Entre los puntos más polémicos que incluirá esta iniciativa, está la idea de reponer las penas de cárcel para los casos de colusión, lo que para varios expertos tendría que ir de la mano con una delación compensada completa que evite el riesgo de caer tras las rejas a quien confiese un ilícito tan grave como un cartel.

Bajo alta confidencialidad ha mantenido el Gobierno su proyecto que busca reformar al sistema de libre competencia actual. Sin embargo, el Ejecutivo ya tomó una decisión al respecto: antes de fin de año presentará al Congreso la iniciativa, para iniciar su tramitación, y a la fecha estaría afinando los últimos detalles del documento oficial donde el encargado de coordinar el proceso es Jorge Grunberg, asesor directo y brazo derecho del ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes.

Entre los puntos más polémicos que incluirá este proyecto de ley, está la idea de reponer las penas de cárcel para los casos de colusión, lo que para varios expertos tendría que ir de la mano con una delación compensada completa que evite el riesgo de caer tras las rejas a quien confiese un ilícito anticompetitivo tan grave como un cartel.

Asimismo, se intentará implementar un sistema de multas sin tope, que se apliquen de acuerdo a las ventas anuales de la compañía como parámetro objetivo. Al momento, las sanciones cuentan con un techo que es de 30.000 UTA, que representan unos US$25 millones y que se imponen a quienes llevaron a cabo prácticas de colusión.

Para la mayoría, este último monto es insuficiente, y no logra siquiera cubrir, en múltiples ocasiones, los daños generados por el cartel. Un caso claro es el de la colusión avícola, que causó perjuicios por hasta US$1.400 millones, muy por encima de las multas aplicadas a Agrosuper, Ariztía y Don Pollo que nada más llegaron a los US$61 millones. Esto, además de la disolución de la APA, gremio que coordinó a las empresas mencionadas.

A lo anterior, se suma que el Gobierno impondrá sanciones individuales a los ejecutivos y directivos participantes de las prácticas anticompetitivas como inhabilidades, cosa que es común en otras jurisdicciones comparadas y que provocaría un importante efecto disuasorio.

En tanto, y recogiendo las recomendaciones de la OCDE, la autoridad transformará el sistema de control de operaciones de concentración, que hoy es semi-voluntario, llevándolo a obligatorio. Esto, en los casos que estén dentro del radar de la Fiscalía Nacional Económica, la cual en una primera etapa evaluará las fusiones y adquisiciones, pasando al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia solamente aquellas que lo ameriten.

Mientras, el Ejecutivo fortalecerá de manera relevante a la FNE extendiendo su labor de promoción de las buenas prácticas de la libre competencia en el país por distintas vías como estudios y circulares, y elevando su dotación de personal técnico y de recursos.

A su vez, el Gobierno buscará que los ministros que integren el TDLC sean de dedicación exclusiva, a diferencia de lo que sucede actualmente, esto con el fin de que se enfoque en los procesos que ingresen a su sede. Igualmente, incrementará la dotación de personal y de recursos del ente antimonopolio, que en ese sentido ha sido descuidado por las autoridades de turno.