“…no tardó mucho en reparar en la inconveniencia de aquello, cuestión que en Chile, casi un siglo después, los legisladores aún no han entendido…”

 

Piero Calamandrei

 

Simón Zañartu

Hace un mes se conmemoró el aniversario de la muerte de Piero Calamandrei (27 de septiembre), y con o sin querer lo hemos tenido muy presente al analizar de manera recurrente las reformas a las normas de procedimiento y a la modernización de las instituciones que las controlan.

Fue en las VI Jornadas Nacionales de Derecho Procesal —que este año se hicieron en la Universidad de Chile— donde su presencia se hizo patente, no sólo por su trabajo como catedrático y propulsor de la nueva escuela del Derecho Procesal Civil, sino también por su rol de humanista y político en aquella convulsionada Italia de principios del siglo XX.

Como humanista y parte de la escuela procesal a la que adhirió, Piero Calamandrei supo comprender que el Derecho no es algo meramente normativo, técnico y abstracto, sino más bien un fenómeno cultural, que por un lado forma parte de la esencia del hombre y de la sociedad, profunda e indisolublemente radicado en su historia y tradiciones, pero por el otro es también vulnerable a sus necesidades —económicas o morales— y a su natural evolución y transformación, siendo éste su legado, que puede verse hoy en cada una de nuestras ansiadas reformas.

La vigencia de Piero Calamandrei en nuestros tiempos es notoria, más aún cuando se lo analiza desde el rol que cumplen las sentencias judiciales desde la perspectiva de lo justo, o qué es, o de cómo se obtiene tal justicia a través de la vía jurisdiccional.

Para Calamandrei “el proceso debe servir para conseguir que la sentencia sea justa, o al menos para conseguir que una sentencia sea menos injusta, o que la sentencia injusta sea cada vez más rara” (Processo e Gustizia. Riv. Dir. Proc., año V, 1950, 1a Parte, pp. 273 y ss.).

Esta idea se repitió más de alguna vez en las VI Jornadas Nacionales de Derecho Procesal, pues es un hecho que las aspiraciones que este gran procesalista tuvo a la vista —seguramente consciente de la influencia de los nacientes totalitarismos ideológicos de aquella época— no se cumplen en la actual legislación procesal civil chilena, carente de aquellos principios que hoy se reconocen como fundamentales para un debido proceso, o proceso justo, como el de oralidad, impulso de oficio, concentración de las diversas etapas procesales, obligatoriedad de la presencia del juez en las audiencias y libertad probatoria, entre otros.

Piero Calamandrei entendió que “el proceso es, en primer lugar y bajo un prisma teológico, un método de cognición, esto es, de conocimiento de la verdad, y de que los medios probatorios que nosotros estudiamos están verdaderamente dirigidos y pueden verdaderamente servir para alcanzar y para fijar la verdad” (Vérita e verosimiglianza nel processo civil. Studi in oneore di Giuseppe Valeri, vol. I, Milano, 1955, pp. 461-492). Esta verdad a la que se refiere, bien puede ser aquella que llamamos verdad material.

Es un hecho evidente que la actual legislación procesal civil chilena no ha evolucionado sustancialmente en más de un siglo —a diferencia de otros sistemas reformados como el procesal penal, de familia o laboral—, manteniendo inalterables los anacrónicos principios procesales del siglo XIX, época en que el liberalismo estaba en boga, y por ello se abandonaba el proceso civil a la esfera de lo privado casi de manera absoluta. Calamandrei no tardó mucho en reparar en la inconveniencia de aquello, cuestión que en Chile, casi un siglo después, los legisladores aún no han entendido.

Es una realidad que, en el caso chileno, no haber reformado el sistema procesal civil por más de un siglo, ante una evidente evolución social, ha hecho injusto al sistema, y no sólo porque se obligue al justiciable a litigar bajo distintas condiciones según el tribunal en el que comparezca —hoy un ciudadano no tiene las mismas garantías procesales si litiga ante un tribunal civil o reformado—, sino porque hoy el sistema procesal civil chileno simplemente le impide al juez acceder a la verdad material, debiendo conformarse con la verdad formal al momento de dictar sentencia.

Este problema, no nos engañemos, no lo soluciona la reforma legal que estableció la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales civiles, pues ésta no hace otra cosa que cambiar el soporte de los actos jurídicos procesales de materiales a digitales, manteniendo inalterable los obsoletos principios decimonónicos que hoy impiden que el juez pueda acceder a la verdad material.

Así, las denuncias que hiciera Piero Calamandrei en la Italia de principios del siglo XX están plenamente vigentes en el Chile de principios del siglo XXI, tal como fuera debidamente denunciado en varias de las ponencias que formaron parte de las últimas Jornadas Nacionales de Derecho Procesal, en las que se concluyó sin reparos que la calidad de nuestras normas procesales, sea por anacronismo o desfase cultural, da como resultado sentencias judiciales dictadas por jueces que no acceden a la verdad material, y por tanto, a través de ellas no se consigue una sentencia justa, o menos injusta, o que su injusticia sea cada vez más rara, entendiendo aquello como la verdadera finalidad del proceso.

 
Simón Zañartu es abogado de la de la Universidad Diego Portales (Chile) y es socio del área Litigios de Garnham Abogados. Hizo el Master Avanzado en Ciencias Jurídicas Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, España). Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. .

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“No se trata de qué está permitido, prohibido o estamos obligados a hacer, sino de cómo llegamos a donde queremos llegar”

 

Todavía escucho a abogados que hablan de “ellos” y “nosotros”, refiriéndose a otras profesiones —normalmente ingenieros, muchas veces gerentes, usualmente hombres— en contraposición a nosotros. Los abogados, obvio. Nosotros.

¿Por qué pasan las décadas, nos cambiamos ya de siglo, y sin embargo abogados educados y capaces continúan generando esa distancia con otros profesionales?

Podría escribir respecto de los profesores, periodistas, médicos o sociólogos, pero no: esta vez enumeraré las virtudes de trabajar o tener de interlocutor a ingenieros.

Primero, la vida, para ellos, es un sinnúmero de oportunidades. No se trata de qué está permitido, prohibido o estamos obligados a hacer, sino de cómo llegamos a donde queremos llegar.

Y para eso habrá que ajustarse a las herramientas que provea la ley, pero sin estar determinados por la ley. La ley es el marco dentro del cual deben desarrollar su trabajo, pero si ese marco es como el domo de una discoteque o si es del tamaño de un escudo energético que puede proteger al planeta, eso depende de la voluntad. De la autonomía de la voluntad. De la capacidad de hacer acuerdos, alianzas y mirar lejos.

Esa misma visión hace que sean extremadamente creativos: se cierra la puerta principal y tienen preparada la de la cocina. Si no sirve, entonces transforman una ventana en puerta ventana corredera. Si tampoco sirve, harán una salida subterránea, una escalera al techo o un hoyo en la pared. La frase “no se puede” no tiene mucho sentido para ellos.

Hace algunos meses un ingeniero me confidenció que ya desde hace algún tiempo, en la empresa donde es socio los vales de almuerzo no tenían un valor que realmente cubriera el costo de una comida en las cercanías de la oficina, y que eso estaba generando una cierta tensión entre los empleados. Pero no había más plata para ese ítem.

“Qué harías tú”, me preguntó, y yo comencé a tartamudear soluciones de tipo comunicacional, valórico, incluso históricas, hasta que frente a mi incapacidad fui interrumpida: “Lo que a mí me habría gustado es que quienes tienen la responsabilidad de este tema busquen cómo solucionar el problema de una vez. Por ejemplo, qué cuesta ir a conversar con el boliche de la esquina y decirle ‘cuánto me cobras por darle almuerzo a 80 personas, de lunes a viernes’ o ‘qué me ofreces por esta plata mensual para alimentar a 80 personas’ y así el restorancito de la esquina se convierte en una especie de casino externo, que cubre la totalidad del almuerzo y la gente no tiene que pagar extra”.

Volvamos a la enumeración. Contrariamente a lo que se piensa en los círculos jurídicos, el ingeniero no es cuadrado y tiene una excelente capacidad para ver gamas de grises. ¿Está dispuesto a tomar decisiones de negocio que no sean las óptimas en temas de riesgo y responsabilidad civil?

Cuando comencé mi carrera en el ámbito de la contratación, en una empresa chilena de desarrollo de software, era usual que subiera las escaleras hasta la oficina del gerente general con un alto de contratos en los brazos, respecto de los cuales había que tomar decisiones: ¿aceptábamos entregar más horas hombre para mejoras, estábamos dispuestos a ampliar una garantía de corrección de errores, podíamos aceptar una terminación anticipada, entregábamos una boleta de garantía que no se había exigido en un primer momento, subíamos nuestro límite de indemnización por daños? Muchas interrogantes no eran estrictamente jurídicas, sino de negocio; había que tomar decisiones que implicaban abrir flancos de riesgo, que podían significar perder plata o bajar el margen de utilidades de un proyecto. Y esas decisiones debían plasmarse de la mejor manera en un contrato, provocando efectos jurídicos, derechos y obligaciones.

La invariable pregunta era: “¿Cuál es el precio?”. Tras un par de veces de ponerme colorada, lo primero que me aprendía era el precio global, el precio de las licencias, el precio de los servicios, el precio de las horas hombre, el precio de los contratos asociados, los SLA y el precio de las multas, y las vigencias.

Mientras le respondía, casi podía ver las conexiones neuronales que hacía en segundos, formulando ecuaciones: metía el tamaño del cliente, si había historia con ese cliente, si había futuro con ese cliente; metía casos similares, el precio, el plazo para pagar ese precio, las probabilidades de atrasos por parte nuestra, la posibilidad de que nos cambiaran el interlocutor, el valor del dolar, el valor de la UF, los flujos de caja… y de todo eso salía la respuesta para cada uno de mis contratos.

Sin tocar ciertos estándares intransables, todo lo demás podía ser negociado. Acordado. Convenido.

La formación matemática y económica de los ingenieros es un excelente complemento de la visión jurídica y de compliance que tienen los abogados. Ambos, unidos, nos enfrentamos de una manera mucho más integral a la creación de un negocio o a la solución de un conflicto, que si operamos por separado. Ganamos todos.

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"Quien nada hace, nada teme", decía ayer el ministro de Economía, para defender la reforma, en medio de críticas del sector empresarial.

SANTIAGO.- El proyecto de ley de fortalecimiento de la protección de los derechos de los consumidores fue presentada a mediados de 2014 con un objetivo: convertir al Sernac en una entidad con reales capacidades fiscalizadoras y sancionatoria, lo que para algunos sería como un león con dientes. "Quien nada hace, nada teme", decía ayer el ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, al defender la reforma al Servicio Nacional del Consumidor. "Nosotros no tenemos las esperanza con este proyecto, de pasar las multas a cada rato.

Lo que quisiéramos es no tener que pasarlas nunca, sino que lograr que las empresas se comporten como deben comportarse y que la relación entre ellos y los clientes sean buenas", enfatizó. Durante todo el debate, el Gobierno defendió que el Sernac al no tener facultades fiscalizadoras, sancionatorias ni normativas, en la práctica se produce que las empresas no dan respuestas satisfactorias a los consumidores, o se da muchas veces que no responden a sus clientes.

Ello porque la alternativa ante un incumplimiento, es ir a tribunales, lo que siempre tiene altos costos para el consumidor. El proyecto de Ley aprobado ayer por el Congreso establece que las empresas estarán obligadas a responder los reclamos, además, se abren espacios de conciliación para que se lleguen a acuerdos que sean satisfactorios para ambos, dando preferencia a una reparación por sobre la imposición de multas.

Sin embargo, el proyecto ha sido resistido por el sector empresarial, que ven a la nueva entidad como un "ente sin parangón" por las nuevas facultades que adquiere, quejándose que con la nueva figura será juez y parte en los casos. A continuación una tabla comparativa de cómo es actualmente la ley y cómo será una vez que la normativa entre en vigencia dentro de seis meses más:

Tabla en la fuente:

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“El blockchain se ha propuesto como reemplazo para servicios de la más amplia naturaleza, tales como el cloud computing tradicional, registro de vehículos motorizados, registro de propiedades, estados civiles, antecedentes penales, contabilidad, portales de películas online, entre otros…”

 

Francisco Aravena

En la primera parte de este artículo, hicimos referencia a conceptos tales como big data, data mining, profiling, inteligencia artificial y criptomonedas, tecnologías que han llegado a Chile para formar parte de las herramientas tecnológicas más efectivas dentro de las empresas.

Si bien las criptomonedas ofrecen una gran oportunidad para inversionistas y comerciantes, no son solamente ellas las que han revolucionado el mundo de la tecnología, sino que también la tecnología que les subyace: el blockchain, del cual se han derivado importantes avances en materia de seguridad y operatividad.

Del mismo modo, y más allá de la utilidad que pudiesen ofrecer las diversas técnicas de minería y tratamiento de datos en favor de las empresas, nuevas propuestas han comenzado a proponerse por nuestros legisladores, buscando que el tratamiento de datos personales no solamente las beneficie a ellas, sino que también a los dueños o titulares. Una de las principales novedades en materia legislativa, es la posible incorporación del denominado “derecho de portabilidad de datos”.

Finalmente, y para fortalecer los derechos de las personas en el entorno digital, también se han propuesto modificaciones legales que tendrían por objeto sancionar penalmente nuevas formas de delitos informáticos.

4. Blockchain
La arquitectura o esqueleto que hace posible a las criptomonedas es conocida como el “blockchain” o cadena de bloques.
En palabras sencillas, la cadena de bloques es una especie de libro o registro distribuido con el que cuentan todos los usuarios o “nodos”, los que sirven como verdaderos ministros de fe de las transacciones, información y contratos inteligentes que fluyen a través de este protocolo.

El blockchain es un protocolo peer-to-peer distribuido, en contraposición a los centralizados y semi-centralizados, razón por la cual se evita la intervención de intermediarios que pudiesen encarecer las transacciones, tales como bancos, notarios y otros agentes. Del mismo modo, al permitir la auto-ejecutabilidad de los contratos inteligentes, el blockchain podría simplificar el cumplimiento de obligaciones y evitar en muchos casos la solución de controversias por intermedio de litigios.

El sistema blockchain permite la inmutabilidad de las transacciones, ya que resulta prácticamente imposible modificar cada una de las cadenas de bloques que lo componen. De hecho, para poder alterar una transacción o contrato inteligente, es necesario “intervenir” cada uno de los bloques.

La primera implementación del blockchain en Chile tuvo lugar a comienzos de este año, cuando se supo que la Bolsa de Comercio suscribió un acuerdo con IBM para la implementación de esta tecnología en las operaciones de ventas cortas.

Se espera que en el futuro blockchain causará cambios de una magnitud tan potente como la que causó la invención del internet. De hecho, hay consenso de que el blockchain constituye la nueva revolución industrial de nuestra época.
Lo anterior no es exagerado, ya que los planes que se tienen para esta tecnología son de lo más ambiciosos: dado su alto nivel de seguridad, se ha propuesto como reemplazo para los servidores centralizados relativos a servicios de la más amplia naturaleza, tales como el cloud computing tradicional, registro de vehículos motorizados, registro de propiedades, estados civiles, antecedentes penales, contabilidad, portales de películas on-line, entre otros.

También, en el ámbito contractual, se ha dicho que los abogados del futuro deberán incorporar la noción de los smart contracts en su quehacer cotidiano y entender cómo funcionan. Los que no introduzcan la noción del blockchain en su trabajo, quedarán fuera de la abogacía del futuro.

Otro uso de gran impacto incluye el total reemplazo de instituciones burocráticas, como las notarías, ya que, al constar los documentos almacenados en las cadenas de bloques inmutables, resulta casi imposible su modificación, hackeo y pérdida. Esto claramente abaratará los gastos de administrativos en las empresas.

El límite a las posibles aplicaciones prácticas del blockchain está en el ingenio de los diversos agentes del mercado.

Países como Rusia ya se han propuesto regular el blockchain antes del año 2019. Por su parte, en el estado de Delaware, Estados Unidos de Norteamérica, ya se aprobó una normativa que regula el uso del blockchain en el mercado bursátil.

En nuestro país no existe regulación alguna de esta tecnología, cuestión que debe ser tratada en el corto o mediano plazo, dado el protagonismo que adquirirá en los años venideros.
Dicha regulación se hace necesaria respecto de varios aspectos, tales como, por ejemplo, el valor de las transacciones y reconocimiento legal de la veracidad de la información contenida en el blockchain; la dificultad para prever eventualidades e imprevistos (debido a la complejidad para incluir circunstancias de la vida cotidiana en códigos informáticos); cómo aplicar el derecho al olvido respecto de información contenida en la cadena de bloques, cuya mutabilidad, como se ha dicho, es casi imposible; entre muchísimos otros temas.

5. Portabilidad de datos personales
La revolución de la información seguirá teniendo impactos en las leyes chilenas.
De hecho, los proyectos de ley de protección de datos personales amplían los cuatro derechos básicos “ARCO” (‘acceso’, ‘rectificación’, ‘cancelación’ y ‘oposición’), en cuatro más (‘bloqueo’, ‘portabilidad’, ‘información’ y ‘no ser sujeto a decisiones individuales automatizadas o elaboración de perfiles’).

El derecho de portabilidad de datos personales es bastante novedoso, ya que permite a las personas solicitar a las empresas o instituciones que cuenten con sus datos para que éstas se las entreguen en un determinado formato, o se las transfieran a terceros designados por el interesado.

¿Cuál es la utilidad de este derecho? Pues es muy práctico, ya que permitiría, por ejemplo, que una persona que quiera cambiarse de clínica u hospital solicite a su actual establecimiento de salud que le transfiera sus exámenes y ficha clínica al nuevo hospital. O que una persona que quiera cambiarse de aseguradora le solicite a ésta que remita sus datos a una nueva. En fin, las hipótesis son innumerables.

Claramente este derecho permitirá que las personas se empoderen de sus datos personales, pudiendo disponer de ellos, cuestión que hasta el día de hoy no ocurre, ya que son las empresas las que sacan el mayor provecho de ellos y no sus titulares.

6. Ransomware 
Los ramsonware llegaron para quedarse, pero habrán herramientas legales para afrontarlos.
Muchos informáticos y personas asociadas al mundo de las tecnologías de la información recordarán con dolor de cabeza el día 12 de mayo de 2017, cuando el mayor ciberataque ocurrido en la historia afectó a más de 230.000 computadores en más de 150 países, teniendo como principales víctimas a las bases de datos de importantes empresas multinacionales. El responsable: el ransomware WannaCry, un software malicioso que cifra o encripta información o datos de empresas y personas, y que exige del pago de una determinada recompensa para la recuperación de dicha información.

El pago de la recompensa generalmente se solicita por intermedio de una transferencia de criptomonedas, más específicamente a través de bitcoins, dada la posibilidad que brinda esta divisa de mantener la identidad del receptor de los depósitos en el anonimato (o al menos de dificultar su identificación).

En los últimos años la ciberseguridad pasó de ser un tema que solamente era conocido en películas de hackers y cyberpunks, a una preocupación de prioridad máxima en las empresas. Tanto es así que en abril de este año nuestro país ratificó el Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia, el que ha motivado que el Gobierno chileno haya comenzado a preparar un proyecto de ley para adecuar las normas de la Ley N° 19.223 sobre ciberdelitos a las exigencias asumidas en virtud del Convenio.

Lo anterior se traduce en que además de los ya existentes 4 delitos informáticos tipificados en la Ley N° 19.223, se agregarán 8 más: captar visual y sonoramente información sin consentimiento; difundir este material; producir programas o dispositivos para cometer delitos; difundir información de un sistema informático; manipular claves confidenciales y de datos codificados en una tarjeta; usar programas o dispositivos para vulnerar la integridad de datos; alterar o dañar sistemas, y la alteración de datos para acceder a un sistema.

Varios de aquellos tipos penales podrán ser imputados en contra de quienes resulten responsables de virus computacionales del tipo ransomware.

Todas las tecnologías referidas en este artículo (incluidas las mencionadas en la parte 1), son una simple muestra de que estamos en la era más cambiante, tecnológicamente hablando.

En estos tiempos, la innovación y la tecnología son factores que han sido considerados como factores catalizadores de cambio, lo cual queda demostrado por las múltiples propuestas legislativas que han considerado la adecuación a las problemáticas del mundo digital.

Quien no se adecúe a la vorágine tecnológica, vivirá literalmente en el pasado.

 
Francisco Aravena Riveros es abogado de la U. Adolfo Ibáñez y LLM en Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Universidad de Oslo, Noruega. Es parte del equipo de SILVA, estudio especializado en Propiedad Intelectual, Innovación y Nuevas Tecnologías (www.silva.cl – @silva_pi).

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De acuerdo a Lorena Borgo y Walter Cobos, los abogados quieren competir sintiendo que están a la altura de los estándares internacionales en la gestión de su negocio, que tienen una visión moderna y que están utilizando las herramientas disponibles que brindan las teorías sobre marketing de servicios y las nuevas tecnologías.

 

lextop

Sofía Martin

Traer a las oficinas de abogados al año 2017 no es tarea sencilla. El mercado legal ya no es lo que era hace 10 años y no es fácil convencer a los socios de despachos tradicionales de que es prudente adoptar tecnología para registrar y monitorear los casos, someterse a indicadores de gestión, extraer métricas y usar esa información para tomar decisiones de mediano plazo.

Si nos vamos a otra de las áreas donde también ha sido difícil colonizar al mundo jurídico, nos encontramos con el marketing especializado, el ingreso a la interacción digital y la comunicación profesionalizada.

Lorena Borgo (U. Católica del Perú) y Walter Cobos (Universidad de Lima), ambos con posgrados en el exterior, son abogados que han trabajado en diversos nichos del mercado legal peruano y que decidieron unirse para entregar servicios de marketing, posicionamiento y comunicaciones.

“Una vez tuvimos una respuesta como ésta: ‘No necesito que la firma tenga web y redes sociales porque como yo no las entiendo prefiero no meterme en eso’, lo que fácilmente puede resolverse contratando terceros especializados o un inhouse que se encargue de los asuntos de comunicación y marketing”, cuentan. Fue así como acaban de formar la consultora Lextop, asegurando a los siempre desconfiados abogados “confidencialidad y discreción”.

Desde su experiencia, analizan la actualidad de la profesión en ámbitos que ya se han desarrollado fuertemente en España, que en Francia están en plena evolución, y que ya son servicios cotidianos en los países anglosajones.

 

— ¿Cuáles son las inquietudes y las preocupaciones de los abogados hoy, frente al mercado?
“Como solemos decir, el mercado legal local está muy movido desde hace unos años. Por un lado se debe al crecimiento económico, pero también por la tendencia a la globalización y a la modernización de los servicios legales en general.

Hoy la preocupación del (buen) abogado peruano es poder entrar a competir o seguir haciéndolo en un mercado en donde se ha desarrollado una competencia muy fuerte y en donde el cliente, definitivamente, ya no es el de antes.

Y quieren competir sintiendo que están a la altura de los estándares internacionales en la gestión de su negocio, que tienen una visión moderna y que están utilizando las herramientas disponibles que brindan las teorías sobre marketing de servicios y las nuevas tecnologías”.

Nos ha parecido que los más preocupados en estos momentos son los estudios de abogados que ya cuentan con un posicionamiento y prestigio —comentan—, y que se han dado cuenta de que no se han adaptado a la gestión moderna. O que si lo hicieron, fue de manera muy tímida e insuficiente.

“Vemos que empiezan a moverse en redes sociales con más intensidad, que empiezan a buscar formas internas para retener el talento, para ralentizar la fuerte rotación de profesionales —socios y asociados— que ha habido en los últimos, digamos que dos años”, ejemplifican.

Además, Borgo y Cobos han detectado que hay abogados talentosos de estudios más pequeños o boutique, que están inquietos porque tienen una fuerte tendencia a hacer bien las cosas desde el inicio: tener una estrategia de negocio clara y una gestión profesionalizada e invertir en ello. Para ello quieren aprovechar las herramientas tecnológicas y las redes sociales, lo que no sólo les es útil para entregar un buen servicio, sino también para realizar sus actividades de marketing y comunicación.

“Asimismo, dicen, hemos identificado dos tendencias en los abogados peruanos: los que quieren formar parte de una firma internacional y aquellos que quieren competir de manera local, pero estar listos para cuando algún despacho internacional llame a su puerta”.

Para todo ello, necesitan ser estratégicos y comunicarse: “Como les decimos a nuestros clientes, lo que no se comunica, no existe; lo que no está en las redes, no está en el mundo”.

— ¿Qué falencias o carencias tienen los abogados al comunicarse con la comunidad no jurídica?
“Los tipos de abogados son distintos, y muchas veces la especialización marca el carácter de cada individuo. En general, no podemos hablar de falencias en la comunicación con la comunidad no jurídica, Sino que esta existe recién desde hace poco.

Hoy el abogado se ha visto obligado a salir a buscar clientes, por lo tanto, debe contar lo que hace y, de ser el caso, lo bien que lo hace. El planteamiento de hablar ante la comunidad no jurídica antes casi no existía fuera del despacho o fuera de los tribunales.

También ocurre que el abogado es invitado a dar su opinión en medios de prensa, foros, conferencias para no especialistas. Y sí, acá encontramos una carencia fundamental, que es la de utilizar un lenguaje que sea comprensible para el ciudadano común.

Para el abogado, cosa difícil de creer para los que no lo son, es casi imposible opinar o hablar sobre Derecho utilizando un lenguaje sencillo, cuando todos sabemos que esto sí es perfectamente posible, pero que se trata de aprender a hacerlo. A nuestros clientes les ayudamos a simplificar y humanizar los mensajes que quieren comunicar”.

— ¿Cómo definirían o caracterizarían la relación de los abogados con la prensa y los periodistas? ¿Cambia si es escrita versus TV o radio?
“La comunicación es una habilidad y no todos contamos con ella. El abogado debe entrenarse, tanto en prensa escrita como en intervenciones en prensa oral, para no exagerar ni en el uso de tecnicismos, ni pecar de excesiva locuacidad.

Conocemos casos de abogados que por ejemplo han empezado a escribir en blogs, que al inicio eran realmente indigeribles y que con el tiempo, tal vez después de uno o dos años, se fueron haciendo cada vez más amenos y lograron obtener una mejor respuesta del público.

Conocemos a otros que tienen una capacidad innata para comunicar y a quienes, por el contrario, hay que entrenar para que no dejen de lado totalmente las formalidades que se esperan del lenguaje de un abogado”.

— ¿Tienen asumido los abogados que tienen cosas por aprender y habilidades por adquirir? ¿O todavía creen que no?
“Si hablamos de la gestión de despachos, en general, la tendencia es que los abogados busquen perfeccionar sus conocimientos en estos temas. Hoy muchas universidades u otras organizaciones ofrecen muy buenos cursos y seminarios en gestión de despachos, marketing, legal project management. Pero, efectivamente, hay un pequeño grupo que no está dispuesto a cambiar su enfoque en la gestión del negocio y que encuentra que todo eso es una tontería.

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