El proyecto que busca castigar con cárcel a los ejecutivos y directivos implicados en carteles, impulsado por senadores como Felipe Harboe y Alberto Espina, tendría luz verde durante la primera parte del próximo año. La iniciativa del Ejecutivo recién ingresaría este mes.

Dentro de este mes, el Gobierno presentaría para iniciar su tramitación ante el Congreso, el proyecto que busca reformar al sistema de libre competencia con puntos como la consulta obligatoria de operaciones de concentración, multas de acuerdo al nivel de ventas de la empresa, inhabilidades, fortalecimiento de entes antimonopolio como la FNE y el TDLC, sin que haya decidido si se incluye la penalización de la colusión.

Sin embargo, una iniciativa liderada por senadores como Felipe Harboe y Alberto Espina, y que tiene el fin de que se penalice las prácticas de colusión, está bastante avanzada en el Congreso y se aprobaría en la primera parte del próximo año, antes que la reforma al sistema de libre competencia que quiere materializar el Gobierno.

El senador Harboe, contó que como parte del desarrollo de este proyecto de ley, se pidieron informes a distintos abogados del país y a los Centros de Libre Competencia de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica, para ver la forma de no inhibir el correcto funcionamiento de la delación compensada como mecanismo para desbaratar carteles.

Pese a que la Fiscalía Nacional Económica ha rechazado la idea de que se castigue con cárcel a los carteles, dado que los entes antimonopolio son los especializados y no el Ministerio Público que no ha logrado condenas pese a existir la fórmula legal, este último propuso en el marco de esta iniciativa modificar el artículo 285 del Código Penal, estableciendo una figura específica de colusión con un tipo de sanción punitiva especial.

Además, el Ministerio Público pretende que se le entreguen facultades de carácter intrusivo, para las investigaciones en torno a casos de colusión que podría iniciar de oficio, donde la FNE también podría querellarse si es que lo decidiera contra las personas naturales –ejecutivos o directivos de las compañías- implicadas.

Incluso, dentro de este proyecto, se está debatiendo aún si es la FNE o el Ministerio Público el ente que podría pedir multas por colusión.