precisión en saber cuándo se promulgará una ley.

Si bien algunos podrían pensar que esta herramienta eventualmente llegará a remplazar la función de un juez, en realidad sólo sería viable “en casos de experiencias jurídicas estandarizadas y formalizables con variables predeterminadas cerradas” y, en ese caso, sólo se podría planear como una solución operativa, escribió el abogado Rodrigo Javier Moya en “Jurimetría, una breve aproximación”. Otro que reflexionó tempranamente sobre el tema (1996) es Antonio Enrique Perez-Luño, quien —en su Manual de Informática y Derecho— dijo que las máquinas aún no podían comprender “las circunstancias que concurren en las conductas humanas”.

“Las investigaciones que se desarrollaron en el campo de la Jurimetría se presentan no sólo como una interesante visión cuantitativa del fenómeno judicial, sino que reflejan una posibilidad cierta de analizar los distintos fenómenos sociales, económicos, políticos y culturales desde un enfoque jurídico y contribuir de esta forma a una administración de justicia más equitativa, transparente y eficiente”, resume Moya.

 

 

FUENTE:   http://idealex.press/mercado-legal/regulacion-de-la-abogacia-como-industria/ 

 

Los países de habla inglesa llevan la delantera en la redacción de información de manera clara, precisa y concisa. Mientras tanto, en Latinoamérica los avances son menos y más lentos.

 

lenguaje claro

 

Una comunicación está escrita en lenguaje claro si el lenguaje, la estructura y el diseño son tan claros que el público al cual se dirige, puede rápidamente encontrar lo que necesita, comprender lo que encuentran y utilizar dicha información, define International Plain Language Working Group.

 

El término “lenguaje claro”, a pesar de tener una gran importancia en la actualidad, tiene sus orígenes en 1940 cuando Winston Churchill, en pleno periodo de guerra, hace un memorándum para acortar los documentos oficiales y dejar más a la vista los puntos claves. Sin embargo, en la vida civil la propuesta del presidente fue ignorada hasta al menos 30 años después. Posteriormente, los presidentes Jimmy Carter y Bill Clinton propusieron también en sus mandatos que los reglamentos y el lenguaje de los gobiernos fueran tan claros y simples como se pudiese.

En 1975 Citibank da inicio al movimiento al ser el primer banco en redactar sus contratos de consumidor de acceso al crédito en lenguaje claro. Cuatro años más tarde, el estado de Nueva York fue el primero en aprobar una ley con este tipo de redacción (New York Plain English Law).

Hoy, en Estados Unidos, el acta aprobada en la administración del presidente Barack Obama sobre redacción clara (The Plain Writing) sigue sin ejecutarse y no hay presupuesto para implementarla.

Según Joanna M. Richardson en la revista Hemiciclo, los mayores éxitos e las influencias más significativas de lenguaje claro son en países de habla inglesa. Por ejemplo, en Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica se escribe la Constitución de esta manera desde 1996. Esta última además es traducida a los once idiomas oficiales del país lo que, según la autora, constata que el lenguaje claro facilita también la traducción.

Lenguaje claro en el Viejo Continente

En la Unión Europea, como tienen 23 idiomas oficiales, desde 2010 que se publica un cuadernillo en todos estos lenguajes con redacción simple. Además, lanzaron un programa piloto para certificar en lenguaje claro, denominado ICClear.

Actualmente en España, además del desarrollo de este tipo de redacción que simplifica la comprensión de documentos para todas las personas, realizan una iniciativa llamada lectura fácil. Según lo publicado por Claudia Poblete y Pablo Fuenzalida, académicos de la PUCV, en la Revista de Llengua i Dretesta, este tiene por objetivo “promover la accesibilidad de la información escrita por parte de la ciudadanía, pero con énfasis en las personas en situación de riesgo o de exclusión social (adultos mayores, personas con discapacidad intelectual, etc.) […] Según esto, su público sería más específico que lo que contempla el lenguaje claro, donde el destinatario es amplio como todos los ciudadanos que deben entender, por ejemplo, un formulario de solicitud de asistencia social o una ley”.

Sin embargo, en los países escandinavos es donde hay una mayor vanguardia, según Richardson. En Suecia, hace más de 30 años, toda la legislación debe ser en lenguaje claro e incluso tienen una carrera o programa académico de grado en el tema y una certificación para instructores.

Latinoamérica y su progreso

En la lengua española, uno de los avances en la materia fue realizada en el gobierno del presidente mexicano, Vicente Fox, entre el año 2000 y 2006. Ahí se realizó el experimento más importante con lenguaje ciudadano. Desafortunadamente, al igual que lo que pasó en Estados Unidos, este no perdura más allá de dicho gobierno.

En Argentina, el estudio Marval, O’Farrell & Mairal, líder en el país y también en Latinoamérica, lanzó su programa de lenguaje claro en español. Este se basa en tres ejes: capacitación, centro de consulta permanente y boletín informativo mensual. Este programa indica que una de las primeras preguntas que se debe hacer el abogado corporativo es ¿a quién me dirijo?.

La situación en Chile respecto al tema no es tan distinta al resto de los países latinoamericanos. Según el profesor de Derecho Público y Filosofía Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, Francisco Javier Laporta, una de las características del fenómeno jurídico es la alteridad, es decir, que las normas jurídicas requieren la presencia de otro como receptor. Es por esto que el lenguaje de las leyes cobra vital relevancia, a fin de saber cuál es la conducta que se espera del destinatario de las normas jurídicas.

Según los resultados del IX Estudio Nacional de Transparencia 2017, un 54% de la población no confía en la información que viene del Estado, y la principal razón de esto es porque la información no es clara, según el mismo estudio.

Es por esto que una de las iniciativas tomadas en pos del lenguaje claro es la de la Biblioteca del Congreso Nacional con su programa de Ley Fácil. Su objetivo es presentar en un lenguaje sencillo explicaciones de las leyes aprobadas por el Congreso. Entre sus labores está la simplificación del lenguaje, la creación de una guía legal con versiones en solo audio y en lenguaje de señas, y de audios de esta misma y también realizan radioteatros. Además la Biblioteca elaboró un conjunto de explicaciones de leyes en lenguas originarias del país.

Por su parte, la Facultad de Derecho de la PUCV incorporó 4 asignaturas obligatorias de habilidades lingüísticas, en las que se tiene como objetivo que los estudiantes desarrollen estrategias para elaborar textos escritos en un lenguaje comprensible y claro para las diferentes audiencias.

Lo anterior, se integra en el contexto chileno en donde hay una ausencia de regulación constitucional, legal y reglamentaria relativa al proceso prelegislativo, según Rodrigo Bermúdez en la revista Hemiciclo. Agrega además que hoy existen en las leyes referencias erróneas, doble articulado, redacción redundante, uso excesivo de reenvíos, vacíos legales, títulos incoherentes, contradicciones en el mismo texto del proyecto y con otras normas vigentes y términos ambiguos.

A nivel mundial, hoy existen dos Organizaciones No Gubernamentales internacionales que agrupan a personas interesadas en promover el lenguaje y la comunicación clara: PLAIN (Plain Language Association InterNational) y Clarity. Esta última es integrada por abogados que están interesados en promover el lenguaje legal claro y, además, publica una revista dos veces al año que se puede visitar en su sitio web.

 

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El estudio chileno Cariola Díez Pérez-Cotapos, el español Uría Menéndez y la Big Four EY son algunas de las firmas que decidieron desarrollar, directamente o mediante alianzas, software de apoyo a su gestión utilizando IA.

 

Javiera Bianchi

El estudio chileno Cariola Díez Pérez-Cotapos, firmó en enero de este año una alianza con la consultora especializada en tecnología e inteligencia artificial, Cognitiva, para crear una startup legal a la que nombraron Lexnova, de acuerdo a información publicada por Diario Financiero.

Esta nueva empresa proporcionará en países de habla hispana de América Latina, productos y servicios innovadores que utilicen la inteligencia artificial para hacer que los procesos legales en empresas y reparticiones públicas sean más eficientes.

El proyecto comenzó a pensarse hace dos años cuando incorporaron IA a los procesos internos de la firma, pero se concretó mejor cuando Cognitiva apareció en el panorama. Esta empresa tiene una alianza con IBM y hoy es la única que comercializa el sistema informático de IA, Watson, en español.

“Nosotros somos expertos legales y lo que hacemos en esta alianza es entrenar los sistemas…esta tecnología efectivamente puede aprender, procesar y entender la información y lo mejor de todo: en nuestro mismo idioma”, explicó el socio de Cariola, Díez Pérez-Cotapos, Rodrigo Lavados, el impulsor de esta iniciativa, a Diario Financiero.

Lavados señaló que son 3 los ejes que se plantearon para el desarrollo de Lexnova: el diseño de productos estandarizados para determinadas industrias, la ampliación de los servicios de Cariola como la investigación forense, y buscar potenciar la creación de productos a la medida o por encargo específico de los clientes.

Asimismo, explicaron al medio que están trabajando en un sistema orientado al sector bancario para la revisión de poderes, títulos notariales y garantías financieras. “Lo que hace la IA aquí es leer el documento, procesarlo, categorizarlo, todo en forma instantánea…así, lo que antes requería horas o días de revisión, ahora es inmediato”, explicó el abogado.

En Cariola, Rodrigo Lavados, Juan Pablo Matus, Francisco Javier Illanes y Javier Cerón, son los encargados del proyecto. En Cognitiva participan su CEO, Aldo Marzolo, junto a los ejecutivos Sergio Ruiz, Danilo Sturiza y Jorge Alzamora. Con Lexnova, ellos pretenden llegar a toda América hispana. La fecha de lanzamiento es el 4 de julio, justo en una semana más.

Uría Menéndez y el proyecto con Luminance

Por su parte, la firma Uría Menéndez comunicó el año pasado que se estaba sumando a la aplicación de las técnicas de inteligencia artificial (IA) en el sector legal, junto a las empresas Luminance y RAVN Systems. El rol de la firma será colaborar en el entrenamiento de sus sistemas en castellano.

El proyecto les permitirá mejorar la eficacia en los procesos de revisión de contratos. Además el acuerdo firmado con RAVN, les brindará la aplicación RAVN Extract, que automáticamente lee, interpreta y extrae información clave de bases de datos des-estructuradas.

“El verdadero potencial de estos sistemas, mucho más allá de la revisión de contratos o de facilitar las due diligence, está en la posibilidad de convertirse en un asistente del abogado que le libere de las actividades más tediosas e improductivas, mejorando la eficiencia del servicio prestado”, expresó Santiago Gómez Sancha, director de Sistemas de Uría en el sitio web del estudio.

LawGeex revisa contratos más rápido que los abogados

La compañía especializada en Inteligencia Artificial para contratos, LawGeex, que trabaja con firmas como Deloitterealizó un experimento que medía la eficiencia de los abogados versus la del software. Este se hizo en conjunto con profesores de Standford, Duke Law y University of Southern California.

Eran 20 abogados de Estados Unidos que tenían que detectar y determinar errores contractuales redactados en esos documentos. Los participantes dispusieron de 4 horas para revisar 5 acuerdos de confidencialidad. Con más de 3.000 cláusulas, y 152 párrafos los abogados presentaron al término del tiempo sus anotaciones, para ser contrastadas con las fallas detectadas por la IA.

Finalmente, el grupo de profesionales fue capaz de encontrar el 85% de los errores plantados en los contratos, mientras que la inteligencia artificial pudo detectar el 94% de los fallos. El problema fue el tiempo: el abogado más rápido revisó todos los contratos en 51 minutos, pero el resto lo hizo en una hora y media, mientras que la Inteligencia Artificial finalizó y encontró el 94% de los errores en sólo 26 minutos.

 

 

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El miércoles 8 de agosto desde las 15:00  hrs, en el Aula Magna de la Biblioteca de la Universidad de los Andes ubicada en Monseñor Álvaro del Portillo 12.455, en Las Condes, se efectuarán las II jornadas de ética con el tema: El secreto profesional del abogado.

Las jornadas de ética del abogado nacen como un proyecto común de las facultades de Derecho de la Universidad de los Andes, Universidad Católica, Universidad Diego Portales y Universidad Alberto Hurtado con el objetivo de responder a los nuevos desafíos éticos del ejercicio profesional de los abogados.

El propósito de estas actividades, que se hacen cada 2 años —la primera fue en la UC, en 2016—,es generar un espacio de reflexión en torno a los principales tópicos de la ética jurídica, espacio que, hasta ahora, dicen sus organizadores, no existía.

Programa

15:00 a 16:30 horas.
Palabras de bienvenida del Decano UANDES, Alejandro Romero, palabras del Presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y lección inaugural a cargo de Ángela Aparisi, Universidad de Navarra, titulada “El principio de confidencialidad en la práctica profesional del abogado”.
Luego de la conferencia habrá una ronda de preguntas.

16:30 a 17:50 horas.
Primera mesa: Carlos Salinas, PUCV: “El secreto profesional en los tribunales eclesiásticos”, Arturo Alessandri, Colegio de Abogados: “Desafíos en la formación profesional y ética de los futuros abogados en un Estado de Derecho”, y Jaime Arancibia, UANDES: “El deber de confidencialidad del juez”. Moderador: Bárbara Olivas, UDP.

17:50 a 18:10 horas.
Coffee break.

18:20 a 20:00 horas.
Segunda mesa: Enrique Barros, UChile: “Deberes fiduciarios del abogado”, Julián López, UChile: “Discusiones actuales sobre el secreto profesional del abogado”, Javier Gallego, UAI: “Los fundamentos morales del deber de confidencialidad y privilegio de secreto como matriz para una reconstrucción dogmática de sus reglas” y Carlos Künsemüller, Corte Suprema: “El secreto profesional y los tribunales de justicia”. Moderador: Nicolás Luco, PUC.

Organizan:
– Facultad de Derecho, Universidad de los Andes.
– Facultad de Derecho, Universidad Alberto Hurtado.
– Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile.
– Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales.
– Colegio de Abogados de Chile.

Duración horas académicas: 5 horas.
Fecha: 8 de agosto.
Horario: 15:00 a 20:00 horas.
Cupos: 315

Lugar: Aula Magna, edificio Biblioteca, Universidad de los Andes. Álvaro del Portillo 12455, Las Condes.
Invitada internacional: Dra. Ángela Aparisi Especialista en ética jurídica de la Universidad de Navarra, España.

 

FUENTE:   http://idealex.press/mercado-legal/regulacion-de-la-abogacia-como-industria/

"Estamos estudiando mecanismos (inspirados en la experiencia internacional) para que tengan el mismo tratamiento tributario que el comercio establecido en nuestro país", aseguró.

SANTIAGO.- En pleno almuerzo del Encuentro Nacional del Comercio, el Presidente Sebastián Piñera se refirió a la modernización tributaria que se ha estado trabajando en el Ejecutivo y comentó el anuncio dado a conocer esta mañana por Hacienda: todas las plataformas digitales extranjeras deberán pagar impuestos en Chile.

Así, el Mandatario recalcó que los proveedores de bienes y servicios tanto físicos como electrónicos "deben estar sujetos a las mismas reglas y especialmente en materia tributaria".

Es por ello que, "vamos a nivelar la cancha en materia tributaria para el comercio electrónico que hoy día, muchas veces, está absolutamente exento de todo impuesto y constituye una competencia desleal para las empresa que están establecidas en Chile", dijo Piñera haciendo alusión a plataformas como Uber, Spotify, Netflix y Alibaba.

Considerando que muchos de dichos servicios son extranjeros, el Presidente confirmó que "estamos estudiando mecanismos (inspirados en la experiencia internacional) para que tengan el mismo tratamiento tributario que el comercio establecido en nuestro país".

Cabe recordar que esta mañana el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, señaló que "en principio, y cuando proceda, todos deben pagar impuesto a la renta e IVA y arancel de importación, salvo que tengan un tratado de libre comercio con Chile".

 

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