La iniciativa, que tiene su origen en la Cámara de Diputados, recibió el pronunciamiento desfavorable del máximo tribunal, aunque de manera dividida. Ahora, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento analizará la modificación al artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales.

Es un “acto público y formal que cumple un especial simbolismo que no cabe arriesgar por un criterio de pragmatismo relativo a las dificultades que experimentarían los postulantes con domicilio en ciudades de regiones distintas a la Metropolitana que, por lo demás, a esta Corte no le constan”.

Así, y entre otros argumentos, el pleno de ministros de la Corte Suprema respondió, el pasado 20 de diciembre, un oficio de la Cámara de Diputados que pedía su pronunciamiento respecto al proyecto de ley que modifica el Código Orgánico de Tribunales para habilitar a las cortes de Apelaciones a realizar audiencias públicas de entrega del título profesional de abogado.

“La solemnidad, en el entorno previsto en la ley, adquiere una trascendencia que excede la sola esfera individual de los aspirantes, puesto que los incardina en el sistema judicial y, en último término, en su vinculación con los justiciables», continúa la respuesta de los magistrados.

La iniciativa legal de los diputados Bernardo Berger, Daniel Farcas, Gonzalo Fuenzalida, Leopoldo Pérez, Jorge Rathgeb y Marcela Sabat —ingresado el 12 de octubre pasado— responde, según ellos, a la dispersión en el territorio nacional de los egresados, a la pérdida de la solemnidad necesaria y a la demora en la obtención efectiva del título, consecuencias del alto número de nuevos abogados —de universidades metropolitanas y regionales— y la cantidad de ceremonias realizadas.

En efecto, durante 2017 el Salón del Pleno presenció el juramento de 3.817 nuevos abogados, un 32% más que en 2013, cuando el total de nuevos profesionales era solo 2.891. Frente a esta nueva realidad, el máximo tribunal explica que ha adoptado algunas medidas, como incrementar la cantidad de audiencias públicas y la simplificación de la ceremonia, acotándose esta solo a la toma de juramento del postulante, quien, una vez concluido el acto, debe pasar a retirar su título a la oficina respectiva.

El informe, además, asegura evidenciar algunas inconsistencias en la propuesta, “toda vez que la audiencia respectiva pasaría a celebrarse ante una Corte de Apelaciones, pero el título seguiría requiriendo las firmas de los miembros de la Corte Suprema (…) Esa circunstancia no aparece cubierta ni abordada por el proyecto de ley”.

Votos favorables

La respuesta, sin embargo, no fue unánime, ya que el documento expresa los votos favorables de los ministros Ricardo Blanco, Gloria Ana Chevesich, Sergio Muñoz y Carlos Cerda.

Entre sus argumentos se encuentran la descentralización de la ceremonia, que ayudaría a descomprimir la presión de la Corte Suprema por el alto número de postulantes; que el traspaso no significaría mayores gastos, y que jurar en el tribunal de alzada respectivo significaría una gratificación inmaterial, toda vez que su grupo familiar y comunidad de origen podría ser testigo del acto solemne.

Más aún, frente a la propuesta de que en la Región Metropolitana continúe siendo la Corte Suprema el lugar donde se realice el acto, los ministros Blanco y Chevesich dieron un paso más y expresaron su voto favorable a que la ceremonia sea traspasada a los tribunales de alzada de Santiago y San Miguel.

FUENTE: http://www.elmercurio.com/Legal/Noticias/Noticias-y-reportajes/2018/01/05/Proyecto-para-que-Cortes-de-Apelaciones-entreguen-titulos-de-abogados-recibio-el-desacuerdo-de-la-Suprema.aspx