El objeto de las siguientes páginas será analizar las atribuciones de la Dirección del Trabajo a la luz de los principios que rigen la manifestación administrativo-sancionadora del poder sancionatorio estatal. En específico, se juzgará la prescripción de las multas en el estado actual de la legislación, en contraste con la reforma propuesta en el Congreso Nacional en el Boletín 9467-13.

Para sortear con éxito lo formulado, debemos primeramente tener a la vista lo que se ha venido entendiendo por ius puniendi en general, y en materia administrativa sancionadora en particular. La exposición de los principios que ha desarrollado la doctrina y jurisprudencia al respecto serán
particularmente ilustradores de los límites que deben regir a la Administración en su actuar.

En este marco normativo, nos referiremos a la facultad de la Dirección del Trabajo de imponer multas a los administrados. Si ésta atribución cumple con las garantías mínimas que deben observarse en un Estado de Derecho, es algo que nos proponemos dilucidar.

 

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